Sentencia CL-31-19 — Registro 12383
Resumen
Segunda instancia declaró parcialmente a lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos de maternidad, pre y post natal, horas de lactancia, horas extras y salarios dejados de percibir, en virtud de despido en estado de embarazo directo e injusto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurrido por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del Proceso. XV.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el ad-quem proceda de conformidad a derecho."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil normativa supletoria, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de los principios y disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del mismo ordenamiento. VI.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 197 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que nuestro ordenamiento jurídico claramente establece el derecho que tiene el trabajador/a para emplazar al patrono a efecto de que le prueba la justa causa del despido y en el caso de no hacerlo, es deber del mismo, pagar al trabajador las prestaciones e indemnizaciones laborales y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. En consecuencia, un ofrecimiento o la intención de pagar no puede entenderse como un pago efectivo, por ello no se puede eximir del pago de la indemnización establecida en los artículos 129 Constitución de la República y 113 párrafo primero del Código del Trabajo, distinta situación hubiese sido que después del ofrecimiento de pago, la demandada hubiera realizado la consignación de los valores que consideraba deber a los demandantes, donde podía caber esa exoneración de pagar los salarios caídos, si se hubiese realizado la misma, en forma oportuna y razonable, lo cual no ocurrió en el presente caso."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 10 de junio del 2019, por el Abogado IVAN GUERRA PEREZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CONTABILIDAD, ORGANIZACIÓN, FINANZAS AUDITORAS Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R. L. DE C.V., como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ISIS ACOSTA PAZ, representada en juicio por el Abogado MARIO RAMON OSORIO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos de maternidad, pre y post natal, horas de lactancia, horas extras y salarios dejados de percibir, en virtud de despido en estado de embarazo directo e injusto, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, por la señora ISIS ACOSTA PAZ, quien es mayor de edad, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, contra la sociedad mercantil CONTABILIDAD, ORGANIZACIÓN, FINANZAS AUDITORAS Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R. L. DE C.V., por medio de su GERENTE GENERAL, la señora NOEMI SAGRARIO GUIFARRO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 03 de diciembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 10 de octubre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación promovido por la parte demandada contra la sentencia de fecha diez de octubre del presente año (2018) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia; en consecuencia, SE REFORMA la misma, la que consiste en: i) DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el pago de indemnización por despido en estado de embarazo; por ende se ABSUELVE a la demandada por dicho concepto; ii) se fija como monto total de condena (cuantía líquida), la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.44,830.49) que corresponde a los conceptos y valores concedidos por la iudex aquo a excepción de la indemnización por despido de estado de embarazo.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos.- TERCERO: SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 18 de abril del 2017, inició su relación laboral, día en que firmó contrato laboral, desempeñándose en el puesto de Auditor 1, el cual consistía en recolectar información y documentación para el informe de Auditoría y elaboración de la cata a la Gerencia sobre controles internos, devengando un salario de L.10,500.00, que al momento de ser contratada se informó con urgencia que necesitaban un auditor de que se debían facilitar documentos personales como antecedentes penales y policiales, fotocopia de RTN, pero por la premura por ellos manifestada, hicieron de su conocimiento que después serian solicitados los documentos referidos, desde que firmó el contrato con la empresa COFASEM, S. de R.L. de C.V., sus responsabilidades laborales, fueron auditorías, 1 mes, luego la asignaron al archivo de documentos y realizar la carta a la Gerencia, trabajos de contabilidad y libros legales a clientes, el día 12 de julio, se presentó a su lugar de trabajo como acostumbraba, se anotó en el libro de asistencia y Gerente General la llevó a su oficina para hablar y entregarle la carta de despido firmada por el señor Raymundo Heriberto Ortega, como Gerente de Recursos Humanos, antes de que le entregara la carta de despido, ella le entregó el cheque de tres cuotas del seguro social que se le retuvieron desde el primer día que inició a trabajar, luego ella le dijo que la colocaría en otra firma Auditora, como lo había hecho con otro compañero, ya que de 2 firmas le estaban solicitando auditores, ella le manifestó que no podía cambiarla de empresa por su situación de embarazo, como consecuencia de su despido verbal, directo, ilegal e injusto acudió a la inspectora general de trabajo para que se asignara un inspector y se hiciera presente en las instalaciones físicas de la empresa COFASEM, S. DE R. L. de C. V., a efectos de constatar el despido verbal de que fue objeto, habiendo sido atendida por una Inspectora, quien mediante acta levantó al efecto y constató el despido verbal de que fue objeto. 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil CONTABILIDAD, ORGANIZACIÓN, FINANZAS AUDITORAS Y SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V., contestó allanándose parcialmente a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos e indemnizaciones sociales, acepta la fecha de inicio y salario expuestos por la demandante, que se le hizo entrega de nota despido debido a su negativa reiterada y manifiesta de cumplir con las órdenes que se le habían impartido que entregara la documentación vital e importante al Departamento de Recursos Humanos, ya que se tenía que presentar ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que la empresa no conocía el estado de embarazo de la demandante, ya que nunca fue notificado en tiempo y forma, que nunca se hizo despido verbal sino por escrito y el levantamiento de acta se realizó en otra empresa distinta, por lo que no tiene relación con el reclamo planteado, que efectivamente acudieron al Ministerio de Trabajo a hacerle efectivo el 100% de sus prestaciones sociales y derechos adquiridos, no obstante ella no los aceptó aduciendo que se le tenía que pagar la indemnización por el despido en Estado de Embarazo, que el objeto de debate se centra en un supuesto despido en estado de embarazo, sin embargo, la demandante nunca notificó a la empresa dicho estado, ya que desde el momento de su contratación se le solicitó varia documentación por exigirlo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y el expediente personal de la trabajadora específicamente en fecha 12 de junio de 2017, 8 y 29 de mayo de 2017, donde en varias ocasiones se le solicitó el examen de gravidez, pero nunca lo presentó, ni mucho menos lo notificó, si se observa detenidamente el certificado médico que acompaña al libelo de la demanda, dicha prueba fue extendida posteriormente a que su representado le notificará el despido, por lo tanto no es cierto que se conociera su estado de embarazo, que a ella nunca se le ha negado el pago de prestaciones sociales, sino todo lo contrario, desde que se le notificó el despido y los cheques están elaborados desde el 25 de agosto del año 2017, es decir, existe una intencionalidad de la demandante de perjudicar a su representada. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 10 de octubre del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, derechos de maternidad, pre y posnatal, y salarios dejados de percibir en virtud de un despido en estado de embarazo directo e injusto, CONDENO a la demandada a pagar a favor de la demandante la cantidad de total de L.69,330.29, por concepto de prestaciones y demás indemnizaciones legales, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha 04 de diciembre del año 2017, fecha en que se realizó el respectivo allanamiento, sin costas; bajo el criterio que siendo que el estado de embarazo era notorio, tal como se demuestra con los respectivos documentos idóneos, y la trabajadora comunica al momento que se le informa la decisión de ser despedida, la patronal, no tuvo que haber realizado el despido, puesto que la misma ya goza del amparo de fuero especial de la mujer en estado de embarazo, de conformidad al artículo 124 del Código del Trabajo, ya que el patrono no puede dar por terminado el contrato de trabajo de la mujer embarazada sin justificar previamente ante el juez de trabajo respectivo alguna de las causas enumeradas en el artículo 112. En estos casos subsistirá la relación del trabajo hasta que termine el descanso postnatal o hasta que quedare ejecutoriada la sentencia que declare la terminación del contrato, disposición que el patrono quebrantó, por tanto las indemnizaciones que reclama la demandante en este juicio procedente en su totalidad, únicamente este juzgador no otorga los conceptos por horas de lactancia, puesto que siendo que la trabajadora fue retirada del cargo ilegalmente, este derecho no se materializó, ya que gozó del tiempo para cumplir la lactancia materna. La garantía de protección especial de no ser separada del cargo en estado de embarazo protege el principio de estabilidad laboral y protege al que está por nacer, ya que solo en razón de un salario digno y un trabajo la madre puede proveer lo necesario para la alimentación del menor y los gastos que este requiere, de ahí que si no se respeta la disposición que protege a la trabajadora la patronal deberá pagar las respectivas indemnizaciones que proceden. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 03 de diciembre del 2018, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en el sentido de declarar sin lugar el pago de indemnización por despido en estado de embarazo, sin costas; bajo el criterio que consta en autos que para el momento en que la demandada decidió ponerle fin a la relación de trabajo, desconocía el estado de gravidez de la demandante, pues fue hasta el momento de materializar el despido que ésta se lo comunicó, según lo afirmara ante la autoridad administrativa del trabajo. 5.- Mediante auto de fecha 2 de abril del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ANTONIO MONCADA TURCIOS, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CONTABILIDAD, ORGANIZACIÓN, FINANZAS AUDITORAS Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R. L. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 10 de junio del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado IVAN GUERRA PEREZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CONTABILIDAD, ORGANIZACIÓN, FINANZAS AUDITORAS Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R. L. DE C.V., formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de junio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 4 de noviembre del 2019, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado MARIO RAMON OSORIO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente." II.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. V.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil normativa supletoria, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de los principios y disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del mismo ordenamiento. VI.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia. VII.- Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral, el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable y de la condición más beneficiosa al trabajador, como los de primacía de la realidad, indemnidad o ajenidad de riesgos, continuidad, estabilidad, pro homine y orden público e irrenunciabilidad, entre otros. VIII.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. IX.- Que la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 3 de diciembre del 2018, reformó el fallo definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de octubre del mismo año, “declarando parcialmente ha lugar la reforma de la misma, consiste en declarar sin lugar el pago por indemnización por despido en estado de embarazo…”; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional se aleja de su deber de resolver el litigio en forma congruente, es decir, conforme los hechos y pretensiones alegados por las partes, omitiendo motivar y explicar lo relacionado sobre los extremos vinculados con el tema de los salarios dejados de percibir, ya que el a-quo los limita a la fecha en que se contestara la demanda, aduciendo haberse allanado a la misma. X.- Que nuestro ordenamiento jurídico claramente establece el derecho que tiene el trabajador/a para emplazar al patrono a efecto de que le prueba la justa causa del despido y en el caso de no hacerlo, es deber del mismo, pagar al trabajador las prestaciones e indemnizaciones laborales y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. En consecuencia, un ofrecimiento o la intención de pagar no puede entenderse como un pago efectivo, por ello no se puede eximir del pago de la indemnización establecida en los artículos 129 Constitución de la República y 113 párrafo primero del Código del Trabajo, distinta situación hubiese sido que después del ofrecimiento de pago, la demandada hubiera realizado la consignación de los valores que consideraba deber a los demandantes, donde podía caber esa exoneración de pagar los salarios caídos, si se hubiese realizado la misma, en forma oportuna y razonable, lo cual no ocurrió en el presente caso. XI.- Que conforme la interpretación realizada por el Congreso Nacional al artículo 113 del Código del Trabajo, mediante Decreto número 89 del 24 de noviembre de 1969, publicado en La Gaceta No. 19,956 del 23 de noviembre de 1969, los Tribunales de Justicia no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir. XII.- Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla; la dignidad del ser humano es inviolable.- También constitucionalmente se establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. XIII.- Que además el juzgador de instancia, dado el carácter tutelador o tuitivo de la materia laboral, debe tomar en cuenta que los derechos laborales son derechos humanos y/o fundamentales, por lo cual una vez concedidos o adquiridos pueden ser objeto de mejora, pero no de aplicación regresiva, menos restrictiva, tal y como lo disponen los artículos 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). XIV.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurrido por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del Proceso. XV.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 60, 64, 90 párrafo primero, 127, 128, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 8.1), 8.2.h) 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4, 5, 18, 113 y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 208, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 03 de diciembre de 2018, visible a folios 15 al 17 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.” Extendida en la Ciudad de veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL31-2019.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.