Sentencia CL-310-19 — Registro 12155
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se proceda al pago inmediato de las prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, pago de vacaciones pendientes, décimo cuarto mes proporcional, otros derechos y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas los artículos 19,21,y 46 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) Formula alegatos propios de instancias."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de octubre del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 15 de noviembre del 2019, por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, las señoras NURIAN YAQUELIN MENDEZ REYES y ARACELY ZUNIGA RODRIGUEZ, representadas en juicio por el Abogado HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se proceda al pago inmediato de las prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, pago de vacaciones pendientes, décimo cuarto mes proporcional, otros derechos y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de abril del 2017, por las señoras NURIAN YAQUELIN MENDEZ REYES, soltera, Perito Mercantil y Contador Público y ARACELY ZUNIGA RODRIGUEZ, casada, Técnico Universitario en Educación Social; ambas mayores de edad, hondureñas y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, a través del PROGRAMA EDUCATODOS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de mayo del 2019, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 26 de marzo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, VACACIONES, PAGO DE VACACIONES PENDIENTES, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, OTROS DERECHOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. Promovida por los señores NURIAN YAQUELIN MENDEZ REYES, mayor de edad, soltera, hondureña, Perito Mercantil y Contador Público, con número de tarjeta de identidad 1514-1991-00151, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes y la señora ARACELY ZUNIGA RODRIGUEZ, mayor de edad, casada, hondureña, técnico universitario en educación social, con tarjeta de identidad número 1601-1977-00313, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su procurador general abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través del programa Educatodos.- SEGUNDO EN CONSECUENCIA SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION a través del PROGRAMA EDUCATODOS a pagar a favor de los trabajadores demandantes NURIAN YAQUELIN MENDEZ REYES Y ARACELY ZUNIGA RODRIGUEZ las cantidades totales que suman CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN LEMPIRAS (L.193,309.51) que se desglosan de la siguiente manera, a favor de la trabajadora NURIAN YAQUELIN MENDEZ REYES la cantidad de L 88,912.33 que integran los conceptos de Preaviso: L 10,696.50; auxilio de cesantía: L 10,696.50; auxilia de cesantía proporcional: L 7,873.81; vacaciones proporcionales: L 3,149.52; décimo tercer proporcional: L 9,168.30; décimo cuarto proporcional: L 4,584.15; Vacaciones adeudadas 10 días: 3,565.50; reajuste de salario mínimo: L 39,178.05.- más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo. Y a favor de la trabajadora ARACELY ZUNIGA RODRÍGUEZ la cantidad de L 104,397.18 que integran los conceptos de Preaviso: L 17,033.40; auxilio de cesantía: L 17,033.40; auxilia de cesantía proporcional: L 4,731.50; vacaciones proporcionales: L 2,365.75; décimo tercer proporcional: L 7,299.90; décimo cuarto proporcional: L 3,649.95; Vacaciones adeudadas 22 días: 6,245.58; reajuste de salario mínimo: L 46,037.70; más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo. TERCERO: SIN COSTAS...”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron sus relaciones de trabajo en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en el programa EDUCATODOS, mediante la suscripción de varios contratos de servicios profesionales así: Nurian Yaquelin Méndez Reyes, el 06 de abril del 2015, en el cargo de Promotora Municipal, Promotora de Desarrollo Comunal I de la Sub Coordinación Departamental del Programa EDUCATODOS, devengaba un salario mensual de L.7,000.00 y Aracely Zúniga Rodríguez, el 11 de junio del 2014, en el cargo de Promotora de Desarrollo Comunal I, de la Sub Coordinación Departamental del Programa EDUCATODOS, devengaba un salario mensual de L.7,300.00; que desde el inicio de la relación laboral con la Institución demandada celebraron varios contratos de servicios profesionales por tiempo determinado, realizando labores de forma continua e ininterrumpida, propias de un puesto permanente en la institución, contratos de servicios profesionales que simulan verdaderos contratos de trabajo, ya que cumplen los elementos del artículo 20 del Código del Trabajo, ya que existe simulación cuando las partes otorgantes del acto aparente, han acordado declarar una voluntad distinta a la real, que se debe de aplicar el principio primacía de la realidad conforme el principio protectorio. Por otra parte manifestaron que de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo están ante un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido regido por la jurisdicción del trabajo, pues la causa del contrato subsiste y los puestos aún siguen vigentes dentro de la institución demandada, que el contrato de tiempo limitado no surte efectos por la simple decisión de las partes, ya que debe observarse siempre la verdad de las hechos sobre la apariencia o por encima de acuerdos formales, debiendo computarse su antigüedad desde la fecha de suscripción del primer contrato; que jurisprudencialmente únicamente existe contrato de servicios determinados o técnicos únicamente con personal especializado, con un grado académico superior con conocimientos especializados para realizar un trabajo específico o técnico en determinada rama, cuya función no puede ser desarrollada por cualquier trabajador, debe haber independencia técnica y administrativa, la persona no está sometida a un horario de trabajo específico o a un jefe y la tarea recomendada debe ser la entrega de un producto; y que resulta antijurídico que la demandada suscriba y prorrogue contratos denominados de servicios profesionales cuando rige un contrato de trabajo de trabajo personal y subordinado, por lo que aplica el artículo 3 del Código del Trabajo, debe estimarse ineficaz las cláusulas de un contrato de prestación de servicios profesionales según el cual la vigencia sería por un período determinado; alegó también que el 01 de diciembre del 2016, fueron notificadas de la terminación unilateral de la relación laboral que les unía con la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, argumentando para ello la patronal que la vigencia de los contratos vencían el 31 de diciembre del 2016, sin invocar causal del artículo 112 del Código del Trabajo y en clara violación del artículo 117 del mismo cuerpo legal, no se encuentra causal invocada por el patrono en la nota de despido, lo cual lo hace que el despido se vuelva ilegal e injusto violentándose con ello la Estabilidad Laboral, artículo 129 de la Constitución, que la parte afectada no puede estar sometida a la incertidumbre de una causa indeterminada o de un motivo oculto, donde mediante nota de fecha 01 de diciembre del 2016, se utiliza como causa de despido la terminación de la relación de trabajo, que la vigencia de los contratos habían llegado a su fin, tal motivo no es causa del artículo 112, el despido es ilegal e injusto; y que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio y siendo imposible el mismo se agotó el correspondiente trámite administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en relación al cargo, lo que sostuvieron efectivamente fue una relación de servicio por periodo limitado y determinado con el Estado de Honduras, mediante suscripción de contratos y como bien lo dicen las demandadas se estableció bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado; y que en ningún momento se celebró contrato de personal para el ejercicio fiscal 2017, en los contratos se establecen las cláusulas que los regían, tales como vencimientos que eran del conocimiento de las demandantes, así como la naturaleza del servicio eventual que prestaría y que el momento de la firma del mismo no hubo objeción alguna de su parte; argumentó que ya se había notificado que el contrato finalizaba en el ejercicio fiscal del año 2016, el 31 de diciembre, las servicios eran temporales con fecha de finalización, y que las demandantes querían que se aplicara el artículo 129 Constitucional, no obstante no les corresponde un derecho subjetivo; que las demandantes comenzaron a prestar servicios mediante una relación regida por contratos a término, ya que aunque se hayan suscrito contratos en forma continua e ininterrumpida nunca ha existido una relación laboral por tiempo indefinido, si bien existe una paga mensual, no es menos cierto que la misma no constituye salario sino una obligación de pago por sus servicios, mediante la obligación de un contrato para cancelar en varios pagos, esto por virtud de cláusulas contractuales, invoca el artículo 202 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; y que si bien es cierto se les notificó la terminación unilateral de la relación laboral, porque el vencimiento de dichos contratos estaba estipulada para el 31 de diciembre del año 2016; la patronal no tenía que justificar la causal para finalizar los contratos, ya que no se trata de un contrato de trabajo permanente, las demandantes consintieron y aceptaron el contrato de prestaciones de servicios profesionales; que la patronal no procedió a realizar ninguna conciliación por tratarse de una relación laboral por tiempo limitado. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de marzo del 2019, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras NURIAN YAQUELIN MENDEZ REYES y ARACELY ZUNIGA RODRIGUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, a través del PROGRAMA EDUCATODOS; condenó a la empresa demandada a pagar a favor de los trabajadores demandantes las cantidades totales que suman L.193,309.51, que se desglosan de la siguiente manera, a favor de la trabajadora NURIAN YAQUELIN MENDEZ REYES la cantidad de L. 88,912.33 y a favor de la trabajadora ARACELY ZUNIGA RODRIGUEZ la cantidad de L. 104,397.18, en concepto de prestaciones y derechos adquiridos; más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que en este caso la patronal no probó la justa causa de su despido, limitó su defensa en acreditar los contratos de prestación de servicios profesionales que las mismas demandantes señalan no les son aplicables, sin embargo como ya se detalló, está probada la relación de trabajo, en virtud de la aplicación del Artículo 19, 20 y 47 del Código del Trabajo. Por lo que al estar claramente determinada la relación de trabajo de naturaleza permanente y continua sin interesar el nombre que se le haya dado a los respectivos contratos o que la patronal haya expresado en los mismos que eran a término, esto no es aplicable ya que sería quebrantar el derecho a la estabilidad laboral, los contratos se consideran continuos y celebrados de forma ininterrumpida, son de naturaleza permanente, por lo que la patronal en este caso violentó el derecho fundamental a la estabilidad laboral, ya que el despido es sin justa causa es totalmente ilegal e injusto, por lo que precede el reclamo económico formulado por las demandantes por no cumplir la patronal con los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo, no hay procedimiento legal que haya comprobado hechos graves realizados por las demandantes ni existe despido amparado en justas causas del Código del Trabajo, Contrato Individual de Trabajo, Contrato Colectivo o Reglamento Interno. Que la patronal no enervó las pretensiones formuladas por las partes actoras, no probó su resistencia basado en la temporalidad, por preeminencia de aplicabilidad en este caso prevalece el Código del Trabajo y la Constitución de la República que permiten proteger el derecho de la estabilidad laboral, no destruyó la patronal la presunción legal de la subordinación a favor de la relación de trabajo, no logró acreditar que las demandantes no se encontraran subordinados a la patronal, por el contrario no cabe duda de la existencia de la relación de trabajo y que el despido es sin causa por lo que precede el reclamo económico formulado correspondiente a prestaciones laborales, el reajuste de salario mínimo de los últimas dos años y el pago de vacaciones pendientes, ya que bajo el principio de la carga dinámica la patronal no acreditó estos pagos reclamados, por lo que es procedente condenarlos conforme el artículo 2, 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo. En este juicio conforme la valoración de todo el material probatorio, el reclamo formulado por las trabajadoras demandantes debe ser estimado. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 24 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que la relación de trabajo que vinculó a las partes, fue mediante la suscripción de contratos para "prestar servicios profesionales por tiempo determinado", lo cierto es que dichos servicios se realizaron de forma continua e ininterrumpida mediante la suscripción de varios contratos relación que llegó a su finalización en el año 2016, al llegar la fecha de vigencia, según se desprende de los documentos que obran a folios de los I 119-132 y 137 al 153 p.p. de la pieza principal, sin que exista prueba alguna que acredite la necesidad o conveniencia del ente demandado para contratar a término, y siendo que de las pruebas aportadas al proceso consta que los demandantes desempeñaron el trabajo en forma continua e ininterrumpida, pues fueron contratadas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación para atender a la población joven y adulta analfabeta o en rezago escolar por medio de la Sub Dirección General de Educación para jóvenes y adultos en el programa EDUCATODOS en el Departamento de Cortés, cumpliendo a su vez una jornada de trabajo y las funciones que puntualmente les indicaban y que se encuentran plasmadas en los aludidos contratos; del anterior razonamiento no queda ninguna duda que la relación que existió entre las partes fue de naturaleza indefinida al tenor de lo que estatuyen los artículos 4, 7 y 52 párrafo último del Código del Trabajo y su finalización solo puede darse por la concurrencia de causa justa o legal, situación esta que no sucede en el subjudice, puesto que en la nota mediante la cual se les comunicó la desvinculación laboral señalada que la vigencia del contrato suscrito con la Secretaría de Estado, vence el 31 de diciembre del presente año (2016), en tal sentido la relación laboral finaliza en la fecha indicada (folio 16 p.p.), no se le puede dar otra interpretación de un despido injusto e ilegal, puesto que la demandada no podía invocar la fecha de finalización del contrato de trabajo que a fuerza de repetirse se convirtió en un trabajo por tiempo indefinido, de manera que la causa o motivo que la movió a tomar esa determinación no recibe amparo legal, más aún por haber sido emplazada a probar la justificación del despido. que por los razonamientos que contiene el presente fallo, esta Alzada estima no atendibles los argumentos expuestos por el recurrente; en consecuencia, es procedente confirmar la sentencia impugnada. 5.- Mediante auto de fecha 03 de septiembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 15 de noviembre del 2019, compareció ante este Tribunal el JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, en su primer y único motivo de casación aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos suscritos entre el demandante y la Secretaría de Educación que se encuentran en los Folios 19, al 59, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los Contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece " Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración" que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece "se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato" el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle permanencia al personal contratado a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece "Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI; El Tribunal Ad Quem, no aplicó en el presente caso el Artículo 46 numeral b) del Código de Trabajo, mediante el cual se establece que los contratos individuales de trabajo pueden ser a) ... b) Por tiempo limitado, tal es el caso de la contratación de las señoras ARACELY ZUNIGA RODRIGUEZ y NURIAN YAQUELIN MENDEZ REYES quienes fueron contratadas por la Secretaría de Educación y su fecha de vencimiento era el 31 de diciembre del año dos mil dieciséis. El objeto de pedir concurre en lo que reclaman, el reclamo lo constituye el pago de los salarios dejados de percibir desde la cancelación que fue objeto hasta que quede firme la sentencia, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motivo el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada por el solo hecho de haber llegado a la finalización de su contratación a la insuficiencia de fondos y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de pagos de salarios dejados de percibir, primero en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino la finalización de la relación laboral mediante un contrato firmado a término, mismo que fue consentido por las partes demandantes, segundo que han sido despedidos injustamente, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y estable que los mismos obliga o lo expresamente pactado, y que como puede comprobar el tribunal de alzada en ninguno de sus folios encontrará Documentación referente a que el cese del contrato se deba a causas imputadas a los mismos por consiguiente no puede el tribunal A-QUEM inventar una figura jurídica que descalifique el actuar legal de mi defendida la Secretaría de Educación, la cual dejo claro que la no renovación de los contratos se debe a que las demandantes mantengan una relación contractual a término. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo.)”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas los artículos 19,21,y 46 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) Formula alegatos propios de instancias. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de abril del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL310-2019. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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