Sentencia CL-305-19 — Registro 11661
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing), caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños u perjuicios, bono de utilidades y estudiantil, beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, cantidades adeudadas por cualquier concepto, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobado, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el caso subjudice este Tribunal no encuentra este tipo de infracción en la sentencia impugnada."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede al igual que el anterior no resulta admisible ya que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobado, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el caso subjudice este Tribunal no encuentra este tipo de infracción en la sentencia impugnada. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. No se trata ya de una cuestión de existencia, subsistencia o determinación del alcance de la norma, sino lo que es muy distinto, de un error acerca de su contenido. En el caso sub-júdice, el recurrente sostiene que existe una interpretación errónea de la norma, a lo que este Tribunal considera que no fue interpretada erróneamente."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de agosto del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 03 de diciembre del 2019, por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) como recurrente; además, es parte recurrida el señor MARCO TULIO PADILLA RAMOS, representado en juicio por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing), caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños u perjuicios, bono de utilidades y estudiantil, beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, cantidades adeudadas por cualquier concepto, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 08 de mayo del 2015, por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, como Apoderada Legal del señor MARCO TULIO PADILLA RAMOS, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de marzo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de julio del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: FALLA: 1).- Declarar CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE BENEFICIOS OTORGADOS A OTROS TRABAJADORES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO COLECTIVO Y GOCE DE VACACIONES instaurada por la abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES en su condición de apoderada legal del señor MARCO TULIO PADILLA RAMOS contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por intermedio de su Gerente General LEVIN REMBERTO MALDONADO; 2).-CONDENA: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Presidente el Señor MELVIN REMBERTO MALDONADO; A) A reintegrar a su puesto de Trabajo por lo menos en las mismas condiciones antes de operarse el despido al señor MARCO TULIO PADILLA RAMOS; B) A pagarle los salarios dejados de percibir y demos derechos adeudados desde la fecha del despido hasta que se opere el reintegro mismo que se encuentra sujeta a la liquidación que por salarios dejados de percibir corresponda en su momento procesal oportuno; C) a reconocer al señor MARCO TULIO PADILLA RAMOS todos los derechos y beneficios que establece el contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH; D) A reconocer el pago de vacaciones periodo 2014-2015 por la cantidad de L.11,801.10 pago que deberá incluirse en el calculo de los salarios dejados de percibir que en el momento oportuno se efectúe; 3).- Declarar SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DEL BONO DE UTILIDADES Y ESTUDIANTIL, PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS POR CUALQUIER CONCEPTO, PAGO DE REEMBOLSO DE EVENTUALES GASTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN LA RELACIÓN DE ASEGURACIÓN CON INJUPEMP Y POR PRESTAMOS EN LA BANCA PRIVADA; instaurada por la abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES en su condición de apoderada legal del señor MARCO TULIO PADILLA RAMOS; contra LA EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por intermedio de su Gerente General MELVIN REMBERTO MALDONADO; 4).-ABSUELVE: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Presidente el Señor MELVIN REMBERTO MALDONADO del pago de estas pretensiones.- 5) .- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la demandada el 15 de abril del 2010, mediante un contrato por tiempo determinado, siendo posteriormente nombrado como Jefe de Agencia Departamental de El Progreso, Departamento de Yoro, devengando un salario ordinario mensual de L. 26,311.29. Expresa que comenzó a sufrir acoso laboral cuando se le notificó de la suspensión de su contrato de trabajo desde el día 13 de noviembre del 2014 hasta el 12 de marzo del 2015, es decir por 121 días, debiendo presentarse nuevamente a su trabajo el 13 de marzo del 2015, por lo que contra dicha suspensión formuló oposición ante la Secretaria del Trabajo; en la fecha de su reincorporación laboral fue notificado de la terminación de su relación laboral invocándole tres supuestas causales: 1) Que la suspensión de 120 días se basó en el artículo 100 numeral 4) 5) y 15) del Código del Trabajo; 2) Que la suspensión fue implementada debido a la grave crisis económica que enfrentaba la empresa demandada, no obstante una vez transcurrido el termino de la suspensión, aun persistían las circunstancias que dieron lugar a la misma; 3) Que dada la persistencia de las condiciones y causales que dieron lugar a la suspensión del contrato de trabajo, no fue posible reanudar sus labores y reincorporarlo en su puesto de trabajo, en consecuencia, se vió en la obligación de dar por finalizado el contrato de trabajo reconociéndole el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales. El demandante rechazó dichas causales exponiendo que la suspensión debió ser previamente autorizada por la Secretaria del Trabajo, además el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo versa que para que opere la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por mas de 120 días y la suspensión fue por 121 días, a pesar que la demandada solicitó una ampliación de la suspensión misma que no fue concedida por la Secretaria del Trabajo, en cuanto a la segunda causal el demandante la rechaza amparándose en el artículo 23 del citado Código haciendo mención que la demandada no estaba facultada para dar por terminado el contrato de trabajo motivada por tal razón, respecto a la tercera causal expone que antes de la finalización de la suspensión, en términos del artículo 103 del Código del Trabajo, la demandada estaba obligada a notificar a la Secretaria del Trabajo la reanudación de los contratos de trabajo, para así tener derecho a dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad y a su vez pudiera comunicar la reanudación de trabajo al SITRATELH y a los trabajadores y publicar por medio de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de vasta circulación sobre la fecha de reanudación de labores, pero no realizó ninguna de tales actuaciones por lo que se entiende que el demandante seguía suspendido, a pesar que la empresa demandada no hizo los llamamientos que la ley le obligaba, transcurrido el termino de la suspensión, el demandante se presentó a su trabajo el día 05 de marzo del 2015 y ahí le indicaron que debía reincorporarse el 13 de marzo del 2015, hecho que consta en Acta levantada por el Inspector del Trabajo, pero al presentarse a su trabajo el día que le fue indicado se le entregó una nota de despido, por lo que no hubo reanudación de labores lo que conlleva a que la suspensión nunca finalizó pues no fue restituido a su puesto de trabajo una vez transcurridos los 121 días de suspensión. Por lo anterior el demandante alega que la terminación fue sin justa causa y violatoria del artículo 129 de la Constitución de la Republica y de la cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH, artículo 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT. Dándose por agotado el tramite administrativo previo por haberse celebrado audiencia de conciliación ante el órgano correspondiente. 2. La parte demandada la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) contestó dicha demanda señalando que debido a la crisis financiera y la perdida de utilidades que ha sufrido la demandada y con el propósito de rescatar su empresa, al tenor de lo establecido en los artículos 100 numerales 4), 5) 15), 101 y 102 del Código del Trabajo, en fecha 10 de octubre del 2014 presentó ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social una solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo, misma que se encuentra pendiente de resolución debido a la oposición presentada por los trabajadores suspendidos, en fecha 03 de febrero del 2015 la demandada presentó ante el mismo órgano formal notificación expresando que las causas invocadas para la suspensión parcial de labores aun persistían lo cual imposibilitaba reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que fueron suspendidos, por lo que el 05 de febrero del 2015 notificó al demandante que se daba por terminado su contrato individual de trabajo, basándose en el articulo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, siendo imposible evitar el despido en vista que la demandada se vió obligada a darlo por terminado basada en motivos justificados. En cuanto al reintegro del demandante a su puesto de trabajo y pago de salarios dejados de percibir y demás derechos, es improcedente ya que existe una diferencia entre las justas causas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo sin responsabilidad, causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad, causas de terminación del contrato y las causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo, y en el presente caso el contrato de trabajo se dio por terminado amparado en dos motivos justificados, además el pago de prestaciones e indemnizaciones solamente procede cuando en la nota del despido se alegan las causales establecidas en el artículo 112 relacionado con los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, sin embargo en la nota de terminación del contrato de trabajo que fue entregada al demandante se puede corroborar que el despido no se fundamentó en los artículos precitados, si no que en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la Republica, 100 numeral 4) 5) 15), 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo, 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo, cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008 celebrada el 13 de mayo del 2008, por ende expresa que el demandante únicamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y no al reintegro para lo cual se debe tener en cuenta el Principio de la realidad. Finalmente menciona que durante el periodo de suspensión pagó al demandante la indemnización equivalente a 30 días de su salario, por no haberle dado el aviso de suspensión con 30 días de anticipación, al tenor del artículo 102 párrafo segundo del Código del Trabajo, de lo que se deriva que el demandante aceptó y validó de forma tácita la medida de suspensión al haber recibido el pago sin ninguna objeción. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de julio del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES como apoderada legal del señor MARCO TULIO PADILLA RAMOS, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL); CONDENÓ a la demandada a reintegrar al demandante a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones antes del despido, pagarle los salarios dejados de percibir y demás derechos adeudados, reconocer al demandante todos los derechos y beneficios que establece el contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH, reconocer el pago de vacaciones periodo 2014-2015 por la cantidad de L. 11,801.10, pago que deberá incluirse en el calculo de los salarios dejados de percibir que en el momento oportuno se efectúe; declaró SIN LUGAR el pago del bono de utilidades y estudiantil, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, pago de reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y prestamos en la banca privada; ABSOLVIENDO a la demandada del pago de estas pretensiones, sin costas. Bajo el criterio que se encontró probado en forma fehaciente que la demandada prescindió del procedimiento legal previo aplicar el despido, tomando en cuenta que el despido es la sanción más grave impuesta por el patrono al trabajador, el cual debe de obedecer a circunstancias consideradas como faltas muy graves contempladas en la Ley o en el Reglamento Interno de trabajo, por lo que no encontró ajustado a la legalidad el procedimiento aplicado al demandante para separarlo de su cargo, por lo cual considera vano pronunciarse sobre la legalidad de la causales expresadas en la nota de despido al haberse acreditado nulidad en el procedimiento del despido violentando con ello el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, que es reconocido como un Derecho Humano, por lo que declaró con lugar la demanda ordenando el reintegro del demandante con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que correspondan mismos que serán objetos de liquidación en su momento procesal oportuno. Que la parte demandante solicitó el pago de bono de utilidades y estudiantil, pero el mismo únicamente está dirigido para trabajadores públicos que devenguen menos de dos salarios mínimos según el número de hijos que tengan estudiando, por lo que comprobándose en juicio que el salario del demandante excede los dos salarios mínimos procede declarar SIN LUGAR dicha pretensión, también solicitó el pago de beneficios otorgados en el contrato colectivo de la privatización de la empresa, en cuanto a esta pretensión la empresa demandada está en la obligación de reconocer al demandante los derechos contenidos en el contrato colectivo, de conformidad a lo establecido en los artículo 60 del Código de Trabajo, por lo que declaró CON LUGAR dicha pretensión, del pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto no consta que se le deba concepto alguno distinto a los solicitados por el demandante en la presente litis por lo que se declara SIN LUGAR por no especificar los conceptos que se reclaman, en cuanto al reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos no consta documentación que acredite gastos médicos o quirúrgicos debidos al demandante ni el detalle de los mismos, a su vez menciona que dicha pretensión no es de su competencia pues la única indemnización a título de daños y perjuicios que contempla la legislación laboral es el pago de salarios dejados de percibir, en consecuencia ambas pretensiones se declaran SIN LUGAR, asimismo reconoció CON LUGAR el pago de las vacaciones periodo 2014-2015 en forma proporcional por la cantidad de L.11,801.1, conforme a la indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, que en cuanto al concepto de aseguración por INJUPEMP, concluye que la única indemnización a título de daños y perjuicios que reconoce la legislación laboral son los salarios dejados de percibir los cuales ya han sido reconocidos, en ese sentido declaró SIN LUGAR dicha pretensión. En cuanto a la indemnización por préstamos a la banca privada, no acreditó adeudar prestamos en la banca privada así como los intereses o daños causados provocados por la privación al derecho del trabajo, además dicha acción no compete a dicho Juzgado, en consecuencia, declaró SIN LUGAR dicha pretensión. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 19 de marzo del 2019 dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que la causal señalada en la nota de despido de fecha 13 de marzo del 2015 es ilegal e injustificada, tampoco probó en autos las causas de suspensión del contrato de trabajo estipuladas en los numerales 4, 5 y 15 del artículo 100 del Código del Trabajo. Que se probó en juicio la fecha de despido fue el 13 de marzo de 2015 y fue hasta el 27 de octubre de 2015, que la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, mediante resolución Numero 132-2015, declaró con lugar la solicitud de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días consecutivos, misma que fue objeto de recursos de reposición y nulidad absoluta de actuaciones administrativas, recursos que no han sido resueltos, por lo que al no estar acreditado la existencia de un acuerdo de suspensión de trabajo emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo en la fecha de despido, no cabe duda que el demandante fue despedido de manera injusta e ilegal. 5. Mediante auto de fecha 03 de septiembre del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HODUTEL) contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 03 de diciembre del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, formalizando su demanda, exponiendo seis motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de fecha 05 de diciembre del 2019 se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de enero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en el primer motivo de casación alega: “ Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: "La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva"; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva". La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobado, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el caso subjudice este Tribunal no encuentra este tipo de infracción en la sentencia impugnada. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: "La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono." PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: Al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez aplicó de manera indebida al momento de emitir su fallo.” V. Que el cargo que antecede al igual que el anterior no resulta admisible ya que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobado, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el caso subjudice este Tribunal no encuentra este tipo de infracción en la sentencia impugnada. VI.- Que la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en el tercer motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: "Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social"; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: "Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1 °, 3°, 4°, 5° Y 6° del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, como quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente establecidas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo.” VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. No se trata ya de una cuestión de existencia, subsistencia o determinación del alcance de la norma, sino lo que es muy distinto, de un error acerca de su contenido. En el caso sub-júdice, el recurrente sostiene que existe una interpretación errónea de la norma, a lo que este Tribunal considera que no fue interpretada erróneamente. VIII. Que la Recurrente formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS EN LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los oficios de 5 de febrero del 2015 que corre agregados en la primera pieza de autos fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio.” IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula alegatos propios de instancia. X. Que la Recurrente formula un quinto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS EN LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados en la primera pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en losestados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por media de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 73 al 77 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem.” XI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula alegatos propios de instancia. XII. Que la Recurrente formula un sexto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 132-2015, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CORRE AGREGADA EN LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en la Resolución número 132-2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a en la primera pieza de autos, que declaró CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100, que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Por tanto, con la Resolución 132-2015 emitida por la Secretaría de Trabajo, se demuestra que proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia el a quo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oposiciones a la misma presentadas por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos de mi contraparte han sido falsos. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: "consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario". XIII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) formula alegatos propios de instancia. XIV. Que la Censora alega nulidad subsidiaria: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, que corren agregados a folios 37, 38, 42 y 43 con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar al señor MARCO TULIO PADILLA RAMOSa su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en diecinueve (19) de marzo del dos mil diecinueve (2019). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que el demandante basó su acción y en los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio.” XV. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XVI. Que alega una segunda nulidad subsidiaria: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub Judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el artículo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de las actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada”. XVII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XVIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos de casación y sin lugar las nulidades alegadas de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos. 2) SIN LUGAR las dos nulidades subsidiarias solicitadas 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE”. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de enero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL305-19”. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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