Sentencia CL-329-18 — Registro 10207
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa para la rescisión del contrato laboral de trabajo, en caso contrario, se le reintegre al trabajo en forma permanente por existir relación laboral continua de trabajo, más todos los derechos laborales, en virtud de ser la rescisión, ilegal e injusta, asimismo se condene al pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ue el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) el cargo formulado es un alegato propio de instancia"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) no singulariza la prueba y no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 09 de octubre del 2018, por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSÉ RAÚL CERRATO RAMÍREZ, representada en juicio por el Abogado LEONEL ADÁN VELÁSQUEZ OBANDO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa para la rescisión del contrato laboral de trabajo, en caso contrario, se le reintegre al trabajo en forma permanente por existir relación laboral continua de trabajo, más todos los derechos laborales, en virtud de ser la rescisión, ilegal e injusta, asimismo se condene al pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de abril del 2015, por el señor JOSÉ RAÚL CERRATO RAMÍREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de mayo del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 19 de marzo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el Patrono pruebe la justa causa para la rescisión del contrato de trabajo, en caso contrario, se le reintegre al trabajo en forma permanente por existir relación laboral continua de trabajo, mas todos mis derechos laborales, en virtud de ser la rescisión ilegal e injusta. Asimismo se condene al pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, costas; promovida por el señor JOSE RAUL CERRATO RAMIREZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar al señor JOSÉ RAÚL CERRATO RAMÍREZ a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; III.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó a trabajar con la demandada el 18 de junio del 2007, como Motorista, devengaba un salario base mensual de L.7,858.41, y que al momento de la separación devengaba un salario promedio mensual del L.9,168.15; que el mes de febrero del 2015 fue notificado de la terminación de la relación de trabajo, sin que antes del vencimiento del contrato se le haya notificado personalmente, por lo que continuó trabajando pero en el mes de febrero cuando ya llevaba dos meses trabajando y sin que le cancelaran el sueldo, la secretaria presionó para que recibiera la notificación, manifestándole que no tenían ningún compromiso y que abandonara la secretaria y que lo hizo en presencia de los compañeros de trabajo; asimismo manifestó que gozó de los periodos de vacaciones y que siempre tuvo buena conducta; agregó que tal situación le afectó el entorno familiar, porque depende su hijo el que padece de una enfermedad, y que requiere de sustento para comprar los medicamentos.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante sostuvo una relación de trabajo, en el cargo de motorista; y rechazó que la prestación de servicios profesionales y técnicos sea considerada de forma permanente, porque la modalidad para lo cual fue contratado fue para la prestación de servicios bajo cláusulas contractuales aprobadas, consentidas y aceptadas por las partes sin objeción alguna por parte del demandante; que en la cláusula tercera del contrato se estableció la vigencia y que una vez llegada la finalización del contrato con ella se extinguía la obligación contraída entre las partes, el contrato era independiente del anterior, por lo que no pudo haber prosecución contractual, porque en la Administración Pública para la suscripción de un contrato deberá de contar con la disponibilidad presupuestaria legalmente aprobada; alegó además que el demandante conocía que el contrato suscrito tenía fecha de inicio y finalización, tratándose de contratos administrativos de servicios profesionales, técnicos y de apoyo, por lo que la demandada no tenía obligación de enviarle notificación de la finalización del contrato.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de marzo del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el señor JOSÉ RAÚL CERRATO RAMÍREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA; condenó a la pare demandada a reintegrar al demandante a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia , sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el señor José Raúl Cerrato Ramírez desde que inicio su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido, por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada; no les señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de merito; asistiéndole el derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 28 de mayo del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que éste Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo, y que se revisa en apelación esta apegada a derecho y procede su confirmatoria; convencimiento que valora con los hechos de que con los medios de prueba acreditados en juicio por las partes fue probada la relación que existió entre empleador demandado y trabajador demandante, la cual inició el 18 de junio del 2007 y termino el mes de febrero del 2015 quien gozaba del sueldo de L. 7,858.41 mensuales; que del análisis de los medios de prueba documental, se determina que el demandante fue contratado por medio de contratos de servicios profesionales los cuales, son solamente de nombre, constituyendo con ello un fraude a la Ley, pues en todo su contenido es notorio la existencia de un verdadero contrato de trabajo, en los mismo aparece una continuidad en el servicio en actividades de naturaleza permanente, con lo que se materializa la existencia de los elementos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo y que en relación a los artículos 47 y 52 de este mismo ordenamiento legal hace evidente la existencia de una relación laboral por tiempo indeterminado o indefinido; que el empleador al ponerle fin a la relación laboral sin sustento de causa legal establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo violenta el derecho del trabajador y las garantías constitucionales contenida en el artículo 129 de esta Carta Magna; que la parte demandada con sus medios de prueba no justificó el despido ilegal que fue objeto el demandante.- 5.- Mediante auto de fecha 21 de agosto del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal de ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 09 de octubre del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal de ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de octubre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado LEONEL ADÁN VELÁSQUEZ OBANDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma indebida del artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante el tribunal Ad Quem, lo aplicó pero EN FORMA INDEBIDA, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente por despido ilegal e injusto reintegrara a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el demandante sea debidamente reinstalado así como la restitución de sus funciones, aplicando la norma pertinente pero en forma indebida, como ser la contenida en el artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando a ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente por despido ilegal e injusto reintegrara a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el demandante sea debidamente reinstalado así como la restitución de sus funciones, aplicando la norma pertinente pero en forma indebida que autoriza tal pretensión, y el Decreto Legislativo que lo interpreta como ser el número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. Se produce así la aplicación indebida de la ley sustantiva.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) el cargo formulado es un alegato propio de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del articulo 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de la prueba presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora presentada en la primera de trámite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Donde se establece que fue contratado por tiempo determinado mediante los acuerdos ministeriales y su permanencia se da mediante un proceso de selección el cual está regido por Leyes y Reglamentos Específicos. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto ya que que el trabajador se encontraba con la prestación de sus servicios personales bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios personales por un periodo determinado con fecha de inicio y de finalización, el cual era del conocimiento de él consintiendo y aprobándolo sin objeción alguna de su parte.- Además el firmo contratos de servicios técnico de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a los previstos para los contratos de consultoría, según la ley de contratación del estado donde la vigencia no puede exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originó. Además, para que un empleado ostente a la permanencia se debe cumplir con el régimen del servicio civil donde comprenderá a los servidores públicos que laboran en las secretarias de estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca la ley y su reglamento extremo que no fue cumplido ante la dirección de servicio civil conforme el procedimiento para evaluación establecido en la ley.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) no singulariza la prueba y no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos.- VI. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha veintiocho de mayo 2018 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) La Jurisdicción de competencia de este Juicio era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya que eran contratos administrativos del Gobierno Central. b) El contenido de la sentencia establece que no se encontraba la comparecencia de los apoderados de las partes cuando dicto sentencia, pero establece pero que quedan notificados en estrados los apoderados de las partes. La aplicación de la norma del derecho para la permanencia era la de Servicio Civil que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil para que le fuera reconocido el estatus que pretende le sea otorgado por esta Corte al margen de lo que establecen las leyes especiales establecidas al efecto, las que determinan un análisis conforme a ley para la creación de una plaza y un presupuesto permanente para la permanencia de un cargo y no como quiere hacerlo ver al juzgador de la causa, que sin haber ejercido el procedimiento establecido en dicho artículo y lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, desea se le reconozca un status que legalmente no le ha sido otorgado mediante el acuerdo respectivo”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de manera subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 329-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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