Sentencia CL-311-19 — Registro 11570
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para el pago de prestaciones laborales, con el pago de salarios adeudados y de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de indemnización por disminución de sus ingresos por pago de honorarios profesionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, siendo el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto hace mención a los hechos que fueron controvertidos con los medios de prueba; y, c) en el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos 90 de la Constitución de la República y 2 del Código del trabajo. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, siendo el artículo 90 dela Constitución de la Republica, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, haciendo caso omiso al no señalar el precepto autorizante en el que fundamenta su cargo; c) en el precepto autorizante hace señalamiento de normas procesales; y, d) en el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos 74 de la Ley de Presupuesto, 6, 42, 43 y 44 del Código Civil."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, siendo el artículo 2 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio; c) en el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos 90 de la Constitución de la Republica, 42, 43 y 44 del Código Civil ,116 de la Ley General de la Administración Publica, y el 74 de la Ley de Presupuesto; y, d) hace alegatos propios de instancia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 21 de noviembre del 2019, por el Abogado SAUL AUDENCIO CABALLERO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ETIEL ROMAN VENTURA URBINA, FILIBERTO GARCIA y GRACIELA IVONNE DERAS VELASQUEZ, representados en juicio por la Abogada CARMEN YANETH SANTOS ROMERO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para el pago de prestaciones laborales, con el pago de salarios adeudados y de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de indemnización por disminución de sus ingresos por pago de honorarios profesionales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 21 de abril del 2014, por los señores ETIEL ROMAN VENTURA URBINA, casado, Promotor Social, FILIBERTO GARCIA casado, Licenciado en Administración de Empresas y GRACIELA IVONNE DERAS VELASQUEZ, casado, Técnico en Educación Básica, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, por medio del SECRETARIO DE ESTADO el señor JACOBO ALBERTO PAZ BODEN, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 6 de junio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 26 de abril del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, demás derechos promovida por los señores ETIEL ROMAN VENTURA URBINA, FILIBERTO GARCIA, y la señora GRACIELA IVONNE DERAS VELASQUEZ, de generales expresadas en el preámbulo de este fallo; Contra la empresa denominada ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada legalmente por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA, en consecuencia CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, abogada LIDIA ESTELA CARDONA, LA CANTIDAD DE TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L. 348,683.37) distribuidos así: ETIEL ROMAN VENTURA URBINA, la cantidad L. 115,228.57, desglosados así: preaviso L. 34,999.80, auxilio de cesantía L.52,499.70, auxilio de cesantía proporcional L.10,937.44, vacaciones proporcionales L.7,291.63, treceavo mes proporcional L. 1,000.00, catorceavo mes proporcional L.8,500.00; FILIBERTO GARCIA, la cantidad L. 115,228.57, desglosados así: preaviso L.34,999.80, auxilio de cesantía L.52,499.70, auxilio de cesantía proporcional L.10,937.44, vacaciones proporcionales L.7,291.63, treceavo mes proporcional L. 1,000.00, catorceavo mes proporcional L.8,500.00; y la señora GRACIELA IVONNE DERAS VELASQUEZ, la cantidad L. 118,226.23 desglosados así: preaviso L.34,999.80, auxilio de cesantía L.52,499.70, auxilio de cesantía proporcional L.12,736.04, vacaciones proporcionales L.8,490.69, treceavo mes proporcional L.1,000.00, catorceavo mes proporcional L.8,500.00; Mas a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir por los demandantes desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.2) SIN COSTAS..” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con el demandado de la siguiente forma: Etiel Román Ventura Urbina, desde el 10 de junio de 2010, en el puesto de Capacitador en Desarrollo Humano, recibiendo coma salario de L.15,000.00; Filiberto García, afirma que empezó a trabajar con la Secretaria de Agricultura y Ganadería desde el 15 de junio de 2010, en el puesto de Capacitador en Desarrollo Humano, recibiendo coma salario de L.15,000.00 y Graciela Ivonne Deras Velásquez, en el puesto de Capacitador en Desarrollo Humano, recibiendo como salario de L.15,000.00; que en fecha 24 de enero de 2014, a los demandantes se les despidió verbalmente sin invocar ninguna causal de despido, manifestándole la parte demandada que ya se les había vencido el contrato sin perjuicio de los derechos adquiridos por el empleado, para lo cual los demandantes se avocaron a las oficinas de relaciones laborales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, sin obtener una respuesta positiva sobre el pago de sus prestaciones; es evidente que el despido verbal de la terminación del contrato que ellos aluden no es causa o motivo estipuladas en el artículo 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, es decir, el patrono se inventó una causa no establecida por el legislador, ya que si bien es cierto que durante el periodo en que laboraron firmaron varios contratos, según el Código de Trabajo en los artículos 47 que literalmente dice: "los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en lo empresa, se considerara como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas". Siendo que la actividad de capacitación es permanente en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ya que existe el Departamento de Servicios de Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo Empresarial (SEDUCA), quienes rendían informes del mismo, departamento que sigue funcionando en dicha Secretaría de Estado brindando los servicios de capacitación que ellos brindaban, el artículo 52 en su párrafo tercero que literalmente dice: "Si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba”. Alegando asimismo que los despidos se producen en franca violación del artículo 129 de la Constitución de la República que garantiza la estabilidad de los trabajadores en el cargo. Que tanto la jurisprudencia nacional como la extranjera establecen que es obligación del patrono, al momento del despido, indicar los hechos concretos que en su sentir, constituyen la justa causa; la terminación del contrato de trabajo equivale a una sanción, por lo cual el trabajador tiene derecho a conocer con precisión los hechos que fundan la decisión del patrono y no simplemente que este invoque genéricamente una "TERMINACION DE CONTRATO" como causal para despedir a los demandantes, de conformidad con los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo, de lo contrario se obliga a pagar al patrono en concepto de indemnización las prestaciones laborales. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando totalmente los hechos alegados por los demandantes por no ser cierto que el señor Etiel Roman Ventura Urbina, inició su relación contractual (por Servicios Profesionales) con la Secretaría de Agricultura y Ganadería en fecha 1 de agosto de 2010, el señor Filiberto García, el 15 de junio 2010, y Graciela Ivonne Deras Velásquez, inició su relación contractual con la demandada en fecha 3 de mayo de 2010; así mismo el hecho donde argumentan que fueron despedidos verbalmente, no es verdad, ya que con los demandantes la relación fue contractual y con fecha de caducidad, con actividades específicas y eventuales tal y como se les hizo saber en el contrato que firmaron de mutuo acuerdo, los contratos firmados por las partes son claros, en ellos se manifiestan las pretensiones de las partes, estipulándose en los mismos, las condiciones de pago, bonificación por metas, el tiempo de contratación y finalización, las contrataciones del renglón presupuestario (12100 Sueldos Básicos, es personal No Permanente), el cual estipula "Las Instituciones del Sector Público podrán celebrar contratos para la prestación de Servicios técnicos y Profesionales”; asimismo en siguiente párrafo establece "El contratado bajo esta modalidad no debe considerarse para ningún efecto como empleado (Permanente y/o Temporal), por lo que no tendrán derecho a ningún beneficio colateral (Decimotercer y Decimocuarto, Vacaciones, etcétera”. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, actuando de buena fe, otorgó estos derechos a los demandantes, la contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente), que a los demandantes no se les despidieron, únicamente se llegó a su fin el contrato que firmaron, ellos ya sabían la terminación de su contrato, ya que en una de las clausulas lo especifica que 10 días antes de finalizar su contrato se les recordaría si se necesitaban nuevamente, no siendo necesario invocar causal de despido ya que la contratación de los demandantes fue de manera eventual y suceden por la necesidad, volumen de trabajo y la naturaleza del servicio que presta el Estado al sector productivo del país, ya que existe personal permanente para estos trabajos sin embargo el exceso y la necesidad, se contrató prestadores de servicios para realizarlo de forma eventual, hasta que bajara la carga de trabajo, por consiguiente la Secretaría de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería haciendo suyo el principio de libre administración y en aplicación del artículo 37 letra k) del Código de Trabajo vigente. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 26 de abril del 2019, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, demás derechos; CONDENO al demandado a pagar a los demandantes la cantidad de L.348,683.37, más a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir por los demandantes desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, sin costas; bajo el criterio que entre las partes hubo continuidad en la relación, pues nunca se interrumpió, la cual se prolongó mediante la celebración de varios contratos denominados servicios profesionales, asimismo las funciones desempeñadas por los demandantes no requerían conocimientos especiales que justifiquen la celebración de un contrato de servicios profesionales, y la terminación de una relación laboral bajo esas circunstancias, sin invocar causa justa, trae como consecuencia el resarcimiento de los daños y perjuicios. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 6 de junio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada no probó en juicio que las actividades por las que fueron contratados los demandantes sean de naturaleza excepcional, por razones técnicas especializadas, de necesidad o emergencia que les sitúe en la modalidad de servicios profesionales, como lo alega la apelante, por lo tanto era de naturaleza permanente. 5.- Mediante auto de fecha 3 de septiembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 21 de noviembre del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado SAUL AUDENCIO CABALLERO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo TRES motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 25 de noviembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 6 de enero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DIGNA RIOS ANDARA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado SAUL AUDENCIO CABALLERO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem NO aplicó la norma pertinente, el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de Contenciosos Administrativo, que estatuye: Articulo 3. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado; b) Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales; PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motive de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO La violación de una ley sustantiva por vía directa se produce a través de la falta de aplicación de la ley sustantiva coma es el caso de autos, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, al momento de emitir su fallo en fecha seis de junio de 2019, no aplicó lo dispuesto en el Artículo el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de Contenciosos Administrativo, relacionado con el art.90 de la Constitución de la República, Nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, tal es el caso de los demandantes ya que sus contratos son elevados a ACUERDO Ministerial, actos netamente administrativos y que es de orden público. Estos acuerdos relacionados con el artículo del artículo 2° del Código del Trabajo que literalmente dice: "Son de orden púbico las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales exceptuando: 1°… 2° Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales se entiende, por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o cuerdo municipal; Los demandantes son contratados con una dependencia estatal (Empleador Público) exceptuadas de conocerse en el código del trabajo.- se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Este es el caso los demandantes ya que sus contratos son elevados a ACUERDO Ministerial, actos netamente administrativos y facultadas a las Secretarias de Estado, que no son del orden empresarial sino público, de modo que la interpretación del Ad Quem es erróneo ya que estos contratos de servicios profesionales entran en la excepci6n de no conocerse o ventilarse en los Juzgados del Trabajo, sino en lo Contencioso Administrativo en virtud que los mismos son creados por ACUERDO MINISTERIAL, no obstante el tribunal Ad Quem no aplicó esta disposición, Siendo que es otra jurisdicción la conocedora de estos, así mismo son otras regulaciones las que dictan en estos contratos. y que OBLIGAN A TODAS LAS EMPRESAS, EXPLOTACIONES O ESTABLECIMIENTO y el Estado de Honduras no es empresa, ni explota ni es establecimiento privado, por lo que se debió trasladar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo dicha demanda ”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, siendo el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto hace mención a los hechos que fueron controvertidos con los medios de prueba; y, c) en el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos 90 de la Constitución de la República y 2 del Código del trabajo. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem pues NO aplicó la norma pertinente del articulo 90 primer párrafo de la Constitución de la República, que manda: “Nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece". Bajo el marco jurídico y con base en EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, este precepto legal, es el aplicable a los contratos suscritos por los demandantes enmarcados en las leyes Administrativas; algunas como la Ley de Presupuesto es en vigencia a 1 (un) año. En el fallo en la parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Ad Quem, condena al Estado de Honduras al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando al Estado de Honduras al pago de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales indebidas, desde su despido hasta que con sujeci6n a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- Tampoco tomaron en cuenta lo que se dio a conocer en su momento y recalcamos a continuación: Esta defensa se apoya en todo lo anteriormente expuesto, además en el hecho y razón que los demandantes dejaron de promover su acción ya que de manera errónea dirigieron su demanda al Ministro de la Secretaria de Agricultura y Ganadería y no al Procurador General de la República, que es el representante Legal del Estado, tal y como lo manifiesta la Ley, Articulo 6 código civil "No podrá alegarse ignorancia de la ley, por ninguna persona", con ello, les expiro el tiempo que la Ley establece para interponer su reclamo en tiempo y forma, además con ese error cometido por los demandantes el Estado a estado indefenso durante este tiempo trascurrido (casi 4 años), desde la fecha que interpusieron la demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva. EXPLICACION DEL MOTIVO La violación de ley sustantiva por vía directa se produce a través de la falta de aplicación de la ley sustantiva como es el caso de autos, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, al momento de emitir su fallo en fecha seis de junio de 2019, no aplicó correctamente lo dispuesto en el párrafo primero artículo 90 de la Constitución de la República, que manda: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Las leyes están orientadas para dictaminar en cada caso concreto, en la falta de la normativa correcta el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena al Estado de Honduras al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, por consiguiente, declara con lugar la demanda. Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva ya que las leyes administrativas son aplicadas con las directrices y parámetros dictadas anualmente para la regulación de los recursos otorgados a cada Secretaría de Estado, como es el caso de la aplicación de las Normas Presupuestarias anuales, desde la fecha de contratación de los demandantes hasta la fecha de la finalización de su contrato ya que los demandantes nunca fueron despedido, sino simplemente su contrato llegó a su fin, y siguiendo las regulaciones administrativa, y bajo el renglón presupuestario especifico, en las que dictan que las personas contratadas bajo esta modalidad y bajo este renglón no se consideran personal permanente y no tienen derecho a prestaciones, (artfculo74, Decreto 264-2010, Presupuesto 2011) así sucesivamente cada año que estuvieron contratados los demandantes.- "LEY DEL PRESUPUESTO" hace inaplicable descripciones que se le oponen por ser reformadas tácitamente, articulo 42, 43 y 44 del Código Civil.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, siendo el artículo 90 dela Constitución de la Republica, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, haciendo caso omiso al no señalar el precepto autorizante en el que fundamenta su cargo; c) en el precepto autorizante hace señalamiento de normas procesales; y, d) en el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos 74 de la Ley de Presupuesto, 6, 42, 43 y 44 del Código Civil. VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del Artículo 2° del Código del Trabajo numeral 2°, relacionado con el Articulo 116 de la Ley General de la Administración Publica, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de Acuerdos de los contratos presentados como medio de prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo de los artículos 765, 738 y 739 del Código del Trabajo. LA VIOLACION, LA PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de los Acuerdos de los contratos presentados como medio de prueba y en donde queda comprobado que los demandantes terminaron su trabajo con el Estado de Honduras en virtud de haberse terminado la tareas para las que fueron contratados, ya que estas contrataciones fueron con base a un proyecto internacional de capacitaci6n a productores en la zona norte, únicamente por ese espacio de tiempo, vencido el contrato y aceptado por tiempo determinado, lo que es prueba fehaciente que estamos ante contratos de carácter administrativo, regidos por leyes administrativas Art 116 de la Ley General de la Administración Publica " Los actos de los órganos de la Administración Publica adoptaran la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. Estos Acuerdos Administrativos corren agregados al expediente, y cuya valoración de estos acredita que están enmarcados dentro de las Normas presupuestarias Emitidas anualmente por el Congreso Nacional, para regular el gasto del Estado, y en donde se establece los parámetros para estos contratos de servicios profesionales, los cuales las personas contratadas bajo esta modalidad no se consideran personal permanente, ni tampoco tienen derechos a prestaciones.-La errónea apreciación de la prueba constituye un manifiesto error de hecho o sea, contrario a la evidencia demostrada con la prueba de que se trate, los demandantes nunca fueron despedidos, y dicha prueba fue valorada en forma aislada, no en conjunto con todas las pruebas en el juicio que dejaron establecido que no hubo una declaración unilateral del patrono de ruptura de la relación de trabajo porque no es empleado privado sino un servidor público. La doctrina según el tratadista Arámbula Duran señala que: "El error de hecho implica conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en juicio por falta de apreciación de la prueba". La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, al momento de emitir su fallo en fecha 06 de junio del de 2019, aprecio de forma errónea los medios de prueba propuestos y evacuados en legal y debida forma y tampoco valoro la delegación tacita que prescriben los artículos 42, 43 44 del Código Civil, apreciación del Ad Quem que se opone a la Ley del Presupuesto. En la forma expuesta considero haber demostrado a ese Honorable Tribunal el error de hecho en que incurrió la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en su sentencia de fecha 06 de junio de 2019, al ratificar la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Cortes por falta de apreciación de la prueba documental, y en abierta violación a los Artículos 2° del Código del Trabajo numeral 2°, 116, de la Ley General de la Administración Publica, 74, del Decretos de Presupuesto años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, articulo 90 Constitución de la República y articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de Contenciosos Administrativo.” VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, siendo el artículo 2 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio; c) en el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos 90 de la Constitución de la Republica, 42, 43 y 44 del Código Civil ,116 de la Ley General de la Administración Publica, y el 74 de la Ley de Presupuesto; y, d) hace alegatos propios de instancia. VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 760, 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL311-2019.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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