Sentencia CL-187-18 — Registro 19882
Resumen
Primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral, condena a pago; segunda instancia declara con lugar el recurso; reforma declarando sin lugar la demanda para el pago del preaviso, auxilio de cesantía y auxilio de cesantía proporcional, absuelve del pago por los referidos conceptos y salarios dejados de percibir; confirma la misma, en relación con el reconocimiento y otorgamiento de los denominados derechos adquiridos, esta Sala de lo Laboral declara Nulidad de la Sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1) dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.", además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1) dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.", además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de junio de 2018, por la Abogada ELSY MARISELA AYALA PORTILLO, mayor de edad, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la señora MIRNA CELESTE BUESO RECONCO, como recurrente; además, es parte recurrida, la empresa ECONO RENT A CAR, S. DE R.L., representada en juicio por el Abogado ROBERTO CARLOS ECHENIQUE CACERES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda laboral de primera instancia para que previo los tramites y mediante sentencia definitiva condenatoria que al efecto se dicte, obtener el pago de prestaciones e indemnizaciones sociales que por derecho corresponden, pago de salario caídos, reajuste de salario mínimo, costas, todo en virtud de que el patrono dio por terminada la relación laboral en forma arbitraria, injusta e ilegal, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 20 de febrero del 2017, por la señora MIRNA CELESTE BUESO RECONCO, mayor de edad, hondureña, casada y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la empresa ECONO RENT A CAR, S. DE R.L., por medio de su Gerente General, en ese entonces señor HECTOR ALFREDO ABUDOJ ZAMORA, mayor de edad. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 16 de abril del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 27 de febrero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: 1 Declarando haber lugar el recurso de apelación formulado por el abogado Mario Alfredo Sosa Reichardt en su condición de representante convencional sustituto de la entidad demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el veintisiete de Febrero del año dos mil ocho en el procedimiento iniciado con la demandando Ordinaria Laboral promovida por la señora Mima Celeste Bueso Reconco en contra de la sociedad denominada Econo Rent A Car, S. de R. L. a través de su representante legal, todos de generales conocidas en el citado proceso: en consecuencia procede la REFORMA de la misma reforma que consiste en DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA para el pago del Preaviso. Auxilio de Cesantía y Auxilio de Cesantía Proporcional: absolviéndose a la citada sociedad del pago por los referidos conceptos y por los salarios dejados de percibir; 2) Confirmándose la misma, en relación con el reconocimiento y otorgamiento de los denominados derechos adquiridos cuyo conceptos y montos han sido fijados por el a quo y cuya suma total asciende a la cantidad de LPS. 11.468.26. 3) Sin costas en esta instancia dado el carácter social de las disposiciones del proceso laboral.”ANTECEDENTES DE HECHO1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó la relación laboral el 18 de enero de 2016, con la demandada, devengando un salario de L.8,864.00, al momento de la terminación del contrato se desempañaba en el puesto de servicio al cliente/counter, que la empresa demandada, sin mediar causas justas y legales le despidió por haber faltado al trabajo un día, el 14 de octubre de 2016, porque el 13 de ese mismo mes que la empresa se lo atribuye, ya lo había trabajado por disposición de la Empresa en la Semana Morazánica, que así se le llamó a esos feriados, de tal manera que la falta fue solo el día 14 de octubre del 2016, con la atenuante que pidió permiso y se lo autorizó la empresa, nada más que de palabra porque así es la modalidad en ese centro de trabajo, así quedó escrito en el acta de descargos que le fue levantada sin la notificación respectiva, que conste que para levantar esa famosa acta de descargos no se le otorgó el universal derecho a la defensa que establece el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras, cuya garantía de ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por autoridad competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación o para la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter se encuentra considerada el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, solemnidades que establece el artículo 92 número 9) del Código del Trabajo, como también las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo que aplica el artículo 7 letras d) y h) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, así que en este caso la empresa violentó todos los preceptos legales, que la empresa no ha cumplido con lo establecido en la Ley que ordena que para tomar la medida más drástica, debe agotar el procedimiento, observando si el trabajador ha sido reincidente, si con la falta cometida se ha causado graves perjuicios al empleador, si se ha sancionado con las penas mínimas a máximas etc., estos procedimientos están contemplados en las leyes de la materia, además, no hay evidencia de la aplicación del Reglamento Interno de Trabajo, si a esto se agrega que el Convenio número 158 de la Organización internacional del Trabajo en una de sus partes sostiene. La terminación de la relación de trabajo constituye la sanción disciplinaria más grave que se puede imponer a un trabajador por motivos relacionados con su conducta, por esa razón es importante que cuando la ley deja cierto margen de acción según la gravedad de la falta, el empleador no descarta la posibilidad de aplicar una sanción disciplinaria de otro tipo antes de recurrir a esta sanción en última instancia y en su caso se hizo lo contrario, sin llamado de atención, sin aplicar otras medidas disciplinarias, sin hacer una evaluación de los daños ocurridos a la empresa, sin llenar los trámites legales administrativos correspondientes se aplicó unilateralmente la sanción más severa, lo que hace caer al empleador en la injusticia y la ilegalidad.2.- La parte demandada, la empresa ECONO RENT A CAR, S. DE R.L., contestó dicha demanda aceptando parcialmente los hechos alegados por la demandante, en cuanto a la fecha de ingreso que expone la demandante, rechazando lo del salario que asegura que devengaba; asimismo, asegura que la demandante no se presentó a su trabajo los días 13 y 14 de octubre del 2016, por lo que es causal que faculta al patrono para dar por terminada su relación de trabajo.3.-El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de febrero del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda, CONDENÓ a la empresa demandada a pagarle a la trabajadora demandante la cantidad de L.23,191.00, los cuales se desglosan así: Preaviso L.4.827,01; Auxilio de Cesantía L.6,895.73, Vacaciones proporcionales L.2,208.28; Décimo tercer mes proporcional L.6,624.83, Décimo cuarto mes proporcional L.2,635.15; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que el despido del cual fue objeto de la trabajadora demandante es injusto, por las circunstancias siguientes: 1) Que la demandada da por terminada la relación de trabajo con la demandante por haber faltado a sus labores los días 13 y 14 de octubre del año 2016, sin permiso y sin justificación alguna.- 2) Quedó acreditado en autos que la trabajadora demandante acepta que no se presentó a laborar los días 13 y 14 de octubre del año 2016, pero fue porque le pidió permiso su jefe inmediato en vista de que ella había laborado el día 06 de octubre del año 2016, que era feriado y solicitó permiso para el 14 de octubre, permiso que según la demandante fue concedido de manera verbal por su jefe inmediato la señora Suyapa Castro, que también le pidió permiso para el día 13 de octubre del año 2016, de 1.00 p.m. a 4.00 p.m., permiso este que la jefe de personal no se lo concedió, y como ya le habían concedido el permiso para el día 14 de octubre del 2016, no se presentó a laborar el día 13 de octubre del año 2016, hecho este que la demandada niega por aducir la señora Suyapa Castro, en su declaración testifical, que si es cierto que la demandante le pidió permiso para ausentarse de sus labores, pero este permiso no fue concedido, porque no tenían personal y que ese día feriado que laboró se lo pagaron doble, extremo que resulta contrario, ya que según planilla de pago de la primera quincena del mes de octubre del año 2016, se establece que a la demandante no le pagaron ningún día doble laborado, más bien le hicieron la deducción de los dos días faltados, por lo que cabe aplicar el principio protector en su regla de in dubio pro operario.- 3) Que en vista de que quedó acreditado que la demandante el día 14 de octubre del año 2016, tenía permiso por el día feriado que laboró y el día 13 de octubre no se presentó a laborar sin permiso, ya que este fue negado, y siendo que faltar un día al trabajo no faculta a la demandada para dar por terminado la relación de trabajo, el despido es injusto. 4.-La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 16 de abril del 2018, dictó sentencia declarando haber lugar el recurso de apelación formulado por el representante de la entidad demandada, en consecuencia REFORMA la sentencia recurrida, que consiste en declarar sin lugar la demanda para el pago del preaviso, auxilio de cesantía y auxilio de cesantía proporcional, absolviéndose a la citada sociedad del pago por los referidos conceptos y por los salarios dejados de percibir; confirmándose la misma, en relación con el reconocimiento y otorgamiento de los denominados derechos adquiridos cuyo conceptos y montos han sido fijados por el a quo y cuya suma total asciende a la cantidad de L.11.468.26, sin costas; bajo el criterio que del proceso consta que la trabajadora Mirna Celeste Bueso Reconco dejó de asistir a sus labores los días 13 y 14 de octubre del año 2016, sin haber obtenido el permiso patronal, pues pese a haberlo solicitado éste le fue negado por la empresa, según consta de las declaraciones que rindieran las señoras Suyapa Ercelia Castro Garay y Rosa María Chirino Mancias, como testigos del hecho, pese a ello, la trabajadora decidió que necesitaba de esos días y que los iba a tomar como en efecto así lo hizo, y del proceso de mérito resulta, que la sociedad demandada, si probó a suficiencia, las justas causas que le llevaron a rescindir de manera unilateral el contrato de trabajo, que le unía a la trabajadora demandante, tal fue, la concurrencia en la conducta de la trabajadora de las causas reguladas en la disposición legal invocada, razones por las que, estimó atendibles las argumentaciones del recurrente; el a quo no valoró en su totalidad los medios de prueba aportados al proceso para acreditar la justificación de la causa de terminación del contrato, el hecho de que la trabajadora hubiera comunicado a la patronal que tomaría estos dos días en compensación de los días trabajados durante la semana Morazánica, no justifica las ausencias, pues aunque el patrono se encontraba obligado a compensarlo, la trabajadora no debió haberlo considerado como un derecho que podía tomar sin que antes se le hubiera otorgado el permiso para hacerlo, pues no está facultada para hacer cumplir por sí misma una obligación frente a la oposición de la patronal que es quien tiene la dirección y bajo la cual se desarrolla el elemento de subordinación en el contrato de trabajo. 5.- Mediante auto de fecha 10 de mayo del 2018, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ELSY MARIEL AYALA PORTILLO, en su condición de representante procesal de la señora MIRNA CELESTE BUESO RECONCO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.6.- En fecha 28 de junio del 2018, compareció ante este Tribunal la Abogada ELSY MARIEL AYALA PORTILLO, en su condición de representante procesal de la señora MIRNA CELESTE BUESO RECONCO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 23 de julio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 10 de agosto del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado ROBERTO CARLOS ECHENIQUE CACERES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1) dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.", además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 16 de abril de 2018, reforma la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda de mérito, absolviéndose a la citada sociedad del pago de los conceptos de preaviso y auxilio de cesantía y de los salarios dejados de percibir, confirmándose la misma en relación con reconocimiento y otorgamiento de los denominados derechos adquiridos fijados por el A- quo; bajo el criterio que la trabajadora faltó injustificadamente a su puesto de trabajo los días 13 y 14 de octubre del 2016, que el hecho de que ella hubiera comunicado a la patronal que tomaría esos días en compensación a los trabajados durante la semana morazánica no justifica las ausencias; cuando el demandado al contestar dicha acción, se limitó a rechazar los hechos de la demanda, sin establecer los hechos y razones de la defensa; de igual manera, dicho Tribunal omite analizar en su conjunto la prueba aportada por las partes, aunque aduce hacerlo y que la Juez de primera instancia no valoró en su totalidad los medios de prueba aportados al proceso, ya que si lo hubiese realizado con suficiente exhaustividad, habría reparado en que dicho material probatorio evidencia extremos relacionados con el tema de la legalidad del procedimiento disciplinario que se siguiera para sancionar con el despido directo a la demandante, dado que la audiencia de descargo fue realizada el 17 de octubre de 2016 (ver folio 42 y 43 de la primera pieza), sin previa citación ni notificación de los cargos imputados y en ese mismo día se le despide, menoscabándole los derechos de defensa y debido proceso, que son derechos fundamentales que tiene toda persona, conforme lo previsto en nuestro sistema normativo constitucional y laboral; también, que los días que se aduce faltó a su trabajo, le fueron deducidos de su salario de la primera quincena del mes de octubre del 2016, como fuera constatado en el numeral 3) del reconocimiento judicial efectuado en la audiencia celebrada el 18 de enero del 2018, que aparece a folio 94 del expediente, por lo que al ser sancionada por su inasistencia de esos días, se traduce en una doble sanción que le fuera impuesta por su empleador.VII.- Que el fallo relacionado no realiza el análisis debido de todas las pruebas aportadas por las partes, ni revisa la situación fáctica conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, que lo nutren y rectoran. VIII.- Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 del Código Procesal Civil), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional.IX.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el debido proceso ha establecido que: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (ver sentencia del 9 de agosto del 2017, expediente AL 1062-2015). X.- También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir, que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. (Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 30319 151).XI.- Que en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.XII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.XIII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, disintiendo el Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle, quien emitirá voto particular y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 16 de abril del 2018, visible a folios del 18 al 21 de la segunda pieza. Y MANDA: Que, no habiendo unanimidad en la presente resolución, se remiten sus antecedentes al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para estudio y posterior resolución. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.Cáceres CastellanosPineda ValleCastro Mendoza Casación Laboral 187-2018