Sentencia CL-282-19 — Registro 12399
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido escrito y directo, caso contrario sea declarado despido ilegal e injustificado y como consecuencia se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo, décimo cuarto mes, aguinaldo pendiente, décimo cuarto mes pendiente, viáticos adeudados y costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas el articulo 46 literal b) no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; c) En el desarrollo del cargo hace referencia a la violación directa de la norma que considera infringida, sin embargo en su formulación alega violación o infracción indirecta e interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) Formula extensos alegatos de instancia"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de octubre del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de octubre del 2019, por la Abogada NOELIA MELISSA AGUILAR MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida el señor CARLOS ALBERTO RUBIO MENENDEZ, representado en juicio por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido escrito y directo, caso contrario sea declarado despido ilegal e injustificado y como consecuencia se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo, décimo cuarto mes, aguinaldo pendiente, décimo cuarto mes pendiente, viáticos adeudados y costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de febrero del 2016, por el señor CARLOS ALBERTO RUBIO MENENDEZ, mayor de edad, hondureño, pasante de la carrera de Administración de Empresas y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, representado en juicio por la Abogada NOELIA MELISSA AGUILAR MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de marzo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de octubre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida CARLOS ALBERTO RUBIO MENENDEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS par medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales como ser: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones pendientes, vacaciones proporcionales; aguinaldo adeudado, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes pendiente y décimo cuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a declarar la relación de trabajo de forma permanente y como consecuencia pagar al señor CARLOS ALBERTO RUBIO MENENDEZ la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (L. 297,391.38) desglosados así: preaviso L.60,060.00; auxilio de cesantía L. 60,060.00; auxilio de cesantía proporcional L.16,266.25; vacaciones pendientes L.22,022.00, vacaciones proporcionales L.8,138.13; aguinaldo adeudado L.51,480.00, aguinaldo proporcional L.13,942.50, décimo cuarto mes pendiente L. 51,480.00 y décimo cuarto mes proporcional L.12,942.50; más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; III) Declarando SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.
- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar en fecha 17 de junio del 2013, en el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI), en la dependencia de la Unidad de Modernización de la Secretaría de Finanzas, desempeñando el cargo de Técnico para la Asistencia Técnica en el Área Contable categoría “B”, devengando un sueldo mensual de (L. 25,740.00), y un salario promedio mensual de (L.30,000.00), arguyó que la relación que lo unía con el demandado la ejecutaba personalmente según el artículo 21 del Código del Trabajo, por lo que era a cuenta ajena, cumpliendo los 3 elementos esenciales para la existencia de un Contrato de Trabajo al tenor del artículo 20 del citado Código, puesto que prestaba su fuerza de trabajo de manera personal, además lo hacía bajo la dependencia continua y subordinada, imponiéndosele el cumplimiento del Código de Ética, asimismo declaró que tenía un salario mensual al cual le denominaban “Honorarios Profesionales”, pero según lo establece el Convenio No.95 de la OIT de 1949, en el artículo 1, dicha remuneración era un salario sin importar la denominación, por ello considera que tales situaciones constituyen una simulación, y de conformidad al Principio que rige en materia laboral de la realidad sobre lo formal, la relación entre ellos se regulaba mediante un Contrato de Trabajo, al cual le eran aplicables las estipulaciones del Código del Trabajo. Además, señaló que una de sus funciones era movilizarse fuera de su sede de trabajo, y conforme a lo pactado en el contrato, el demandado se había comprometido a pagarle los viáticos correspondientes, no obstante, dice que nunca lo hizo, al igual que el pago de su décimo cuarto mes de salario, aguinaldo y vacaciones, adeudándosele dichos conceptos. En fecha 17 de diciembre del 2015, el demandante recibió un memorándum de parte del Coordinador del SAMI, dependencia para la cual laboraba, mismo que le informaba que se daba terminada su relación laboral a partir del 31 de diciembre del 2015, bajo el argumento que el contrato había llegado a su fecha de finalización, a pesar que en otras ocasiones al presentarse la misma situación suscribían uno nuevo, habiendo transcurrido así 2 años y 6 meses, por lo que el demandado no podía alegar que la naturaleza de la relación laboral era temporal, y al tenor del artículo 47 del Código del Trabajo el contrato era por tiempo indefinido y la cláusula que establecía fecha de finalización nula por violentar el Principio de Estabilidad Laboral, siendo así que argumentó que el despido preceptuado fue ilegal e injustificado según el artículo 128 de la Constitución de la República, artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y que le correspondían el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, ya que el despido no se fundamentó en ninguna de las causales del artículo 112 del Código del Trabajo, no pudiendo invocarse otras durante el proceso conforme al artículo 117 del mencionado cuerpo legal. Dando por agotada la vía administrativa correspondiente por no llegar a un acuerdo conciliatorio las partes. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando que sostuvo una relación contractual con el demandante, pero que fue mediante la celebración de un Contrato de Servicios de Consultoría Individual, regulado conforme al artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado, y que según la cláusula 16 del Contrato suscrito la solución de cualquier controversia debió dirimirse mediante la Ley de Conciliación y Arbitraje, en virtud que la prestación de los servicios que brindaba el demandante era en condición de Consultor, además conocía que el tiempo de vigencia del contrato era desde el 01 de julio hasta el 31 de diciembre del 2015, razón por la cual consideró que no era necesario enviar una notificación al finalizar el contrato, pero atendiendo al principio de legalidad, y a efecto de que el demandante no pudiera alegar contratación tácita y continuara asistiendo al lugar del trabajo sin contratación alguna, le envió la nota de referencia con la cual quedaba oficialmente finalizada su relación contractual. En cuanto a las prestaciones y demás derechos reclamados dice que son ilusorios puesto que los mismos eran únicamente beneficios que gozan los empleados permanentes, de igual modo expresó que los honorarios pactados comprendían todos los gastos suscitados para la prestación de productos, lo cual estaba establecido en los términos de referencia Anexo A, numeral 9) del Contrato de Consultoría Individual que decía “…al consultor no se le reconocerán viáticos ni gastos de viaje correspondientes a la ejecución del contrato por visitas realizadas en el cumplimiento de sus términos de referencia”, por lo que la Cláusula 19 del Contrato, Viáticos, y Gastos de Viaje no aplicaba en dicha consultoría, pues el lugar de trabajo eran las Municipalidades asignadas tal como se detalló en el numeral 9) de los referidos Términos de Referencia, igualmente mencionó que los contratos suscritos eran realizados de acuerdo a las normas y procedimientos del BID establecidos en el Contrato de Préstamo BID-BL-HO-2032. En cuanto a la pretensión del pago del décimo cuarto mes de salario, aguinaldo y vacaciones, expresó el demandado que no proceden, en virtud del artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año fiscal 2015, de igual modo la cláusula 17 del Contrato de Consultoría establecía que las partes reconocían que entre ellos no existía una relación laboral, y que la misma se regía por las disposiciones del Código Civil, por lo que el demandante no tenía derecho a beneficios laborales. Referente al reclamo administrativo realizado ante la Secretaría del Trabajo, el demandado puntualizó que según la cláusula 16 del Contrato suscrito, las controversias que surgieran se solucionarían conforme a la Ley de Conciliación y Arbitraje, por lo que no podía aceptar las imposiciones dictadas por la Secretaría del Trabajo al tratarse de derechos subjetivos inexistentes. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de octubre del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Carlos Alberto Rubio Menéndez, contra El Estado de Honduras, por medio de su representante legal el Procurador General de la República, en ese entonces Abogado Abraham Alvarenga Urbina, CONDENÓ al demandado al pago a favor del demandante la cantidad de (L.297,391.38), correspondiente a los siguientes derechos, en concepto de (preaviso (L.60,060.00), auxilio de cesantía (L.60,060.00), auxilio de cesantía proporcional (L.16,266.25), vacaciones pendientes (L.22,022.00), vacaciones proporcionales (L.8,138.13), aguinaldo adeudado (L.51,480.00), aguinaldo proporcional (L.13,942.50), décimo cuarto mes pendiente (L.51,480.00) y décimo cuarto mes proporcional (L.12,942.50), más los salarios dejados de percibir, SIN COSTAS. Bajo el criterio que conforme al Principio de Primacía de la realidad, se tendrá por no escrito todo lo que se haya establecido en fraude de ley, y siendo que el demandante había laborado consecutivamente desde el 17 de junio del 2013 al 31 de diciembre del 2015, realizando labores permanentes, a pesar de haber sido contratado bajo la modalidad de contratos de servicios de consultoría individual, y que además con la notificación de la terminación de la relación de trabajo se configuró un despido arbitrario y contrario a la ley, puesto que no establecía la justa causa en que se había amparado el despido, la A-quo fue del convencimiento que había operado un despido ilegal e injusto, y declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, condenando al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más el pago de los salarios dejados de percibir; asimismo, los derechos adquiridos consistentes en vacaciones pendientes, vacaciones proporcionales, aguinaldo adeudado, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes pendiente y décimo cuarto mes proporcional, por ser derechos que le corresponden a todo empleado sin importar la causa o motivo por el que se haya dado por terminada la relación de trabajo. Para sustentar su análisis citó el artículo 1 del Convenio Internacional 111 de la OIT, ratificado por Honduras mediante Decreto No. 209 de fecha 19 de marzo de 1960, así como también lo establecido en la Constitución de la República en su artículo 127 que garantiza la protección contra el desempleo, y el artículo 129 de la Carta Magna que reconoce el derecho alternativo que tiene el demandante cuando ha sido objeto de un despido ilegal e injusto y al reclamo de sus prestaciones e indemnizaciones laborales o al reintegro en su puesto de trabajo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 29 de marzo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que del estudio de los hechos, así como los medios de prueba acreditados, quedó probada existencia de la relación laboral entre las partes, el salario devengado y el puesto desempeñado, extremos que fueron aceptado por el demandado en su contestación, en consecuencia la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo fue apegada a derecho, en vista de las consideraciones legales anteriores procedió a su confirmatoria. 5. Mediante auto de fecha 3 de septiembre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NOELIA MELISSA AGUILAR MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 21 de octubre del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada NOELIA MELISSA AGUILAR MENDOZA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo, por lo que mediante providencia de fecha 22 de octubre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 15 de noviembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.-Que la Abogada NOELIA MELISSA AGUILAR MENDOZA, en su primer y único motivo de casación aduce: “Infracción indirecta del artículo 46 literal b), 111 Numerales 1, 7 y 9 y 113 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casacón el 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: "El Contrato Individual de trabajo puede ser: a) .... b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento ... ; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", a tal efecto en el presente caso, el Juzgador de la causa no aprecio ni valoro el Medio de Prueba Documental: 1) Contrato de Servicios Profesionales de periodo determinado sustentado en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo; con el cual se demostró que la parte actora por haber sostenido con mi representado el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo Contratos de Servicios Profesionales u contratos de consultoría, y que forzosamente tenía que terminar al llegar a su fecha de vencimiento y que así ocurrió, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato de periodo determinado, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo permanente, y por esa razón ambas partes se sometieron únicamente a la normativa de dicho contrato de servicios profesionales, en el entendido que la demandante era una trabajadora temporal y que consecuentemente mi representado, no tenía más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos; mismos que están regulados por el Código Civil, en tal sentido no correspondía a la jurisdicción laboral el conocimiento de la Prestación de Servicio de la demandante en vista que, NO ESTA SOMETIDO al Régimen Ordinario Laboral; no obstante la trabajadora al concluir su fecha de vencimiento del contrato de servicios profesionales termino su actividad laboral. El contrato no pudo renovarse por motivos de caso fortuito o fuerza mayor conforme al Oficio SP-138- 2015. 2) Acuerdo No. 001-A, emitido por la Secretaria de Estado de la Presidencia, donde se informa la no renovación del contrato de la demandante en virtud que su contrato ya que había llegado a término, facultad otorgada al Estado de Honduras conforme al Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 201 que establece que para que estos contratos tengan valides " ...deberán de observarse las normas presupuestarias; no se podrá suscribirse contrato alguno si no hubiere disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda, por tal motivo se constituye una causa forzosa pero nunca una causa injustificada de un despido, como la aprecia el Juez A quo y el Juez Ad quen, pues el despido fue inexistente. 3) Igualmente el artículo 113 del citado Código de Trabajo, prescribe: "La terminación del contrato conforme a las causas enumeradas en el artículo 112 causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, efectos que surte desde que el patrono la comunica al trabajador; pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo ante desde de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones ... le puedan corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha ... quede firme la sentencia condenatoria"; por lo que se estima que hubo una violación indirecta de la normativa del artículo 46 inciso a) y del artículo 113 del Código de Trabajo, en relación al artículo 1348 del Código Civil y al Acuerdo No. 001-A, emitido por la Secretaria de Estado de la Presidencia, que tiene por ende carácter de Ley. La sentencia dictada en segunda instancia, el sentenciador aprecia y motiva su fallo en la Motivación No. 3, en el que argumenta "que el demandante fue contratado por el empleador mediante contratos de servicios profesionales pero en una actividad de naturaleza permanente de la Institución demandada además que tosas las cláusulas de los contratos, impera los requisitos que se requiere para que se produzca un contrato de trabajo como lo establece en articulo 20 en relación con los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, por lo que los contratos de servicios profesionales suscritos entre las partes evidencian ser un fraude a la ley, en consecuencia la relación labora fue por tiempo indeterminado. Así mismo establece en la Motivación No. 4, que con los medios de prueba acreditados en juicio por la parte demandada no pudo probar o justificar las causas que utiliza para dar por terminada la relación laboral de la demandante, violentando con ello los artículos 112 del Código del Código del Trabajo y los artículos 127 y 129 de la Constitución de la Republica por lo que en aplicación sana y eficaz de la Ley, se determina que el despido es injustificado. Apreciación que el Examinador Ad Quen hace de esa normativa cuyo texto no se objeta pero la infracción a la norma precisamente la realiza el Juzgador en el artículo 46 literal b) y el 111 Numeral 1 que establecen por su orden: "Cualquiera de las estipuladas en ellos sino fueran contrarias a la ley" relacionada con el Numeral 12 que determina: "Resolución del contrato decretada por autoridad competente. En los casos previstos en los 7 primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarrea responsabilidad para ninguna de las partes", puesto que la trabajadora termino su contrato por que llego a la fecha de vencimiento del mismo. A ese efecto, no puede presumir el examinador que en este caso "hay jurisprudencia establecida a la razón de que la exigencia es porque el contrato de trabajo es de buena fe desde su inicio a su terminación y que por ese hecho se pugna con esa buena fe el hecho de no establecer causales de despido o establecerlas en forma genérica sin señalamiento de los hechos en forma clara y concreta determinando las circunstancias en cuanto a tiempo, modo y condiciones, articulo 117 del Código de Trabajo, que es citado que es enérgico la obligación que establece una vez notificada la causal de terminación del contrato de trabajo", puesto que un contrato de trabajo periodo determinado no constituye causal de despido simplemente termina al llegar a su fecha de vencimiento y no existe norma que indique que al finalizar su contrato y no es este renovada se convierte en causal de despido "presunción" que se basaría en una apreciación errónea de la norma y no puede sustentar su decisión objetiva en algo que no existe, ya que el 26 de febrero del 2015, se le notificó a la demandante en forma escrita la terminación de su relación laboral en la sentencia no se pueden determinar deducciones o conjeturas carente de plena certeza, no obstante la carga de la prueba no es académica, ni de epistemología de la función judicial, sino pragmática, su objetivo es el de regular la carga de la prueba y debe analizarse en sus dos aspectos separadamente: uno es la fijación del umbral de convicción o confianza requerido para dar por acreditada una circunstancia en que se basa una pretensión; el otro es la determinación de cual han aportado los medios probatorios que permitan alcanzar ese nivel de convicción, de modo que si el gravado por tal carga no satisface esa exigencia probatoria, la decisión judicial sobre el acaecimiento de la circunstancia en cuestión no debe ser subjetivo sino congruente con la norma jurídica. Sin embargo hay una infracción a esta normativa al no aplicarla el Juzgador puesto que la señor CARLOS ALBERTO RUBIO MENENDEZ, fue contratado por tiempo determinado y al vencer el mismo ceso su relación con la institución, modalidad de contrato que no requiere acreditar la justa causa del despido, porque no existe Por otra parte el Juzgador Ad Quen al dictar su fallo confirmando la sentencia definitiva de fecha 12 de octubre del 2018, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo, condena al Estado de Honduras a través del Representante Legal y Procurador General de la Republica el abogado LIDIA ESTELA PADILLA CARDONA a Pagar a la demandante CARLOS ALBERTO RUBIO MENENDEZ la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (L.297, 391.38). Desglosados de la forma siguiente: PREAVISO L.60, 060.00 AUXILIO DE CESANTIA L.60, 060.00 AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L.16, 266.25 VACACIONES L. 22,022.00 VACACIONES PROPORCIONALES L.8, 138.13 AGUINALDO ADEUDADO L. 51,480.00 DECIMO CUARTO MES ADEUDADO L.51, 480.00 DECIMO CUARTO MES PENDIENTE L.13, 942.50 AGUINALDO MES PENDIENTE L. 13,942.50 y como cuantía indeterminada: los salaries dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva, así mismo los viáticos adeudados. Y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de Marzo del dos mil diecinueve (2019), que motiva el presente Recurso de Casación, Declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido escrito y directo y caso contrario sea declarado un despido ilegal e injustificado y como consecuencia se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido ilegal e injustificado hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo, pago de décimo cuarto mes, pago de aguinaldo pendiente, pago de décimo cuarto mes cuarto mes pendiente, pago de viáticos adecuados y las costas del presente juicio. Que ha promovido el señor CARLOS ALBERTO RUBIO MENENDEZ, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas.” IV.-Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas el articulo 46 literal b) no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; c) En el desarrollo del cargo hace referencia a la violación directa de la norma que considera infringida, sin embargo en su formulación alega violación o infracción indirecta e interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) Formula extensos alegatos de instancia. V. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE”. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL282-19”. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.