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Sentencia CL-138-19 — Registro 11438

Resumen

demanda ordinaria laboral para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido o por omisión sea condenado al reintegro al puesto de trabajo, y a título de daños al pago de los salarios caídos, reajuste de salario de los últimos 2 años, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de que la infracción directa o falta de aplicación tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el subjudice el debate se genera en relación a la legalidad o no de la terminación de la relación laboral que vinculó a la demandada con el trabajador demandante, lo que tiene relación directa con el material probatorio allegado al proceso, en consecuencia, no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no puede prosperar y ser admisible, ya que la Impetrante olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que en al igual que el anterior motivo, se olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 4 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, la prestación subordinada de servicios y por ende, las relaciones laborales entre los patronos o empleadores, sean de derecho privado o público, con los médicos empleados, se deben regir por dicha normativa especial, cuyas disposiciones son de cumplimiento obligatorio o sea de orden público.- Dicho ordenamiento en su artículo 3, solo excluye de sus regulaciones, las actividades médicas realizadas en el libre ejercicio de la profesión, por mandato judicial o por causa de una emergencia nacional declarada oficialmente"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Estatuto del Médico Empleado, art. 9, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Estatuto del Médico Empleado, art. 32 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Estatuto del Médico Empleado, art. 33 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Estatuto del Médico Empleado, art. 34 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso; en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio; analizado el caso que nos ocupa, la Impetrante no logra demostrar el error de hecho alegado y tampoco se evidencia ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio, ya que no aparece acreditado que la relación laboral haya terminado por acuerdo o mutuo consentimiento de las partes, ya que los “finiquitos laborales” por si solos no determinan ese extremo, máxime, que como bien lo sostienen los dos tribunales de instancia, no aparecen refrendados o autorizados ante la autoridad laboral competente, en los términos que dispone el artículo 379 del Código del Trabajo; más aún, cuando el pago que esos documentos determina, no obedeció a una terminación real del contrato de trabajo (eran pagos de ciertos periodos laborados, volviendo a ser contratado para la misma actividad) sino que un medio de abonar el pasivo laboral. Por lo anterior, el cargo que antecede resulta inadmisible."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de marzo de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 25 de julio del 2019, por la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA ERAZO, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la FUNDACION MANOS AMIGAS DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor ALEX MAURICIO GARCIA RIVERA, representada en juicio por el Abogado MILTON EDGARDO LOPEZ PERDOMO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido o por omisión sea condenado al reintegro al puesto de trabajo, y a título de daños al pago de los salarios caídos, reajuste de salario de los últimos 2 años, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Nueva Arcadia, La Entrada, Departamento de Copán, en fecha 15 de junio del 2018, por el señor ALEX MAURICIO GARCIA RIVERA, quien es mayor de edad, soltero, hondureño, Médico General y con domicilio en el Municipio La Jigua, Copán, contra la FUNDACION MANOS AMIGAS DE HONDURAS, por medio del Presidente de la Junta Directiva, el señor MARCOS CARTAGENA ORTIS, mayor de edad, casado, Hondureño y con domicilio en La Entrada, Copán. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de febrero del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Copán, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 14 de noviembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nueva Arcadia, La Entrada, Departamento de Copán, de la siguiente manera: “PRIMERO: DECLARA HABER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición antes indicada; SEGUNDO: REFORMAR el fallo impugnado, en el sentido de que debe exonerarse en Costas a la parte demandada por las razones supradichas. En los demás pronunciamientos se mantiene incólume la Sentencia impugnada confirmándose al respecto por parte de esta Corte de Apelaciones; TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó a laborar para la Fundación Manos Amigas el día 18 de mayo del año 2011, mediante un contrato verbal justamente cuando la fundación manos amigas empezó a prestar servicios médicos en esa comunidad, siendo el único medico durante mucho tiempo en dicha institución y atendiendo problemas de salud de los pacientes que llegan a la fundación manos amigas en un horario de 7 :00AM a 1:00PM de lunes a viernes, durante la relación laboral establece que observo muy buena conducta, honradez y responsabilidad en sus obligaciones laborales, estableciendo además que no era remunerado de conformidad al salario mínimo establecido en la ley del estatuto Médico, pues devengaba un salario de L.33,000.00 mensuales y según la tabla del salario mínimo del colegio médico el salario que debía devengar como médico general era de L.37,266.49, y que para el año 2018 el salario debería ser de L.40,147.19, que después de haber estado laborando por mucho tiempo con el contrato verbal, en fecha 07 de enero del año 2013 el patrono le hizo firmar a todo el personal un contrato escrito por tiempo indefinido en el cual se les reconocía la antigüedad, sin embargo, en fecha 15 de marzo del 2017 el patrono nuevamente en abuso de sus derechos les hizo firmar otro contrato pero esta vez con tiempo determinado, lo cual según el demandante es improcedente ya que las labores que ha venido desempañando han sido, son y siguen siendo de carácter permanente, siendo el caso que en fecha 15 de marzo del 2018 le sorprendieron cuando la directora de la demandada (Delmy Sánchez Contreras) lo despidió verbalmente de su puesto de trabajo al manifestarle que ya no seguiría laborando para la demandada y sin darle ninguna explicación del injusto despido, razón por la cual se presentó en fecha 02 de abril del año 2018 a las instalaciones de la demanda en compañía de un inspector del trabajo para que fuera constatado dicho despido y así de esa manera quedara constatado en el acta levantada a tal efecto, manifestando asimismo el actor que ante el injusto e ilegal despido del que objeto, recurrió ante la secretaria Regional del Trabajo de Santa Rosa de Copan. 2.- La parte demandada, la FUNDACION MANOS AMIGAS DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos alegados por el demandante, quien laboró para la Fundación Manos Amigas desde el 07 de enero del año 2013 al 01 de marzo del 2017, y mediante contrato que fue firmado por el mismo y en el cual aceptó las condiciones del mencionado contrato, así como que ello está apegado a lo que establece el código del trabajo, igualmente que en fecha 1 de marzo del 2017 según finiquito se le cancelo la totalidad de los derechos que le correspondían se gin la negociación que se hizo con el demandante por un valor de L.267,426.28, cantidad que según la demandada cubre el preaviso, auxilio de cesantía, decimotercer y decimocuarto mes proporcional vacaciones proporcionales, mediante cheque de pago número 68567472 del Banco de occidente a favor del demandante ALEX MAURICIO GARCIA RIVERA, mismo que contiene la descripción del pago hecho el cual corresponde al pago de prestaciones y derechos adquiridos del 07 de enero del 2013 al 28 de febrero del 2017, por finalizaci6n del mutuo acuerdo del contrato de trabajo y que posteriormente el 16 de marzo del 2017 el demandante acepto comenzar una nueva relación de trabajo firmando un contrato de un año, mismo que terminó en fecha 15 de marzo del año 2018 y que contiene clausulas apegadas al código del trabajo, y que de igual forma el demandante aceptó recibir su liquidación por la terminaci6n del contrato por el cual recibió la cantidad de L.77,093.25, los conceptos de prestaciones laborales por terminación de su contrato de trabajo del 16 de marzo del 2018. Igualmente, expresa que en ningún momento se despidió al demandante, únicamente se dio por terminado su contrato un año de trabajo, razón por la cual rechazan todas las pretensiones de la parte demandante pues si consideraba el actor que el contrato de tiempo determinado firmado era nulo debió haber solicitado esta nulidad cuando estaba vigente y no después que el contrato termino. - 3.- El Juzgado de Letras Seccional Judicial de Nueva Arcadia, la Entrada, Departamento de Copán, en fecha 14 de noviembre del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda, en consecuencia CONDENÓ a la demandada a los siguientes conceptos: REINTEGRAR al demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñándose en igual o mejores condiciones a las que tenía al momento de producirse el despido; a pagarle al actor la cantidad de L.261,297.16 por los conceptos de: Reajuste de Salario mínimo de los últimos dos años, vacaciones pendientes de los últimos dos años equivalentes a 30 días, más un bono de vacaciones de 60 días de los dos últimos años, más los beneficios causados durante la secuela del juicio y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el actor desde que ocurrió la terminación de la relación laboral hasta que se cumpla con la reinstalación en su cargo, con costas; bajo el criterio que las labores como médico general que desempeñaba el actor son de carácter permanente dentro de la demandada, mismas que ha venido desempeñándose por más de 6 años, así como que la terminación de forma verbal de la relación laboral de que fue objeto es injustificada e ilegal; que si bien es cierto el actor durante la relación laboral recibió cantidades de dinero y firmó finiquitos en favor de la patronal, no es menos cierto que estas cantidades no fueron pagadas ante la autoridad del trabajo competente, tal como lo ordena el artículo 379 del Código del Trabajo, quedando estas cantidades en favor del actor y abonadas a las cesantías y derechos adquiridos del demandante al tenor del Decreto 150-2008, por todo lo anteriormente expuesto procede declarar con lugar la demanda con respecto al reintegro al trabajo del demandante y al pago del reajuste de salarial de los dos últimos años. 4.- La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 22 de febrero del 2019, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en el sentido de absolver de las costas del juicio de primera instancia, confirmando la sentencia de primera instancia en sus demás criterios, sin costas; bajo el criterio que se acreditó el salario mínimo que deben devengar los médicos durante los años 2016 y 2017, el salario recibido por el demandante era inferior a este, por lo que se procedió a su reajuste, así como se probó que durante los 2 últimos años el demandante no gozó ni se le pagaron 30 días hábiles de vacaciones a las que tiene derecho, asimismo que el puesto para el que fue contratado el demandante era permanente dentro de la demandada, por lo tanto procede el reintegro; en el caso de condenar en costas, las mismas en materia laboral están exoneradas por el carácter social de la misma y por otro extremo de carácter de organización social que tiene la demandada. 5.- Mediante auto de fecha 2 de mayo del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la FUNDACION MANOS AMIGAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.-En fecha 25 de julio del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA ERAZO, en su condición de representante procesal de la FUNDACION MANOS AMIGAS, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 29 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de agosto del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MILTON EDGARDO LOPEZ PERDOMO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA ERAZO, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 111 en su preámbulo y numeral 2 del Código del Trabajo vigente en relación con el artículo 111 párrafo primero del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICION SUSTANTIVA INFRINGIDA: La disposición sustantiva infringida la constituye el articulo 111 en su preámbulo y numeral 2 del Código del Trabajo vigente en relación con el artículo 111 párrafo primero del mismo cuerpo legal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente forma: La infracción directa se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula. En palabras del jurista Luis Lagos Pantoja, la infracción directa "se presenta porque se debe de aplicar la ley siendo el caso de hacerlo"'. La clase de este género de violación es constituid por la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra las normas legales. En tal sentido, la sentencia censurada en su parte dispositiva, pronunciamiento segundo, in fine, dispone: "En los demás pronunciamientos se mantiene incolume la Sentencia impugnada confirmándose al respecto por parte de esta Corte de Apelaciones", lo que viabiliza el reproche sobre la sentencia de primera instancia, en tanto en cuanto, al confirmarla, hace suya la motivación fáctica y jurídica de misma, salvo en lo que concierne a la reforma. En este orden de ideas, la sentencia proferida por el Juzgado, en fecha 14 de noviembre de 2018, en el apartado de hecho probados, numeral tres, señala: "Que el actor durante la relación labor al además firmó documentos denominados finiquitos en favor de la patronal [. . .] ". De este modo, es un hecho probado que el ALEX MAURICIO GARCIA firmo y aceptó el pago de sus prestaciones laborales a través de los documentos denominados finiquitos de fechas 1 de marzo de 2017 y 15 de marzo d el2018, constituyéndose de esta manera una terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento tal como lo consigna el articulo 111 en su preámbulo y numeral 2 del Código del Trabajo al señalar que "Son causas de terminación de las contratos de trabajo: 1) ... 2) El mutuo consentimiento de las partes. 3) ..."Se colige, par tanto, que la Corte de Apelaciones al proferir su fallo ha dejado de aplicar esta norma sustantiva, por cuanto se acreditó fehacientemente y no fue objeto de controversia, que el demandante firmó las referidas documentos de finiquito y aceptó el pago de sus prestaciones y derechos adquiridos, con lo cual se verifica la existencia del consentimiento que requiere la norma infringida para su aplicación. Esta infracción trasciende de tal manera que su inobservancia trae consigo la imposición de responsabilidad a la parte patronal al pago de derechos e indemnizaciones indebidas, inobservando, par tanto, lo dispuesto en el artículo 111 párrafo primero del Código del Trabajo cual dispone que "En los casos previstos en las siete (7) primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarreara responsabilidades para ninguna de las partes". Una recta aplicación de las disposiciones citadas, conduce a la desestimación integra de la acción promovida, siendo de derecho impetrar ante este alto tribunal de justicia, la estimación del presente motivo, casando parcialmente la sentencia impugnada, en el sentido de declarar NO HA LUGAR la demanda incoada, confirmando lo relativo a las costas.” III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de que la infracción directa o falta de aplicación tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el subjudice el debate se genera en relación a la legalidad o no de la terminación de la relación laboral que vinculó a la demandada con el trabajador demandante, lo que tiene relación directa con el material probatorio allegado al proceso, en consecuencia, no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado. IV.- Que la Recurrente expone un segundo motivo de casación en la forma siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del articulo 2 en su preámbulo y numeral 1 del Decreto Legislativo 150-2008, siendo el caso que la disposición a aplicar es el articulo 111 en su preámbulo, numeral 2 y párrafo primero del Código del Trabajo vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICION SUSTANTIVA INFRINGIDA: La disposición sustantiva infringida la constituye el articulo 2 en su preámbulo y numeral 1 del Decreto Legislativo 150-2008. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Desarrollo el concepto de la infracci6n de la siguiente manera: La aplicación indebida se presenta cuando se aplica a un hecho, una norma que no lo regula. Como hemos mantenido en el motivo que antecede, en el caso que nos ocupa, es un hecho acreditado y no controvertido que el demandante señor ALEX MAURICIO GARCIA firmó y aceptó el pago de sus derechos adquiridos y prestaciones a través de documentos denominados finiquitos suscritos en fechas 1 de marzo de 2017 y 15 de marzo de 2018, par media de las cuales se finalizó la relación laboral par mutuo consentimiento, ello, según se colige con nitidez de la parte dispositiva, pronunciamiento segundo, in fine, de la resolución fustigada, que a su vez habilita la censura a la sentencia proferida por el Juzgado, en fecha 14 de noviembre de 2018. De este modo, la Corte de Apelaciones al confirmar el fallo proferido por el iudex A-quo hace suya el razonamiento externado por este en el fundamento de derecho tercero numeral 2, por el cual señala que los pagos realizados por la demandada se quedan a favor del actor y abonadas a las cesantías y derechos adquiridos el demandante al tenor del decreto 150-2008. Se aprecia que la Corte de Apelaciones ha aplicado indebidamente el articulo 2 en su preámbulo y numeral 1 del referido decreto 150-2008 toda vez que el mismo prevé la existencia de un pacto por medio del cual se estipule el pago anual de importe equivalente al auxilio de cesantía, extremo que no consta en el presente proceso, ya que lo que si se acreditó y no fue controvertido, es la existencia de un documento por medio del cual se puso fin a la relación laboral por mutuo consentimiento, verificable toda vez que fue firma por el demandante y a su vez la demandada le hizo entrega del dinero cuya cantidad fue acordada. En consecuencia, la Corte de Apelaciones tuvo que aplicar el artículo 111 en su preámbulo y numeral 2 del Código de Trabajo vigente en relación con el primer párrafo de la misma disposición, por medio del cual se prevé la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento y la cual no acarrea responsabilidad para ninguna de las partes.” V.- Que el cargo que antecede no puede prosperar y ser admisible, ya que la Impetrante olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. VI.- Que en el tercer motivo se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del artículo 10 del Decreto 220-2003 contentivo de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, siendo el caso que la disposición que debió aplicar es el artículo 32 de la Ley del Estatuto del Medico Empleado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICION SUSTANTIVA INFRINGIDA: La disposición sustantiva infringida la constituye el artículo 10 del Decreto 220-2003 contentivo de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente manera: Como ha sido referido anteriormente, la aplicación indebida se presenta cuando se aplica a un hecho, una norma que no lo regula. En el presente caso, la Corte de Apelaciones al confirmar la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2018 aplica indebidamente el artículo 10 del Decreto 2202003 contentivo de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, disposición que contempla el ajuste del salario mínimo de los médicos empleados, pero cuyo contenido es solamente aplicable a los médicos empleados del gobierno central e instituciones desconcentradas, tal coma lo estipula el artículo 1 de dicha ley. No obstante, la Corte de Apelaciones confirma el fallo condenando al pago de un reajuste de salario por la cantidad de L 126,663.46 en aplicación del cálculo efectuado por el Colegio Médico de Honduras tomando coma base el artículo 10 del Decreto 220-2003 contentivo de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central. En tal sentido, se verifica una infracción a dicha disposición por aplicación indebida, ya que la fundación MANOS AMIGAS DE HONDURAS no forma parte del gobierno central ni de ninguna institución desconcentrada, por lo que debió aplicarse el artículo 32 de la Ley del Estatuto del Medico Empleado cual señala que "El salario o sueldo que devengara el medico empleado podrá ser estipulado mediante contratos individuales, contratos colectivos o asignados presupuestariamente, pero en ningún caso serán inferiores al mínimo prescrito por la presente Ley". Es así, que dicha ley regula el salario mínimo en los artículos subsiguientes, cuyos montos han sido respetados por la demandada y, por lo tanto, no deviene procedente la condena al pago de un reajuste de salario mínimo que no tiene basamento legal aplicable al caso de marras. Por tanto, la infracción aquí denunciada evidencia la necesidad de sustituir la aplicación del artículo 10 del Decreto 220-2003 contentivo de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central por el artículo 32 de la Ley del Estatuto del Medico Empleado.” VII.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que en al igual que el anterior motivo, se olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 4 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, la prestación subordinada de servicios y por ende, las relaciones laborales entre los patronos o empleadores, sean de derecho privado o público, con los médicos empleados, se deben regir por dicha normativa especial, cuyas disposiciones son de cumplimiento obligatorio o sea de orden público.- Dicho ordenamiento en su artículo 3, solo excluye de sus regulaciones, las actividades médicas realizadas en el libre ejercicio de la profesión, por mandato judicial o por causa de una emergencia nacional declarada oficialmente. VIII.- Que este Tribunal sobre el tema de los médicos empleados ha sostenido el siguiente criterio jurisprudencial: “La referida Ley del Estatuto del Médico Empleado, establece en el artículo 32 que: “El salario o sueldo que devengara el Médico Empleado podrá ser estipulado mediante contratos individuales, contratos colectivos, nombramientos o asignados presupuestariamente, pero en ningún caso serán inferiores al mínimo prescrito por la presente Ley.”; igualmente, en los artículos 33 y 34 reformados de dicha ley, quedó establecido el salario base que conforme a la categoría profesional le corresponde devengar al médico empleado, con referencia al salario mínimo decretado por el Gobierno de la República, aplicable a la actividad económica de servicios prestados a las empresas, equivalente a doce (12) salarios para el médico general y catorce (14) para el médico especialista, el cual debe ser ajustado automática y proporcionalmente, en relación a las modificaciones que se efectúen al salario mínimo, la cual es una obligación del patrono o empleador conforme lo dispone el artículo 9 numeral 1) reformado de dicha Ley. Al entrar en vigencia la Ley de Reordenamiento Retributivo del Gobierno Central, se modificó el esquema salarial, al disponer en el artículo 10 lo siguiente: “Sin menoscabo de las disposiciones señaladas mantener vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, los salarios que actualmente devengan los médicos empleados. a partir del 1 de enero del 2005, el incremento salarial de los médicos empleados será igual a cien por ciento (100%) de la tasa de variación interanual de la inflación esperada para el año que inicia de conformidad a las cifras oficiales proporcionadas por el banco central de honduras. al finalizar el año en cuestión, se comparará la inflación real del año recién pasado con la inflación proyectada para el mismo año y en caso de que la real supere a la esperada, la diferencia entre las dos tasas se le sumara a la esperada para el año siguiente, constituyendo el incremento salarial de este año. A partir de enero del 2006, el incremento del salario base actualmente vigente para los médicos empleados de nuevos ingresos al sistema será igual al cien por ciento (100%) de la tasa de inflación esperada de conformidad al dato oficial proporcionado por el Banco Central de Honduras. Dicho incremento será bianual”, lo cual ha debido observar la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en la forma de remuneración de los demandantes.” (ver sentencia del 5 de diciembre del 2019, expediente CL 117-18). IX.- Que en el cuarto motivo de casación la Censora del Fallo sostiene: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho por la apreciación errónea de la prueba documental propuesta, admitida y evacuada a la parte demandada, consistente en los finiquitos laborales de fechas 1 de marzo de 2017 y 15 de marzo de 2018 ambos suscritos por el demandante señor ALEX MAURICIO GARCIA, en relación a la prueba en su conjunto, particularmente la prueba documental referente a los voucher de pagos de fechas 29 de marzo de 2017 y 15 de marzo de 2018, lo cual hizo incurrir a la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que llevo en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva contenida en el artículo 111 en su preámbulo y numeral 2 del Código del Trabajo vigente en relación al artículo 111 en su párrafo primero del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el artículo 765 numeral 1, párrafo segundo del Código del Trabajo. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: Las disposiciones sustantivas infringidas las constituyen el articulo 111 en su preámbulo y numeral 2 del Código del Trabajo vigente en relación al artículo 111 párrafo primero del mismo cuerpo legal. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVEN DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS: La norma adjetiva que sirvió de medio para la violación de las referidas normas sustantivas, la constituye los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente manera: En el presente caso, la honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, ha arribado a conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio producto de una defectuosa apreciación de las pruebas que tanto la parte actora como la demandada aportaron al proceso. Es decir, el Tribunal de alzada no ha dado por probado un hecho que efectivamente lo está, mismo que se contrae a la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento existente entre demandante y demandada. Como se puede apreciar efectivamente de los documentos denominados finiquitos laborales de fechas 1 de marzo de 201 7 y 15 d marzo de 2018, se consigna claramente que el demandante señor ALEX MAURICIO GARCIA acepta el pago de las cantidades correspondientes y renuncia a cualquier reclamación asada, presente o futura derivada de la relación laboral que existió. En tal sentido, se puede aseverar que el demandante y demandada realizaron de manera consensuada una terminación de la relación laboral, esto de conformidad al artículo 111 en su preámbulo y numeral 2 del Código del Trabajo vigente cual estipula como causal de terminación de relación laboral el consentimiento de las partes y esto en relación al párrafo primero del mismo artículo 111 del Código de Trabajo vigente, cual señala que "En los casos previstos en los siete (7) primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarreara responsabilidades para ninguna de las partes.", por lo que resulta claro que no deviene la imposición de responsabilidad alguna para ninguna de las partes del presente proceso. De lo anterior se colige que hay incidencia decisiva del error de hecho reprochado en el fallo impugnado, ya que al no haber valorado correctamente la prueba documental descrita, se ha violentado indirectamente las normas sustantivas antes transcritas, vaciando de contenido y eficacia a las mismas, perjudican o a la parte demandada al condenar el pago de derechos e indemnizaciones no procedentes. Es por esta razón que este motivo es de recibo, debiendo ser estimado, ya que el error de hecho escrito es manifiesto y trascendente en el fallo.” X.- Que en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso; en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio; analizado el caso que nos ocupa, la Impetrante no logra demostrar el error de hecho alegado y tampoco se evidencia ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio, ya que no aparece acreditado que la relación laboral haya terminado por acuerdo o mutuo consentimiento de las partes, ya que los “finiquitos laborales” por si solos no determinan ese extremo, máxime, que como bien lo sostienen los dos tribunales de instancia, no aparecen refrendados o autorizados ante la autoridad laboral competente, en los términos que dispone el artículo 379 del Código del Trabajo; más aún, cuando el pago que esos documentos determina, no obedeció a una terminación real del contrato de trabajo (eran pagos de ciertos periodos laborados, volviendo a ser contratado para la misma actividad) sino que un medio de abonar el pasivo laboral. Por lo anterior, el cargo que antecede resulta inadmisible. XI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de diciembre del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL138-2019.” Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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