Sentencia CL-155-19 — Registro 12150
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; condenar concediéndoles todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, más el pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales, salarios dejados de percibir, pago de tiempo extraordinario laborado y no pagado y pago de bono extraordinario, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; d) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; e) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, f) Formula extensos alegatos de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, d) Formula alegatos de instancia. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de octubre del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de noviembre del 2019, por la Abogada ELVIA HILDA GUZMAN, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores JUAN RAMON AVILA ZELAYA y DULCE MILAGRO CARRASCO VARELA, representados en juicio por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; condenar concediéndoles todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, más el pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales, salarios dejados de percibir, pago de tiempo extraordinario laborado y no pagado y pago de bono extraordinario, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de marzo del 2015, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición representante procesal de los señores: 1) JUAN RAMON AVILA ZELAYA, Agente de Seguridad, con domicilio en Aldea de Apatana, Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán y 2) DULCE MILAGRO CARRASCO VARELA, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio, ambos solteros, hondureños, contra el FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) a través del Director Ejecutivo el señor MARIO RENE PINEDA VALLE y solidariamente en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de noviembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de julio del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA:1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales promovida por JUAN RAMON AVILA ZELAYA Y DULCE MILAGRO CARRASCO VARELA, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la señora Procurador General de la República de aquel entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CONDENA al el ESTADO DE HONDURAS a pagar a los demandantes la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 497,164.84), distribuidos de la forma siguiente: Al trabajador JUAN RAMON AVILA ZELAYA la cantidad de TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (1 315,118.09) por los conceptos siguientes: Preaviso L 21,150.00; Auxilio de Cesantía L 137,475.00, Auxilio de Cesantía Proporcional L 3,965.63; Vacaciones 14,100.00, Vacaciones Proporcionales L 2,643.75 Vacaciones Pendientes L 11,043.83 Décimo Tercer mes Proporcional L 470.94 y Décimo Cuarto mes Proporcional L 4,700 y DULCE MILAGRO CARRASCO VARELA la cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO LEMPIRAS (L 182,046.75) por los conceptos siguientes: Preaviso L 22,500.00; Auxilio de Cesantía L 90,000.00, Auxilio de Cesantía Proporcional L 7,500.00; Vacaciones L 15,000.00 Vacaciones Proporcionales L 4,998.75, Décimo Tercer mes (2 años); L 18,000.00; Vacaciones Proporcional L 774.00 y Décimo Cuarto mes (2 años) 18,000.00; Decimo Cuarto Mes Proporcional L 5,274.00; MENOS la cantidad de 10,625.67, en consecuencia la cantidad total a percibir es de L 172,621.08. y para ambos demandantes a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. 3) Se declara parcialmente CON LUGAR la Excepción de Pago opuesta por representante procesal demandada Abogada ELVIA HILDA GUZMAN. SIN COSTAS...”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción, que comenzaron a laborar para el FHIS adscrita actualmente al Instituto de desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) así: Juan Ramón Ávila Zelaya, el 06 de septiembre del 2001, como Agente de Seguridad, devengaba un salario de L.8,460.00; y Dulce Milagro Carrasco Varela, el 01 de junio del 2006, hasta el 31 de enero del 2015, como Oficial de Recursos Humanos, devengaba un salario de L.9,000.00; que suscribieron varios contratos de trabajo al tenor del artículo 47 del Código del Trabajo y que reunían los elementos del contrato de trabajo estipulados en el artículo 20 del Código del Trabajo, y que les hacían todas las deducciones igual como se las realizaban a los empleados permanentes como ser: IHSS, INJUPEMP, dejando ver una simulación de contrato por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la ley laboral en fraude a la ley; argumentaron que una vez vencidos los contratos, la institución no les renovó los mismos, a pesar de estar consciente que les asiste el derecho al trabajo por continuidad de los contratos suscritos; por lo que con fundamento en los artículos 129 y 113 del Código del Trabajo, solicitaron el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos que les corresponde, en virtud de haber desempeñado labores continuas; asimismo manifestaron, que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudieron a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo se dio por agotado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando la pretensión de la parte actora, alegando en su defensa que con los demandantes suscribieron contratos de servicios profesionales, en los cuales, en la cláusula décima se estipuló que las controversias serían sometidas en todo al Derecho Administrativo, siendo la jurisdicción para conocer los reclamos el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, en Audiencia de Primera de Trámite, la representante procesal demanda, opuso como medio de defensa la EXCEPCIÓN DE PAGO en relación a la demandante Dulce Milagro Carrasco Valera, en vista que mediante el cheque número 231506 de fecha 23 de febrero del 2015, el FHIS le hizo un pago por la cantidad de L 10,625.67 en concepto de pago de beneficios sociales. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de julio del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JUAN RAMON AVILA ZELAYA y DULCE MILAGRO CARRASCO VARELA, contra el FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) a través del Director Ejecutivo el señor MARIO RENE PINEDA VALLE y solidariamente en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, de la documentación aportada al proceso resulta evidente de la sucesiva contratación de cada uno de los demandantes para ocupar un mismo puesto de trabajo como Agente de Seguridad y Recepcionista, que las labores que desempeñaban eran de naturaleza permanente, por lo cual el contrato celebrado se considera por tiempo indefinido aunque se haya pactado fecha de finalización en cada uno de ellos, por lo que la pretensión del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales una vez finalizado el contrato, es procedente, 681 debido a que la juzgadora considera que siendo que la causa que dio origen a la contratación es de naturaleza permanente por su reiterada subsistencia, lo que origina la permanencia de la relación laboral y viene a irrumpir en un derecho laboral adquirido en el trabajador como ser el derecho a la continuidad y como consecuencia de ello el derecho a la estabilidad laboral, tal como lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 129 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en consecuencia, la relación de trabajo del demandante, mientras duró, fue por tiempo indeterminado a partir del inicio de la relación laboral el 06 de septiembre del 2001 y 01 de junio del 2006 respectivamente de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado y en el caso del rompimiento de la relación, el patrono debió fundamentarse en algunas de las causales contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, no siendo así, el despido es ilegal y además injusto. Que se acreditó en los autos que la demandante Dulce Milagro Carrasco Varela recibió del FHIS, la cantidad de L 10,625.67, en concepto de beneficios sociales, sin embargo, no fue acreditado en autos los conceptos que se incluyeron en dicha cantidad, no obstante, es un hecho que la cantidad fue recibida por la demandante, en consecuencia, lo justo es que sea rebajada del monto total a percibir por la demandante en concepto de prestaciones e indemnizaciones sociales, por lo tanto se declara parcialmente con lugar la EXCEPCION DE PAGO opuesta por la representante demandada. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 28 de noviembre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer, efectivamente que el demandante Juan Ramón Ávila Zelaya, inició relación laboral el 06 de septiembre del 2001 y Dulce Milagro Carrasco Varela, el 01 de junio del 2006, celebrando varios contratos de trabajo que se denominaban de servicios profesionales, para laborar como agente de seguridad el primero y como Oficial de Recursos Humanos la segunda en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), ahora Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), laborando por tiempo determinado pero en forma continua y para la misma clase de trabajo; si bien y es cierto, en los contratos se establece una fecha de inicio y una fecha de finalización, sin embargo la relación laboral de los demandantes no puede ser considerada por este Tribunal como una relación laboral por tiempo determinado, en primer lugar porque el cargo que desempeñaban era para laborar como agente de seguridad Oficial y de Recursos Humanos, labor que consideran de carácter permanente; en segundo lugar la parte Demandada acreditó que las funciones que realizaban los Demandantes, ya no se continúan realizándose dentro de la institución Demandada para considerar que los cargos eran temporales. Que con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que se dio por terminada la relación laboral a partir del 20 y 31 de enero del 2015, según memorando de terminación de la relación laboral, sin embargo considera este Tribunal que la relación laboral de los demandantes era continua, sobre todo porque celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón se les debe de tener como empleados permanentes desde que iniciaron su relación laboral y al no invocárseles en la terminación de la relación laboral, ninguna causa justa, vuelve el despido ilegal injusto y por ende es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito. Que en vista de las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que la sentencia definitiva que se revisa en apelación, se encuentra dictada conforme derecho. 5.- Mediante auto de fecha 14 de octubre del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ELVIA HILDA GUZMAN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 15 de noviembre del 2019, compareció ante este Tribunal, la Abogada ELVIA HILDA GUZMAN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 15 de noviembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de febrero del 2020, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN ANGEL BENAVIDEZ PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II. Que la Abogada ELVIA HILDA GUZMAN, en su primer motivo de casación aduce: “Ser la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del año 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los Artículo 46 inciso b), en relación con los artículos 738, 739 y 867 del Código del Trabajo, artículo 18 de la Ley del Fondo de Inversión Social y 6 de su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral uno y dos del Código de Trabajo vigente. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La violación de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta se produce a través de error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación o apreciación errónea de la prueba, que singulariza en que incurrió el fallador al momento de emitir su fallo. La doctrina según el tratadista Arámbula Duran señala que: El error de hecho implica conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en juicio por falta de apreciación de la prueba". La Corte de Apelaciones del Trabajo al momento de emitir su fallo en fecha veintiocho de noviembre del año 2018, no razonó sobre cada una de las pruebas articuladas y tampoco expresó las motivaciones por las que llega a afirmar cada hecho, en violación a lo establecido en los Artículos 46 inciso b), 738 y 739 del Código del Trabajo porque no apreció la prueba propuesta y evacuada en legal y debida forma por parte del demandado en este caso el ESTADO DE HONDURAS, a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS), ahora Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), consistente en 1) Documentos públicos que corre agregados en el expediente de primera pieza a folios 48 al 60 frente y vuelto del Juzgado de Letras del trabajo de Francisco Morazán, Produciendo un error de hecho por falta de la apreciación de la prueba singularizada que alegan y afirman cada hecho en violación a los Artículos 46 inciso b) 738 y 739 del Código de trabajo, artículo 18 de la Ley del Fondo de Inversión Social y 6 de su Reglamento, Artículo 738. "El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo". 739: El Juez no estar sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y ateniendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes ... " Los artículos 268, 270 numeral 2, 273 numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil y Artículos 1, 5, 1346, 1348, del Código Civil por su parte establecen: 1 "La ley es una declaración de la voluntad, soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite". 5. La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial. Podrá, sin embargo restringirse o ampliarse en la ley misma el plazo de que habla este artículo, y ordenarse en casos especiales, otra forma de promulgación, es el artículo 270 numeral 2 Código Procesal Civil. Son documentos públicos los autorizados por funcionario judicial, por un notario o funcionario público competente, siempre que se cumplan las solemnidades requeridas por la Ley"; 273 numeral 1 "Los documentos públicos hacen prueba aun contra tercero del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento de lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso intervengan en él. Al hacer la confrontación del contenido de los Artículos anteriormente trascritos y lo que el Tribunal sentenciador sostiene en su sentencia en el CONSIDERANDO (11): "Que en el presente caso de la documentación aportada al proceso resulta evidente que la sucesiva contratación de cada uno de los demandantes para ocupar un mismo puesto de trabajo como agente de seguridad y recepcionista, que las labores que desempeñaban era de naturaleza permanente por lo cual el contrato celebrado se considera por tiempo indefinido, aunque se haya pactado fecha de finalización en cada uno de ellos, por lo que la pretensión del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales una vez finalizado el contrato, ES PROCEDENTE, debido a que la Juzgadora considera que siendo la causa que dio origen a la contratación es de naturaleza permanente por su reiterada subsistencia lo que origina la permanencia de la relación laboral lo que viene a irrumpir en su derecho laboral adquirido en el trabajador demandante como ser el derecho a la continuidad y como consecuencia de ello el derecho a la estabilidad laboral tal como lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 129 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; En consecuencia la relación de trabajo del demandante, mientras duró fue por tiempo indeterminado a partir de la fecha de la relación laboral y de conformidad con los artículo 47 y 52 del Código de Trabajo que establece el principio de continuidad del Derecho del Trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe de suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado y en el caso del rompimiento de la relación el patrono debió fundamentarse en algunas de las causales contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo, no siendo así, el despido es ilegal y además injusto. CONSIDERANDO (14): ... Falla: (1) Declarar con Lugar la demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores Juan Ramón Ávila Zelaya y Dulce Milagro Carrasco Varela, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal el Señor Procuradora General de la República de aquel entonces Abogado Abraham Alvarenga Urbina; Pues no existe justa causa y se evidencia el error manifiesto por falta de apreciación de la prueba singularizada pues como esta Honorable Corte Suprema de Justicia puede apreciarlo el ESTADO DE HONDURAS, a través del Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS), ahora Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), tiene facultades para cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la organización, dirección administración y funcionamiento de la Institución. Al no ser atendido por el Tribunal sentenciador el Articulo 273 numeral 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, en relación con las demás disposiciones legales citadas y no aplicarla al caso concreto, desconoció en su fallo que los documentos públicos que se acompañaron a la contestación de la demanda prueban el hecho y el derecho que de ellos nace y negó el valor que la ley otorga a esta prueba, por ende, esta omisión da lugar a la admisión del Recurso de Casación fundado en la causa de: "Violación de ley sustantiva por vía indirecta que se produce a través del error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación de la prueba documental antes singularizada.- Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral Contencioso, en la forma expuesta consideramos haber demostrado a ese Honorable Tribunal el error de hecho en que incurrió el Juzgado de Primera Instancia en su sentencia definitiva de fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciocho (2018), así como el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), por falta de apreciación de la prueba documental pública que se presentó, en la que se sustentó la excepción de pago oportunamente”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; d) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; e) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, f) Formula extensos alegatos de instancia. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, violatoria de Ley sustantiva de orden Nacional por infracción directa de los artículos 46 inciso b) 738 y 739 del Código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el párrafo 1ero y 2do del Artículo 765 del Código de Trabajo vigente. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La violación de ley sustantiva de orden nacional por violación directa se produce como consecuencia de la falta de aplicación a los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo vigente. La doctrina según el tratadista Arámbula Duran señala que: "La infracción directa de la Ley ocurre siempre sin consideración a la aprobación probatoria verificada por el Tribunal" Que el tribunal sentenciador al momento de emitir su fallo en el considerando número catorce (14) de la sentencia recurrida señala que con las pruebas aportadas al proceso se concluye que los señores Juan Ramón Ávila Zelaya y Dulce Milagro Carrasco Varela, desde que iniciaron su relación laboral con la Institución Demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido, por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demanda; no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que se proceda declarar CON LUGAR la demanda de mérito asistiéndole el derecho de pago de sus Prestaciones e Indemnizaciones Laborales así como Los pagos de salarios dejados de percibir.", el error de hecho se da cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio y por falta de apreciación de la prueba en su conjunto arriba a conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en el proceso. Obra a folios 48 al 60 frente y vuelto del expediente de la primera pieza la prueba documental consistente en 1) Contrato de servicios profesionales con el que se acreditó que los contratos tienen fecha de inicio y fecha de finalización, por esa razón son considerados como contratos por tiempo determinado, ya que como se ha expresado anteriormente nunca ha existió despido, simplemente se le notificó a los demandantes la terminación de su contrato conforme a la Cláusula Octava: Causas De Terminación De Contrato, el cual venció el día 31 de enero del año 2015, por ende no es aplicable dicha norma legal al caso concreto, hecho concreto que se puede probar con los medios de prueba propuestos en tiempo y forma mismos que fueron evacuados en audiencia segunda de tramite con la comparecencia de los abogados Juan Ángel Benavidez Paz como representante procesal de la parte demandante, abogada Elvia Hilda Guzmán como representante procesal de la parte demandada en los despachos de Justicia de la Juez 3 del Juzgado de Letras del trabajo de Francisco Morazán....". V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, d) Formula alegatos de instancia. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL155-2019. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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