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Sentencia CL-214-18 — Registro 10656

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar el defecto procesal de transacción y sin lugar la demanda (acumulada) ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones, conforme el séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia “SITRAIHNFA” por terminación de un contrato individual de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, constitutivo de un despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, pago de incremento salarial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) en la explicación no se logra demostrar el error evidente y manifiesto; b) se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia ha hecho suyos los fundamentos del A-Quo. Y, en la aplicación de los principios científicos sobre critica probatoria ha escogido entre las distintas pruebas aportadas al proceso, aquella que mejor informen su convencimiento, apreciación que deberá respetarse mientras no resulte manifiestamente contraria a la evidencia de los hechos.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veinte de septiembre del dos mil dieciocho, por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de los señores ALMA ISABEL SOSA, YOLANDA LETICIA LAGOS SANCHES, ELVIS OMAR VALERIANO VIERA y EMMA LETICIA GUEVARA TORO, y el Abogado BRYAN JOSUE SOLORZANO PANCHAME, en su condición de representante procesal de la señora FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, como recurrente; además es parte recurrida, EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda (acumulada) ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones, conforme el séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia “SITRAIHNFA” por terminación de un contrato individual de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, constitutivo de un despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, pago de incremento salarial, costas, promovida ante el el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de diciembre del dos mil catorce, por EL JUICIO; instaurada por la Señora FRANCIS MARIA MENDOZA mayor de edad, soltera, Licenciada en Trabajo Social, hondureña y de este domicilio EMMA LETICIA GUEVARA TORO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio; YOLANDA LETICIA LAGOS SANCHEZ, mayor de edad, Técnico Universitario en Educación Social, y de este domicilio; ELVIS OMAR VALERIANO VIERA, mayor de edad, Licenciado en Psicología, hondureño, y de este domicilio; ALMA ISABEL SOSA mayor de edad, casada, Licenciada en Trabajo Social, hondureña y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones realizadas por el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR el DEFECTO PROCESAL DE TRANSACCION opuesta por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCION opuesta por la representante procesal de la parte demandada. III.- Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CONFORME EL SEPTIMO CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA “SITRAIHNFA” POR TERMINACIÓN DE UN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, CONSTITUTIVO DE UN DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE INCREMENTO SALARIAL Y COSTAS DEL JUICIO; instaurada por la Señora FRANCIS MARIA MENDOZA; EMMA LETICIA GUEVARA TORO; YOLANDA LETICIA LAGOS SANCHEZ; ELVIS OMAR VALERIANO VIERA y ALMA ISABEL SOSA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. En consecuencia, ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA del pago de prestaciones e indemnizaciones, conforme el séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia “SITRAIHNFA”. Pago de salarios dejados de percibir, pago de incremento salarial. IV.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que los demandantes laboraron para la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS), actualmente INHFA, de la siguiente manera: FRANCIS MARIA MENDOZA DÍAZ a partir del 03 de febrero de 1997, desempeñándose como Trabajador Social, en el Departamento de Adopciones, devengando un salario ordinario mensual de L.17,416.01, laborando para el IHNFA por 17 años, 8 mes y 14 días, pues fue despedida a través de fecha 16 de octubre de 2014. EMMA LETICIA GUEVARA TORO a partir del 29 de agosto de 2006, desempeñándose como Trabajador Social, en el sub programa de familias solidarias, devengando un salario ordinario mensual de L.15,110.40, laborando para el IHNFA por 8 años, 3 meses y 10 días, pues fue despedida a través de fecha 18 de noviembre del 2014.YOLANDA LETICIA LAGOS SANCHEZ a partir del 07 de mayo de 1996, desempeñándose como supervisora del Programa de Familia Solidaria, devengando un salario ordinario mensual de L.13,875.33, laborando para el IHNFA por 18 años, 6 meses y 26 días, pues fue despedida a través de fecha 03 de diciembre de 2014. ELVIS OMAR VALERIANO VIERA a partir del 17 de mayo de 2004, desempeñándose como psicólogo de Hogares de Protección, devengando un salario ordinario mensual de L.12,422.40, laborando para el IHNFA por 15 años, 5 meses y 26 días, pues fue despedida a través de fecha 12 de noviembre del 2014. ALMA ISABLE SOSA a partir del 02 de octubre de 1998, desempeñándose como Trabajadora Social, devengando un salario ordinario mensual de L.24,827.32, laborando para el IHNFA por 16 años, 01 mes y 28 días, pues fue despedida a través de fecha 30 de noviembre de 2014. A los actores en la nota de despido le notificaron lo siguiente: por medio de la cual se le notifica que en virtud del proceso de supresión y clausura definitiva del IHNFA de conformidad a lo ordenado en el Decreto Ejecutivo PCM26-2014, se pone término a la relación de trabajo, reconociéndole sus derechos adquiridos, aguinaldos, décimo cuarto mes, vacaciones causadas y el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. Así mismo firmaron un acta de Acta de Terminación de una Relación Laboral y Plan de Pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales del Trabajado, en las siguientes fechas: Francis Maria Mendoza Díaz, el 16 de octubre del 2014; Emma Leticia Guevara Toro, el 25 de noviembre del 2014, Yolanda Leticia Lagos Sánchez, el 02 de diciembre del 2014; Elvis Omar Valeriano Viera 12 de noviembre del 2014; Alma Isabel Sosa el 02 de diciembre del 2014; dicha acta ,a criterio de los actores es nula de acuerdo a la Cláusula 99 del Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo, ya que en dicho documento no se establece la cantidad liquida a cancelar en concepto de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, de acuerdo a lo establecido en el Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo, con ella se pretende desconocer el contenido de este, inobservando la vigencia del mismo, de conformidad con el Registro que obra en la Dirección General de Trabajo de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social y que fue suscrito el día 27 de febrero del 2013; por lo tanto al ser nula el acta de terminación de la relación de trabajo, que fue firmada de buena fe por el demandante, la acción realizada por el patrono se convierte en una acción de despido directo, ilegal e injusto, por lo que es procedente el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad con el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, más el pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), contestó dicha demanda señalando se convino en acta, la cual fue firmada por las partes ante la presencia del Inspector de Trabajo, en la cual se llegó al convenio, donde el IHNFA se comprometió en 6 cuotas a pagar el valor de sus prestaciones, mismas que fueron canceladas en su totalidad conforme a la mencionada acta de fecha 8 de abril del año 2014. Por otra parte el VII Contrato Colectivo, nunca fue autorizado por el Consejo Directivo del IHNFA, ni por parte de la Secretaría de Finanzas, aspecto que se demostró en el año 2012 ante la autoridad competente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no obstante desconocieron esta circunstancia e hicieron caso omiso de la misma, sin embargo directivos del SITRAIHNFA, hicieron las disposiciones legales del Código del Trabajo y obligaron al Consejo Directivo del IHNFA, delegar una comisión con la única finalidad que fuera del conocimiento de unas supuestas clausulas ya negociadas con la administración anterior del IHNFA, sujetas siempre a la aprobación del SEFIN. El presidente del sindicato solicito personalmente la inscripción del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo ante la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social el que no fue aprobado por el Consejo Directivo del IHNFA ni por el SEFIN.- 3. El el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando SIN LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por FRANCIS MARIA MENDOZA, EMMA LETICIA GUEVARA TORO, YOLANDA LETICIA LAGOS SANCHEZ, ELVIS OMAR VALERIANO VIERA y ALMA ISABEL SOSA, contra el ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que se encuentra debidamente acreditado que la demandada pago a la demandante las prestaciones que le correspondía; y si bien es cierto la relación de trabajo entre las partes terminó por el mutuo consentimiento de las partes, la demandada reconoció a los demandantes el pago total de las prestaciones e indemnizaciones laborales que le correspondían conforme al Sexto Contrato Colectiva o de Condiciones de Trabajo suscrito entre el IHNFA y el SINTRAIHNFA. Por otra parte, no le es posible a la demandada pagar a los demandantes las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme al VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, en vista que la inscripción del mismo fue anulada mediante vía de Amparo por lo cual no tiene aplicabilidad.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que bajo el criterio que ante la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se interpuso un recurso de amparo registrado bajo el No. 1234-2014, que fuera interpuesto contra actuaciones de la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, específicamente contra la resolución 194/DGT/NC/2013, mediante la cual se le da vigencia al VII Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNF) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia; recurso de amparo que fuera otorgado y que por ende deja sin ningún valor ni efecto el VII Contrato Colectivo de condiciones de trabajo. Que al haberse otorgado el recurso de amparo relacionado anteriormente, el VII Contrato Colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el IHNFA y su Sindicato no tiene ningún valor ni efecto; y por ende la pretensión de la demandante de que se le pague la diferencia existente entre la liquidación realizada de manera unilateral por el IHNFA y la efectuada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social conforme a dicho contrato colectivo, hacen imposible su aplicación; pues como ya se dijo, dicho contrato colectivo no tiene ninguna validez jurídica; por lo tanto el VII Contrato Colectivo de condiciones de trabajo, no tiene vigencia, por lo que sería improcedente verter otra opinión sobre lo debatido.- 5. Mediante auto de fecha seis de agosto del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de los señores ALMA ISABEL SOSA, YOLANDA LETICIA LAGOS SANCHES, ELVIS OMAR VALERIANO VIERA y EMMA LETICIA GUEVARA TORO, y el Abogado BRYAN JOSUE SOLORZANO PANCHAME, en su condición de representante procesal de la señora FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a los recurrentes por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinte de septiembre del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de los señores ALMA ISABEL SOSA, YOLANDA LETICIA LAGOS SANCHES, ELVIS OMAR VALERIANO VIERA y EMMA LETICIA GUEVARA TORO, y el Abogado BRYAN JOSUE SOLORZANO PANCHAME, en su condición de representante procesal de la señora FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veinte de septiembre del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de octubre del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia Recurrida, ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandada, visible a folios 10, 35, 66, 89, 115, del tomo 1 del 169 en adelante del Tomo II, 260, 273, 283, 302, y 317 en relación con la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante visible a folios 2, 3, 39, 65, 90, y 107, del Tomo 1 y 306, del Tomo II de la primera pieza de autos, en relación con la prueba exhibición de documentos que obra a folios 402 frente y vuelto en relación con toda la prueba en su conjunto, que hizo incurrir al AD QUEM, en violación indirecta por error de hecho, del articulo 95 numeral 23 en relación con los artículos 60 párrafo primero 78 párrafo tercero y 126 del Código de Trabajo del Convenio 111 de la Ordinación Internacional del Trabajo; 128 15) de la Constitución de la Republica. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: Las pruebas no apreciadas es la prueba documental consistente en los documentos visibles a folios 10, 35, 66, 89. 115, del tomo 1 del 169 en adelante del Tomo II, 260, 273, 283, 302, y 317 en relación con la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante visible a folios 2, 3, 39, 65, 90, y 107, del Tomo 1 y 306, del Tomo II de la primera pieza de autos, en relación con la prueba exhibición de documentos que obra a folios 402 frente y vuelto en relación con toda la prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora aprecio erróneamente las pruebas relacionadas en los acápites de mérito que anteceden, partiendo del hecho de que mediante un Amparo otorgado a favor del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), dejo sin valor y efecto la Resolución No. 194/DGT/NC/2013, de fecha 03 de junio del año 2013, consecuentemente no es posible aplicar el contrato colectivo que señalan los demandantes, apreciación absolutamente errónea que implica ignorancia del Juzgador de Segunda Instancia por lo siguiente: 1).- El concepto utilizado que mediante el Amparo se dejó sin valor y efecto la Resolución No. 194/DGT/NC/2013, de fecha 03 de junio del año 2013, es inapropiado y consecuentemente erróneo ya que ningún Amparo cuando se otorga, absuelve, revoca, anula, condena u otras denominaciones análogas, puesto que: “El órgano jurisdiccional al dictar la sentencia tendrá siempre en cuenta que su finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible al estado anterior al de la violación”, la Sala de lo Constitucional una vez otorgado el amparo devuelve los autos al órgano jurisdiccional de su procedencia o al órgano administrativo según seas el caso, para que este de conformidad al amparo otorgado haga sustanciar lo proveído conforme a derecho. 2).- Coherente con lo anterior, Independientemente delo resuelto en el Amparo aludido las cosas ya no eran posible que volvieran al estado en que se encontraba aun y cuando por cuestiones de procedimiento en cuanto a la inscripción del contrato colectivo, de acuerdo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se haya producido una violación a la Carta Magna, y ya no era posible que las cosas hubieran al estado en que se encontraban por lo siguiente: a).- El Estado tutela los contratos individuales y colectivos suscritos entre patronos y trabajadores, y esta tutela se hace de dos maneras, la Primera vía Administrativa, a través de la dirección general de trabajo, dependiente de la Secretaria de 1 trabajo y Seguridad Social, y la segunda vía Judicial, atreves de la Jurisdicción del trabajo competente. b).- Coherente con lo anterior el Séptimo Contrato Colectivo, suscrito entre lo que fuera el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), y el sindicato de esta institución (SITRAIHNFA), tenía vigencia del 01 de junio del año 2012, al 01 de junio del año 2014, en virtud de que su vigencia era por 2 años, las demandas de mérito fueron presentadas en el mes de diciembre del año 2014, valga decir que la tutela a partir de ese mes ya no era vía administrativa, sino vía judicial, y la sentencia del Amparo es del 24 de septiembre del año 2015, y por las razones expuestas no podía retrotraerse al 2013, y aun cuando en cumplimiento del Amparo, con respecto a la Resolución 194JDGTJNC/2013, de fecha 03 de junio del año 2013, haya conllevado a que el órgano administrativo del Estado, decretara la nulidad de esta resolución ya no tenía importancia ni consecuencia jurídica alguna, puesto que esta resolución se refiere a la inscripción del Séptimo Contrasto Colectivo, que no es más que el depósito de un ejemplar que una de las partes o las partes hacen en la Dirección General del Trabajo, con el fin de que el órgano administrativo del trabajo tutele el contenido y consecuentemente las obligaciones derivadas de dicho instrumento jurídico inter partes ya que, “Por hecho el depósito, el cumplimiento de todo contrato colectivo queda bajo la vigilancia de la Dirección General del Trabajo”, por lo expresado y por cuestiones obvias ya esta vigilancia no la podía hacer este órgano administrativo del Estado, porque la tutela era de índole judicial, habida cuenta que dicho contrato colectivo no fue anulado mediante demanda en el órgano jurisdiccional competente, por la existencia de vicios del consentimiento como ser: error, intimidación, violencia y dolo, porque solo de esta manera podía dejar de tener valor y efecto dicho contrato, lo que no aconteció. 3).- También el AD-QUEM, en la sentencia recurrida aprecia erróneamente la prueba al considerar de que la demanda es improcedente, por el Defecto Material de Transacción o Pago, interpuesto por la parte demandada y al respecto es necesario se aprecie lo siguiente: a).- La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual, en el caso que nos ocupa no es un hecho controvertido que se terminó la relación laboral mediante acuerdo inter partes, sino que, no se cumplió con lo establecido en las clausulas 65 y 66 del séptimo contrato colectivo supra relacionado. b).- El pago es diferente a la transacción y si bien es cierto es el medio más idóneo para extinguir una obligación no es menos cierto que este debe ser total, para que la obligación se extinga totalmente, puesto que cuando el pago es parcial parcialmente se extingue la obligación, quedando pendiente la diferencia del adeudo, puesto que, se entenderá pagada una duda cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la presentación en que la obligación consistía, al no haber sido pagada la totalidad de la deuda tal y como se describe en el acápite Declaración del Alcance de la Impugnación, la demandada se deviene obligada a pagar la diferencia, para que la extinción de la obligación sea completa y no parcial. En aplicación del Convenio de la terminación de la relación laboral en el que la parte demandada se comprometió a proceder al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que de acuerdo a la ley les corresponden, siendo en este caso la ley el Séptimo Contrato Colectivo, puesto que, los contratos independientemente de que se trate constituye ley entre las partes contratantes.”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguientes: a) en la explicación no se logra demostrar el error evidente y manifiesto; b) se realizan alegatos de instancia inapropiados en este recurso extraordinario. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia ha hecho suyos los fundamentos del A-Quo. Y, en la aplicación de los principios científicos sobre critica probatoria ha escogido entre las distintas pruebas aportadas al proceso, aquella que mejor informen su convencimiento, apreciación que deberá respetarse mientras no resulte manifiestamente contraria a la evidencia de los hechos.- 4.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho formulado en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 214-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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