Sentencia CL-190-19 — Registro 11441
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que por la vía judicial se reconozca el reajuste al salario mínimo legal, asimismo se condene a la demandada al pago de dicho reajuste, ampliado al decimotercer y decimocuarto mes y vacaciones de manera retroactiva a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo, pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de septiembre del 2019, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores JORGE ALBERTO AGUILERA MONTOYA, GLADYS ALICIA MARTINEZ RODRIGUEZ y ALVA LUZ ORTIZ MALDONADO, como recurrente; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), representada en juicio por la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que por la vía judicial se reconozca el reajuste al salario mínimo legal, asimismo se condene a la demandada al pago de dicho reajuste, ampliado al decimotercer y decimocuarto mes y vacaciones de manera retroactiva a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo, pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de abril del año 2017, por los señores JORGE ALBERTO AGUILERA MONTOYA, soltero, Artesano, GLADYS ALICIA MARTINEZ RODRIGUEZ soltera, Perito Mercantil y Contador Público, y ALVA LUZ ORTIZ MALDONADO soltera, Secretaria, quienes son mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada en ese entonces por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 06 de diciembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta y uno de julio del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por señores JORGE ALBERTO AGUILERA MONTOYA, GLADYS ALICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, ALVA LUZ ORTIZ MALDONADO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al reclamo del reajuste del salario mínimo; 2) CONDENA al demandado EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago del reajuste del salario mínimo por la cantidad de CINCUENTA Y DOS MILCUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.52,466.70) desglosados de la siguiente forma: para JORGE ALBERTO AGUILERA MONTOYA la cantidad de L.18,415.70; para GLADYS ALICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, la cantidad de L.18,415.70; y para ALVA LUZ ORTIZ MALDONADO la cantidad de L.15,635.30; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JORGE ALBERTO AGUILERA MONTOYA, GLADYS ALICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, ALVA LUZ ORTIZ MALDONADO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al décimo tercer mes pendientes y proporcional, décimo cuarto mes pendiente y proporcional, vacaciones pendiente y proporcionales, e indemnización de daños y perjuicios al tenor de lo que establece el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; 4) ABSUELVE al demandado EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a los señores JORGE ALBERTO AGUILERA MONTOYA, GLADYS ALICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, ALVA LUZ ORTIZ MALDONADO, décimo tercer mes pendientes y proporcional, décimo cuarto mes pendiente y proporcional, vacaciones pendiente y proporcionales, e indemnización de daños y perjuicios al tenor de lo que establece el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; 5) Declara SIN LUGAR las COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la demandada de la siguiente manera: JORGE ALBERTO AGUILERA MONTOYA, el 01 de junio del año 2007, desempeñándose en el cargo de capataz, devengando un salario promedio mensual de L. 8,105.57, GLADYS ALICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, inició a laboral en fecha 01 de octubre del año 2007, en el cargo de supervisora, devengando un salario promedio mensual de L.8,344.20, ALVA LUZ ORTIZ MALDONADO, inició a laborar en fecha 12 de septiembre del año 2006, en el cargo de Asistente de Cardex, devengando un salario promedio mensual de L.8,062.80. Que el salario que mensualmente devengan es inferior al salario mínimo legal, violentando la demandada el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, correspondiéndoles además la aplicación de dicho reajuste a los demás derechos, los que deben ser cancelados retroactivo dos (2) años atrás a la fecha del reclamo administrativo, el Estado de Honduras es el obligado constitucionalmente a tutelar los derechos de los trabajadores y con este comportamiento se les está discriminando, pues los empleados que están por acuerdo en esta misma institución gozan de otras prebendas, así como de aumentos salariales de los cuales los excluyen a todo el personal por jornal, violentando el Convenio 111 de la OIT, y que de conformidad a la Constitución todos somos iguales ante la Ley. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que rechazando las pretensiones de los demandantes, ya que no han acreditado ante esta judicatura ser titulares de un derecho subjetivo, pues no consta en los archivos respectivos de su representado haber promovido diligencias administrativas algunas antes de lo solicitado, solo se acepta la relación laboral que los demandantes han prestado con su representado, rechazando a la vez el reajuste al salario mínimo, por no ser aplicable al personal contratado bajo la modalidad de jornal, siendo así que mensualmente se les ha cancelado la prestación de sus servicios conforme a lo acordado por la Comisión del Salario Mínimo a pesar que es personal que presta sus servicios bajo el régimen empleados por jornal o planilla donde el salario se calcula por tiempo laborado, además los demandantes debieron presentar su improcedente petición, al no asistirle el derecho subjetivo e ilusorio que pretenden y será en el proceso del debate que se acreditará que no cuentan con la sustentación jurídica. En la audiencia primera de trámite interpuso la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN alegando lo siguiente: Con fundamento en los artículos 710 y 867 del Código de Trabajo y 39 en relación al artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, en virtud que los actores de la demanda presentaron el reclamo administrativo en las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 22 de febrero en 2017, en donde se dio por finalizada las diligencias administrativas conciliatorias dejando expedita la vía judicial, extremo este que se desprende de las actas de cierre que corren a folio 6 y 7 de los autos, con lo que se acredita haber agotado el trámite administrativo puesto, que no gestionaron en forma ni en el momento oportuno el reclamo sobre esa circunstancia ante la autoridad competente no pueden sustentar sus pretensiones ni tampoco exigir erróneamente un derecho subjetivo de ajuste salarial en forma retroactiva del salario mínimo que han dejado de percibir durante los dos (2) últimos años término que conforme al artículo 43 de la Ley de Salario Mínimo les confiere, la acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley prescribe en dos (2) años contados a partir desde la fecha en que ocurrió la causa por lo cual se reconocería la retroactividad de la Ley beneficio este que solo es reconocido en materia penal y no como pretenden los demandantes se les reconozcan un derecho subjetivo que no le corresponden, procurando con dicha argumentación confundir al examinador del proceso, por lo cual los actores deben de ser precisos al manifestar a cual aumento del salario mínimo se refieren, ya que según el artículo 35 de la Ley de los Salario Mínimo deben ser revisados los mismos una vez al año, por tanto, pide declare con lugar la misma. 3.- El Juzgado de Letras del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de julio del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda, CONDENO al demandado al pago del reajuste del salario mínimo por la cantidad de L.52,466.70 desglosados de la siguiente forma: para Jorge Alberto Aguilera Montoya la cantidad de L.18,415.70; para Gladys Alicia Martínez Rodríguez, la cantidad de L.18,415.70; y para Alva Luz Ortiz Maldonado, la cantidad de L.15,635.30; declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral en cuanto al decimotercer mes pendientes y proporcional, decimocuarto mes pendiente y proporcional, vacaciones pendiente y proporcionales, e indemnización de daños y perjuicios al tenor de lo que establece el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, ABSOLVIO al demandado del pago de esos conceptos y de la indemnización de daños y perjuicios al tenor de lo que establece el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, SIN COSTAS; bajo el criterio que efectivamente los demandantes devengaban salarios inferiores a los establecidos en la tabla del Salario Mínimo aprobado por el Gobierno de la República, tal es el caso que el salario mínimo para el año 2016, es de L. 9,168.42, para el año 2017, es de L.9,718.53; el cual deberá reajustarse dos años (2) atrás, es decir, del 27 de julio del 2016 al 27 de julio del 2018, incluyen los ajustes correspondientes a pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, esto en cumplimiento a lo establecido en los artículos 39 y 43 la Ley del Salario Mínimo, quedándoles reajustado el sueldo en la cantidad de L. 9,718.53. Que también los demandantes reclaman el pago de decimotercer mes pendiente, decimocuarto pendiente, vacaciones pendientes y también estos mismos proporcional; en relación a estos derechos reclamados consta de autos que a los demandantes no se les adeuda; y en relación a la parte proporcional es preciso establecer que los derechos adquiridos proceden cuando se ha dado por finaliza la relación de trabajo y en el presente caso los demandantes aun laboran para la institución; en consecuencia se declaran sin lugar los mismos. Que en relación a la condena de la indemnización de daños y perjuicios que establece el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo que dice: “Todo trabajador al que le es aplicable salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial que se sustanciara sumariamente. El trabajador podrá cobrar en concepto de indemnización y perjuicios, además de lo que se le adeude una suma igual”; una vez analizado este artículo, está suscrita es del criterio; que si bien es cierto, la pretensión en el caso que nos ocupa, se circunscribe únicamente al reclamo del reajuste del salario mínimo; no es menos cierto, que de acuerdo a lo que establece este precepto jurídico antes referido, el proceso se debe tramitar por la vía sumaria y no por la vía ordinaria, en consecuencia al no darse cumplimiento a lo establecido en dicho artículo procede declarar sin lugar el reclamo de la indemnización de daños y al tenor de lo que establece el artículo 39 la citada ley. Que en relación a Excepción de prescripción opuesta por la parte demandada; analizados los argumentos y prueba, se concluye que los demandantes instauraron su reclamo administrativo ante la autoridad del Trabajo correspondiente en fecha 22 de febrero del 2017; agotando el trámite administrativo gubernativo en fecha 01 de marzo del 2017 y acudieron a la instancia jurisdiccional en fecha 26 de abril del 2017; por lo que se colige que a los demandantes no les ha prescrito el término de los dos (2) años alegados por la parte demandada para realizar su demanda; es oportuno explicar que los demandantes laboran para la institución por cuanto el contrato de trabajo subsiste y este tiene carácter de tracto sucesivo, es decir, existe un encadenamiento entre uno y otro, además el trabajador con su trabajo y el patrono con la remuneración que se realiza mensualmente interrumpe el término de prescripción; por cuanto en el caso que nos ocupa no existe prescripción alguna; siendo procedente declarar sin lugar la misma. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 6 de diciembre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la indemnización reclamada por los demandantes debe ser solicitada vía sumaria, ya que lo que pretendía del legislador era obtener una pronta respuesta y en el presente caso se solicitó vía ordinaria. 5.- Mediante auto de fecha 23 de julio del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores JORGE ALBERTO AGUILERA MONTOYA, GLADYS ALICIA MARTINEZ RODRIGUEZ y ALVA LUZ ORTIZ MALDONADO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 16 de septiembre del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores JORGE ALBERTO AGUILERA MONTOYA, GLADYS ALICIA MARTINEZ RODRIGUEZ y ALVA LUZ ORTIZ MALDONADO, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 16 de septiembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien presentó en forma extemporal de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 4 de noviembre del 2019, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación. II.- Que la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva nacional por violación directa a causa de aplicación indebida del artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo.NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 39 de la Ley del Salario mínimo en relación a la indemnización por omitir el pago del salario mínimo, relacionada con la norma constitucional establecida en el artículo 128 numeral 5 párrafo primero. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION. El ad quem, al confirmar el fallo del a quo, aplica la norma sustantiva contenida en el artículo 39 de la Ley del Salario mínimo en cuanto al pago del reajuste al salario mínimo vigente, pero le hace producir efectos que la norma no contempla por aplicación indebida. El Ad quem, reconoce que a los demandantes se les pagaba un salario por debajo del salario mínimo vigente para los años 2016 y 2017 y condena al Estado de Honduras a pagar el reajuste al salario mínimo por una cantidad de 52,466.70 a favor de los tres demandantes; pero aplica indebidamente la norma indicada al declarar sin lugar el derecho a ser indemnizado por omitir el pago del salario mínimo. Aduce que el proceso es el sumario y no el ordinario, pero ambos derechos, el derecho a devengar un salario mínimo vigente y el de ser indemnizado cuando esto se omite, se deben sustanciar a través del proceso sumario, entonces porque el Ad quem condena por la vía ordinaria al reajuste salarial y ordena que la indemnización se sustancie por la vía sumaria, bajo el criterio que es más expedita, pero lo que realmente hace el Ad quem es dilatar aún más el derecho a ser indemnizado pues obliga al recurrente a iniciar un nuevo proceso judicial, lo que es absolutamente contradictorio con la premisa que utiliza para negar el derecho, así logra producir efectos contrarios a los contenidos en la norma indicada, que lo que pretende es rapidez y celeridad en el reconocimiento de estos derechos. Debió el Ad quem reformar la sentencia del primer grado en el sentido de declarar con lugar la indemnización por omitir el pago del salario mínimo independientemente del proceso ordinario instaurado, pues de querer un proceso expedito hubiese inadmitido la demanda en el primer auto y ordenar en el mismo, que la demanda se sustanciara por la vía sumaria como bien lo dice el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo pues este proceso en teoría (porque no se cumplen los términos judiciales en la realidad) sería más expedito en beneficio de los trabajadores. La aplicación indebida del Ad quem no le es favorable a los trabajadores y produce efectos contrarios a los pretendidos por el legislador ya que pudiendo haber sido beneficiado en un solo proceso judicial con el reconocimiento de la norma contenida en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, se le ordena a iniciar un nuevo proceso de demanda para el pago de un derecho accesorio, situación que va en contra del espíritu del legislador como bien lo dice el mismo Ad quem. Lo anterior es suficiente para la admisión de este motivo.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible por contener los siguientes errores técnicos: a) La doctrina y la jurisprudencia sostienen que la aplicación indebida de la norma se presenta cuando se aplica a un hecho que no obstante estar debidamente acreditado en el proceso no lo regula, sino otra diferente, sin que medien errores de hecho o de derecho, excluyendo por ello cualquier cuestión fáctica; b) Las normas procesales que sirvieron de medio para infringir los preceptos sustantivos no deben incluirse en éste tipo de infracción, sino únicamente se deben indicar cuando se impugna la sentencia por violación indirecta de la Ley, en el caso de examen la Impetrante sustenta su recurso por violación directa a causa de aplicación indebida, lo cual es incorrecto; y, c) Se ha omitido establecer la disposición que debe aplicarse debidamente. IV.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL190-2019.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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