Sentencia CL-281-19 — Registro 11636
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, conforme al séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, por terminación de contrato individual de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, constitutivo de despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, pago de incremento salarial y costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de agosto del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintidós de octubre del dos mil diecinueve, por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora SANTOS ANGELINA ORTIZ, como recurrente; además es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, conforme al séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, por terminación de contrato individual de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, constitutivo de despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, pago de incremento salarial y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de enero del dos mil quince, por la señora SANTOS ANGELINA ORTIZ, mayor de edad, casada, Perito Mercantil, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), ahora DIRECCION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA (DINAF), por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinte de agosto del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la EXCEPCION TRANSACCION Y PAGO opuesta par la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCION opuesta por la representante procesal de la parte demandada. III.- DECLARAR SIN LUGAR la Demanda Ordinaria para el pago de Prestaciones e indemnizaciones Laborales conforme el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia SITRAIHNFA por terminación de un Contrato Individual de Trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, constitutiva de un despido directo, ilegal e injusto. Pago de salaries dejados de percibir. Pago de incremento Salarial y Costas del Juicio; instaurada par la Señora SANTOS ANGELINA ORTIZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, representada por el Procurador General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. En consecuencia, ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales conforme el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Instituto Hondureñito de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto hondureño de la Niñez y la Familia SITRAIHNFA. Pago de salarios dejados de percibir. Pago de incremento Salarial. IV.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS) ahora Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) en fecha 01 de septiembre del año 1922, en el cargo de Encargada/Jefe de Archivo de la Unidad de Vulneración de Derechos Región Centro Oriente, devengando un salario ordinario mensual de L.12,709.70 con una antigüedad laboral de 32 años, 2 mes y 26 días. A la demandante se le canceló mediante nota de fecha 26 de noviembre del 2014, donde se le estableció que en virtud del proceso de suspensión y clausura del IHNFA (de acuerdo al decreto ejecutivo PCM-26-2014), que la causa del despido es una situación ajena a la voluntad de la demandante y que por lo tanto tiene el derecho a reclamar las indemnizaciones legalmente establecidas. Dicho derecho fue incumplido pues en fecha 27 de noviembre del 2014 se firmó un acta de plan de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, la cual es nula pues no establecía la cantidad de dinero que debía ser pagada a la actora, haciendo imposible ejercer acción ejecutiva. Así mismo la demandada pretende desconocer el reconocimiento de los derechos adquiridos conforme a este Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo firmados entre INHFA y el SITRAIHNFA, en el cual se pactaron clausulas económicas que han sido totalmente desconocidas e incumplidas por la parte patronal como ser el incremento salarial de L.1,200.00, para cada trabajador y con vigencia retroactiva para cada trabajador desde el 01 de junio del 2012. Finalmente, la demandante estableció que, si bien firmó el acta de terminación de trabajo, lo hizo de buena fe, sin embargo, la demandada al incumplir lo pactado y al desconocer los derechos establecidos en el séptimo contrato colectivo, convierten nula la citada acta y por lo tanto la misma se torna en un despido directo ilegal e injusto, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante fue cancelada de su puesto de trabajo, el 26 de noviembre del 2014, en virtud del Decreto Ejecutivo PCM.26-2014 de fecha 04 de junio de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,446 de fecha 06 de junio de 2014, donde el artículo 1, ordena: “Suprimir el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), creado mediante Decreto Legislativo No.199-1997 de fecha 29 de enero de 1998”, estableciéndose también en el artículo 7: “en virtud del proceso de la supresión y clausura definitiva del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA)”, según el Código del Trabajo en su artículo 111 numeral 2): “El mutuo consentimiento de las partes”; y el numeral 9) “la Liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento”, tal es el caso que nos ocupa, pues la cancelación fue por mutuo consentimiento y por liquidación y el patrono aplicó las dos causales que lo facultan para dar por terminada la relación laboral; conforme la constancia extendida por la Comisión Liquidadora IHNFA-SEFIN se le liquidó sus prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes por el valor de L.714,174.23 pago que fue recibido a su entera satisfacción pues no obra ningún reclamo posterior de oposición a este pago, por lo que se entiende que la parte demandada no tiene pendiente ninguna obligación de cumplir con la parte actora. No obstante, de lo antes manifestado debe observarse que el séptimo contrato colectivo no puede aplicarse porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 24 de septiembre del año 2015, otorgó el amparo a favor del Instituto Hondureño de la Niñez y La Familia (IHNFA), anulando de pleno derecho la inscripción del referido contrato colectivo en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de agosto del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR la excepción de transacción y pago opuesta por la representante procesal de la parte demandada; declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Santos Angelina Ortiz, contra el Estado de Honduras; ABSOLVIENDO al demandado del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales conforme el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, pago de salarios dejados de percibir y pago de incremento salarial, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto los Convenios Colectivos obligan a sus firmantes, sin embargo, al haber sido ordenado la nulidad de la inscripción del séptimo Contrato Colectivo supra mencionado, requisito sine quanon para su aplicación tal como lo establece el artículo 78 del Código de Trabajo, que señala: “Todo contrato colectivo deberá ser registrado en la Dirección General del Trabajo... el cumplimiento de todo contrato colectivo queda bajo la vigilancia de la Dirección General del Trabajo”; asimismo el artículo 82 del mismo cuerpo legal establece: "La inspección General del Trabajo será la autoridad administrativa de aplicación de todo contrato colectivo registrado, y a ella competerá la vigilancia del cumplimiento de los mismos, bajo el régimen de sanciones y los recursos jerárquicos establecidos ....". En vista de lo anterior la parte demandada probó durante la secuela del juicio, haber satisfecho las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad al sexto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, contrato colectivo vigente para el momento de terminación laboral. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes, estando acreditado en autos que el pacto suscrito entre la demandante y demandada se realizó ante las autoridades del Ministerio del Trabajo a petición de la demandante y que se cumplió por parte de la demandada, haciéndole efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de acuerdo a lo convenido. 5. Mediante auto de fecha tres de septiembre del dos mil diecinueve, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora SANTOS ANGELINA ORTIZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintidós de octubre del dos mil diecinueve, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora SANTOS ANGELINA ORTIZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha quince de noviembre del dos mil diecinueve, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia Recurrida, ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante, visible a folios 5, 6, 7, 8, 10, 23, 24, 134 al 161 de la primera pieza de autos, en relación con la prueba documental en su conjunto, que hizo incurrir al AD QUEM, en violación indirecta por error de hecho, del articulo 95 numeral 23 en relación con los artículos 60 párrafo primero 78 párrafo tercero y 126 del Código de Trabajo; 1.1 del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo; 128 numeral 15) de la Constitución de la Republica. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de media para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA: Las pruebas no apreciadas es la prueba documental consistente en los documentos visibles a folios 5, 6. 7, 8, 10, 23, 24, 134 al 161 de la primera pieza de autos, en relación con la prueba documental en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Como puede apreciarse la sentencia de mérito que confirma en todas sus partes la dictada por la juzgadora de primera instancia se basa en declarar con lugar los Defectos Materiales, de Transacción y Pago y por ello no valora las demás pruebas de fondo, siendo errónea su apreciación ya que, en cuanto a la Transacción en la cláusula segundo del documento que obra a folio 6 de los autos y conlleva a la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento lo que se equipara a la transacción, literalmente dispone "EL INSTITUTO manifiesta estar de acuerdo para proceder al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que de conformidad al contrato colectivo de condiciones de trabajo le corresponden al trabajador...", y siendo que tal como está probado en autos el séptimo Contrato Colectivo que obra de folio 134 al 161 vigente del mes de enero del 2013, a enero del 2014, que por no haberse suscrito otro contrato colectivo de conformidad a la ley, se prorrogo automáticamente por un aro y siendo que, la demanda fue presentada el 6 de enero del 2015, era este instrumento jurídico en aplicaci6n de la cláusula 66 y 67 que obra a folios 166 que debía de observarse, para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, de conformidad al acuerdo de transacción y de conformidad a los cálculos elaborados por la Secretaria de Trabajo, documento que obra a folio 10 de los autos, la cantidad a pagar por este concepto era de LPS.2,609,939.01, y lo pagado de conformidad a los cálculos elaborados discrecionalmente por el IHNFA, es por la cantidad de LPS.714,174.23, que deducida de LPS.2,609,939.01, resulta la cantidad a pagar de LPS.1,895,764.78 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100, en tal sentido la transacción es correcta, porque se circunscribe a la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento de las partes, mas no así el defecto Material de Pago, que en todo caso es parcial por haber recibido una cantidad inferior de la debida y como es de vuestro conocimiento se entenderá pagada una deuda cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía, por tal motivo y habiendo pagado menos de lo debido, la parte demandada se deviene en la obligación a pagar la diferencia, que es por la cantidad de LPS.1,895,764.78 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100). NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Como es sabido por esta Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, en el tópico de las Resoluciones Judiciales es trascendente lo referente a la fundamentaci6n, ya que a través de esta se exponen razones jurídicas, para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas. Esta cumple dos funciones a saber: 1. INTERNA en el proceso (dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por que se acogen o no a determinadas pretensiones y facilitan los controles internos); 2. EXTERNA dirigida a terceros no involucrados pero si interesados en el proceso. La fundamentaci6n es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiraci6n de convencer a los destinatarios a cerca de su correcci6n y validez, no hay que confundir motivar con fundamentar, quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para ser aceptable lo resuelto; por eso en materia Jurídica las decisiones solo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, facticos, probatorios y jurídicos, pero estos deben ser ciertos y determinados no puede partirse de conceptos abstractos o que constituyan una invenci6n en el proceso y máxime cuando no han sido propuestos y consecuentemente no han sido evacuados coma medios probatorios. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 1589 del Código Civil "La nulidad absoluta puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ella y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificaci6n de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria" Asimismo los artículos 206, 207 y 208 del C6digo Procesal Civil establecen que las sentencias deben tener como requisitos internos claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia, dentro de la motivación se expresa que deberá incidir en las distintos elementos facticos y jurídicos del pleito considerados individualmente y en conjunto ajustándose siempre a la reglas de la Lógica y de la razón; así mismo con respecto a la congruencia las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito. En el caso concreto que nos ocupa, la corte sentenciadora de segunda instancia en relación a la sentencia recurrida, incurrió en errores que de manera inequívoca tienen como resultado la nulidad de dicha sentencia por las razones siguientes: 1).- Podes apreciar Vos Honorable Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, que la corte sentenciadora confirma la sentencia definitiva apelada en todas sus partes, y esta fue declarada sin lugar, por haber declarado con lugar los Defectos Materiales de Transacción y Pago opuesto por la parte procesal de la parte demandada, y en el considerando trece de dicha sentencia coinciden con la juzgadora de primera instancia, en el sentido de que al haber operado estos defectos materiales, resulto inútil referirse sobre la prueba de fondo. 2).- El no haberse pronunciado sobre la prueba de fondo dejo en indefensión a mi representada, en aplicación de lo que establecen los artículos 211, y 212.4 del Código Procesal Civil, que establece que existe nulidad de los actos procesales "Cuando se prescinda de las normas esenciales de procedimiento, siempre que, por esa causa se haya producido indefensión", en el caso que nos ocupa se produjo indefensión cuando tomo en consideración solo el documento que contiene la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento de las partes, que equivale a la transacción, por lo que no es un hecho controvertido, en cuanto a la transacción con motivo de la terminación de la relación laboral, pero si existe controversia en cuanto a la excepción de pago ya que, en el ordinal segundo del documento de mérito ya relacionado, y que obra a folio 6 de los autos, la parte demandada se compromete a hacer efectivo el 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales, de conformidad al contrato colectivo de condiciones de trabajo y el contrato colectivo es el Séptimo que obra a folios del 134 al 161 de la primera pieza de los autos, que en las clausulas 66 y 67 establece una modalidad singular para calcular o liquidar las prestaciones e indemnizaciones laborales, y por ello es que la Secretaria de Trabajo mediante el documento que obra a folio 10 de la primera pieza de autos, resulta la cantidad de LPS.2,609,939.01, y lo pagado es mediante una liquidación hacha de manera unilateral por el IHNFA y la Secretaria de Finanzas, sin aplicar lo establecido por este instrumento contractual y por ello difiere de manera superlativa con los cálculos de la Secretaria de trabajo, resultando en la cantidad de LPS. 714,174.23 y 2,609,939.01, documentos que obran a folios 10 y 23 de la primera pieza de autos, existiendo una deferencia de LPS.1,895,764.78, que debió pagársele a mi representada, existiendo un documento que tampoco fue apreciado en la sentencia de mérito, tanto del Juez A-QUO, coma el de segunda instancia, mismo que obra a folio 169 de los autos en relación al pago que se le hizo a la señora SILVIA BETEHEL RAMIREZ VASQUEZ, en el que se le hace el pago de una primera cuota de 6, que multiplicado por las cuotas, resulta una cantidad de LPS.2,615,849.40 (DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS, CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100), y que es congruente con la prueba que obra a folios 169, denominado exhibición de documentos, en la que la señora SILVIA BETEHEL RAMIREZ VASQUEZ, devengaba la cantidad de LPS.21,831.36, habiendo ingresado el 28 de junio de 1993, y laborado hasta el día 12 de septiembre del 2014, o sea que laboro 21 arios, 1 mes, 14 días, y exactamente aplicándole la fórmula de cálculo de las clausulas 66 y 67 del séptimo contrato colectivo resulta esta cantidad. 3).- El haberlo pagado con el séptimo contrato colectivo a la señora ya relacionada es un reconocimiento inequívoco de la validez del séptimo contrato colectivo y consecuentemente su aplicación que no fue apreciado por la juez de primera instancia y por la Corte de Apelaciones, por haber considerado innecesario por haber operado la transacción y el pago, argumentos válidos en relación a la transacción por la terminación laboral, mas no así en lo concerniente al pago, ya que en todo caso este fue parcial y no total, por lo expresado anteriormente en otro acápite del presente libelo, el Código Civil es claro y preciso al establecer en el artículo 1422 que se entenderá pagada una deuda cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecha la prestación en que la obligación consistía. SEGUNDO: Es de vuestro conocimiento Honorable Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo), que por disposición Constitucional y legal, son nulos IPSO JURE, significando IPSO JURE, de conformidad a la interpretación que se le hizo mediante decreto 461 del 11 de mayo de 1977, este término IPSO JURE, significa: Por ministerio de la ley, por el mismo derecho, es decir sin necesidad de declaración judicial, es además imprescriptible cualquiera que sea el tiempo trascurrido, irrenunciable, atendiendo al interés público que está comprometido todo lo cual puede expresarse en la idea de una invalidez desde su inicio y por perpetuidad, y si, la nulidad de los actos se refiere a aquellos que impliquen renuncia, disminución, o tergiversación de los derechos que la constitución y el Código del Trabajo otorga a los trabajadores, el no haberle pagado completamente a mi representada lo que contractualmente le corresponde disminuye su derecho y por lo tanto este acto es nulo que conlleva a la nulidad también de la sentencia recurrida”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL281-2019.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO