Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-216-19 — Registro 11473

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se declare una relación de trabajo regida por contratos de servicios profesionales se da la concurrencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, que se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de contratos continuos y se declare su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo, se condene al demandado al reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que tenían al momento del despido, así como también al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha de la reinstalación en sus puestos de trabajo, se le condene al pago de los incrementos y ajustes salariales y otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a)Las normas a que hace referencia y que indica como violadas los artículos 47 párrafo último y 46 literal b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de normas sustantivas exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entiendo esta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la normas sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Formula extensos alegatos de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente; a) Olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que los medios de prueba aportados por los demandantes justifican sus pretensiones; y b) Formula alegatos propios de instancia"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 23 de septiembre del 2019, por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores VICTOR ADRIAN MELENDEZ PALMA, ELIN WILINA RAMOS ROSALES, LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ, MIRIAN YOLANDA FUNEZ CORDOVA y SANTIAGO MUNGUIA PEREZ, representados en juicio por el Abogado JUAN AGUSTIN AGUILERA ESTRADA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare una relación de trabajo regida por contratos de servicios profesionales se da la concurrencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, que se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de contratos continuos y se declare su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo, se condene al demandado al reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que tenían al momento del despido, así como también al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha de la reinstalación en sus puestos de trabajo, se le condene al pago de los incrementos y ajustes salariales y otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de enero del 2017, por los señores VICTOR ADRIAN MELENDEZ PALMA, ELIN WILINA RAMOS ROSALES, LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ, MIRIAN YOLANDA FUNES CORDOVA y SANTIAGO MUNGUIA PEREZ, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada en ese entonces por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 1 de marzo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 9 de agosto del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por VICTOR ADRIAN MELENDEZ PALMA, ELIN WILINA RAMOS ROSALES, MIRIAN YOLANDA FUNEZ CORDOVA Y SANTIAGO MUNGUIA PEREZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a: 1. Que se declare la relación de trabajo en forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo es decir al señor VICTOR ADRIAN MELENDEZ PALMA desde el 05 de enero de 2004; ELIN WILINA RAMOS ROSALES desde 02 de enero de 2013; MIRIAN YOLANDA FUNEZ CORDOVA desde el 16 de febrero del mes de noviembre del 2015; SANTIAGO MUNGUIA PEREZ, desde el 02 de enero de 2013; Al REINTEGRO al puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que sea reintegrado en su puesto de trabajo, con el reconocimiento de todos los derechos otorgados en su ausencia a los empleados permanentes; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, 1. Que se declare la relación de trabajo en forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo al señor VICTOR ADRIAN MELENDEZ PALMA desde el 05 de enero de 2004; ELIN WILINA RAMOS ROSALES desde 02 de enero de 2013; MIRIAN YOLANDA FUNEZ CORDOVA desde el 16 de febrero del 2015; SANTIAGO MUNGUIA PEREZ desde el 02 de enero de 2013; 2. Al REINTEGRO al puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones más los salaries dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, con el reconocimiento de todos los derechos otorgados en su ausencia a los empleados permanentes; III) Declarando SIN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresaron en el escrito de su acción, que iniciaron a laborar para el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, adscrito al Programa EDUCTATODOS, mediante la suscripción de contratos de servicios profesionales, por su orden: Víctor Adrián Meléndez Palma, desde el 21 de julio de 2013, en cargo de Vigilante, devengando un salario mensual de L.8,000.00; Elin Wilina Ramos Rosales, desde el 02 de enero de 2013, en cargo de Secretaria Ejecutiva, devengando un salario mensual de L.15,000.00; Leocadio Augusto Castro Laínez, desde el 3 de mayo del 2010, en el cargo de Oficial de I Adquisición, devengando un salario mensual de L.30,000.00; Mirian Yolanda Fúnez Córdova, desde el 20 de febrero de 2015, en cargo de Instructora de Belleza, devengando un salario mensual de L.10,000.00; y Santiago Munguía Pérez, desde el 26 de noviembre de 2012, en cargo de Jardinero, devengando un salario mensual de L.8,000.00; que desde el inicio de su relación laboral, celebraron varios contratos de servicios profesionales por tiempo determinado, habiendo desempeñando sus labores de manera continua e ininterrumpida propias de un puesto permanente en la institución, contratos de servicios profesionales que simulan verdaderos contratos de trabajo, ya que cumplen con los elementos exigidos por el artículo 20 del Código de Trabajo, que en fecha 01 de diciembre de 2016, les fue notificada la terminación unilateral de la relación laboral que los unía con la Secretaría de Educación, argumentando por ello que la vigencia del contrato de Servicios profesionales vencía el 31 de diciembre de 2016, ya el artículo 112 de Código de Trabajo establece las causales que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, y entre ellas, no se encuentra la invocada en la nota de despido de fecha 01 de diciembre de 2016, lo cual, hace que el despido se vuelva ilegal e injusto y que en virtud de la negativa del patrono a pagarle las prestaciones laborales lo citaron en la Secretaría del Trabajo a solicitar mediante la vía de conciliación le hicieran inmediato el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pero no llegaron a ningún acuerdo lo que acredita con el acta de cierre de las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias por decisión de las partes de fechas 19 y 20 de enero de 2017. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, aceptando únicamente que existió una relación contractual entre las partes bajo la modalidad de contrato personal para el ejercicio fiscal 2016, rechazando que la prestación de servicios profesionales sea considerada de forma permanente con los demandantes, ya que al estar regida por la prestación de sus servicios profesionales mediante cláusulas contractuales legalmente establecidas, consentidas y aceptadas sin objeción alguna en su momento por los demandantes, que una vez finalizada la fecha de vigencia del contrato no existía compromiso alguno entre las partes contratantes como pretenden los demandantes, pues el contrato suscrito es independiente del anterior por razones presupuestarias según la disponibilidad presupuestaria del año fiscal 2016, por lo que no puede considerarse que existía una prosecución contractual; asimismo, en aplicación del artículo 867 del Código del Trabajo, el término para solicitar lo demandado les había prescrito al momento de presentar la demanda, así como tampoco puede aplicárseles lo descrito en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que es imposible ejecutar un contrato de forma gratuita, sin quien de las directrices, lo que hace imposible considerar la contratación de los demandantes en forma permanente. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de agosto del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral en cuanto a: 1. Que se declare la relación de trabajo en forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo, es decir, al señor VICTOR ADRIAN MELENDEZ PALMA, desde el 05 de enero de 2004; ELIN WILINA RAMOS ROSALES, desde el 02 de enero de 2013; MIRIAN YOLANDA FUNEZ CORDOVA, desde el 16 de febrero del mes de noviembre del 2015; SANTIAGO MUNGUIA PEREZ, desde el 02 de enero de 2013; Al REINTEGRO al puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que sea reintegrado en su puesto de trabajo, con el reconocimiento de todos los derechos otorgados en su ausencia a los empleados permanentes, sin costas; bajo el criterio que en relación al demandante señor Leocadio Augusto Castro Laínez, desistió de la demanda mediante acta de comparecencia, teniéndose por desistida la misma, que efectivamente se trataba de una relación laboral; en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente; de igual forma, los demandante firmaron contratos de trabajo por tiempo determinado para realizar las mismas funciones de forma continua e ininterrumpida esto relacionado con lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; situación que ocurre en el caso de autos, es por lo anteriormente relacionado que debe declarase con lugar la relación de trabajo de forma permanente, y en consonancia con lo antes relacionado los demandantes solicitan el reintegro al puesto de trabajo por considerar que el despido del cual fueron objeto es ilegal e injusto; y de la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fueron objeto los demandantes esté apegado a derecho, ya que en los oficios números 1778-SE-2016, 1771-SE-2016, 1777-5E-2016 y 1684-SE-2016, de fecha 01 de diciembre del 2016, no contiene causal alguna establecida en el Código del Trabajo, lo que conlleva declarar con lugar esta pretensión, acarreando con ello el reintegro al puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización, desde la fecha efectiva de la notificación del despido hasta la fecha en que sea reintegrados en sus puestos de trabajo, reconociéndoles todos los incrementos que se otorgaron en su ausencia a los empleados permanentes. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 1 de marzo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que los contratos de servicios profesionales celebrados con los demandantes, en esencia son verdaderos contratos de trabajo, ya que reúnen los requisitos establecidos en la Ley, ya que nos encontramos ante la prestación de un servicio que requiere un grado académico, conocimientos especializados, pero el elemento más relevante de este contrato es que requiere subordinación en la relación de trabajo, que no existe en el orden administrativo. 5.- Mediante auto de fecha 23 de julio del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 23 de septiembre del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y NULIDAD SUBSIDIARIA, por lo que mediante providencia de fecha 24 de septiembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 6 de noviembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN AGUSTIN AGUILERA ESTRADA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada, MARGARITA MOLINA REYES, en su primer aduce: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa, porque el Tribunal Ad quem Fundamenta su fallo inadecuadamente, al no valorar las alegaciones presentadas, que claramente favorecen a mi representado, quien además de estar autorizado unilateralmente por un Instrumento Público de carácter Internacional obligatorio como lo es el Convenio 158-1982 OIT, el decreto 266-2013-2014, las cláusulas de carácter obligatorio por ser Ley, expresadas y aceptadas en los Contratos suscritos entre partes, art.47 párrafo último, 46 literal b) del Código del Trabajo, que se invocan por ser mi representado el Estado de Honduras, un ente gubernativo con límite de funciones por ser elegido por votación quien solo responde mientras dure en el cargo, asimismo por ser nombrado para cuidar de los intereses de las mismos ciudadanos, art.3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, está autorizado por las Normas de carácter obligatorio para el Poder Ejecutivo, quien para prevención y control y seguridad, para el logro de la estabilidad económica que debe asegurarse en pro de los ciudadanos, emite Ordenanzas con carácter de Ley, tal coma se ha venido alegando en el presente juicio, la relación del Decreto 266-2013, que modifica las Leyes de La Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo y otras, por la nueva LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, para contratar servicios aplica la norma pertinente, tal como se observa en el artículo 24-C de la Ley para Optimizar la Administración Pública relacionada, que especifica que al personal que se contrata para servicios especiales cuando un Programa funciona en base a las funciones de la Secretaria de Educación, será bajo el sistema de contratación temporal, por lo que se violenta a la vez lo establecido en el artículo 47 párrafo último que avala los contratos a término, como es el caso que nos ocupa, argumentos que se han ignorado totalmente, causando daños a mi representado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo, que enuncia las causales de Casación, siendo la primera la emisión de una sentencia violatoria de ley sustantiva. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 124-C, de la Ley para Optimizar la Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, establece claramente que: "Los empleados o servidores que ostenten acuerdo ejecutivo de nombramiento, de las dependencia del Poder Ejecutivo que, en aplicación de esa Ley de fusiones, escindan o supriman, conservaran su antigüedad y derechos adquiridos de conformidad a la Ley y continuaran prestando sus servicios en la dependencia que se les notifique y que corresponda de conformidad a la reorganización administrativa que se ejecute. En el caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse a la plaza y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes. En relación a lo dispuesto mediante este Artículo, lo no previsto o para incluso modificar, varias o ampliar lo dispuesto, deberá ser resuelto o decidido mediante Decreto Ejecutivo, por el Presidente de la República por sí o por medio del Consejo de Secretarios de Estado", desprendiéndose que el Estado de Honduras, por ser un ente especial de múltiples obligaciones, para con la población en general, tal como lo establece el artículo 62 de la Constitución de la República, tiene que legislar de tal manera que no afecte intereses particulares o privados en los ciudadanos según su procedencia, relación jurídica, tipo de actividad a que se dedique. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena al Estado de Honduras al reintegro a sus labores y al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, aplicando la norma que más conviene a los trabajadores, pero no considera la legislación estatal, impidiendo las erogaciones onerosas en que incurre el Estado, si no previene gastos futuros que afectan al resto de la población. Se produce así la infracción directa de la Ley sustantiva. Por otra parte, como podrá observarse existe una Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que regula las controversias entre el Estado y la ciudadanía, especialmente en el presente caso, el Articulo 3 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece claramente que será esta Jurisdicción quien regulara las controversias que se susciten en el Estado, no obstante la Honorable Corte Suprema de Justicia, olvidando que no está autorizada para legislar fuera de las Alcances de SUS atribuciones, emite CIRCULAR DE AUTO ACORDADO, mediante cual autoriza que el Juzgado de Letras del Trabajo, conozca de las relaciones que los ciudadanos han celebrado con mi representado el Estado de Honduras, derogando no en Derecho por ende los preceptos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo que es la que rige las Actos del Estado de Honduras; Por otro lado, los contratos celebrados por el Estado de Honduras con la ciudadanía, en este caso para prestación de servicios por los empleados públicos, tal como lo establece el artículo 2 del Código de Trabajo, serán conocidos y regidos por la Ley de Servicio Civil, por ser estos contratos regidos par esta Ley, absteniéndose de regir las contrataciones estatales”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a)Las normas a que hace referencia y que indica como violadas los artículos 47 párrafo último y 46 literal b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de normas sustantivas exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entiendo esta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la normas sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Formula extensos alegatos de instancia. IV.-Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente; “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la Corte Sentenciadora de los Contratos ostentados por los demandantes que establecen claramente que su prestación es de servicios por tiempo limitado, por mientras dura la vigencia del Programa EDUCATODOS, tal como consta de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la Corte Sentenciadora al ignorar las preceptos autorizantes emitidos en las Contratos Firmados y Aceptados por las partes, es así que mi representado y los ahora demandantes, convinieron que su prestación de servicios sería exclusivamente por tiempo definido, tal coma queda comprobado con las contratos suscritos con las demandantes, reafirmado que el Programa EDUCATODOS, paso a ser parte Patrimonial del Estado, por lo que el personal que esta nombrado en forma para tal programa, seria reubicado, no obstante el personal contratado para prestaci6n de servicios, al llegar el termino por el que fueron contratados, hasta allí termina la obligación del Estado para con estas personas, instituido este argumento en el Articulo 124-C, de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar las Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que coma tal aparece en los autos, o sea, contrario a la evidencia demostrada con la prueba de que se trate (no coma expresa el Juzgador en el CONSIDERANDO (4) de su fallo que no se probó ignorando la esencia misma de los Contratos y si como dice en su CONSIDERANDO (5) lógicamente para que el trabajador cumpla con los requisitos para cubrir una asignación funcional y así derivar el correspondiente pago, debe elaborarse un documento que garantice el cumplimiento a la función para la que fue contratado), pues en ella el mismo declarante manifestó que el trabajador nunca fue despedido (véase la nota de notificación de finalización de su contrato agregada a folio nueve del tomo I la cual no constituye nota de despido, por lo cual si mi representado requiere siempre del servicio, le dará un nuevo contrato a los demandantes o preferirá darle la oportunidad a otro ciudadano, por lo cual si desde la primer vez que se le dio esta nota de finalización de contrato consideró se le despide hubo que demandar desde esa fecha, en la actualidad demandar será bajo conceptos de extemporaneidad) y dicha prueba constituye una etapa conciliatoria posterior a lo que pudo haber sido un despido y la misma fue sobrevalorada en forma aislada, no en conjunto con todas las pruebas en el juicio que dejaron establecido que no hubo una declaración unilateral del patrono de ruptura de la relación de trabajo. De todo lo anterior, la falta de apreciación de la Prueba, se ve patentizada cuando no se estima ninguna de las clausulas plasmadas en los contratos, que favorecen a mi representado el Estado de Honduras, tales como la cláusula Segunda que se refiere a la Base Legal del contrato sujeto a las disposiciones presupuestarias anuales del Estado, la cláusula cuarta de la validez-vigencia, la temporalidad del contrato, Decima Segunda, numeral 3 causas de rescisión, decima quinta y decima séptima, sujetarse a la voluntad pactada por las partes, en tanto que mi representado está sujeto a disposiciones estatales”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente; a) Olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que los medios de prueba aportados por los demandantes justifican sus pretensiones; y b) Formula alegatos propios de instancia. VI.- Que el impetrante alega nulidad subsidiara, la cual aduce que: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y en cualquier tiempo y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha 09 de febrero del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, no se pronunció sobre el recurso de Apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, limitándose a argumentar que si existe la causa que le dio origen en la relación laboral para la prestación del servicio, al recalcar: se consideraran como celebrados por tiempo indefinidos aunque se exprese tiempo de duración; a decir quedó plenamente acreditado que la causa ya no existe al quedar el Programa EDUCATODOS finalizado, teniendo la Secretaria que constituirlos coma parte del patrimonio de la Secretaria y en este sentido actuar tal coma lo establece el artículo 124C de la Ley para Optimizar la Administración Pública. Al respecto el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles analógicamente aplicable que dice: "Las sentencias deben ser claras, precisas congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, hacienda las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Lo cual no ocurre en el presente caso de autos que el Juzgador solo se pronuncia en cuanto a los intereses de la parte demandante, pero no escatima en las cuestiones debatidas en el juicio respecto a los intereses de la parte demandada”. VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL216-2019.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

1