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Sentencia CL-18-19 — Registro 11101

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de trabajo, reajuste salarial de los dos últimos años, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que se reconozca a los empleados durante la sustanciación del juicio, reconocimiento de condición permanente por la suscripción de varios contratos para una misma labor y por la naturaleza del cargo, incorporación al Instituto Nacional de Jubilaciones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El numeral 3) del artículo 128 de la Constitución de la República, que el Censor indica como violado, si bien es cierto es una norma sustantiva, pero el mismo contiene dos párrafos con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; y, b) Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. Es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio, lo cual no se evidencia en el presente caso."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 47 último párrafo del Código del Trabajo, que se indica como una de las disposiciones infringidas, no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) De igual manera, el artículo 52 del mismo cuerpo de leyes y que también se indica como violado, contiene distintos párrafos con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; c) Falta a la claridad y precisión, al indicar causales diferentes del recurso de casación, como ser la infracción indirecta por Error de Derecho y la aplicación indebida, las que debió invocar de forma separada y con su estructura debida, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; d) Cita en su explicación, normativa no indicada como violada o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 321 y 364 de la Constitución de la República, 1348, 1547 y 1573 del Código Civil, 2, 3 inciso 1), 11 y 22 de la Ley de Servicio Civil, 6, 9 numeral 11), 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, 738 y 739 del Código del Trabajo; y, e) Formula extensos alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de junio del 2019, por el Abogado HEBERT RENÉ NAVAS GRADIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ, y en fecha 18 de septiembre del 2019, por la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCÍA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrentes/recurridos. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de trabajo, reajuste salarial de los dos últimos años, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que se reconozca a los empleados durante la sustanciación del juicio, reconocimiento de condición permanente por la suscripción de varios contratos para una misma labor y por la naturaleza del cargo, incorporación al Instituto Nacional de Jubilaciones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de junio del 2014, por la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ, mayor de edad, soltera, Secretaria Mecanógrafa, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 25 de octubre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de mayo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO, REAJUSTE SALARIAL LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMÁS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS PERMANENTES, INCORPORACIÓN AL INJUPEMP instaurada por la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA. por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; 3) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a: A) REINTEGRAR a la demandante a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido; B) a Reconocer el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea EJECUTORIA la presente sentencia condenatoria; derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno. C) a pagar el Reajuste del salario Mínimo de conformidad a los parámetros señalados en la presente sentencia para el periodo 2014- 2015 derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno junto con los salarios dejados de percibir. D) Que se le reconozca a la demandante todos los derechos que ostentan los empleados permanentes incluyendo la INCORPORACIÓN AL INJUPEMP al momento de efectuarse el reintegro; 4) SIN COSTAS en esta instancia.”ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar en la Secretaría de Salud desde agosto del 2000, y que en los primeros meses de la relación se desempeñó en diversos cargos, pero a partir del 01 de junio del 2001, se desempeñó como Secretaria asignada a la Sección o Departamento de Trámites Legales, y que las labores que realizaba eran de manera continua e ininterrumpidamente durante más de 12 años que prestó sus servicios, en donde suscribió contratos que se denominan Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, pero en el texto de alguno de ellos se reconocía que se proporcionaba un contrato individual de trabajo donde se estipulaba los servicios, el monto del salario, la jornada de trabajo y otras condiciones, contratos que contenían los 3 requisitos que impone el artículo 20 de Código del Trabajo para que exista contrato de trabajo; por lo que, conllevó a establecer que aunque los contratos que firmó le denominaban contratista (incluso en algunos se le nombró como suplidora) no es la denominación del contrato lo que determina su naturaleza y la Ley que debe aplicarse; aclaró que la relación con la demandada no es de contratista, porque prestaba un servicio personal que no podía delegar en otros, la naturaleza de la relación tampoco era temporal, transitoria o accidental, ya que para ello suscribió una gran cantidad de contratos de los cuales se desprende una actividad permanente dentro de la institución, los que sumados dan cuenta de más de 12 años de servicio, así como la misma naturaleza del cargo que desempeñó que fue Secretaria desde el 01 de junio del 2001, es decir, no estaba comprendida en algún parámetro de temporalidad para que sea considerada como tal; que la parte demandada le propuso la suscripción de contratos profesionales y técnicos por tiempo determinado, lo que hace es cometer un fradi legis (fraude a la Ley) porque si bien es legal un contrato de servicios profesionales con vigencia temporal, esas condiciones no pueden aplicarse a quien no desempeña una profesión o presta un servicio en el ejercicio libre de una profesión; que la nota de fecha 14 de febrero de 2014, en la que se le comunicó que el contrato de trabajo finalizaba a partir del 15 de febrero del 2014, pero notificada efectivamente el 17 de febrero de 2014, no era la primera vez que la parte demandada le anunciaba la cancelación con base a la expiración del contrato ya lo había hecho en otras oportunidades pero de nuevo era reintegrada por la eficacia con que desempeñaba su trabajo como Secretaria y lo mismo ocurrió con esa última notificación, a los días se le dijo que regresara a trabajar pero siempre firmando un contrato de servicios profesionales y por un corto periodo de tiempo, con la promesa de siempre que se le extendería el acuerdo de empleada permanente, promesa que venía esperando desde hace más de 12 años, cual como si fuera una dadiva por parte de las autoridades, pero la estabilidad laboral es un derecho por el cual decidió luchar y no un donativo que dependa del arbitrio de las autoridades; que el trato que recibió por parte de la demandada con la suscripción de ese tipo de contratos afectó el proyecto de vida, el cual está perjudicado por no tener acceso a los sistemas de seguridad social concretamente a INJUPEMP, por lo que su subsistencia futura es incierta. Asimismo, con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio, acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo, se dio agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que entre la demandante nunca existió ni ha existido una relación de trabajo, sino que lo que existió fue una relación contractual a término, enmarcada dentro de las facultades que le otorgó la Ley Orgánica y las Disposiciones Presupuestarias de la República; contratos administrativos a término en los cuales claramente se estableció las condiciones con las cuales se regirían las obligaciones contraídas por las partes; siendo competente para que conociera de la causa el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y no el Juzgado de Letras del Trabajo y que al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Servicio Civil, a efecto de haber podido ser considerada para una plaza de empleada permanente. Asimismo, interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD; condenó a la parte demandada a: a) reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido; b) a reconocerle el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea ejecutoria la sentencia condenatoria, derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno; c) a pagar el reajuste del salario mínimo para el periodo 2014-2015, derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno junto con los salarios dejados de percibir; d) que se le reconozca a la demandante todos los derechos que ostentan los empleados permanentes incluyendo la incorporación al INJUPEMP al momento de efectuarse el reintegro, sin costas; bajo el criterio que del análisis de los medios de prueba se pudo constatar que la contratación por prestación servicios, catalogado a tiempo determinado según cláusulas contractuales se desnaturalizó en razón del tiempo transcurrido, pues como se puede observar la renovación de los mismos, propició la continuidad laboral por más de 1 año tal como lo establece el artículo 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, ya que la demandante laboró desde el 2001 hasta el 2014, es decir, más de 13 años para la institución demandada, en tal sentido deberá entenderse que el contrato es por tiempo indeterminado; asimismo, del análisis de los contratos de servicios profesionales se desprende que concurren los requisitos para la existencia de contrato de trabajo, como lo es la realización de una actividad en forma personal que realizaba la demandante como Secretaria de la Secretaría General a Nivel Central, dicho cargo no se considera una actividad técnica o profesional, tal como se puede observar en el desglose de las funciones y en la nota que corre a folio 118, en la cual se manifiesta que la demandante era la encargada de transcribir toda la información del Departamento de Trámites Legales; asimismo, se constató la existencia de una retribución o salario de L. 7,000.00 y la continuada subordinación denotada en la obligación de la demandante a cumplir órdenes del empleador, sujeta a un jefe inmediato al respeto de una jornada de trabajo. Que al haberse comprobado la simulación contractual, bajo la forma de un contrato de servicios profesionales a tiempo determinado, escondiéndose bajo dicha figura una relación laboral por tiempo indefinido; es por ello que el acto de privar a la demandante de continuar ejerciendo la labor asignada es una terminación unilateral del contrato por el empleador sin causa justificada lo que violenta directamente el derecho a la estabilidad laboral, lo que acarrea la obligación de satisfacer al trabajador los derechos consagrados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República por lo antes expuesto se declara con lugar la presente demanda, ordenando el reintegro de la demandante, a su puesto de trabajo en forma permanente por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido y con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria; que la parte actora solicitó reajuste salarial los últimos dos años, en cuanto a esta pretensión se constató que la demandante devengaba un salario de L.7,000.00; seguidamente y según acuerdo STSS 599-2013 el salario mínimo legal para el año 2014, asciende a L.7,620.45 y para el año 2015 a L.8,230.09; por lo que del análisis anteriores se refleja que la demandante devengó un salario inferior al salario mínimo legal, por lo que procede declarar con lugar el reajuste de salario para el periodo 2014-2015; el cual será liquidado junto con los salarios dejaos de percibir en su momento procesal oportuno. derechos que ostentan los empleados permanentes, que habiéndose probado que la demandante ejercía labores con carácter permanente y siendo que la figura del reintegro; trae aparejado consigo el derecho a la permanencia; procede declarar con lugar la pretensión para que se le reconozca a la demandante todos los derechos que ostentan los empleados permanentes incluyendo la incorporación al INJUPEMP al momento de efectuarse el reintegro, de conformidad a lo que establece el Convenio Internacional 111 de la OIT, ratificado por Honduras mediante Decreto #209 de fecha 19 de marzo de 1960, prohíbe la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, por cuestiones de orden político entre otras causas, pues todos los seres humanos tienen derecho al trabajo, a escoger libremente su trabajo, y realizarse dentro del mismo, teniendo derecho además a la estabilidad laboral, sin distingos de ninguna naturaleza. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 25 de octubre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y la señora Mercedes Maribel Tobar López, era por tiempo indeterminado; que habiendo sido decidido por esta Corte de Apelaciones en incontables sentencias, referente al caso concreto; sería improcedente verter otra opinión sobre la misma; a menos de que hayan ocurrido nuevos hechos que hagan cambiar el criterio de este tribunal de Alzada, lo cual no ha sucedido; y vistas las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que procede confirmar la sentencia definitiva venida en apelación. 5.- Mediante auto de fecha 02 de abril del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HEBERT RENÉ NAVAS GRADIZ, en su condición de representante procesal de la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los recurrentes por el término de veinte días para que formularan por escrito la demanda de casación; término que empezara a correr de la forma siguiente: para el apoderado demandante a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y para el apoderado demandado, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 20 de junio del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado HEBERT RENÉ NAVAS GRADIZ, en su condición de representante procesal de la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencias de fecha 18 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado, conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; confiriéndole traslado a la parte contraria por el término de veinte días para que formularan por escrito la demanda de casación, y en fecha 18 de septiembre del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCÍA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 24 de septiembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, ordenándose dar copia a la parte contraria para que procedieran a contestar de forma común por el término de diez días, manteniendo la Secretaría del Despacho los autos a disposición; quienes hicieron uso de ese derecho, por lo que en proveídos de fechas 25 y 29 de octubre del 2019, se tuvieron por devueltos los traslados y por contestados los recursos de casación por parte de los recurrentes/recurridos, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado HEBERT RENE NAVAS GRADIZ en su condición de representante procesal de la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la errónea apreciación del medio de prueba documental que obra a folios 182, 199 y 201 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenidas en el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República de Honduras; en relación al Artículo 2 numerales 1 y 2 del Convenio Relativo a la Igual de Remuneración entre la Mano de Obra masculina y mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 100 de la OIT). REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas sustantivas señaladas están contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE La prueba apreciada erróneamente por el Tribunal Ad-Quem: DOCUMENTAL PUBLICO: consistente en: 1. Constancia de fecha 03 de marzo de 2016 suscrita por el Jefe del Departamento de Contratos de la Secretaria de Salud, que obra a folio 182 de la primera pieza de autos. 2. Oficio No.3729-16-SGRH-SS de fecha 23 de agosto de 2016 que corre a folio 199 de la primera pieza de autos. 3. Oficio No.3837-16-SGRH-SS de fecha 02 de agosto de 2016 que corre a folio 201 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Forman parte de los derechos estipuladas dentro de la Constitución de la República de Honduras el referente al principio de que a trabajo igual, salario igual. Tal disposición se encuentra positivizada en la norma constitucional 128 numeral 3 y por ello constituye una obligación de todo ente ya sea público o privado a garantizar, en este caso, al trabajador su derecho a percibir un salario igual al resto de sus compañeros que realizan las mismas funciones. Al respecto el convenio relativo a la igual de remuneración entre la mano de obra masculina y mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 2 numeral primero. En el caso subjudice está acreditado que la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ se desempeñaba como Secretaria en trámites legales de la Gerencia Central, y devengaba por tal actividad la suma de siete mil lempiras exactos tal como aparece en la constancia extendida por el Jefe del Departamento de Contratos pero al confrontar esa remuneración con la remuneración que percibe la trabajadora SAYDA MILAY VENTURA FLORES, según Oficio No.3729-16-SGRH-SS contrasta la remuneración dispar que hay entre ambas trabajadoras a pesar de realizar una misma función. La diferencia aumenta cuando se observa detenidamente que la antigüedad de la señora SAYDA MILAY VENTURA FLORES, es menor a la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ, quien al momento de la terminación ilegal tenía una antigüedad de 12 años en cambio la señora VENTURA FLORES con dos años de antigüedad tiene un sueldo que duplicó el salario que logró devengar la trabajadora TOBAR LOPEZ. Si bien el convenio 100 de la OIT está dedicado a eliminar la desigualdad de remuneración por género, es decir, entre hombre y mujeres con mayor razón debe eliminar la desigualdad entre personas del mismo género y que realizan las mismas funciones por que la teleología del convenio es la igualdad de condiciones entre personas por un trabajo de igual valor. El Ad quem al apreciar erróneamente los documentos supra señalados ha infringido indirectamente lo que dispone el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República, ya que ha negado a la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ el derecho a percibir un salario igual al de otra persona que realiza las mismas funciones, pero con una antigüedad menor lo que es una clara infracción a la norma denunciada como violada por esa errónea apreciación. Lo expuesto es suficiente motivo para casar la sentencia.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El numeral 3) del artículo 128 de la Constitución de la República, que el Censor indica como violado, si bien es cierto es una norma sustantiva, pero el mismo contiene dos párrafos con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; y, b) Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. Es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio, lo cual no se evidencia en el presente caso. IV.- Que la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer y único motivo de casación invoca lo siguiente: “Por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta al aplicar indebidamente el artículo 47 último párrafo y 52 del Código del Trabajo en relación con los artículos 19 y 20, del mismo Código, por error de derecho que aparece de manifiesto en los autos al apreciar en forma errónea la prueba documental propuesta por la parte demandada a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud consistente en los acuerdos ministeriales mediante cuales fueron elevados los contratos celebrados entre la Demandante y la Secretaria de Salud que corren agregados en los folios 27 al 30 y del 33 al 43 del 45 al 62, del 64 al 67 al folio 68 y del folio 175 y 177 del respectivo expediente de la primera pieza de autos correspondiente, mismos que se detallan así: Acuerdo No.2622 de fecha 04 de agosto del año 2011, según contrato No17900 que comprende contrato del 01/8/2011 al 3 1/10/11; Acuerdo No.899 de fecha 05 de mayo del 2011, según contrato No.6347 que comprende contrato de 02/5/11 al 31/7/2011; Acuerdo No.0660 de fecha 12 de abril del año 2011, según contrato No.5553 que comprende 01/2/2011 al 30 de abril 2011; Acuerdo No.1 1-77 de fecha 07 de mayo del año 2009, según contrato No.10504 que comprende 04/5/09 al 31/7/2009; Acuerdo No.58 de fecha 15 de enero de 2010, según contrato No.1 que comprende del 01/1/ al 26/1/10; Acuerdo No.1148 de fecha 22 de marzo del 2010, según contrato No.1884, que comprende del 27 /1/10 al 26/2/10; Acuerdo No.1261 de fecha 08 de abril del año 2018 según contrato No.3666 por el periodo del 01/3/2010 al 31/5/2010; Acuerdo No.2396 de fecha 17 de agosto del 2010, según Contrato No.4899 por el periodo del 01/9/2010 al 30/11/2010; Acuerdo No. 240 de fecha 20 de enero del año 2009, según contrato No.1581 por el periodo del 5/1/2009 al 31/1/2009; Acuerdo No.604 de fecha 23 de febrero del año 2009, según Contrato No.5982 por el periodo del 2/2/2009 al 30/4/2009; Acuerdo No.3583 de fecha 20 de octubre del año 2010, según contrato No. 17795 por el periodo del 01/12/2010 al 30/12/2010; Contratos por el periodo del 02 de enero del 2014 al 26 de enero del 2014, folio( 64, 65), Contrato por el periodo del 27 de enero al 15 febrero del año 2014; F.(66, 67), Medio de Prueba, mediante oficio emitida por la Dirección General del Servicio Civil folio 175, y Oficio No.009-SGRH-SS de fecha 04 de enero del año 2016 emitido por la Secretaria de Salud folio (177), mismos que obran en la primera pieza de autos al dar por establecido en la resolución emitida que la relación de trabajo entre la Secretaria de Salud y la demandante MARIBEL TOBAR LÓPEZ, era por un tiempo indefinido, basándola en un argumento erróneo al manifestar los CONSIDERANDO (11): Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es del criterio y que esta Corte de Apelaciones arrastra y hace suyo, estableció: “... que la firma de este tipo de contratos por su naturaleza pueden celebrarse entre personas natural o jurídica, mediante los cuales se obligan a prestar servicios específicos a la Administración, en la medida y alcances que esta determine, para efectuar estudios especializados en la materia, diseños , asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de referencia y presupuesto, programación o supervisión técnica de obras y otros trabajos de la misma naturaleza, prestados con tal independencia, sin subordinación alguna, sometidos únicamente a las condiciones pactadas en el contrato, en un término previamente pactado y bajo el precio de honorarios profesionales de manera global, por lo que los contratos celebrados de servicios profesionales en el caso que se conoce, no corresponden a la realidad, por lo que es erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado en los Contratos Suscritos. Asimismo en lo establecido en el CONSIDERANDO (12): Que esta Corte de Apelaciones ya ha dejado establecido su criterio en este tipo de recursos, que los contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizados , ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código de Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las ordenes y cumpliendo una jornada de trabajo: por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral. .-De igual manera el CONSIDERANDO (13), Que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante siempre fue la misma durante el periodo de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y la Señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ, era por tiempo indeterminado. Siendo dichas afirmaciones erróneas y totalmente alejadas de la verdad, pues en el caso de autos, los argumentos en los cuales se encuentra fundamentado el improcedente fallo el aquem, son totalmente improcedentes en virtud que las sentencias deben ser claras y precisas basadas en hechos concretos apegados a derecho en este caso también al mismo contrato, pues tales argumentos manifestados por el A-quem, no constituye una justificación para considerar que la relación existente entre la Señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ y la Secretaria de Salud, era por tiempo indefinido o permanente, por el hecho por lo que los contratos celebrados de servicios profesionales en el caso que se conoce, no corresponden a la realidad, por lo que es erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado en los Contratos Suscritos han sido desnaturalizados.” Asimismo “que dicho contratos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código de Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las ordenes y cumpliendo una jornada de trabajo: por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral”, “y por considerar que la función a realizar por el demandante siempre fue la misma durante el periodo de tiempo por el tiempo que se celebraron los contratos”; criterios que no se encuentran conforme a derecho siendo que en ningún momento se ha nombrado a la demandante en una plaza vacante de carácter permanente siendo que para que se pueda dar dicho supuesto es necesario reunir los requisitos exigidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento debiendo realizar el examen de idoneidad en el puesto según lo establece el artículo 2 y 11 de la Ley de Servicio Civil, y que exista la plaza vacante disponible con su respectiva estructura Presupuestaria, habiéndose acreditado mediante el medio de prueba vía oficio que la Dirección General de Servicio Civil no realizo los exámenes de oposición exigidos en la Ley a la demandante para poder considerarla Empleada Permanente, asimismo en la Secretaria de Salud no existía plaza ni el presupuesto disponible para nombrarla en una plaza permanente, habiendo violentado con dichos fallos normas constituciones de carácter obligatorio incurriendo con ello en responsabilidad penal según lo establece el artículo 321 y 364 de la Constitución de la República; siendo el caso que nos ocupa lo que ha existido son contratos temporales con fecha de inicio y de finalización, sujetos a las Disposiciones Generales de Presupuesto y a la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Salud y al derecho administrativo, excluyendo la relación contractual existente entre la Secretaría de Salud y la demandante el artículo 3 inciso 1) de la Ley de Servicio Civil y el articulo 9) numeral 11) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Asimismo no puede considerarse la relación laboral permanente por el hecho de reunir los tres elementos de trabajo en los contratos de servicios profesionales y técnicos siendo que lo que se están contratando son servicios profesionales y técnicos entre el contratante y el contratista sujetos al Derecho administrativo y al mismo contrato debiendo darse entre las partes condiciones en las relaciones para la prestación de servicio contratados por lo que no pueden considerarse que dichos contratos sean de carácter permanentes, ya que se demostró en la secuela del juicio que la relación entre el demandante y la Secretaria de Salud era definida, pues en el último contrato vigente se establecieron las condiciones por las cuales se regiría dicha relación de trabajo entre las partes, siendo indispensable establecer un horario de trabajo, una subordinación y una remuneración, por los servicios técnicos prestados, sin que por ello signifique que se trata de un Contrato individual de trabajo y por ende que este debe considerarse celebrado como por tiempo indefinido, pues cada contrato celebrado con el demandante, se establecía una fecha de finalización y la condición de no ser el mismo prorrogable, quedando a discreción de la Secretaria de Salud, su prorroga y la jurisdicción que dirimiría los conflictos en caso de controversia, habiéndose establecido por las partes, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no el Juzgado de Trabajo de Francisco Morazán, condiciones que fueron aceptadas por el demandante a la suscripción de dichos contratos en pleno uso de sus facultades mentales, y sin que mediare coacción ni intimidación, por lo que resultan totalmente improcedentes las argumentos del Aquem, en la resolución emitida, ya que se está violentando lo libremente pactado entre las partes específicamente lo contemplado en las clausula Tercera, Octava, Novena, Decima del último contrato de servicios Profesionales o/Técnicos, asimismo se violenta lo establecido en el artículo 1348 del Código Civil, que ya establece; “ Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos.”.- De igual forma se violenta el artículo 1573 que establece lo siguiente: ‘ Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.”.- De igual manera según se establece en el artículo 1547 del mismo código que establece lo siguiente: “Los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las Leyes, a la moral, ni al orden público. Disposiciones que fueron violentadas al reconocerle las improcedentes pretensiones a la demandante al considerarla como empleada permanente, y por ende otorgarle el Reintegro y salarios caídos hasta que quede firme la sentencia, y demás pretensiones reconocidos en la sentencia, siendo que dichos derechos le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud y no mediante la modalidad de Contratos temporales. Por lo que es evidente que en el caso de autos hubo infracción de la Ley, en virtud que el Tribunal de Alzada emitió su resolución basado en simples conjeturas, obviando lo libremente pactado entre las partes en el último contrato vigente celebrado entre las partes, mediante el cual se establecieron las condiciones por las cuales que regirían las relaciones entre las partes específicamente, la cláusula Tercera que establece la vigencia del último contrato por un periodo del 27 de enero al 15 febrero del año 2014, por lo que lo hace un contrato temporal con fecha de inicio y finalización, habiéndose infringido con ello el artículo 1348, 1547, 1573 del Código Civil, en total apego a lo establecido en el respectivo contrato suscrito entre la Secretaria de Salud y la demandante. Por lo que no debió considerarse dicho hecho por parte del Aquo y el Aquem al confirmar la sentencia de Primera Instancia, para determinar el supuesto despido injusto, siendo que lo que se dio fue la terminación de un contrato por haber llegado a su fin por haberlo acordado las partes involucradas, por lo que no se debió considerar que la relación entre las partes como permanente, por el simple hecho de haber suscrito varios contratos entre la Secretaria de Salud y la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ, en virtud que estos fueron suscritos siempre bajo la modalidad de contratos temporales, por periodos determinados, en los cuales siempre existió interrupción de los mismos, no siendo así continua la relación laboral entre las partes, habiéndose infringido con los fallos proferidos los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765, ordinal 1° párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 765 ordinal J) párrafo segundo dice que ‘Solo habrá lugar al error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al electo una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo.” Es así que el error de derecho solo surge en dos casos precisos: a) Aquel en que el juzgador ha valorado como apta una prueba cualquiera, cuando el legislador exige que para la demostración del hecho correspondiente sólo se admita y valore la prueba ad sustantiam actus, también denominada ad solemnitatem, y b) Aquel en que el juzgador no ha apreciado y no ha valorado debiendo hacerlo, una prueba de tal naturaleza, es decir, uno o varios de aquellos medios probatorios que la ley reviste de solemnidad para la validez misma de la sustancia del acto. La Señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ, laboró para la Secretaría de Salud desempeñándose en el cargo de Secretaria del Departamento de Tramite Legales de la Secretaria de Salud, mediante contratos de servicios profesionales por tiempos determinados en los cuales se estipuló de manera expresa que la jurisdicción para conocer de los conflictos derivados de tal contrato sería la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, asimismo se estableció la vigencia de dichos contratos; Al Señor MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ, no se le despidió sino que sencillamente se finalizó el último contrato vigente según lo pactado en el mismo y no se le volvió a contratar por no requerir más de sus servicios como Secretaria en la Unidad de Trámites Legales de la Secretaria de Salud.- La demandante alegó que fue objeto por parte de la Secretaria de Salud, de despido, injusto, e ilegal, sin causa debidamente justificada y contemplada en la Ley, extremo que no logro probar en la secuela del Juicio, ya que al demandante se le venció su último contrato vigente el del 27 de enero al 15 febrero del año 2014 de abril del 2014, y no se le volvió a prorrogar su contrato por haberse así acordado en el último contrato vigente, por haber laborado bajo la modalidad de contrato de manera que nunca existió el supuesto despido que alega la demandante.- En su oportunidad el ESTADO DE HONDURAS contestó la demanda y expresó que la demandante en ningún momento se le despidió siendo que el último contrato vigente celebrado llego a su finalización por ser un contrato de servicios profesionales y técnicos por tiempo determinado, aparte de esto la demandante ya tenía conocimiento de la finalización de la relación laboral establecida en su último contrato, suscrito con la Secretaria de Salud,.- En este caso no ha existido el supuesto despido ilegal e injusto, como lo asegura la demandante, no existiendo ninguna responsabilidad de la Secretaria de Salud con la demandante de Reintegrarla y reconocerle la relación laboral como permanente, y que a título de daños y perjuicios tener que reconocerle las improcedentes salarios dejados de percibir, y demás pretensiones solicitadas y reconocidas en la sentencia ya relacionada por corresponderle dichos derechos al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud, nombrado mediante un acuerdo ejecutivo, por haber laborado el demandante por contratos temporales con vigencia determinada.- De igual manera, no existía obligación de parte de mi Representado seguirle prorrogando sus servicios a la demandante por haberse a si pactado entre las partes, En los contratos referidos específicamente en el último contrato vigente suscrito entre las partes y copio textualmente las partes conducentes: “CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS” “CLAUSULA TERCERA: VALIDEZ Y IGENCIA DEL CONTRATO”. Este contrato tendrá validez una vez suscrito por las partes contratantes y será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo vigente, prestando EL CONTRATISTA, sus servicios profesionales a partir del 27 de enero al 15 de febrero del 2014.- Este documento no será Prorrogable. El Juzgado del Letras de Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., declaró CON LUGAR la presente demanda, habiendo sido CONFIRMADA por la Corte de Apelaciones del Trabajo la sentencia definitiva de fecha 25 de mayo del 2018, emitida por los Juzgados de Trabajo de Tegucigalpa y ha ordenado 1) DECLARAR SIN LUGAR EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO, REAJUSTE SALRIAL LOS ULTIMOS DOS AÑOS, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS PERMANENTES, INCORPORACION AL INJUPEMP, instaurada por la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA por intermedio del Señor Procurador General de la Republica abogado ABRAHAM AL VARENGA URBINA: 3) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud Pública por intermedio del Señor Procurador General de la Republica abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a: REINTEGRAR a la demandante a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido: B) a Reconocer el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea EJECUTORIA la presente sentencia condenatoria: derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno en las mismas condiciones. C) a pagar el Reajuste del salario Mínimo de conformidad a los parámetros señalados en la presente sentencia para el periodo 2014-2015 derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno. D) a pagar el reajuste del salario Mínimo de conformidad a los parámetros señalados en la presente sentencia para el periodo 2014-2015 derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno junto con los salarios dejados de percibir.- E) Que se le reconozca a la demandante todos los derechos que ostentan los empleados permanentes incluyendo la INCORPORACION AL INJUPEMP al momento de efectuarse el reintegro: 4) SIN COSTAS en esta instancia el pago de Reintegro, mas pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la presente demanda adquiera el carácter de firme y demás derecho establecido en el fallo proferido. Que el Sentenciador establece en su resolución específicamente en los CONSIDERANDO (11): Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es del criterio y que esta Corte de Apelaciones arrastra y hace suyo, estableció: “... que la firma de este tipo de contratos por su naturaleza pueden celebrarse entre personas natural o jurídicas, mediante los cuales se obligan a prestar servicios específicos a la Administración, en la medida y alcances que esta determine, para efectuar estudios especializados en la materia, diseños , asesoría, , coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de referencia y presupuesto, programación o supervisión técnica de obras y otros trabajos de la misma naturaleza, prestados con tal independencia, sin subordinación alguna, sometidos únicamente a las condiciones pactadas en el contrato, en un término previamente pactado y bajo el precio de honorarios profesionales de manera global, por lo que los contratos celebrados de servicios profesionales en el caso que se conoce, no corresponden a la realidad, por lo que es erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado en los Contratos Suscritos. Asimismo en lo establecido en el “CONSIDERANDO (12): Que esta Corte de Apelaciones ya ha dejado establecido su criterio en este tipo de recursos, que los contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizados , ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el articulo 20 del Código de Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las ordenes y cumpliendo una jornada de trabajo: por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral.. -De igual manera el CONSIDERANDO (13), Que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante siempre fue la misma durante el periodo de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y la Señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ. Era por tiempo indeterminado. Evidentemente que el Ad-quem al analizar los contratos de servicios profesionales cuestionados los desnaturaliza llegando a apreciarlos erróneamente, dando por establecido que los mismos son de naturaleza laboral permanente por tiempo indeterminado, ya que estos reúnen los tres elementos de un contrato de trabajo siendo las funciones realizadas por la demandante las mismas actividades y continuas, por lo que procede a confirmar la sentencia definitiva apelada. Dando por probado con dicha decisión como consecuencia de ello, se produjo un despido y que el patrono, en este caso la Secretaría de Salud, no probó la causa del mismo, debiendo reintegrar a la trabajadora a su puesto de trabajo, y pagar las indemnizaciones que según el Código del Trabajo le corresponden y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código, quede firme la sentencia y demás pretensiones solicitadas. El Artículo 47 párrafo último del Código de Trabajo dispone: “En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.” Asimismo el artículo 52 del Código de Trabajo en su párrafo tercero establece lo siguiente: ………“Si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba.” El artículo 19 del Código del Trabajo preceptúa: “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a efectuar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros en todo lo que se refiera al trabajo.” Y el artículo 20 del mismo Código antes citado dispone: “Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a ésta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.” La disposición que parcialmente invoca el Tribunal Sentenciador es inaplicable en este caso porque parte del supuesto que la relación de trabajo entre la Secretaría de Salud y la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ, es de carácter permanente por efecto que la función realizada por el demandante fue siempre la misma y que ha existido en dicha relación los tres elementos de trabajo y por subsistir la causa que le dio origen a la relación de trabajo; Sin embargo, la relación entre la Secretaría de Salud y el demandante en manera alguna puede sujetarla a disposiciones del Código de Trabajo si de los propios términos de dicho contrato se pone de manifiesto que la relación de servicio con el Estado queda sujeto al derecho administrativo y a las Disposiciones Generales de Presupuesto y a la Ley de Servicio Civil, por lo tanto no se le puede reconocer el reintegro pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la demandante MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ, en su demanda, en virtud que estos derechos únicamente le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud, cuando hayan sido despedidos injustificadamente y que ha sido nombrados por acuerdo en un determinada plaza y no mediante contratos temporales, sujeto por tanto a la aplicación de normas de derecho administrativo.- Tanto la Ley Orgánica de Presupuesto, la Constitución de la República, la Ley de Servicio Civil, y su Reglamento como la Ley General de la Administración Pública contienen disposiciones que regulan la relación entre el Estado como patrono y el servidor público, ajeno a lo que dispone el Código del Trabajo que regula fundamentalmente la relación entre el capital y el trabajo, pero de ninguna manera una relación de servicio público del Gobierno Central. Si se celebran contratos de servicios profesionales es principalmente por la naturaleza del servicio, en primer lugar porque no se pueden comprometer presupuestos de años futuros y de hacerlo se tiene que proceder conforme lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución de la República que claramente establece que “no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestas. Las infractores serán responsables civil, penal y administrativamente.” El artículo 15 de la Ley Orgánica de Presupuesto, expresa que cuando se trate de contratos de obra de programas o proyectos de inversión, contratos de suministro, de asistencia técnica y de arrendamiento, cuando resulte antieconómico limitar sus plazos al ejercicio fiscal y cargos financieros originados en operaciones de crédito público, que obviamente no comprende este caso. En la cláusula Cuarta de los contratos se precisan: la estructura presupuestaria que se afectará, la Institución, el Programa, el Sub Programa, la Actividad, la Fuente y el Objeto para poder pagarle al contratista del Estado requisito esencial tal como lo ordenan los artículos precitados. Y en segundo lugar que la relación de servicios con carácter permanente en el Gobierno Central se vinculan mediante acuerdos de nombramiento, después de seguir todo el procedimiento que para ello establece la Ley de Servicio Civil. Los artículos 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil prescriben: “ARTICULO 200. Las Secretarías de Estado y los organismos desconcentrados podrán suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos con personas naturales cuando las labores asignadas no puedan ser realizadas por los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por otra razón calificada. Esta modalidad también podrá emplearse para reclutar personal calificado que se requiera para la ejecución de proyectos especiales. Previo a la suscripción de los contratos deberá acreditarse que los candidatos reúnen los requisitos de idoneidad y capacidad requeridos, a cuyo efecto deberá acompañarse copia de los títulos, diplomas o certificados que correspondan, así como la hoja de vida con los antecedentes profesionales y la experiencia necesaria y sus remuneraciones deberán ajustarse en lo posible a los de los servidores públicos que realizan tareas similares como disponen los Artículos tres (3) inciso 1) de la Ley y nueve (9) de este Reglamento, quienes prestan servicios bajo esta modalidad están excluidos del Servicio Civil. ARTICULO 201. Para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad.” El artículo 22 de la Ley de Servicio Civil dispone que “todos los puestos de la administración pública comprendidos en el Manual de Clasificación de Cargos deberán adjudicarse en base a exámenes por oposición salvo aquellas circunstancias especiales en que no sea conveniente seguir este procedimiento, por exigirse conocimientos muy especializados o porque la naturaleza del cargo así lo aconseje, en cuyo caso podrá aplicarse el método de oposición de antecedentes. El Manual de Clasificación de Cargos deberá señalar los casos calificados que comprenda esta excepción.” El artículo 6 del Reglamento de esta Ley dispone: “Para los fines de la Ley y del presente Reglamento, los términos y definiciones que a continuación se indica, tienen el siguiente significado:... 3. Acuerdo del Poder Ejecutivo: Acto administrativo dictado por el Presidente de la República que autoriza al respectivo Secretario de Estado o el dictado por un Secretario de Estado actuando por delegación del Presidente de la República, relativo, en ambos casos, a la legalización de situaciones prescritas por la Ley... 28. Nombramiento: Es el acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley.” De acuerdo con las disposiciones legales que he citado, para que un servidor público tenga la permanencia en el cargo y por ende derecho al Reintegro y demás derechos en caso de haber sido despedido injustificado, se requiere que exista una asignación presupuestaria y que la misma este afecta a dicha relación, que el servidor público se sujete a la normativa de la Ley de Servicio Civil, entre ellas la de hacer examen de oposición, requisitos que se constituyen en solemnidades para la permanencia en el cargo público que dan el derecho al pago de prestaciones laborales en caso de ser despedido injustificadamente el Servidor Público. Si bien es cierto que el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de prueba y por lo tanto forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; sin embargo, cuando la ley exige determinada solemnidad ad sustantian actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medios. De ahí que el Tribunal Sentenciador al apreciar los contratos de servicios profesionales y técnicos como contratos de trabajo regulados por el Código del Trabajo lo hace en forma errónea pues en su criterio no necesita de tales solemnidades para que el demandante exija derechos que únicamente le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud en caso de haber sido despedidos injustificadamente sin observar el procedimiento establecido en la Ley, nombrados mediante un acuerdo, incurriendo de esa manera en un error de derecho y que en forma indirecta infringe el 47 párrafo último en relación con los artículos 19 y 20, todos del Código del Trabajo, al haberlo aplicado indebidamente y que como consecuencia de esa aplicación indebida, al reconocerle el REINTEGRO y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir y demás derechos exigidos por la parte demandante, reconociendo por este acto la permanencia a la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LOPEZ, considerado que la no renovación del contrato ha dado lugar a un despido y por tal razón declaró con lugar la demanda. Por lo antes expuesto, es procedente en derecho que se declare ha lugar este motivo de casación, que se case la sentencia recurrida y como resultado de ello que se declare sin lugar la demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS.” V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 47 último párrafo del Código del Trabajo, que se indica como una de las disposiciones infringidas, no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) De igual manera, el artículo 52 del mismo cuerpo de leyes y que también se indica como violado, contiene distintos párrafos con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; c) Falta a la claridad y precisión, al indicar causales diferentes del recurso de casación, como ser la infracción indirecta por Error de Derecho y la aplicación indebida, las que debió invocar de forma separada y con su estructura debida, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; d) Cita en su explicación, normativa no indicada como violada o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 321 y 364 de la Constitución de la República, 1348, 1547 y 1573 del Código Civil, 2, 3 inciso 1), 11 y 22 de la Ley de Servicio Civil, 6, 9 numeral 11), 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, 738 y 739 del Código del Trabajo; y, e) Formula extensos alegatos propios de instancia. VI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar los recursos de casación de que se ha hecho mérito, formalizados por los Abogados HEBERT RENE NAVAS GRADIZ en su condición de representante procesal de la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ en su único motivo y FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación laboral formalizado por el Abogado HEBERT RENE NAVAS GRADIZ en su condición de representante procesal de la señora MERCEDES MARIBEL TOBAR LÓPEZ, en su único motivo. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación laboral formalizado por la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer y único motivo. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de noviembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 18-19. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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