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Sentencia CL-254-18 — Registro 10707

Resumen

demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, que en sentencia definitiva sea declarada una relación obrero patronal como de naturaleza permanente en virtud de cumplirse con todos los requisitos necesarios para la procedencia de dicho derecho de conformidad a lo establecido en los artículos 52 párrafo tercero y 47 del Código del Trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el Recurrente: a) en la formulación del cargo alega “Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) señala como norma violada el artículo 47 del Código del trabajo, no ostentando el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; y d) hace alegatos de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 11 de Septiembre del 2018, por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, como recurrente; además, son parte recurrida, las señoras ANGELA MIRELLA GARCIA DOMINGUEZ y SARA LUCIA MARTINEZ MONTOYA, representadas en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, que en sentencia definitiva sea declarada una relación obrero patronal como de naturaleza permanente en virtud de cumplirse con todos los requisitos necesarios para la procedencia de dicho derecho de conformidad a lo establecido en los artículos 52 párrafo tercero y 47 del Código del Trabajo; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de abril del 2016, por las señoras ANGELA MIRELLA GARCIA DOMINGUEZ y SARA LUCIA MARTINEZ MONTOYA, ambas mayores de edad, solteras, hondureñas, Bachilleres en Ciencias y Letras, de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Representada en ese entonces por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de abril del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 02 de febrero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al puesto de trabajo. Que sea declarada una relación Obrero Patronal como de naturaleza permanente desde el inicio de la relación laboral. Reconocimiento de todos los derechos establecidos en el Código del Trabajo y demás derechos laborales adquiridos desde el inicio de la relación laboral. Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que se le reinstale en su cargo; instaurada por la Señora SARA LUCIA MARTINEZ MONTOYA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora SARA LUCIA MARTINEZ MONTOYA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de su relación laboral; 03 de mayo del 2013. III.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con el demandado de la siguiente manera: ANGELA MIRELLA GARCIA DOMINGUEZ, a partir del 1 de febrero del año 2014 y SARA LUCIA MARTINEZ MONTOYA, a partir del 3 de mayo del año 2013, en el cargo de Operadores de Video en la Unidad de Ciudades Inteligentes dependiente de dicha Secretaria de Estado, realizando sus labores con el mayor esmero y dedicación posible, en donde se evidencia que la labor ha sido permanente y continua durante ese tiempo, habiendo firmado varios contratos de servicios profesionales, en los cuales se cumplen los requisitos establecidos en el Artículo 20 del Código del Trabajo, ya que la actividad es subsumida en dicho Artículo, puesto que es de naturaleza continúa y permanente en la institución para la cual prestaron sus servicios. Que fueron despedidas a partir del 31 de enero del 2016, en forma arbitraria e injusta, mediante Memorandos por el orden en que comparecemos, SEDS-SG-03-2016 y SEDS-SG-051-2016, firmado por el Secretario General de la Secretaría de Seguridad Abogado Manuel de Jesús Luna Gutiérrez, de fecha 26 de enero del 2016, en el que les notifica que su Contrato de Servicios Profesionales finaliza el 31 de enero del 2016. Asimismo, se le informa que su contrato no será renovado. Agradeciendo su colaboración en esta Secretaría de Estado. Que los tribunales del Trabajo tienen sentado el criterio jurisprudencial cuya amplitud exime una cita pormenorizada que la notificación de cancelación de contrato por medio de Memorándum o Oficio, debe contener el señalamiento de una causa o motivo legal de las estipuladas en el Articulo 112 del Código del Trabajo en relación con el Articulo 117, del mismo cuerpo legal al haber sido despedidas por causas no legales, por lo tanto, el despido es ilegal e injustificado de pleno derecho. En presente relación laboral existen los tres elementos esenciales establecidos en el Articulo 20 del Código del Trabajo vigente, que la demandada ha incumplido como patrono lo prescrito en el Articulo 117 del Código del Trabajo, porque con la referida Secretaria de Estado regularmente firmaban contratos sucesivamente de Servicios Profesionales, deduciéndose fácilmente que no era contratista porque desde el 01 de febrero del 2014 y 03 de mayo del 2013 respectivamente, trabajaron de manera continua e ininterrumpida realizando labores permanentes en la institución y estaban inscritas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Siendo trabajadores con beneficios, entonces como puede ser que con un Memorando se les notifique que a partir del 31 de enero del 2016 el Contrato de Servicios Profesionales no será renovado.- Que si bien es cierto que los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales que suscribieron durante la relación de trabajo con la Secretaria de Seguridad, desde el 01 de febrero del año 2014 y 03 de mayo del 2013 respectivamente, de manera ininterrumpida les hacían firmar bajo un esquema que la institución demandada utiliza denominada Contrato de Servicios Profesionales. En la práctica real y verdadera de sus cargos, las actividades no eran las de Prestación de Servicios Profesionales, sino todo lo contrario se desempeñaban como verdaderos empleados, pues las actividades que realizaban por su naturaleza son permanentes y continuas en la Unidad de Ciudades Inteligentes como Operadoras de Video, dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda aceptando parcialmente la demanda, específicamente en lo referido a que las demandantes sostuvieron una relación contractual con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ambas demandantes desempeñándose en el cargo de Operadores de Video de la Unidad de Ciudades Inteligentes, contratación que fue mediante la modalidad de contrato de prestación de Servicios Profesionales, con fecha de inicio y terminación con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte de las reclamantes; no obstante, en cuanto a lo demás manifestado por las partes demandantes al aducir que sus labores las “desempeñaron de manera continua e ininterrumpida”, se rechaza pues su contratación fue mediante prestación de Servicios Profesionales, por lo cual su actividad profesional era realizada bajo las condiciones de los contratos suscritos; de la misma manera se rechaza la utilización del texto legal del artículo 20 del Código del Trabajo, si bien es cierto señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto que todo contrato de trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicios conlleva esos mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para lo cual fueron contratados, que no fue un despido simplemente su relación contractual llegó a su fin, debido a que los contratos suscritos eran de Servicios Profesionales, los cuales son por tiempo determinado estableciendo fecha de inicio y terminación en cada uno de los mismos; de igual manera se rechaza la normativa de los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo, citados por las partes actoras en los cuales respalda un derecho que no les asiste por improcedentes, pues en los referidos contratos se estableció la fecha de finalización de los mismos, en el cual ambas partes aceptaron sus respectivas vigencias en ese sentido no pueden alegar desconocimiento del tiempo de duración de los mismos contratos; por otra parte en relación al artículo 20 del Código del Trabajo como se ha reiterado no tiene caso en la demanda ya que la modalidad de contratación fue mediante contratos de Servicios Profesionales, con fecha de inicio y terminación; asimismo las demandantes, tratando de aplicar erróneamente la normativa de los artículos 128 párrafo primero de la Constitución de la República y el articulo 3 del Código del Trabajo, que invocan para sustentar sus exigencias de beneficios inexistentes que no se aplican en el caso que nos ocupa, mismos que no se objetan ya que estos son de orden público y su aplicación es generalizada, en virtud que suscribieron contratos de Servicios Profesionales, bajo términos y condiciones claramente establecidas, no obstante que estos se encontraban enmarcados dentro del Contrato Administrativo de Servicios Profesionales, los cuales claramente establecen las cláusulas que los regirán; se rechaza de igual manera lo estipulado por las reclamantes en relación a que su labor era continúa e ininterrumpida por estar sujetas a las cláusulas de los contratos de Servicios Profesionales en los cuales consta la vigencia de los mismos siendo por tiempo limitado.- 3.- Que mediante auto de fecha 5 de diciembre del 2017, se tuvo por DESISTIDA la demanda por parte de la señora ANGELA MIRELLA GARCIA DOMINGUEZ.- 4.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 2 de febrero del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al puesto de trabajo. CONDENÓ al ESTADO DE HONDURAS, a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora Sara Lucia Martínez Montoya a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de su relación laboral el 03 de mayo del 2013, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la demandante laboró a través de contratos de servicios profesionales por tiempo determinado, no menos cierto es que las labores que ella realizaba son de naturaleza permanente en la Institución, asimismo la parte demandada no acredito tener justa causa para ejecutar la terminación del trabajo.- 5.-La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 20 de abril del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la demandante fue contratada por medio de contratos de servicios profesionales, el cual no es más que una simulación, pues el fondo de su contenido se trata esencialmente de un contrato de trabajo, ala reunir los 3 elementos que determina el artículo 20 del Código del Trabajo, asimismo que la parte demandad no justificó el despido ilegal del que fue objeto la demandante.- 6.- Mediante auto de fecha 25 de julio del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 7.- En fecha 11 de septiembre del 2018, compareció ante éste Tribunal por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 11 de septiembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 7 de mayo del 2019, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por parte del Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.-Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en su único motivo de casación alega: “ UNICO MOTIVO: Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea del artículo 47 del Código del Trabajo que regula los contratos celebrados entre los trabajadores y las empresas, y no los celebrados entre en Estado y sus servidores que son los Contratos de Servicios Profesionales, regulados por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la jurisdicción que ha debido de conocer del caso de autos, en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo número 765 numeral1 del Código del Trabajo. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El Juez AD QUEN en la sentencia proferida no tomo en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio, consistente en el expediente administrativo de la demandante donde constan los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre la demandante y mi representada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las clausulas tercera y novena de los contratos; al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por tiempo indeterminado, aplicando indebidamente o interpretando erróneamente lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir entre las empresas y los trabajadores, y no las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores; y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3 literal a) establece que “ Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, asimismo las Disposiciones Generales del Presupuesto contenida en el Decreto Legislativo 223-2012 para el Ejercicio Fiscal del año 2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33, 044 de fecha 6 de febrero del 2013 en su artículo 114 en lo referente a los Contratos de Servicios Profesionales establece: Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Los funcionarios que incumplan este artículo serán responsables solidarios financieramente por todas las obligaciones que generen. El artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República es claro al disponer: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” De ahí que por ninguna manera puede eludirse la letra de la Ley, si esta es clara y manda que para que se juzgue debe ser bajo esos presupuestos, pues de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE.- La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre la parte demandante y mi representada la Secretaría de Estado los Despachos de Seguridad, lo que acredita que dichos contratos son del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que los mismos tenían fecha de inicio y fecha de finalización, por lo cual nunca existió el despido de la demandante, sino que en sus contratos de servicios profesionales expiro su vigencia. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el Juez AD QUEN fue violatoria de una ley sustantiva, por interpretación errónea o aplicación indebida del artículo 47 del Código del Trabajo, pues el Juzgador no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio consistente en el expediente administrativo de la demandante, circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad no solo al reintegro al puesto de trabajo de la demandante, el reconocimiento de una relación laboral como de naturaleza permanente desde el inicio de la relación laboral, reconocimiento de todos los derechos establecidos en el Código del Trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir, considerando que con fundamento en los artículos 208 en relación con el 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el juez sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte demandante sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiadas, sin influencias, ni prejuicios, decisión que debería superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el Juez A QUO. Por lo anteriormente expuesto, CAZAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento de fecha veinte de abril del dos mil dieciocho, que consecuentemente declara confirmar la sentencia definitiva de fecha dos de febrero del dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al Puesto de Trabajo.-Que en sentencia definitiva sea declarada una relación obrero patronal como de naturaleza permanente en virtud de cumplirse con todos los requisitos necesarios para la procedencia de dicho derecho de conformidad a lo en los artículos 52 párrafo tercero y 47 del Código del Trabajo.-Y se nos reconozcan todos los derechos establecidos en el Código del Trabajo y demás derechos laborales adquiridos desde el inicio de la relación laboral-Que se reconozca nuestra antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo en la demanda.-Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que se nos reinstale en nuestros cargos siempre en concordancia con lo prescrito en el artículo 3 del Código del Trabajo y 128 párrafo primero de la Constitución de la República.-Se acompañan documentos.-Costas del Juicio.-Poder; que fuera promovida por la señora SARA LUCIA MARTINEZ MONTOYA contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el Recurrente: a) en la formulación del cargo alega “Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) señala como norma violada el artículo 47 del Código del trabajo, no ostentando el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; y d) hace alegatos de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 254-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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