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Sentencia CL-326-19 — Registro 11663

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing) no solamente por la inexistencia de la causal sino que además por encontrarse gozando de sus vacaciones al momento en que se le notificó su suspensión y consecuente terminación, caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, bono de utilidades y estudiantil beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de privatización de la empresa, cantidades adeudadas por cualquier concepto, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración de INJUPEMP y por préstamos en la banca privada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 100 numerales 4,5 y 15 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) Formula alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por la Recurrente; y, b) Olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido del demandante no fue con causa justificada. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es, que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, así como que el fallo cumple las exigencias necesarias para su eficacia; en adición, lo argumentado en la solicitud de nulidad debió haber sido expuesto como una causal del recurso, debidamente estructurada; en consecuencia, no procede la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de octubre del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de enero del 2020, por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA, representado en juicio por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing) no solamente por la inexistencia de la causal sino que además por encontrarse gozando de sus vacaciones al momento en que se le notificó su suspensión y consecuente terminación, caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, bono de utilidades y estudiantil beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de privatización de la empresa, cantidades adeudadas por cualquier concepto, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración de INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de mayo del 2015, por el la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, en condición de Apoderada Legal del Señor CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y con domicilio en Juticalpa, Departamento de Olancho. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 03 de mayo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO, la sentencia de fecha 12 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice “FALLA: PRIMERO. Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA, contra la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA.- SEGUNDO CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a REINTEGRAR a su puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones al señor CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA, con todos las beneficios obtenidos en la contratación colectiva durante su ausencia, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sea debidamente reinstalado, las cuales se liquidaran en la etapa de ejecución del presente resolución.- TERCERO SE CONDENA a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, al pago de los salarios dejados de percibir del señor CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA durante el periodo en el cual se encontraba suspendido su contrato individual de trabajo desde el 8 de octubre del año 2014 hasta el 4 de febrero del 2015 por la cantidad de Lps. 79,999.20 - CUARTO: Se CONDENA a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, al pago de décimo tercer y cuarto mes de salario proporcional al señor CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA y vacaciones del periodo 2013-2014 y 2014-2015, las cantidades de los conceptos descritos serán liquidadas en la ejecución de la sentencia; QUINTO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, al pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fue objeto el contrato de trabajo al señor.- SEXTO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA al pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos del señor CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca y al pago del bono estudiantil.- SEPTIMO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que comenzó a laborar para HONDUTEL el 05 de octubre del 2010, en el puesto de Auxiliar Técnico Administrativo II del Departamento de Cobranzas de la Sección de Administración, devengando al momento de la terminación de su contrato un salario mensual de L 20,000.00, expone que sufrió de acoso laboral, pues durante su periodo de vacaciones la empresa demandada lo llamó para que el día 08 de octubre del 2014, se presentara a su centro de trabajo, con el propósito de notificarle la suspensión de su contrato de trabajo, amparándose en que dicha medida había sido implementada debido a la grave crisis económica y a las dificultades presupuestarias y financieras que la empresa estaba atravesando, fundamentándose en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo. Dicha suspensión fue efectiva a partir del 08 de octubre del 2014 hasta el 04 de febrero del 2015, es decir, por 119 días, debiendo presentarse el demandante nuevamente el 05 de febrero del 2015, no obstante llegado el día de su retorno laboral fue notificado mediante oficio sobre la terminación de su contrato, en virtud que las condiciones y causales que dieron inicio a la suspensión seguían persistiendo y por ello no era posible reanudar sus funciones, comprometiéndose la demandada al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. La parte demandante rechaza las supuestas causales de suspensión y terminación laboral por las circunstancias siguientes: 1) No fue autorizada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, además conforme al artículo 111 numeral 8) para que la suspensión se considere como motivo de terminación del contrato debe ser por más de 120 días y la misma operó por 119 días; 2) De conformidad al artículo 23 del citado Código, el trabajador puede participar de las utilidades pero nunca de las pérdidas del patrono, éste criterio ha sido sostenido por los tribunales sentando jurisprudencia en el sentido que las llamadas reingenierías gerenciales, reestructuraciones administrativas o crisis económicas invocadas por HONDUTEL en otros juicios no son causales del despido, ni lo facultan para finalizar los contratos de trabajo; 3) Según el artículo 103 del Código del Trabajo antes de terminar el periodo de la suspensión, la empresa demandada tuvo que notificar a la Secretaría del Trabajo sobre la reanudación de los contratos, para así tener derecho a dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad de su parte, pero al no haberlo hecho se concluye que jurídicamente los trabajadores continuaban suspendidos. A pesar de no haber hecho el llamamiento correspondiente, el demandante se presentó a su centro de trabajo el 05 de febrero del 2015, momento en que se le entregó directamente su nota de despido, por lo que no hubo reanudación de labores, violentando el artículo 129 de la Constitución de la República, Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH, artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT. Dando por agotada la vía administrativa correspondiente al tener por fallido el intento de conciliación. 2. La parte demandada, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que debido a su precaria situación económica adoptó una serie de medidas para disminuir sus pérdidas, entre las cuales en fecha 10 de octubre del 2014, presentó ante la Secretaría del Trabajo una solicitud de autorización de suspensión parcial de 660 contratos individuales de trabajo por el plazo de 120 días, solicitud misma que se encuentra pendiente de emisión, en vista que los afectados presentaron múltiples oposiciones, ante esto el 03 de febrero del 2015, el demandante presentó ante la Secretaría del Trabajo una formal notificación informando que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo aún persistían, lo cual imposibilitaba reanudar las labores y reinstalar a los empleados suspendidos, por lo que el día 05 de febrero del 2015, notificó al demandante la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo, fundamentándose en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8) segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo; artículos 97 numeral 13, 132, 143 del Reglamento Interno del Trabajo; Cláusula 59 del II Contrato Colectivo de HONDUTEL y Certificación de la Resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria No. 545-2008, por lo que alega no haber incurrido en violación de derechos laborales, ya que si bien es cierto la figura de la suspensión de contratos conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores, el Jurisconsulto Guillermo Cabanellas en su obra “El nuevo derecho del trabajo” establece que el objeto de la suspensión laboral es que “sean implementadas las medidas necesarias para que no se pierdan todos los puestos de trabajo”, en ese sentido a pesar de las medidas implementadas por la empresa, dice que no le fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados suspendidos, por lo que se vio obligada a darlos por terminados pero bajo motivo justificado, basada en los artículos ya mencionados. En cuanto al reintegro y el pago de salarios dejados de percibir, indica que es improcedente, pues el reintegro es imposible debido a la precaria situación económica de la empresa, además la decisión de dar por finalizada la relación laboral se basó en el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, y siendo que la nota de la terminación laboral no invocó ninguna de las causales del artículo 112 en relación con el 97 y 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del mencionado Código es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, así está reconocido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en la sentencia de fecha 25 de noviembre de 1973, en un considerando que versa: “de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho al trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los artículos 97, 98 y 112 del Código del Trabajo…”, por ello expresa que el demandante tiene únicamente derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos que dice haberle reconocido y no al reintegro. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de septiembre del 2018, dictó sentencia declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Carlos Rigoberto Montes Peralta, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), a través de su Gerente General en ese entonces Jesús Arturo Mejía Arita, ordenando REINTEGRAR al demandante a su puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones, con todos los beneficios obtenidos en la contratación colectiva durante su ausencia, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sea debidamente reinstalado, los cuales se liquidarán en la etapa de ejecución de dicha resolución, CONDENÓ a la demandada a pagar a favor del demandante los salarios dejados de percibir durante el periodo en el cual se encontraba suspendido su contrato individual de trabajo, desde el 08 de octubre del 2014 hasta el 04 de febrero del 2014, por la cantidad de L. 79,999.20, pago de décimo tercer y cuarto mes de salario proporcional, vacaciones del periodo 2013-2014 y 2014-2015, las cantidades de los conceptos descritos serán liquidadas en la ejecución de la sentencia, ABSOLVIÓ a la demandada del pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fue objeto el contrato de trabajo del demandante, pago de reembolso eventual de gastos médicos y quirúrgicos e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP, préstamos en la banca y el pago del bono estudiantil, SIN COSTAS. Bajo el criterio que con la prueba aportada al proceso la empresa demandada no comprobó la justificación del despido, si bien es cierto el periodo durante el que se encontraba suspendido el demandante ninguna de las partes podía exponer reclamos, no es menos cierto que el artículo 110 del Código del Trabajo es claro al señalar que cuando el despido injustificado surta efectos, el trabajador tiene derecho a la remuneración debida durante la suspensión de trabajo, reintegro, y a los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sea debidamente reinstalado, así mismo al pago proporcional del décimo tercer mes del tiempo que estuvo suspendido, así como el pago proporcional del décimo cuarto mes de salario por las mismas razones; de igual forma, concede el derecho al pago de vacaciones adeudadas de los periodos 2013-2014 y 2014-2015, en vista que la empresa demandada no acreditó el pago de las mismas, así mismo comprobó en el proceso que el demandante únicamente gozó de dos días de sus vacaciones quedando pendiente 18 días más, otorgando el pago y goce faltante de este concepto, también reconoció los derechos adquiridos de la contratación colectiva durante su ausencia en razón del despido ilegal e injusto, en cuanto a las pretensiones del pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos e indemnización por daños en la relación de aseguración INJUPEMP y por préstamos en la banca, se vio imposibilitada en pronunciarse, en vista que no son relacionados en los hechos del escrito de la demanda y la parte demandante no aportó pruebas para sustentar su petición, además de no cuantificar las indemnizaciones solicitadas, con respecto al bono estudiantil solicitado no se acreditó la minoría de edad de los hijos del demandante, sobre la pretensión del pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, al dejarse de forma abierta, la A-quo aplicó el libre convencimiento al verse involucrados los preceptos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo. En virtud que se acreditó por la parte demandada el pago en concepto de indemnización por no haber notificado la suspensión de que fue objeto su contrato individual de trabajo declaró que no procede el pago en mención, consistente a treinta días de salario. También eximió el pago de las costas en virtud que las partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 03 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que el acto de cancelación del contrato de trabajo, violentó el procedimiento legal a seguir, pasando de la suspensión del contrato de trabajo a la cancelación del mismo, sin la previa autorización de la autoridad gubernativa y en consecuencia al despido directo del demandante de forma arbitraria e ilegal, lo que conlleva al reintegro a su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde que operó la terminación del contrato de trabajo hasta su reintegro, así como el reconocimiento de los demás beneficios que se produzcan durante la secuela del juicio. La suspensión de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos. En cuanto al reintegro al trabajo y continuidad del contrato, surte efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. 5. Mediante auto de fecha 19 de septiembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 21 de enero del 2020, compareció ante este Tribunal la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, formalizando su demanda, exponiendo 05 motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de fecha 24 de enero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ en su primer motivo de casación aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: "La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva"; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: "La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva". La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de las demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a las demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concrete indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJQ.” II.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de suspensión y la terminación de la relación laboral fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, b) Formula alegatos propios de instancias. III.-Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, par violación directa por INTERPRETACION ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: "Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social"; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: "Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1 °,3°,4°, 5° Y 6° del artículo 100." PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el articulo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, coma quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extrema no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente instauradas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo”. IV.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 100 numerales 4,5 y 15 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) Formula alegatos propios de instancia. V.-Que la impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del articulo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 210 al 211 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO Y DESCRIPCION DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en el oficio de 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 210 al 211, fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio”. VI.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por la Recurrente; b) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, c) Formula alegatos propios de instancia. VII.-Que la Sensora formula un cuarto motivo de casación en el que invoca lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del articulo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 61 AL 68, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en las Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 214 al 221, de la primera pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental publico consistente en losestados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, El medio los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 214 al 221 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem.” VIII.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por la Recurrente; y, b) Olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido del demandante no fue con causa justificada. IX.- Que el demandante en casación formula un quinto motivo pretendiéndolo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del articulo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACION POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 132-2015, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CORRE AGREGADA A LOS FOLIOS 85 AL 87, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. EXPLICACION DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en la Resolución número 132-2015, emitida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a los folios 85 AL 87, de la primera pieza de autos, que declare CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100, que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Por tanto, con la Resolución 132-2015 emitida por la Secretaria de Trabajo, se demuestra que proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia el a quo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oposiciones a la misma presentadas por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos de mi contraparte han sido falsos. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: "consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario". X.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por la Recurrente; b) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, c) Formula alegatos propios de instancia. XI.- Que el Impetrante alega NULIDAD SUBSIDIARIA la cual aduce que: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de las hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, que corre agregado a folios 210-2011, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a sus puesto de trabajo al señor CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en diecinueve (19) de octubre del dos mil diecisiete (2017). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que las demandantes se basaron su acción y en los hechos en que las demandadas fundamentan su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio”. XII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XIII.-Que el demandante alega una segunda NULIDAD SUBSIDIARIA la cual aduce que: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de las hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del C6digo Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a las argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras coma ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal coma ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar las derechos de las partes en litigio y la idoneidad de las actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.” XIV.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es, que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, así como que el fallo cumple las exigencias necesarias para su eficacia; en adición, lo argumentado en la solicitud de nulidad debió haber sido expuesto como una causal del recurso, debidamente estructurada; en consecuencia, no procede la nulidad alegada de forma subsidiaria. XV. Que, por lo expresado, a declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cinco motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cinco motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria en sus dos motivos 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL326-19”. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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