Sentencia CL-317-19 — Registro 12156
Resumen
demanda ordinaria laboral para que se declare la relación obrero patronal como de naturaleza permanente en virtud de cumplirse con todos los requisitos necesarios para la procedencia de dicho derecho de conformidad a lo establecido en los articulos 52 párrafo tercero y 47 del Código del Trabajo, que le sean reconocidos todos los derechos establecidos y demás conquistas, desde el inicio de la relación, que se le reconozca la antigüedad desde el inicio del trabajo, en consecuencia le sean pagadas las prestaciones e indemnizaciones laborales más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que de acuerdo a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria siempre en concordancia con lo prescrito en el artículo 3 del Código del Trabajo con el 128 párrafo primero de la Constitución de la República, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas no ostentan el carácter de norma sustantiva (artículo 20 y 47 numeral 3) del Código del Trabajo), entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) formula alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de octubre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 10 de diciembre del 2019, por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, mayor de edad y de este domicilio, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MIAMBIENTE), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS, representado en juicio por el Abogado OSCAR ROLANDO SEVILLA CASTRO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la relación obrero patronal como de naturaleza permanente en virtud de cumplirse con todos los requisitos necesarios para la procedencia de dicho derecho de conformidad a lo establecido en los articulos 52 párrafo tercero y 47 del Código del Trabajo, que le sean reconocidos todos los derechos establecidos y demás conquistas, desde el inicio de la relación, que se le reconozca la antigüedad desde el inicio del trabajo, en consecuencia le sean pagadas las prestaciones e indemnizaciones laborales más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que de acuerdo a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria siempre en concordancia con lo prescrito en el artículo 3 del Código del Trabajo con el 128 párrafo primero de la Constitución de la República, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de septiembre del 2015, por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal del señor LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MIAMBIENTE). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de abril del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 29 de agosto del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante señor LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS con el ESTADO DE HONDURAS, a partir del 14 de marzo del 2006, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 42,000.00; auxilio de cesantia Lps. 189,000.00; auxilio de cesantia proporcional Lps. 4,494.00; vacaciones proporcionales Lps. 1,477.00; decimo tercer mes proporcional Lps. 8,750.00; decimo cuarto mes proporcional Lps. 19,250.00 lo que asciende a un total de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS (Lps. 264,971.00), más las salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el caracter de firme.- TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de las vacaciones de las periodos 2013-2014 2014-2015 al señor LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS, por la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS (Lps. 24,000.00).- CUARTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de decimo tercer y cuarto mes de salario para el año 2015. QUINTO (5): SE DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION interpuesta por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, actuando en su condición de apoderada de el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEXTO (6): SIN COSTAS ...”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente en forma ininterrumpida a partir del 14 de marzo del 2006, en el cargo de Agrónomo en el Proyecto el Coyolar, Regional de Comayagua, dependiente de referida Secretaría de Estado, devengando un sueldo base mensual de L.18,000.00 y promediado L.21,000.00 realizando sus labores con el mayor esmero y dedicación posible, evidenciando que la labor fue permanente y continua durante ese tiempo que firmó varios contratos de trabajo en los cuales se cumplen los requisitos establecidos en el Artículo 20 del Código del Trabajo, ya que la actividad es subsumida en dicho artículo, que como se repite su puesto fue siempre de agrónomo, puesto que se da naturaleza continua y permanente en la institución para los cuales prestó sus servicios; manifestó que fue despedido el 30 de junio del 2015 en forma arbitraria e injusta mediante Oficio No. SGRH-SG-113-2015 firmado por el Subgerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, informándole que su contrato administrativo de servicios profesionales vencía el 30 de Junio del 2015 no sería renovado, que en la relación laboral se observaban que existían los 3 elementos esenciales establecidos en el Articulo 20 del Código del Trabajo vigente, de igual manera en la práctica real y verdadera el cargo como agrónomo sus actividades no eran las de prestación de servicios personales sino que todo lo contrario se desempeñaba como un verdadero empleado, pues las actividades que realizaba y de las cuales era responsable eran eminentemente actividades que por su naturaleza eran permanente y continuas como Agrónomo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante prestó los servicios profesionales para el demandado a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA) no es menos cierto que tal relación se originó bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales a término y no de forma permanente como lo hizo ver el demandante a efecto de confundir el análisis al Juzgado de la causa, alegó que no puede el demandante ir ante este tribunal incompetente además para conocer la causa a procurar se le otorgue un derecho que no le corresponde, invocando normativa improcedente al caso concreto en virtud de que la obligación contraída por las partes estaba regida por las cláusulas contractuales establecidas en legal y debida forma con fecha de inicio y terminación, modalidad que desde el inicio era del conocimiento del demandante sin presentar objeción alguna de su parte y que si pretendía que la misma fuera cambiada a una contratación permanente el demandante debió iniciar las diligencias pertinentes del caso al amparo de lo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo; por lo que no existe obligación laboral entre el demandado y el demandante quien procurando con su improcedente reclamo que se le reconozcan derechos que solamente son beneficios para empleados con un estatus permanente al haber cumplimentado lo requisitos exigidos por la Ley de Servicio Civil, para contar con una plaza permanente legalmente aprobada por autoridad competente y nombrado mediante Acuerdo Ministerial bajo el amparo de lo que establece el articulo 2 de la Ley de Servicio Civil, y no de forma irregular como procura el demandante se le concedan tales derechos fuera del marco legal establecido al efecto pues el estatus del demandante es claro según lo dispuesto en el Articulo 1 del Decreto Legislativo numero 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, de fecha 16 de diciembre del 2013, y dentro de la cual se reformó el artículo 124C de la Ley General de la Administración Pública, finalizando que es un reclamo ilusorio e imaginario sin sustento jurídico aplicable; asimismo en audiencia primera de trámite, interpuso la excepción perentoria de prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de agosto del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal del señor LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MIAMBIENTE), reconociendo una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante señor LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS con el ESTADO DE HONDURAS, a partir del 14 de marzo del 2006, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales, más las salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme; condenó a la parte demandada al pago de las vacaciones de las periodos 2013-2014 2014-2015 al demandante, por la cantidad de L.24,000.00; absolvió a la parte demandada al pago de décimo tercer y cuarto mes de salario para el año 2015; y declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción, sin costas; bajo el criterio que el demandante, al haber sido contratado por tiempo determinado y al haber sido prorrogada su contratación, ya había adquirido su derecho a la permanencia, ante ello el argumento de prescripción de la acción sostenido por la apoderada de la parte demandada de que el demandante devenía realizar sus acciones con anterior a la realizada, no opera en el proceso que nos ocupa, en vista de ello es procedente declarar SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por la apoderada demandada; y siendo que la contratación simulada no estipulaba lo referente a las vacaciones y en virtud que es del criterio de la suscrita que estamos ante la presencia de una contratación por tiempo indefinido precede el pago de vacaciones correspondientes a los años laborados del periodo 2013-2014, 2014-2015 cantidad que asciende a L.12,000.00 para el periodos 2013-2014 y L.12,000.00 para el periodo 2014-2015, en vista de que no se le pago la cantidad total de estos derechos adquiridos comprobado esto con la misma prueba hecha llegar al proceso mediante el medio de Exhibición de Documentos admitido al apoderado de la parte demandante, no así en cuanto a la pretensión del pago de décimo cuarto y tercer mes del año 2015 ya que la misma se le fue cancelada al demandante. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 09 de abril del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del análisis de los contratos que se cuestionan, se puede apreciar, de su lectura, que no son contratos de servicios profesionales, aun y cuando, se le haya denominado de esa manera, ya que de las mismos se desprenden las elementos del contrato de trabajo regulado en las artículos 20 y 47 del Código del Trabajo, ya que al describir las funciones que realizan son de naturaleza permanente, hay dependencia y subordinación del patrono, a cambio de una remuneración o salario, sin importar las cláusulas que se le agreguen, ni la jurisdicción a que se remitan, ya que según nuestra Constitución son nulos ipso jure, los actos y contratos que disminuyan restrinjan o tergiversen, las derechos y garantías que en ella se establecen, por lo tanto, la jurisdicción del trabajo, es la llamada a regular las relaciones entre patronos y trabajadores, y a garantizar las derechos que emanen tanto de la relación de trabajo como de los contratos que se suscriban, esto con fundamento además del Principio Protectorio de aplicación de la norma más favorable que rige en materia laboral; que existe simulación de contratos cuando se pretende, que en el mismo se incorporen elementos que las desnaturalizan, y en apariencia o forma se describe como un contrato civil o un contrato administrativo, pero en su esencia es un contrato de trabajo, porque, no pueden obviarse sus elementos, como ocurre en el caso sub judice, en que aparentemente se ha celebrado un contrato de servicios profesionales, pero no reúne los requisitos del contrato de servicios profesionales, que se diferencia del contrato de trabajo precisamente porque no hay subordinación y el servicio no necesariamente se presta personalmente, y llega a su fin cuando se hace la obra o se termina el servicio para lo cual fue contratado, no perduran en el tiempo, es decir, la naturaleza del trabajo no es permanente; y que en este caso con la renovación de contratos, se convierte en un contrato por tiempo indefinido porque como dijimos anteriormente la causa que le dio origen ha subsistido en el tiempo; y que por las razones expuestas esta Corte es del criterio que la sentencia que se recurre en apelación se ha dictado conforme a derecho y por lo tanto procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 19 de septiembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ALBERTO ORDONEZ CATIVO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 10 de diciembre del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 09 de enero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en el primer motivo de casación alega: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Violado: La disposición sustantiva infringida es el articulo 765 numeral 1 en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación especial con el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: La norma procesal que se infringió de forma indirecta las disipaciones sustantivas las constituye el artículo 765 del Código de Apreciación errónea de Las pruebas: Que el Tribual Ad Quem en su conjunto al haber incurrido en error de hecho es: Que las Pruebas Propuestas por la Parte demandada: No fueron apreciados correctamente ya que los contratos Administrativos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada son la expresión de la voluntad de las partes; asimismo no aprecio y por consiguiente no aplicó al demandante que se le contrato bajo la Ley de Contratación del Estado y de la Ley de Servicio Civil y par consiguiente la Ley aplicable es la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA violación. El Tribunal sentenciador estimó la presente demanda en virtud que considera que los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada el Estado de Honduras por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE), y el demandante reúnen los tres elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Son contratos de orden público no sujetos del Código de Trabajo que es para las particulares. El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el media de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la clausula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir las posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de las contratas se someten a las Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este cuando, aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabaja, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que las mismos están tipificados en el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b) .. c) ... ch) ... d) .... ;( el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en las Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE), que forma parte de uno de los poderes del Estado, coma ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita par la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados par las partes sin ninguna reserva. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de las medias de pruebas antes relacionados y coma consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, 52 y 738, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente demanda de Casación.”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas no ostentan el carácter de norma sustantiva (artículo 20 y 47 numeral 3) del Código del Trabajo), entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL317-2019. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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