Sentencia CL-299-19 — Registro 12400
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de los denominados convenios de prestación de servicios, que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo, por ende el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de los preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, más el pago de vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral, en virtud de la negativa del patrono en la suscripción de un nuevo contrato de trabajo sin causa justificada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 47del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea y violación indirecta ”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; c) El precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada; y, d) Formula alegatos de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de octubre del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 26 de septiembre del 2019, por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS como recurrente; además, es parte recurrida el señor MARCELO SEBILLA PINEDA, representado en juicio por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de los denominados convenios de prestación de servicios, que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo, por ende el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de los preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, más el pago de vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral, en virtud de la negativa del patrono en la suscripción de un nuevo contrato de trabajo sin causa justificada , costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de octubre del 2017, por el señor MARCELO SEBILLA PINEDA, mayor de edad, casado, Motorista, hondureño y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS), representado en juicio por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de marzo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 4 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARCELO SEBILLA PINEDA,, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Representante Legal, el Procurador General de la República, en ese entonces el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INCLUSION SOCIAL (SEDIS); en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE LA NULIDAD DE LA SIMULACION DE LOS DENOMINADOS CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, QUE EL EMPLEADOR PRETENDIO DAR A VERDADEROS CONTRATOS DE TRABAJO; POR ENDE EL PAGO DE MIS PRESTACIONES Y DEMÁS INDEMNIZACIONES LABORALES, GENERADAS POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS DE TRABAJO CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA CONCEDERME TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS PERMANENTES, MAS EL PAGO DE CACACIONES, DECIMOTERECER Y DECIMOCUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE INDEMNIZACION POR VIOLACION A DERECHOS FUNDAMENTALES VÍA ARTICULO 90 DE LA LEY DE INSPECCION LABORAL, EN VIRTUD DE LA NEGATIVA DEL PATRONO EN LA SUSCRIPCION DE UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO SIN CAUSA JUSTIFICADA, COSTAS; SEGUNDO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, por medio del Representante Legal, el Procurador General de la República, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS), a pagar a favor de la demandante la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (L.83,722.24) cantidad que corresponde a los siguientes: preaviso: L.28,000.00; auxilio de cesantía L.28,000.00; auxilio de cesantía proporcional L.855.58; Vacaciones L.10,226.74, Vacaciones proporcionales L.588.33; Aguinaldo Adeudado L.12,000.00; Aguinaldo proporcional L.1,933.33; decimocuarto mes L.12,000.000; decimocuarto mes proporcional L.8,935.62; vacaciones pendientes L.10,226.74; vacaciones proporcionales L.933.33; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde que se notificó el despido indirecto, hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria. TERCERO: Declarar SIN LUGAR la demanda en cuanto al pago de indemnización de L.500,000.00 en concepto de L.100,000.00 por cada violación a un derecho fundamental, por lo tanto solicita el pago de L.100,000.00 por la violación al derecho fundamental de la estabilidad laboral, L.100,000.00 por violación al derecho fundamental de gozar de vacaciones, L.100,000.00 por violación al derecho de gozar de condiciones satisfactorias de empleo, L.100,000.00 por vulnerar el derecho fundamental a gozar del decimotercer y decimocuarto mes de salario; y, L.100,000.00 por vulnerar el derecho fundamental de gozar de los servicios de la seguridad social; CUARTO: Absuelve a la demandada del pago de dichos conceptos; QUINTO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) el 1 de marzo del 2014, desempeñándose en el puesto de Supervisor Zonal de Guías de Familia, devengando un sueldo de (L.12,000.00), por más de 3 años de manera continua e ininterrumpida, de forma subordinada y mediante la suscripción de varios contratos que cumplían con los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que sin importar su denominación era un contrato de trabajo, y que al tenor de preceptuado en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo, le asistía el derecho a la permanencia en su puesto de trabajo, gozando de los derechos que tienen los empleados permanentes, por ello solicitó en su demanda que se declarara la nulidad de la simulación de la naturaleza de la prestación de servicios que el demandado pretendía encubrir. Señaló que una vez vencido su último contrato de trabajo en fecha 28 de julio del 2017, no se le renovó el mismo, a pesar que le asistía el derecho al trabajo por la continuidad de los contratos celebrados anteriormente, y por la naturaleza de las funciones que realizaba en la Secretaría las cuales eran de carácter permanente, fundamentándose en el artículo 113 del citado Código. Asimismo, solicitó la indemnización por violación a sus derechos fundamentales por el fraude a la Ley por la simulación contractual, según mandato internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establecida en la Ley de Inspección Laboral, Decreto Legislativo 178-2016, que en su artículo 90 establece la cantidad de (L.100,000.00) por cada violación a un derecho fundamental protegido a los trabajadores en la Constitución de la República, ordenamiento Laboral y normas internacionales del trabajo ratificadas por Honduras, aduciendo que se le violentó su derecho a la estabilidad laboral, a gozar de vacaciones, condiciones satisfactorias de empleo, décimo tercer mes de salario y su derecho a gozar de servicios de seguridad social, reconocidos según los artículos 127, 128 numeral 8) y 10), 129 y 147 de la Constitución de la República, artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Decreto 112 de la Ley del décimo tercer mes y decreto del décimo cuarto mes. Dando por agotada la vía administrativa correspondiente al no haber llegado a un acuerdo conciliatorio las partes. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando todos los hechos alegados por la demandante, exponiendo que el demandante en ningún momento fue empleado bajo ninguna modalidad, y que el tipo de tareas que ejercía no estaban comprendidas dentro de la estructura administrativa del personal permanente de la Secretaría, ya que la función que desempeñaba era de conformidad a lo establecido en el convenio de prestación de servicios para el acompañamiento y fortalecimiento social, por un tiempo determinado a cambio de un ingreso complementario como una compensación económica que reciben las personas que ejecutan o realizan las actividades de los proyectos, del cual el demandante era beneficiario, en cumplimiento con la visión para una vida mejor, sin existir en ningún momento una relación laboral, asimismo expresó que el demandante alegó haber comenzado a laborar el 1 de marzo del 2014, pero el programa fue creado hasta el 8 de febrero del 2015, también adujo que no se cumplían los requisitos del artículo 20 del Código de Trabajo, pues en ningún momento se estableció un salario sino que gozaba de un beneficio, en cuanto a la indemnización solicitada se pronunció que en virtud de la Ley de Inspección de Trabajo en el Título I, dispone que la aplicación del mismo corresponde a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, como autoridad administrativa en el ámbito de su competencia a través de la Dirección General de Inspección del Trabajo. 3.El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de septiembre del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Marcelo Sevilla Pineda, contra el Estado de Honduras, por medio del Representante Legal, el Procurador General de la República, en ese entonces el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Inclusión Social (SEDIS), CONDENÓ al demandado a pagar a favor del demandante la cantidad de (L.83,722.24) por los conceptos de preaviso: (L.28,000.00), auxilio de cesantía (L.28,000.00), auxilio de cesantía proporcional (L.855.58), vacaciones (L.10,226.74), vacaciones proporcionales (L.588.33), aguinaldo adeudado (L.12,000.00), aguinaldo proporcional (L.1,933.33), decimocuarto mes (L.12,000.000), decimocuarto mes proporcional (L.8,935.62), vacaciones pendientes (L.10,226.74), vacaciones proporcionales (L.933.33), más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, SIN LUGAR en cuanto al pago de indemnización por la cantidad de (L.500,000.00), en concepto de violación a los derechos fundamentales de estabilidad laboral, gozar de vacaciones, condiciones satisfactorias de empleo, decimotercer y decimocuarto mes de salario, y servicios de la seguridad social, SIN COSTAS. Bajo el criterio que al haber analizado los medios de prueba aportados al juicio concluyó que existía una verdadera relación laboral entre las partes, independientemente de su nomenclatura, pues la parte demandante probó los 3 elementos para considerarla como tal, ya que la suscripción de varios contratos continuos dan lugar a que el empleado se considere como permanente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo, ya que los contratos por tiempo limitado tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio, y siendo que el proyecto vida mejor, es una proyección permanente dentro de las metas del plan de gobierno, por lo tanto, era una verdadera relación laboral, en la que se tuvo que haber expresado la razón justificada para darla por terminada, y haberse respetado el derecho a la defensa del demandante, no obstante se incumplió lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo. Por tales consideraciones declaró Con Lugar la demanda y los derechos adquiridos. En cuanto al pago de (L.500,000.00) que solicitó el demandante en concepto de las violaciones a sus derechos fundamentales de estabilidad laboral, al no haber gozado de vacaciones, condiciones satisfactorias de empleo, decimotercer y decimocuarto mes de salario, y servicios de seguridad social, el artículo 89 de la Ley de Inspección del Trabajo establece que la competencia sancionadora y en su caso la aplicación de la sanción que corresponda, deber ser ejercida por los Jefes del Cuerpo de Inspectores de cada Oficina Regional del Trabajo o la autoridad de trabajo que haga sus veces, como primera instancia, constituyéndose como segunda y última instancia la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), agotando con su pronunciamiento la vía administrativa, por lo que observó que la Inspectoría de Trabajo no sancionó al demandado de ninguna manera, por lo cual declaró Sin Lugar dicho reclamo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 26 de marzo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que los contratos suscritos entre las partes eran de naturaleza laboral, ya que reunían los tres elementos para ser considerados como tales, y al hacer el análisis de las pruebas aportadas en el juicio fue de la convicción que el demandado no acreditó haber tenido justas causas para no renovar el contrato, ya que según el artículo 47 del Código del Trabajo “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten las causas que dieron origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas” por lo que se daban los presupuestos para considerar los contratos de trabajo por tiempo indefinido, convencimiento motivado en que el Código del Trabajo establece que sus disposiciones son de orden público, normativa que en el ámbito jurídico legal, se entiende como el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia ni tolerancia, por afectar a los principios fundamentales de una sociedad o a las garantías precisas de su existencia. Referente a la indemnización de la cantidad de (L.500,000.00) que reclamó la demandante, en virtud que no aportó ningún medio probatorio encaminado a demostrar la violación de los derechos fundamentales que cuantificó en valores económicos, no pudo determinar cuáles fueron los criterios seguidos para llegar a esa cuantificación, por lo que consideró que lo resuelto por el Tribunal A-quo en este sentido fue lo correcto, por consiguiente, procedió a la confirmatoria de la sentencia. 5. Mediante auto de fecha 3 de septiembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 26 de septiembre del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 8 de octubre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de 10 días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de enero del 2020, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.-Que el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su primer y único motivo de casación aduce: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del Articulo 47 del Código del Trabajo proveniente del error de derecho por la falta de apreciación del media de prueba denominado 1 DOCUMENTAL: Consistente en la Ley de Servicios Complementarios y el Convenio ya referido que firmase la señora MARCELO SEBILLA PINEDA, con mi representado ,los cuales obran de la pieza principal, por lo que la aplicación indebida del 47del Código del Trabajo, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. La aplicación indebida de la norma se encuentra en el CONSIDERANDO ( 4,5,7,8,), donde se manifiesta que desde el inicio de la relación laboral de la demandante, con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo.- Olvidándose el señor juez que el Convenio en mención" como el firmado por mi representado y la actora de la demanda forman parte del derecho laboral .Concepto dentro del cual se enmarcó la prestación de servicios realizados por el Demandante por ser su labor predominantemente técnica, de carácter temporal y no permanente. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACIÓN. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas, son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motive se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, incurrió en error de derecho, al no aprecia que la modalidad bajo la cual eran tutelados Los beneficiarios de la Ley de Servicios Complementarios que recibía la Demandante a mi representado, por lo que es improcedente colocar estos dentro del marco de la normativa que rige los contratos profesionales contemplados en el Código del Trabajo, tomando en consideración que el beneficio que recibiera la demandante tal como lo hemos acreditado debidamente no era una relación laboral, sino el producto de una planificación que el Gobierno de la Republica implemento en la búsqueda incesante de superar los niveles de pobreza que atacan a la población, siendo esto el resultado de nuevos mecanismos de actuación que la política financiera le permite al órgano ejecutivo plantear para superar el problema de la pobreza. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte Acusada HA APLICADO DE MANERA INDEBIDA al presente caso, el Artículo 47 del Código del Trabajo. A este respecto la doctrina refiere que la Violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que esté debidamente comprobado, deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Por lo anteriormente expuesto, precede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo”. III.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 47del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea y violación indirecta ”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; c) El precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada; y, d) Formula alegatos de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL299-2019”. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.