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Sentencia CL-240-18 — Registro 10661

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta a lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo pide la reinstalación al puesto de trabajo y restitución de sus funciones, que fue suspendida y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, causados y proporcionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que la Impetrante, incurre en los siguientes errores: a) las normas señaladas como violadas, artículos 47, 52, 113 del Código del Trabajo, contienen distintos párrafos, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; c) la recurrente en su explicación hace mención a violación directa e indirecta, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y d) en su explicación no manifiesta de manera evidente la violación de ley alegada.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 7 de septiembre del 2018, por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora INGRID LORENA MARADIAGA MAHOUDEAU, representada en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta a lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo pide la reinstalación al puesto de trabajo y restitución de sus funciones, que fue suspendida y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, causados y proporcionales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 1 de marzo del 2016, por la señora INGRID LORENA MARADIAGA MAHOUDEAU, mayor de edad, soltera, Licenciada en Mercadotecnia, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada en ese entonces por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de abril del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de Octubre del 218, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por INGRID LORENA MARADIAGA MAHOUDEAU en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal y Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) DECLARA que la relación de trabajo de la demandante INGRID LORENA MARADIAGA MAHOUDEAU con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad fue y es de carácter permanente, debiendo computar la antigüedad desde el 1 del mes de septiembre del año 2010. 3) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a la demandante INGRID LORENA MARADIAGA MAHOUDEAU a su puesto de trabajo, para lo cual deberá emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a la demandante por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenía al momento del despido; y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se haga efectivo el reintegro a su puesto de trabajo. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó su relación laboral para el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos desde el 01 de septiembre del 2010, desempeñándose en el puesto de Digitalizadora de Datos en la Dirección Nacional de Transito, devengando un salario mensual de L.10,000.00. suscribiendo varios contratos individuales de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en los artículos 47 y 52 último párrafo del Código del Trabajo, reúnen todos los elementos de un contrato de trabajo en lo preceptuado en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, dejando ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, siendo de naturaleza indefinida, simulación que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral, en fraude de la misma y en virtud de lo anterior considera que me asiste el Derecho a la permanencia en el puesto que ha venido desempeñando, con todos los derechos que tienen los empleados permanentes, que la institución demandada una vez vencido el último contrato en fecha 31 de diciembre de 2015, después de laborar por más de cuatro años sin justificación alguno no renovó el mismo, dándose así un despido ilegal e injusto por lo que realizó el reclamo administrativo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el cual se dio por agotado en fecha 22 de enero del 2016.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que la demandante Señora Ingrid Lorena Maradiaga Mahoudeau fue contratada en la Dirección Nacional de Transito dependencia de esta Secretaría de Seguridad por tiempo determinado, tal como lo estipula la cláusula Tercera del contrato, la cual dice: “TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una vigencia a partir del 05 de enero al 31 de diciembre del 2015, del cual fue notificado de que no se prorrogaría el mismo, mediante memorándum N° SEDS-SG-294-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015. Asimismo, el artículo 867 del Código del trabajo dice: Salvo disposiciones en contrario, todos los derechos y acciones provenientes del este Código, de su reglamento de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo para estos últimos cuando hubieran estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes al periodo que se suscribió sin ejercer ninguna acción, haciendo este reclamo improcedente. Finalmente, el artículo N° 124-2013 del Decreto 266-2013, en su parte conducente Dice: En el caso de los empleados por contratos, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes. En relación a los dispuesto mediante este artículo, lo no previsto o para incluso modificar, variar o ampliar lo aquí dispuesto, deberá ser resuelto o decidido mediante Decreto ejecutivo, por el Presidente de la República por sí o por medio del Consejo de Secretarios de Estado; y el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y egresos para el Ejercicio Fiscal del 2015 prescribe: La contratación de personal con cargo al Objeto Específico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) financiado con Recursos del Tesoro Nacional se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Este tipo de contrataciones se formalizará mediante Acuerdo Interno de cada institución del Sector Público. Los (as) titulares de las Unidades Ejecutoras y de las Gerencias Administrativas contratantes son responsables directa y exclusivamente en la selección de esta clase de contratistas, la que se debe efectuar en base a competencias, habilidades, destreza, méritos académicos, probidad y otros requisitos de idoneidad considerados necesarios para el cumplimiento eficiente del cargo a desempeñar. Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo.- 3.-El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de octubre del 2017, dictó sentencia declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral, que la relación de trabajo de la demandante INGRID LORENA MARADIAGA MAHOUDEAU con el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD fue y es de carácter permanente, debiendo computar la antigüedad desde el 1 del mes de septiembre del año 2010. CONDENÓ al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo, para lo cual deberá emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a la demandante por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenía al momento del despido; y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se haga efectivo el reintegro a su puesto de trabajo, sin costas; bajo el criterio que la forma de contratación de la demandante a pesar de poseer título universitario encierra en su contenido un verdadero contrato de trabajo, ya que el puesto de trabajo y las labores para las cuales fue contratada se repitió de manera continua mientras duró la relación, por lo cual la contratación a la cual fue sometida la demandante fue un fraude de ley, ya que intrínsecamente constituye un contrato de trabajo por el cual el demandante fue un fraude de ley, asimismo que el vínculo laboral debió romperse a través de las causales de despido contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo que no ocurrió en el presente caso, por lo cual el demandado se encuentra obligado al Reintegro de la demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 17 de abril del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedo probada que la relación laboral existente entre las partes es continua, sobre todo porque se celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón s ele debe de tener como empleada permanente desde que inició su relación laboral y al no invocarle en la terminación de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto, y por ende es procedente declarar con lugar la demanda.- 5.-Mediante auto de fecha 20 de junio del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 7 de septiembre del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de septiembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de abril del 2019, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, en su y único motivo de casación alega: “Se impugna por ser la sentencia violatoria a Ley sustantiva, por infracción directa de los artículos 47, 52, 113 del Código del Trabajo que regula los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración y de aquellos contratos que transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa. El Juez A-quo en la sentencia proferida condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia sin fundamento alguno, quedando demostrado en el presente juicio que dicha terminación y no renovación del contrato se dio a que el Contrato suscrito por las partes expiro en fecha 31 de Diciembre del 2015, dicha condena no tomo en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio, consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre el demandante y mi representada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las clausulas novenas de los contratos; al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por tiempo indeterminado, VIOLACION INDIRECTA DE LA LEY: ERROR DE HECHO (APRECIACION ERRONEA DE MEDIOS DE PRUEBA.- La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre las partes demandante y mi representada la Secretaría de Estado los Despachos de Seguridad, lo que acredita que dichos contratos son del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que los mismos tenían fecha de inicio y fecha de finalización, por lo cual nunca existió el despido de la demandante, sino que sus contratos de servicios profesionales expiro su vigencia. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el Juez A-Quo fue violatoria directa de una ley sustantiva, por infracción directa del artículo 47, 52 y 113 del Código del Trabajo, pues el Juzgador no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio, circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad no solo al Reintegro sin contar con la plaza y estructura presupuestaria, sino al pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir. Por lo anteriormente expuesto, CAZAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento en fecha Diecisiete (17) de Abril del dos mil dieciocho (2018), que consecuentemente declara confirmar la sentencia definitiva de fecha veinticuatro (24) de octubre del dos mil diecisiete (2017) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro y demás indemnizaciones laborales, mas décimo cuarto mes, pago de salarios dejados de percibir, sentencia condenatoria, costas, habilitación de días y horas inhábiles, se otorga poder; que fuera promovida por la señora INGRID LORENA MARADIAGA MAHOUDEAU contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que la Impetrante, incurre en los siguientes errores: a) las normas señaladas como violadas, artículos 47, 52, 113 del Código del Trabajo, contienen distintos párrafos, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; c) la recurrente en su explicación hace mención a violación directa e indirecta, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y d) en su explicación no manifiesta de manera evidente la violación de ley alegada.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 240-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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