Sentencia CL-153-19 — Registro 11655
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido, en caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación laboral fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, b) Formula alegatos propios de instancia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de octubre del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 03 de septiembre del 2019, por el Abogado DANIEL FLORES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del señor DESIDERIO MAURO RUIZ PALMA, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor MARIANO RIVALDO AGUILAR, representado en juicio, por el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido, en caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 28 de agosto del 2017, por el señor DESIDERIO MAURO RUIZ PALMA, mayor de edad, casado, Jornalero, con domicilio en el Municipio de Esparta, Departamento de Atlántida, contra el señor MARIANO RIVALDO AGUILAR, representado en juicio por el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLARANCA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de febrero del 2019, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 14 de diciembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice “FALLA: 1) DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO, CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTO.- SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DANOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor DESIDERIO MAURO RUIZ PALMA.- 2) CONDENA al señor MARIANO RIVALDO AGUILAR, al pago de los siguientes derechos adquiridos: doscientos ochenta y seis (286) días de vacaciones proporcionales la cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECISEITE CENTAVOS (L. 2,176.17); ciento noventa y ocho (198) días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 3,228.39); dieciocho (18) días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de DOSCIENTOS NOVENYA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 293.49); reajuste salarial la cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 29,450.49); diez (10) días de vacaciones pendientes la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENT A Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 2,282.70); Aguinaldo adeudado la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SENETA Y NUEVE LMEPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 5,869.79); y, décimo cuarto mes pendiente la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SENETA Y NUEVE LMEPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 5,869.79) haciendo un total de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L. 49,170.82) Y SIN PAGO DE SALARIOS dejados de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta la firmeza de la presente sentencia en concepto de daños y perjuicios.- Y MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno se remita la presente causa ante la Honorable Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en consulta por ser adversa la misma a las pretensiones del trabajador.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que su relación de trabajo comenzó el 03 de octubre del 2015, desempeñándose como Jornalero en una finca de palma africana propiedad del demandado, con un horario de trabajo de lunes a sábado, desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., y que al momento de la terminación de su relación laboral devengaba mensualmente la cantidad de (L. 4,500.00), aduciendo que nunca se le pagaron días feriados, horas extras, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario. Asimismo arguye que el 18 de julio del 2017, el demandando lo despidió de forma verbal, manifestándole que tenía otro personal con el que trabajaría y ya no lo necesitaba, razón por la cual el demandante hizo su reclamo administrativo ante la Inspectoría del Trabajo, quien mandó a citar al demandado, mismo que compareció a la audiencia de conciliación pero solamente le ofreció la cantidad de (L.5,000.00), motivo por el cual acudió a la vía judicial a fin de que se le reconozcan sus derechos e indemnizaciones laborales. 2. La parte demandada, señor MARIANO RIVALDO AGUILAR, contestó dicha demanda aceptando parcialmente el hecho primero de la demanda, en cuanto a que efectivamente el demandante trabajó durante un tiempo en su finca de palma africana, pero que era un empleado temporal contratado de manera casual, y que el 18 de julio del 2017, le manifestó verbalmente que ya tenía otras personas que trabajarían con él. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 14 de diciembre del 2018, dictó sentencia declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor Desiderio Mauro Ruiz Palma contra el señor Mariano Rivaldo Aguilar, CONDENÓ al demandado a pagar a favor del demandante la cantidad de (L.49,170.82), en concepto de los derechos adquiridos siguientes: vacaciones proporcionales (L.2,176.17), aguinaldo proporcional (L.3,288.39), decimocuarto mes proporcional (L.293.49), reajuste salarial (L.29,450.49), vacaciones (L.2,282.70), aguinaldo (L.5,869.79) y decimocuarto mes (L.5,869.79), sin pago de salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta la firmeza de sentencia, SIN COSTAS. Bajo el criterio que según el artículo 117 del Código del Trabajo, la parte que termina unilateralmente un contrato debe dar obligatoriamente un preaviso, en este caso, el demandante pidió que se le probara la justa causa de su despido, pero de la prueba denominada interrogatorio de parte y desde la contestación, el demandado en ningún momento admitió haber sido él quien lo despidió, por lo que la carga de la prueba se invirtió al demandante, además de la prueba documental aportada consistente en el acta levantada por la Inspectoría del Trabajo se constató que el demandante admitió que el día 18 de julio del 2017, puso su renuncia, por lo que no es procedente alegar un despido, ni la reclamación de las indemnizaciones laborales, por lo tanto declaró parcialmente con lugar la demanda, al haber quedado establecida que la relación laboral era carácter agrícola, y a la que únicamente le son aplicables las disposiciones generales relativas a los salarios, en consecuencia, no procede el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales ni a título de daños y perjuicios los salarios que habría dejado de percibir. 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 19 de febrero del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo. Bajo el criterio que según el acta levantada por la Inspectoría del Trabajo el demandante aceptó haber renunciado a su trabajo, sin embargo ese hecho nunca formó parte de la controversia, ni sirvió de fundamento a los hechos alegados por el demandante, deduciendo que el propósito de haber presentado dicho documento fue para acreditar el agotamiento de la vía administrativa, además se tuvo por hecho probado que el demandado se dedicaba a labores agrícolas de palma africana, en lo cual está de acuerdo con el A-quo, puesto que ambas partes reconocieron que la relación laboral se desarrolló en una finca de palma africana de la cual el demandado era el dueño, por lo que dice ser lógico concluir que el trabajo realizado era de carácter agrícola, por lo antes expuesto confirmó la sentencia anteriormente dictada. 5. Mediante auto de fecha 20 de junio del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL FLORES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del señor DESIDERO MAURO RUIZ PALMA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha en fecha 03 de septiembre del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado DANIEL FLORES VELASQUEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y una nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 05 de septiembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 04 de noviembre del 2019, se tuvo por precluido el término concedido al Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA, a fin de contestar el recurso de casación interpuesto. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado DANIEL FLORES VELASQUE en su primer y único motivo de casación aduce: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por infracción directa de la disposición contenida en el artículo 117 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 113 párrafo primero, del mismo Código del Trabajo, interpretado por el decreto legislativo N°89, de fecha 4 de diciembre de 1969. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el numeral 1, párrafo primero del artículo 765 del Código de Trabajo. DOCTRINA: Esta Corte tiene establecido que, para que se produzca la violación de la Ley sustantiva es necesario que sea clara la ley, de modo que su interpretación no ofrezca dudas; que el fallador le haya dado o reconocido su sentido exacto, y que a pesar de ello, la sentencia está en contradicción con la Ley por uno de los siguientes motivos: 1) Porque el juzgador negó su aplicación debiendo haberla aplicado;2) Porque aplicó la norma pertinente, pero en forma incompleta, o porque negó un derecho que claramente está consagrado en ella; y 3) Porque aplicó correctamente la ley considerada en sí mismo, pero a un hecho inexistente en los autos y no demostrado en juicio. Asimismo esta Honorable Corte Suprema de Justicia tiene establecido Jurisprudencialmente que la infracción directa se produce cuando un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o al contrario se aplica a un hecho inexistente que debe constar en la sentencia, reconocido por el Juzgador de instancia y aceptado por las partes; eso quiere decir un hecho que no se discute porque dicha infracción se da con independencia del haz probatorio EXPLICACION DEL MOTIVO. 1.-) Haciendo un prejuzgamiento, se ha de entender que la violación directa de la ley ocurre cuando a un hecho que no se discute o debidamente probado se deja de aplicar la norma que lo regula en un caso concreto.- Haciendo un análisis de las alegaciones de las partes plasmadas tanto en la demanda como en la contestación se observa que no fueron objeto de debate en virtud de que no hubo desacuerdo entre las partes, el hecho de que el señor DESIDERIO MAURO RUIZ PALMA, inició su relación de trabajo con el señor MARIANO RIVALDO AGUILAR, el día tres de octubre de año dos mil quince, desempeñándose como jornalero en una finca de palma africana de la cual el demandado es el propietario, con un horario de trabajo de lunes a sábado entrando a las 6:00 a.m. y saliendo a las 12:00 p.m. y que el día dieciocho de Julio del año dos mil diecisiete, el señor MARIANO RIVALDO AGUILAR, le manifestó de manera verbal al señor DESIDERIO MAURO RUIZ PALMA, que ya tenía otra gente para trabajar y que ya no lo necesitaba. El Tribunal Ad-Quem, reconoce en su fallo que el señor DESIDERIO MAURO RUIZ PALMA, inicio su relación de trabajo con el señor MARIANO RIVALDO AGUILAR, el día tres de octubre de año dos mil quince, desempernándose como jornalero en una finca de palma africana de la cual el demandado es el propietario y que el trabajador fue despedido verbalmente y que como manifesté este no fue un hecho controvertido por ser una situación aceptada por ambas partes, por lo que se reúne el requisito del planteamiento del presente motivo porque la infracción planteada se da con independencia del haz probatorio. La sentencia proferida por la honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento De Atlántida, de fecha diecinueve de Febrero del dos mil diecinueve, hace suya la emitida por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tela, Atlántida, y al confirmarla incurrió en infracción directa por falta de aplicación del artículo 117 del Código del Trabajo que establece: "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos" (fin de la cita). Como principio dicha norma establece con claridad la obligación de notificar por escrito y de forma personal la determinación de terminar unilateralmente el contrato o relación de trabajo, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación; dicha regla puede variar si se trata de un contrato verbal, donde se permite expresarlo de palabra ante dos testigos, requisitos que no se cumplieron el del despido del trabajador demandante y al negarse el tribunal Ad-quem a la aplicación de dicha norma, le llevó a negar los derechos laborales reclamados por mi representado señalados en el artículo 113 párrafo primero, interpretado, del Código de Trabajo, cuando era obligatoria su aplicación en el caso que nos ocupa, en consecuencia la rebeldía ante la ley del Tribunal Ad-quem también se materializa al negarle a mi poderdante la remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación laboral fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, b) Formula alegatos propios de instancia. IV. Que el impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “NULIDAD ABSOLUTA SUBSIDIARIA El artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, preceptúa: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." El articulo 82 párrafo primero de la Constitución de la República establece que: "El derecho a la defensa es inviolable" El artículo 90 de la Carta Magna establece que: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". El articulo 200.1 literal d) del Código Procesal Civil, establece en cuanto al contenido formal de la sentencia que el fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. (Fin de la cita, lo resaltado y subrayado es nuestro). Dice el artículo 703 del Código del Trabajo: "La demanda se presentara por escrito y deberá contener: la designación del Juez a quien se dirige; el nombre de las parte y el de sus representantes, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas; su vecindad o residencia y dirección si es conocida, o la afirmación de que se ignoras la del demandado, ratificada bajo juramento; lo que se demanda, expresando con claridad y precisión los hechos y omisiones; una relación de los medios de prueba que el actor pretenda hacer valer para establecer la verdad de sus afirmaciones; la cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia y las razones y fundamentos de derecho en que se apoya. Cuando el trabajador pueda litigar en causa propia no será necesario este último requisito". (Fin de la cita, lo resaltado y subrayado es nuestro). El artículo 709 del Código de Trabajo establece: "El demandado, al contestar la demanda, expresará cuales hechos admite como ciertos y cuales rechaza o niega e indicará los hechos y razones en que apoye su defensa, agregando una relación de los medios de prueba que pretenda hacer valer". (Fin de la cita, lo resaltado y subrayado es nuestro). Partiendo de lo anterior podemos decir que todo proceso laboral comenzará por medio de demanda escrita en la que el demandante interpondrá la pretensión, en consecuencia la demanda no es más que una petición que se dirige al Juez para hacer valer un derecho frente a un tercero que lo ignora o perturba y que tiene por objeto explicar cuál es la controversia y que pronunciamiento se pretende del órgano judicial a fin de resolverlo.-La contestación a la demanda es un acto de alegaciones menos problemático que la demanda, puesto que parte de esa, es decir el demandado no formula pretensiones al contestar la demanda, sino defensa o excepciones en virtud de las cuales niega el derecho del actor o las obligación por su parte de realizar un determinado comportamiento fundado en ese derecho, bien por no existir los hechos en que el actor funda su pretensión, bien por existir otros hechos que desvirtúan su derecho o que, aun no negándolo, eximen legalmente al demandado del comportamiento que se le pide. Por tanto la contestación a la demanda normalmente no amplia el objeto del proceso, pero si lo delimita en cuanto a que la controversia queda reducida a aquello en que discrepen las partes. El artículo 10.1 del Código Procesal Civil establece: "Salvo en los procesos no dispositivos con las particularidades que esta ley prevé, la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. Lo mismo es aplicable en caso de reconvención. (Fin de la cita, lo resaltado es nuestro). Haciendo un análisis de las alegaciones de las partes plasmadas tanto en la demanda como en la contestación se puede determinar que los hechos en donde hubo desacuerdo y el derecho disputado son básicamente los siguientes: Las partes están en desacuerdo con relación a si el señor MARIANO RIVALDO AGUILAR, durante la relación laboral le pago al trabajador el salario mínimo completo, los días feriados, horas extras, vacaciones, décimo tercer mes de salario y décimo cuarto mes de salario. Una vez realizado el estudio de la sentencia dictada en la primera instancia y que la Honorable Corte Primera de Apelaciones al confirmarla la hizo suya, se puede observar en el fallo que se profirió NO se respetó el contenido formal de la sentencia que se preceptúa en el artículo 200 del Código Procesal Civil; y en particular en el caso de autos, lo preceptuado en el numeral 2) literales b) y c) del referido artículo, que establece lo siguiente: Literal b); "En los antecedentes de hecho se consignaran, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. Literal c): "En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso". (Fin de la cita, el resaltado es nuestro). De igual manera es un requisito indispensable en las resoluciones judiciales, observar los requisitos internos que se consignan en nuestra normativa procesal civil en el artículo 208.1 del Código Procesal Civil que dice: "Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito". (Fin de la cita, el resaltado es nuestro). En el análisis del fallo emitido por el Juez de Primera instancia y que la Honorable Corte Primera de Apelaciones del la ciudad de La Ceiba, hace suyos al confirmar el fallo, encontramos que se establece que "el señor MARIANO RIVALDO AGUILAR, se dedica a labores agrícolas de palma africana empleando menos de diez trabajadores", esta afirmación le violenta a mi cliente el derecho de defensa garantizado en la Constitución de la Republica en el artículo 82, ya que ese argumento no fue alegado por la parte demandada en la contestación de la demanda, en consecuencia se produce la indefensión de mi cliente, ya que si la parte demandada hubiese alegado en la contestación de la demanda que el patrono tenía menos de diez trabajadores, hubiésemos tenido la oportunidad de ofertar prueba que acreditara que tiene más de diez trabajadores. Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de este, concretamente lo señala el Artículo 90 de la Carta Magna "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". Normas constitucionales bajo las cuales entendemos se deja sentado constitucionalmente el derecho a la tutela judicial efectiva; tal tutela encuentra entre otras manifestaciones, el que la respuesta de los órganos judiciales a través de los fallos que profieran, estén enmarcados dentro del derecho, como garantía de la exclusión de la arbitrariedad, ello porque quien acude a los tribunales, solicitando tutela de su pretensión, no pide una resolución sin más, sino fundada en derecho, la sentencia no puede ser entonces un acto de pura liberalidad judicial, sino que debe responder a la garantía esencial que le asiste a las partes de que la solución dada al caso es consecuencia de una exegesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad, cuando la sentencia proferida establece como hechos controvertidos aquellos planteamientos que las partes han aceptado llanamente y además valora hechos que no fueron objeto de actividad probatoria por haber sido hechos aceptados por las partes, no puede sostenerse que se ha dictado una resolución fundada en derecho, cuando se ha reiterado la vulneración constitucional antes apuntada, ocasionando indefensión. Por otra parte la Seguridad Jurídica se basa en la certeza del respeto al derecho tanto en su publicidad como en su aplicación, es una condición esencial del Estado de Derecho, que deriva de una serie de derechos reconocidos constitucionalmente, en el que descansa el Sistema de Administración de Justicia, en consecuencia inherente al debido proceso; por lo que la vulneración al mismo, percibida en la sentencia apelada, debe ser emendada de conformidad al Derecho de la Constitución. Por todo ello, concurren vicios relevantes de nulidad que afectan la sentencia del Ad Quem, y que la Honorable Corte Suprema de Justicia puede si así lo estima, declarar de oficio, por constar de autos y violentar normas procesales que son de orden público y de ineludible cumplimiento." En virtud de todo lo anterior muy respetuosamente solicito de manera subsidiaria se decrete la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ciudad de La Ceiba, en diecinueve de febrero del dos mil diecinueve.” V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. Y sin lugar la nulidad solicitada en forma subsidiaria POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de enero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL153-19” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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