Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-178-18 — Registro 11088

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales por despido ilegal e injustificado, pago de horas extras, vacaciones, pago del séptimo día, salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas señaladas como violadas, alude el artículo 46.b) del Código del Trabajo, la cual no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma errónea el precepto autorizante, ya que no indica el ordinal del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y c) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de febrero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 15 de junio del 2018, por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ABEL DAVID VELÁSQUEZ LÓPEZ; MARA ARTURINA GUZMÁN DE INOCENTIS, también conocida como MARA ARTURINA GUZMÁN DE INNOCENTIIS y NORMA CRISELDA FLORES SALGADO, representados en juicio por la Abogada CINTHIA SARAI COREA RODRÍGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales por despido ilegal e injustificado, pago de horas extras, vacaciones, pago del séptimo día, salarios dejados de percibir; promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 28 de marzo del 2012, por los señores: 1) ABEL DAVID VELÁSQUEZ LÓPEZ; 2) MARA ARTURINA GUZMÁN DE INOCENTIS, también conocida como MARA ARTURINA GUZMÁN DE INNOCENTIIS; 3) NURY MARCELA GARCÍA FUNEZ; 4) WENDY YESSENIA FUNES FLORES; 5) DORIS ALICIA ARIAS MEJÍA; 6) MANUEL SAID GONZALES LAMBERT; 7) DERICK ISAY FIGUEROA CAMBAR, y 8) NORMA CRISELDA FLORES SALGADO, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, a través de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), realizados por las ADUANAS DE PUERTO CORTES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 05 de abril del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 13 de febrero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1)DECLARARANDO CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR LOS SEÑORES ABEL DAVID VELÁSQUEZ LÓPEZ, MARA ARTURINA GUZMAN DE INOCENTIS TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARA ARTURINA GUZMAN DE INNOCENTIIS Y NORMA CRICELDA FLORES SALGADO, CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA ABOGADA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, POR ACTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ADUANAS DE PUERTO CORTÉS, TENDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS INDEMNIZACIONES LEGALES EN VIRTUD DE DESPIDO ILEGAL E INJUSTIFICADO, MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO A LA FECHA EN QUE DEBA QUEDAR FIRME LA SENTENCIA Y ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DE DEDUCCIÓN HECHA POR LA PATRONAL EN FORMA MENSUAL, EN CONCEPTO DE CUOTA AL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL.- SIN COSTAS.- 2).-DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA EN CUANTO AL PAGO DEL SÉPTIMO DÍA Y PAGO DE HORAS EXTRA.-SIN COSTAS.- EN CONSECUENCIA: LIBERA AL ESTADO DE HONDURAS REPRESENTADO POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA ABOGADA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, POR ACTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ADUANAS DE PUERTO CORTÉS, EN CUANTO AL PAGO DEL SÉPTIMO DÍA Y LAS HORAS EXTRA. SIN COSTAS 2).- CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS REPRESENTADO POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA ABOGADA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, POR ACTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ADUANAS DE PUERTO CORTÉS, AL PAGO DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: PARA: ABEL DAVID VELASQUEZ LOPEZ: PREAVISO (DOS MESES): LPS.35,000.00; AUXILIO DE CESANTIA (DOS MESES) LPS.35,000.00; AUXILIO DE CASANCIA PROPORCIONAL (21.5 DÍAS): LPS.12,541.60; VACACIONES AÑO 2099-2010 (10 DÍAS) LPS.5,833.33; VACACIONES AÑO 2010-2011 (12 DÍAS) LPS.6,999.96; VACACIONES PROPORCIONALES AÑO 2011-2012 (10.75 DÍAS) LPS.6,270.80; DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL AÑO 2011-2012 (15 DÍAS) LPS.7,500.00; DEVOLUCION DE CUOTA HECHA PARA EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL LPS.14,400.00; SUMANDO UN TOTAL DE CIENTO VENTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS.123,545.66).- PARA: MARA ARTURINA GUZMAN DE INICENTIS: PREAVISO (DOS MESES): LPS.35,000.00; AUXILIO DE CESANTIA (DOS MESES) LPS.35,000.00; AUXILIO DE CASANCIA PROPORCIONAL (21.5 DÍAS): LPS.12,541.60; VACACIONES AÑO 2099-2010 (10 DÍAS) LPS.5,833.33; VACACIONES AÑO 2010-2011 (12 DÍAS) LPS.6,999.96; VACACIONES PROPORCIONALES AÑO 2011-2012 (10.75 DÍAS) LPS,6,270.80; DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL AÑO 2011-2012 (15 DÍAS) LPS7,500.00; DEVOLUCION DE CUOTA HECHA PARA EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL LPS.14,400.00; SUMANDO UN TOTAL DE CIENTO VENTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS.123,545.66).- PARA: NOMA GRICELDA FLORES SALGADO PREAVISO (DOS MESES): LPS.35,000.00; AUXILIO DE CESANTIA (DOS MESES) LPS.35,000.00; AUXILIO DE CASANCIA PROPORCIONAL (21.5 DÍAS): LPS.12,541.60; VACACIONES AÑO 2099- 2010 (10 DÍAS) LPS.5,833.33; VACACIONES AÑO 2010-2011 (12 DÍAS) LPS.6,999.96; VACACIONES PROPORCIONALES AÑO 2011-2012 (10.75 DÍAS) LPS.6,270.80; DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL AÑO 2011-2012 (15 DÍAS) LPS.7,500.00; DEVOLUCION DE CUOTA HECHA PARA EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL LPS.14,400.00; SUMANDO UN TOTAL DE CIENTO VENTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS.123,545.66).- HACIENDO UN GRAN TOTAL DE TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.370,636.98).- MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral por medio de contratos de trabajo determinados y contrato de servicios profesionales, los cuales tenían duración de 3 meses y otros de 4 meses, con roles de turno así: Turno o rol A de 6:00am. a 2:00pm.; turno o rol B de 2:00pm. a 10:00pm.; turno o rol C de 10:00pm. a 6:00am.; estos roles se identificaban con la primera inicial del primer nombre seguido del primer apellido, es decir Abel David Velasquez López se identificaba como “avelasquez” y así sucesivamente con los otros siete empleados; manifestaron además que los roles tenían una duración de 14 días, devengaban un salario mensual de L.15,000.00, faltando el pago de las horas extras que nunca se las pagaron, del mismo salario se les hacían deducciones del IHSS por L.168.00; para el Comité Central del Partido Nacional de Honduras L.450.00 y Retención en la Fuente de L.450.00; que iniciaron la relación laboral el 13 de abril del 2009, y finalizaron el contrato el 31 de diciembre del 20011; que se les otorgaban vacaciones un día al mes, sin importar el tiempo que tenían de laborar en la Aduana de Puerto Cortes, el cual fue pagados; todos fueron despedidos en fecha 31 de diciembre del 2011, quienes ostentaban el cargo de Oficial de Aduana, asignados en el área de RAYOS GAMMA ubicada en los predios de la Empresa Nacional Portuaria, todos los contratos que firmaron fueron continuos hasta la fecha que fueron finalizados por la DEI; que fue imposible llegar a un arreglo conciliatorio por lo que se dio por agotada la vía administrativa. Asimismo consta mediante auto de fecha 31 de octubre del 2016, se tuvo por DESISTIDA la demanda en cuanto a los señores NURY MARCELA GARCÍA FUNEZ; WENDY YESSENIA FUNES FLORES; DORIS ALICIA ARIAS MEJÍA; MANUEL SAID GONZALES LAMBERT; DERICK ISAY FIGUEROA CAMBAR, en virtud de haber sido contratados nuevamente por la DEI. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda apoyando su defensa en que en el presente caso se trata de un contrato por tiempo determinado o limitado, cuya terminación o vigencia fue establecida en su texto y debidamente aceptada por las partes, por lo que no cabe lo reclamado por los demandantes, ni notificación extra sobre su finalización, si se envió nota se hizo por un acto de pura formalidad que en ningún momento cambia la condición del contrato celebrado por escrito por las partes; que la Dirección Ejecutiva de Ingresos instruye a los empleados para que tomen las vacaciones antes de que finalice los contratos de trabajo celebrados ya que si no se toman las vacaciones y el contrato no es renovado dichas vacaciones se perderían es por ese motivo que las mismas tienen que ser tomadas antes de vencerse; que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad, esto según lo establecido en el artículo 26 del Código del Trabajo; que la relación concluyo por haber llegado el día de su vencimiento y no se trata de ningún despido como pretenden hacer creer los demandantes, por el contrario el Código del Trabajo regula este tipo de contratos de acuerdo a lo que establece el artículo 46 literal b), cuya terminación no responsabiliza al empleador, por tanto resulta improcedente la demanda de mérito y que desconocían la citación de la Secretaria del Trabajo para audiencia de Conciliación. 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 13 de febrero del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores ABEL DAVID VELÁSQUEZ LÓPEZ; MARA ARTURINA GUZMÁN DE INOCENTIS, también conocida como MARA ARTURINA GUZMÁN DE INNOCENTIIS, y NORMA CRISELDA FLORES SALGADO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, a través de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), realizados por las ADUANAS DE PUERTO CORTES; tendiente al pago de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, en virtud de despido ilegal e injustificado, más a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que deba quedar firme la sentencia y ordenar la devolución de deducción hecha por la patronal en forma mensual, en concepto de cuota al comité central del partido nacional; declaró sin lugar la demanda en cuanto al pago del séptimo día y pago de horas extra; en consecuencia, liberó a la parte demandada, en cuanto al pago del séptimo día y las horas extra; condenó a la parte demandada, a pagar a los demandantes Abel David Velásquez López; Mara Arturina Guzmán de Inocentis; y Noma Gricelda Flores Salgado, la cantidad de L.123,545.66 cada uno; para un total de L.370,636.98; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la presente sentencia, sin costas; bajo el criterio que el trabajo que realizaban los demandantes es una actividad permanente en la Aduana de Puertos Cortés, lugar donde desempeñaban sus labores los demandantes. Por lo que al manifestar el patrono que no renovaría los contratos de trabajo a los demandantes aun y cuando estos tenían varios años desempeñando sus labores, es una formal carta de despido, lo cual la parte demandante hizo de forma unilateral y sin que existiría un motivo legal. También el Artículo 52 del Código del Trabajo establece que si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en esta caso el período de prueba, como en el presente caso en el que los demandantes renovaban continuamente Contratos de Trabajo, para realizar la misma actividad; la Constitución de la República en su Artículo 129 garantiza la estabilidad laboral, la cual solamente puede verse perturbada cuando haya acaecido un acto o falta comprobada del trabajador que se encuentre prohibida por la Leyes laborales o reglamento interno de trabajo, lo cual no ha sucedido en el presente caso, ya que la demandada dio por finalizada la relación laboral en forma unilateral, al no renovarle sus contratos de trabajo a los demandantes, aun y cuando el puesto desempeñado por los demandantes, era de carácter permanente, por lo que dicha terminación de la relación laboral se vuelve en un despido injustificado y ya la el artículo constitucional anteriormente señalado, impone a elección del trabajador demandante el decidir entre el reintegro a sus trabajo o el recibir el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, y que en el presente caso, es claro que los demandantes han optado por el pago de sus prestaciones sociales e indemnizaciones que la ley otorga, por lo que es procedente dicha condena más el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios en favor del Trabajador, asimismo lo establecen los Artículos 110 y 117 del Código del Trabajo; que es un derecho del trabajador y obligación del patrono otorgar a los demandantes de un periodo de Vacaciones y que las mismas se podrán acumular hasta por dos años, en el presente caso, la parte demandada no ha pagado dichos conceptos a los demandantes, por lo que es procedente la condena por este concepto de los últimos dos años; por otro lado la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes en Concepto de Aguinaldo en su Artículo 1 establece el derecho a los demandantes a percibir el pago del décimo tercer mes de salario, asimismo la Ley de Reestructuración de los Mecanismos de Ingresos y la Reducción del Gasto del Sector Público, el Fomento de la Producción y la Compensación Social en su Artículo 34 establece como un derecho a todos los empleados y trabajadores el pago del décimo cuarto mes de salario y en el presente caso, la parte demandada ha efectuado el pago a los demandantes de dichos conceptos; por lo que la demandada deberá pagar dichos conceptos a los demandantes, los cuales correrán al igual que los salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios.- Asimismo habiéndose constatado que a los demandantes, se les realizaban deducciones en forma fija y permanente para todos los demandantes, por concepto de cuota al Comité Central del Partido Nacional por la cantidad de L.450.00 en forma mensual, deducciones que no fueron autorizadas por los demandantes y que la parte demandada no acreditó la debida autorización para realizarlas, por lo que se hicieron sin consentimiento expreso de los trabajadores, lo cual es un requisito sine qua non para que la patronal pueda practicar deducciones que no estén contempladas en Ley o Reglamento alguno, y así lo dejó establecido el Legislador en el Artículo 96 numeral 5 del Código del Trabajo, prohibición que fue violentada por el patrono en el presente caso, esto en armonía con el Artículo 3 de la misma norma laboral, por lo que es procedente ordenar a la patronal su devolución desde el inicio de la relación laboral hasta su finalización, esto en aplicación de la extra y ultra petita otorgada en Articulo 728 del Código del Trabajo al suscrito Juez.- Que la Ley Del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes en Concepto de Aguinaldo en su artículo 6 literal “a” establece que el pago del Séptimo Día se encuentra incluido en el pago si al trabajador se le paga de forma mensual, lo que queda constatado en los Contratos de Servicios Profesionales y por Tiempo Determinado que suscribieron los demandantes con la parte demandada, donde se establece que los demandantes se les pagaba de manera mensual, por lo que el pago por concepto de Séptimo día se encuentra ya incluido en su salario mensual, por lo que no le corresponde a los demandantes percibir dicho concepto. Por lo anteriormente expresado, este Juzgador estima procedente declarar con lugar Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores Abel David Velásquez López, Mara Arturina Guzman De Inocentis también conocida como Mara Arturina Guzman De Innocentiis Y Norma Cricelda Flores Salgado, tendiente al pago de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales en virtud de despido ilegal e injustificado, más a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que deba quedar firme la sentencia y ordenar la devolución de deducción hecho por la patronal en forma mensual, en concepto de cuota al Comité Central del Partido Nacional.- Por otro lado es procedente declarar sin lugar la Demanda en cuanto al Pago del Séptimo día y pago de horas extra. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 05 de abril del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que los demandantes fueron contratados por la DEI para desempeñar el cargo de oficial de aforo y descargo, asignándoles la realización del trabajo en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria con sede en la ciudad de Puerto Cortes, específicamente en el área CSI ADUANA AMERICANA RAYOS GAMMA y percibían la cantidad de Lps. 15,000.00 mensuales en concepto de salario; tal vinculo contractual finalizó el 31 de diciembre del 2011 al recibir cada uno de los demandantes la nota suscrita por Yolani Medrano en su condición de Sub-Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la DEI, en la cual solamente indican la fecha de vencimiento del contrato de servicios profesionales; al respecto cabe señalar que está acreditado en los autos y no desvirtuado por la demandada, que los actores cumplían con el horario en los roles de turno que les asignaban y todas las directrices patronales, así como que el trabajo lo ejecutaron en formas continua e ininterrumpida desde la fecha de la contratación hasta su desvinculación, circunstancias que debilitan la defensa de la demandada y fortalecen las pretensiones de los trabajadores, por cuanto se concluye que dada la naturaleza de las labores la contratación se volvió por tiempo indefinido, aunque en el contenido del contrato se haya expresado termino de duración ya que subsiste la causa de origen, razonamiento factico y jurídico que tiene sustento en el contenido del Artículo 47 del Código del Trabajo; tan es así que la DEI les pagaba mensualmente la suma de Lps. 15,000.00 valor que incluye el pago del séptimo día; respecto al reclamo de pago de las horas extras, tal petición no resulta atendible por cuanto para acceder a tal derecho, los peticionarios devenían en la obligación de establecer las fechas y el número de horas trabajadas, así como el valor que creyeron les correspondía, razones por las cuales resultan inatendibles los argumentos de la parte actora y también recurrente. Por los razonamientos que contiene el presente fallo, esta Alzada estima procedente confirmar la sentencia impugnada por ambas partes. 5.- Mediante auto de fecha 07 de mayo del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada CINTHIA SARAI COREA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de los señores ABEL DAVID VELÁSQUEZ LÓPEZ; MARA ARTURINA GUZMÁN DE INOCENTIS, también conocida como MARA ARTURINA GUZMÁN DE INNOCENTIIS; NURY MARCELA GARCÍA FUNEZ; WENDY YESSENIA FUNES FLORES; DORIS ALICIA ARIAS MEJÍA; MANUEL SAID GONZALES LAMBERT; DERICK ISAY FIGUEROA CAMBAR, y NORMA CRISELDA FLORES SALGADO, y por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, omitiéndose el traslado de los autos ordenando que la Secretaría del Despacho retuviera los autos para que los recurrentes comparecieran en el término de veinte días para que formularan por escrito las demandas de casación. 6.- En fecha 15 de junio del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, omitiendo el traslado, ordenando dar copia a la parte contraria, para que en el término de diez días procedieran a contestar en forma común la demanda; que mediante auto de fecha 29 de abril del 2019, se tuvo por DESIERTO el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTHIA SARAI COREA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de los señores ABEL DAVID VELÁSQUEZ LÓPEZ; MARA ARTURINA GUZMÁN DE INOCENTIS, también conocida como MARA ARTURINA GUZMÁN DE INNOCENTIIS; NURY MARCELA GARCÍA FUNEZ; WENDY YESSENIA FUNES FLORES; DORIS ALICIA ARIAS MEJÍA; MANUEL SAID GONZALES LAMBERT; DERICK ISAY FIGUEROA CAMBAR, y NORMA CRISELDA FLORES SALGADO, ordenando que se continuara con el trámite del recuro de casación interpuesto por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; por lo que se le puso a la orden el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, y en proveído de fecha 22 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada CINTHIA SARAI COREA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, en su primer y único motivo de casación alega: “La sentencia impugnada ha sido emitida CON ERRORES E INJUSTICIA JUDICIAL Y DE SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA, POR INFRACCIÓN DIRECTA, APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. PRIMER MOTIVO Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral por error de hecho por la falta de valoración de los medios documentales admitidos a la parte demandada que en adelante se singulariza en relación a las demás pruebas en conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en autos y que llevo en forma indirecta a la Corte de Apelaciones sentenciadora a la violación del artículo 46 letra b, 864 y 867 del Código de Trabajo como normas sustantivas vulneradas del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral segundo del artículo 719 del Código Procesal Civil y 765 párrafo segundo del Código de Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MECANISMO PARA LA VIOLACIÓN DE LA SUSTANCIA SEÑALADA están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. El concepto de la infracción lo explico así: La Corte Sentenciadora para emitir su fallo confirmando por unanimidad de votos el fallo emitido por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes Departamento de Cortes y sometido al conocimiento mediante los recursos lo hace incurriendo en un error de hecho por la falta de la apreciación de la prueba documental consistentes en 1) Los Contratos de Servicios Profesionales que obran a folio 182 al 370 de la Pieza principal; en la que en su cláusula novena reza que las controversias que surjan entre la Dirección y el Trabajador se dirimirán el Juzgado de Letras de lo Contenciosos Administrativo y donde se refleja la incompetencia del tribunal de conocer del conflicto provocado por los demandantes esto por un lado, por otro era de conocimiento de los demandantes de que su relación con mi Representada era y que fue aceptada por los actores al firmar los respectivos contratos, la decisión de no renovación se les notificó, se rechazó la falta de pago de las Horas extras que pretenden así como el despido que los demandantes imputan a la DEI, pues lo que ocurrió fue que solamente no se les renovó el contrato y los trabajadores tenían pleno conocimiento de la fecha de vencimiento de sus contratos, se advirtió al tribunal que la legislación laboral establece la modalidad de los contratos de trabajo por tiempo determinado o limitado, cuya terminación o vigencia fue pactada y aceptada por los suscriptores del mismo y la DEI instruye a sus empleados para que tome sus vacaciones antes de que finalice el contrato de trabajo, puesto que llegada la fecha de finalización y si el interesado no ha tomado vacaciones este pierde el derecho a tomarlas se trae a colación que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan según la ley, y la costumbre, el uso o la equidad según lo estatuye el artículo 26 del Código del Trabajo, prueba que no fue apreciada en su conjunto en ese aspecto el Juzgador no estaba sujeto a una Tarifa legal de las pruebas sino que forma libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, pero esto no impedía que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos para impartir justicia en estricto cumplimiento a la ley por lo que devenía que efectuara las apreciaciones de las pruebas en su conjunto como una obligación imperativa la que debe ser acertada, razonada y competa y que en el caso particular que si el tribunal hubiera apreciado los medios de prueba se hubiera dado por establecido en forma indubitable que lo solicitado por los demandantes hubiere sido declarado SIN LUGAR no obstante fue en desventaja de mi Representado que solamente se haya concretado a determinar la existencia de que la contratación era por tiempo limitado o servicios determinados formas transitorias de relaciones que constituyen excepciones a la regla general de duración indefinida por lo que si la prueba aportada materialmente a los autos hubiese sido valorada que no fue así, lo que constituye un error reparable por este Recurso de Casación y que provoca una Injusticia Judicial por la violación a lo dispuesto en los artículos 46, 864 y 867 del Código Laboral En consecuencia Honorable Corte Suprema de Justicia procede se case la sentencia en el presente motivo, ante la evidente violación de la ley. NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES POR EXISTIR EVIDENTES VICIOS Y ERRORES PROCESALES: Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de normas procesales por la forma violatoria al debido proceso que afectaron el contenido de la sentencia, por la falta de motivación fáctica. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo se encuentra comprendido en el literal c) del numeral uno del artículo 211, 212 numeral 14, 719 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. El concepto de la infracción lo explico así: Que deje bien evidenciado a la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes, que esta Representación del Estado es respetuosa de todos los procedimientos judiciales en que este se mira inmiscuido, en razón a esto se interpuso Nulidad absoluta de actuaciones a partir de la formación de la pieza del Recurso de Apelación, esto en razón de que en fecha 14 de Febrero del 2018 se interpuso recurso de Apelación en contra de la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes Departamento de Cortés; de fecha 13 de febrero del 2018 la cual fue admitido y remitido los antecedentes a la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula a efecto de mejorar el recurso, consta que la resolución no consta que el suscrito haya sido notificado de la misma, ante tal omisión se refleja una evidente violación a lo establecido en el artículo 711 del Código Procesal Civil que establece QUE UNA VES INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN EL TRIBUNAL DEBE REMITIR LOS ANTECEDENTES A PARTIR DE LA ULTIMA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN QUE SE CONCEDE EL MISMO, otorgándole a la parte el termino de cinco (05) días a fin de que se personen al Tribunal de alzada a fin de sustanciar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia, presupuesto jurídico que fue omitido por el Tribunal de primera instancia, provocando un error procesal tal como lo expresa el articulo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil que establece que los actos procesales serán nulos cuando se prescinda de normas esenciales de procedimiento y que colocan a mi representada en indefensión, que si no fuera de que por casualidad de mis actuaciones procesales comparecí a la Secretaria de la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula Departamento de Cortes, en la semana del 08 al 09 de Marzo del 2018 y por mero accidente me di por enterado de la sustanciación del recurso de mérito, por lo que solicite que de conformidad a lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República solicite la Nulidad absoluta de actuaciones misma que asintió la Corte de Apelaciones al establecer que la Ley prevé varias situaciones en que los actos procesales serán nulos entre ellas la contemplada en el artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil así Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento siempre que por esa causa se haya producido indefensión y el hecho de que haya comparecido a la audiencia esto no significa que se haya consentido tal violación, extremo que se le hizo ver a la Honorable Corte de Apelaciones por lo que es claro que la Sentencia hoy recurrida no soporta el control de la Legalidad exigido en ese sentido la legalidad de la decisión no puede ser verificada en la causa bajo examen pues aunque la sentencia contiene cierta motivación la misma no es suficiente para dar respuesta completa en todos los aspectos del proceso y que agravia a mi representado el Estado de Honduras porque no tuvo la oportunidad de conocer la totalidad de los argumentos por los cuales erróneamente se le condena más cuando tales argumentos por los cuales erróneamente se le condena más cuando tales argumentos no tienen ningún sustento factico ni jurídico”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas señaladas como violadas, alude el artículo 46.b) del Código del Trabajo, la cual no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma errónea el precepto autorizante, ya que no indica el ordinal del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y c) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE Y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL178-18. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

16