Sentencia CL-132-19 — Registro 10638
Resumen
Segunda instancia reformó declarandó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios en el cargo de empleado de confianza como jefe de contabilidad de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que se ejecute y quede firme la sentencia definitiva por despido injustificado, escrito y directo. Pago de costas personales y procesales, pago de séptimo día, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, sin perjuicio de otro derecho laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al reformar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que las imputaciones son injustificadas, tal como lo afirmó el actor en la audiencia de descargo, y el incumplimiento atribuido a causas ajenas a su voluntad constatando las gestiones que realizó con el fin de cumplir con las instrucciones que le fueron giradas y de ahí es una obligación del empleador facilitar los medios necesario y para la ejecución de las labores, por lo consiguiente el despido del demandante fue sin causa justificada."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) No es cualquier error el que conduce a quebrantar el fallo, sino el manifiesto y evidente. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) Debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba y debe singularizarse. b) Esa apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba aportada en sí misma y no con relación a las normas de derecho; c) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al reformar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante no fue con causa justificada"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En el remoto caso de no prosperar los motivos aquí bien explicados, solicito subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia impugnada, la que baso en los términos siguientes: Conforme al principio del debido proceso que regula el artículo 3 del Código Procesal Civil, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal y formas (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la decisión que se revisa el principio de congruencia, que marca al Juzgador el camino para su decisión y fijan un límite a su poder discrecional. La sentencia del ad-quem resulta incongruente, ya que reforma la sentencia para declarar con lugar la demanda, basándose en hechos y situaciones no debatidas, como lo es si la demandada debió despedir o no a otros empleados, o si eran otros empleados los encargados de entregar esa documentación, la demandada no ha expuesto tales hechos ni fueron debatidos, ni en la audiencia de descargo ni en primera instancia, lo cual violenta el artículo 208 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el artículo 858 del Código del Trabajo, ya que con base al principio y deber de congruencia procesal, las sentencias deberán resolver las cuestiones planteadas, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo.- También se violentó el artículo 738 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil, que establecen que el Juez al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo y que las sentencias deben ser dictadas con: CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Como podéis apreciar, el Ad quem, no observó las normas procesales laborales que conlleven a una sana decisión del asunto, pues no observó estas normas procedimentales al no valorar ni razonar todos los extremos del debate y las pruebas aportadas.- Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho de defensa de mis representados, corno el debido proceso, se debe anular el mismo, a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa resolución, para que además, ese Tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo la sentencia que corresponda conforme a los extremos del debate, ya que se violentó su deber de resolver conforme a los hechos debatidos, así como de las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mis representados. Por todo lo expuesto, procede se declare la NULIDAD SUBSIDIARIA de la sentencia recurrida.”.- VIII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A quo y confirmado por el Tribunal de Apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 19 de junio del 2019, por el Abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor MIGUEL ANGEL LEIVA, representado en juicio por el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios en el cargo de empleado de confianza como jefe de contabilidad de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que se ejecute y quede firme la sentencia definitiva por despido injustificado, escrito y directo. Pago de costas personales y procesales, pago de séptimo día, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, sin perjuicio de otro derecho laboral, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, en fecha 16 de abril del 2018, por el señor MIGUEL ANGEL LEIVA, quien es mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su GERENTE GENERAL, el señor GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero y con domicilio en Puerto Cortés, Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de febrero del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 16 de noviembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, de la siguiente forma: “PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora, contra la sentencia definitiva proferida por el dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho (16/11/18) por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, departamento de Cortés; en consecuencia, se REFORMA la sentencia relacionada, en los siguientes términos: Se declara CON LUGAR la demanda para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones a favor del trabajador y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que se cumpla con la reinstalación del demandante; por ende, se CONDENA a la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) a través de su representante legal, al cumplimiento de dicha obligación. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia de mérito en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en la Empresa Nacional Portuaria, el 15 de noviembre del año 2011, ostentando el cargo de empleado de confianza, con contrato por tiempo indefinido de Asesor de la Gerencia en Materia de Subastas, habiendo sido ascendido al cargo de Jefe de Contabilidad General de la Empresa Nacional Portuaria, el 26 de marzo del año 2012, función desempeñada en Puerto Cortés, devengando un salario mensual de L.73,346.54; que en fecha 19 de febrero del año 2018, la Empresa Nacional Portuaria, le remitió una nota de despido, la que está firmada por la Directora de la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Empresa Nacional Portuaria, Olivia Argentina Morales Montalván, en la que indica que la presente tiene por finalidad notificarle que, habiéndose practicado previamente el procedimiento de descargo reglamentario en fecha 30 de enero 2018, a partir de la presente fecha se ha decidido dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad para la empresa, en base al artículo 111 numeral 10) y en uso de las facultades que otorga el artículo 112 del Código del Trabajo, en virtud de que incurrió en violación de las obligaciones, que le corresponden como trabajador, en virtud de no haber seguido las instrucciones giradas a su persona por auditoria interna en fecha 18 de diciembre del 2017, memo UAI-387-2017; asimismo, la instrucción girada por su jefe inmediata en fecha 9 de enero 2018, memo UDF-020-2018, para que cumpliese además con lo solicitado por auditoria interna, sin haber desvirtuado al incumplimiento de tales instrucciones en el momento en que le fueron giradas ni en la audiencia de descargo de fecha 30 de enero 2018. Y señala que, que la nota de despido antes referida, no indica en forma textual y escrita, cuales son las violaciones de las obligaciones en que supuestamente incurrió, por lo tanto, las causales de despido no las explica ni las describe dicha nota. Y considera que la nota de despido es totalmente ilegal y oculta en forma mal intencionada y con dolo, la descripción de los hechos que según el patrono sustentan su despido. Asimismo, también hace un resumen de las Principales Políticas Contables de la Empresa Nacional Portuaria. Posteriormente señala los antecedentes en relación a su despido, manifestando que el día 19 de diciembre del 2017, a las 3:10 PM, se recibió en el Departamento de Contabilidad, de la Empresa Nacional Portuaria, un Memorando UAI-387-2017, con fecha 18 de diciembre del 2017, de la Unidad de Auditoría a la Unidad de Desarrollo Organizacional, en el cual realiza una Solicitud de Causas por Supuesto hallazgos encontrados en auditoría especial practicada del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016, y que posteriormente dio respuesta a la solicitud de causa enviada por la Unidad Auditora Mediante Memorando DGC-M-012/2018, en donde expone que los trámites cuestionados han seguido rigurosamente el MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS existente y que señala: “1.- En relación al hallazgo en donde se manifiesta que no se retuvo el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta; es importante mencionar que al momento de preparar el pago, unos de los requisitos primordiales para la no aplicación de la retención del impuesto sobre la renta según la ley, es que el proveedor presente sus constancias de pago a cuentas, y la constancias de la Solvencia, por la tanto no se realizó dicha retención y es porque en su momento el beneficiario del pago señor Ingvar Onassis López Hernández presento dichas constancias que se encuentran en el cuerpo del expediente del respectivo cheque. 2.- En relación con el supuesto hallazgo de no existencia del Contrato de Honorarios Profesionales del señor Miguel Ángel Aquino Rosa, al momento de realizar el trámite de Pago; es inconcebible e inadmisible que el Departamento de Contabilidad se le diera tramite al pago, debido a los pasos establecidos en el Manual de Procesos y Procedimientos adjunto, pasos que todas las divisiones que participan en la ejecución del trámite de pago correspondiente conocen y seria demasiada coincidencia que todos obviaran que faltara este documento.- 3.- En relación con la Asignación Presupuestaria referente al proceso de pago de los señores Miguel Ángel Aquino Rosa y José Reynerio Figueroa Villatoro que no está firmada; estos se dan cuando el Encargado de la asignación Presupuestaria no se encuentra en la ciudad, pero el documento se asignación presupuestaria lo hacen en el departamento y lo normaliza firmando el documento una vez regresa de su viaje 4.- En relación con el hallazgo en donde se señala que no existen recibos de pago referente a los Señores Ingvar Onassis López Hernández, Ángel Daniel Payan Sierra, Moisés Alejandro Suarez Aguilar y José Enrique Dubon Cruz; es importante señalar que este Departamento de Contabilidad en ningún momento ha realizado pago en donde falten recibos de cobros, debido a que el trámite de pago para poder procesarlo el “SISTEMA DE COMPUTO Y SU RESPECTIVO PROGRAMA CONTABLE” exige el Numero de Documento y todos estos trámites provienen de la Unidad de Desarrollo Organizacional. 5.- Pasos establecidos para pagos y que se aplicaron en los numerales 1, 2, 3 y 4.-” y luego hace una Descripción del Proceso de Pagos de Servicios Profesionales y documentación soporte que componen el cuerpo o expediente según el Manual de Procesos y Procedimientos vigente. Asimismo, continua manifestando que en fecha 30 de enero del año 2018, el Departamento de Contabilidad y dándole seguimiento al informe solicitado por la Unidad Auditoria mediante memorando UAI-387-2017, señaló “que es importante informar que a este Departamento de Contabilidad se le ha hecho IMPOSIBLE hacerle llegar la documentación solicitado en el memorando antes mencionado, como ser lo solicitado por auditoria: contratos, recibos, asignación presupuestaria y constancias de pagos a cuenta, y es de conocimiento que dicha documentación se encuentra en custodia en el archivo electrónico, cabe mencionar que para ACCESAR a dicha información debemos de contar con el visto bueno y aprobación escrita de la DIRECTORA DE LA UNIDAD DE FINANZAS cargo que desempeña la Licenciada KARENN TABORA. La Licenciada Tabora no autorizo se me proporcionara la información solicitada.”.- Luego señala el procedimiento de pago y la contestación de los hallazgos del memorando UAI-387-2017 acerca de señores Ingvar Onassis López Hernandez, Luis Fernando Oseguera Mercado, en el cual la UNIDAD AUDITORA, Ernesto A. Alvarado Rodríguez, Wilmer A. Padilla Martínez, Marlon Javier Ortega Antúnez, Claudia Johana García Herrera, José Enrique Dubòn Cruz, José Daniel Miranda Mejía, Ángel Daniel Payan Sierra, César Armando Acuña Hernández, José Luis Varela, José Miguel Alvares Villeda, José Salvador García Rivera, Juan Carlos Sosa Vásquez.- Por otro lado manifiesta que en la ADMINISTARCION del ING LEO CASTELLON se implementó una figura administrativa, cuya función principal era la revisión y control de todo trámite que ingresara para firma a la Gerencia General, cuyo objetivo primordial es que todo trámite sea revisado minuciosamente, y una vez revisado es refrendado mediante la colocación de un SELLO SECO que es la garantía que ese trámite cumple con todos los procedimiento requeridos actualmente y dicha función es realizada por el Abogado LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO, el empleado antes mencionado es uno de los señalados en el informe de la UNIDAD AUDITORA, por lo tanto si en su momento el empleado arriba en mención no hiso ninguna observación en los trámites avalados por el sello seco, es porque los trámites están en forma con toda su documentación. Asimismo, manifiesta que en cuanto a la AUDIENCIA DE DESCARGO, que con fecha 30 de enero, recibió a las 7:45 am, Citatoria para una audiencia de Descargo a realizarse a las 10:00 am de ese mismo día en la Unidad de Desarrollo Organizacional, y considera evidente la premeditación y malicia en perjudicarle con evidente alevosía y que manifestó: “que la documentación alusiva a la citación, no la tengo en mi poder, sino que está bajo la custodia y responsabilidad de la Sra. Martina Manzanares encargada del archivo digital electrónico, por lo tanto, no se puede obtener estos documentos de forma expedita, ya que esto conlleva un proceso, el cual es solicitarle a la encargada del archivo Sra. Martina Manzanares, previa autorización de la Lic. Karenn Tavora Directora de Finanzas, quien se negó a autorizar la entrega de documentos los cuales solicite con el procedimiento autorizado que es bajo un formato para este fin.” Y considera que en ningún momento ha existido negligencia de su parte y mucho menos desobediencia a un superior, puesto que se estaba trabajando en el caso y con fecha nueve de enero del dos mil dieciocho mediante memorando DCG-M-012-2018, dándole respuesta al memorando de ellos de esa misma fecha, la señora Directora de Finanzas Licenciada Karen Tábora, le envió memorando UDF-0202018, solicitando que diera respuesta al memorando de auditoria, el cual respondió con el memorando arriba señalado.- Que en Memorando DSG-58-2018, del 30 de enero del 2018, manifiesta que le explicó a Auditoria Interna que por negativa de la Licenciada Karen Tábora, Directora de Finanzas, no pudo cumplir con la entrega de los documentos que en el Memorando UAI-387-2017, que le solicitaba y solicitó nuevo plazo de entrega de los documentos requeridos. Asimismo, señala que en la Audiencia de Descargo y Memorando de Auditoria hacen mención a la devolución de Lps. 10,000.00 de retención de Impuesto Sobre la Renta retenido mediante cheque No. 47996 de fecha 3 de marzo del 2016, realizado al Licenciado Ingvar Onassis López Hernández, el cual se realizó dicha devolución por autorización expresa del señor Gerente General Ingeniero Leo Castellón en Memorando DCG-M-152/2016. Manifiesta lo que considera omisiones notables e irrefutables de la nota de despido en su contra: “la demandada omitió en mi despido ilegal, las respuestas dadas en la acta de descargos, habiendo omitido la empresa nacional portuaria, que yo estaba incapacitado por problemas de salud cuando se produjo mi ilegal despido, además la demandada omitió la aplicación de los artículos 127, 128 numeral 15), 129, 134, de la Constitución de la Republica; artículos 3, 10, 12, 96 numerales 6, 9 y 11, 117, 863, 867 y demás aplicables del código del trabajo”.- La cuantía de su demanda es Indeterminada, ya que la demanda se contrae como punto central a ser REINTEGRADO en igualdad de condiciones y salarios al cargo de EMPLEADO DE CONFIANZA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EN EL CARGO DE JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, función desempeñada EN PUERTO CORTES, con un salario mensual de L.73,346.54, asimismo demanda se le paguen los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido escrito de fecha 19 de febrero del año 2018, más aumentos salariales que se produzcan en la demandada, hasta el reintegro al trabajo por sentencia firme, se condene a la demandada LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, al reintegro al trabajo, al pago de costas personales y procesales, vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario, séptimo día, y demás derechos que le confieren las leyes laborales aplicables, al cargo de JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, función desempeñada EN PUERTO CORTES.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que rechaza el acápite lo que se demanda, por haber sido despedido con justa causa el demandante, aceptando que la fecha de ingreso del demandante fue el 15 de noviembre de 2011; y el último salario que devengó fue de L.73,346.54 en el puesto de Jefe de Contabilidad General de la Empresa Nacional Portuaria Ficha No.3939-6, así como la fecha del despido, el día 19 de febrero del 2018, que fue justificado, y el hecho del porqué se tomó esa determinación, fue debidamente investigado y habiéndose realizado la respectiva audiencia de descargo para que hiciera uso de su derecho a la defensa, que la notificación del despido cumple con lo requerido por el artículo 117 del Código del Trabajo, y considera que, de su lectura, puede verse que es claro el hecho atribuido que fue debidamente comprobado. Al ser interrogado en la audiencia de descargos a la Interrogante 4.- “¿Conoce el motivo por el cual se le ha llamado a esta audiencia? R/ Si….” Asimismo, en el preámbulo de la audiencia de descargos aparece que se le informa el motivo: “por no haber seguido las instrucciones que le giró Auditoría Interna en fecha 18 de diciembre 2017, Memo UAI-387-2017, asimismo la instrucción girada por su Jefa Inmediata en fecha 9 de enero 2018, Memo UDF-020-2018 para que cumpliese además con lo solicitado por Auditoría Interna”. Que el hecho atribuido al señor LEIVA CARBALLO es el incumplimiento de instrucciones giradas por sus superiores, es decir, al hacer caso omiso a la instrucción por parte de la Directora de la Unidad de Finanzas mediante Memorando UDF-020-2018 del 09 de enero del 2018, solicitándole nuevamente que cumpla con lo solicitado por la Unidad de Auditoria en los plazos señalados, que la Auditoria señaló oportunamente el incumplimiento de las obligaciones del señor LEIVA CARBALLO por “la NO aplicación de la Retención del Impuesto Sobre la Renta a personal Contratado por Servicios Profesionales a los años 2015 y 2016, pagos efectuados sin soporte documental a dicho personal. Asimismo, por devolución realizada de Impuesto Sobre la renta al señor Ingvar Onassis López; el incumplimiento a la instrucción que obra en el memorando UAI-387-2017 emitido por la Unidad de Auditoria”, que aunque ahora hace extemporáneamente un detalle de los procesos contables como pretexto, y aunque negó la falta cometida en la audiencia de descargo, se hizo la debida comprobación del hecho resultando suficiente prueba de su existencia, lo que derivó indefectiblemente en el despido directo, en base al Código del Trabajo, el que se realizó una vez que transcurrió el tiempo que autorizaba las dos (2) incapacidades médicas que presentó oportunamente, como bien se describe tal circunstancia en la Nota de Despido, haciéndose la notificación respectiva en su domicilio por no presentarse a sus labores, dejándose constancia de ello en acta notarial. Asimismo, manifestó que en la Nota de Despido se hace referencia al hecho atribuido contenido en los memorandos, que constituye falta grave según el Código del Trabajo. La causal de despido no fue oportunamente desvirtuada por el demandante, según aparece de las investigaciones y de la audiencia de descargos. Considera que su conducta constituyó infracción grave por incumplimiento de las obligaciones como trabajador, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97 numeral 1 del Código del Trabajo, por lo que se aplicó el despido en base al artículo 112 Letra l) del Código del Trabajo, en uso de la potestad disciplinaria del patrono, en base al artículo 111 numeral 10 del Código del Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 16 de noviembre del 2019, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda laboral, en cuanto al reintegro en igualdad de condiciones y salarios al cargo de confianza de: jefe de contabilidad general de la Empresa Nacional Portuaria, pago de salarios dejados de percibir y el pago de costas procesales y personales, declaró con lugar la demanda en cuanto al pago de derechos adquiridos o irrenunciables, como ser séptimo día, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y el pago de vacaciones, proporcionales el pago de todos los conceptos enunciados, por lo tanto: 1) exoneró a la demandada en cuanto al reintegro del demandante en igualdad de condiciones y salarios al cargo de confianza de: jefe de contabilidad general, de la empresa nacional portuaria, pago de salarios dejados de percibir y el pago de costas procesales y personales; 2) ordenó a la demandada proceder a hacer efectivo a trabajador el pago de sus derechos adquiridos en la forma siguiente: pago de séptimo día de la primer bisemanal de febrero año 2018, lps.5,642.04; vacaciones proporcionales año 2017-2018 lps.52,626.14; décimo tercer mes en concepto de aguinaldo proporcional lps.17,443.31; décimo cuarto mes en concepto de compensación social lps.85,726.86, sumando un total de L.161,438.35, bajo el criterio que la parte patronal pone término a la relación laboral con el demandante, dado a que éste último, desobedeció las ordenes giradas en los Memorandos UAI-387-2017 y UAI-011-2018 emitidos por la Unidad de Auditoria y al emitido por la Directora de la Unidad de Finanzas mediante Memorando UDF-020-2018, al no documentar los procesos realizados en cuanto a la aplicación de la Retención del Impuesto Sobre la Renta a personal Contratado por Servicios Profesionales en los años 2015 y 2016, pagos efectuados sin soporte documental a dicho personal. Asimismo, por devolución realizada de Impuesto Sobre la Renta al señor Ingvar Onassis López, el no cumplimiento del demandante a dichas instrucciones giradas en dichos Memorandos y la no documentación soporte, fue la causa precisa por la cual la patronal puso fin al contrato de trabajo del demandante con justa causa y no por los señalamientos de Auditoría Interna sobre hechos ocurridos en procesos de los años 2015 y 2016, este juzgador observa que al demandante se le requirió las explicaciones pertinentes y documentos de sustentación de dichos procesos de pago desde el día 18 de diciembre del año 2017, dándole el plazo para su cumplimiento para el día 22 de diciembre del 2017, pasó el tiempo y ni después de habérsele celebrado Audiencia de Descargo en fecha 30 de enero del 2018, el demandante presentó la documentación soporte requerida, por lo que desde la fecha 18 de diciembre del 2017, a la fecha de su despido el 19 de febrero del año 2018, el demandante tuvo aproximadamente dos meses para dar cumplimiento a lo solicitado por Auditoria Interna y la Directora de la Unidad de Finanzas y no lo hizo. Por lo que se desprende que en el presente proceso, se ha acreditado que el demandante si incumplió las órdenes que en forma directa la patronal a través de la Auditoria Interna y la Directora de la Unidad de Finanzas le giraron y no por haber incumplido procedimientos en los años 2015 y 2016 como aduce el demandante y en lo que ha basado su defensa, tratando de probar que siguió los procedimientos y que existen los documentos soportes que le señalaron en el Memorando UAI-387-2017 girado por la Unidad de Auditoria, ya que dichos hechos no son la causa de su despido, por lo que no existe la prescripción a sancionar que acusa el demandante, ya que como se ha señalado, el incumplimiento a procedimientos en los años 2015 y 2016, no fue la causa de la sanción máxima impuesta por la patronal al demandante, por lo que la patronal se encontraba en tiempo y forma para realizar el proceso disciplinario al demandante, que fue el que concluyó con el despido del demandante, por lo que la finalización del Contrato de Trabajo del demandante se enmarca en lo que establecen los Artículos 111 numeral 10, 112 literal “l” en aplicación del Artículo 97 numeral 1 del Código del Trabajo, que se refieren a la facultad que tiene el patrono a dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad de su parte, al haber cometido el trabajador una grave violación a las obligaciones que le incumben, como acatar y cumplir las órdenes que la patronal a través de sus representantes le giren, tal es el caso del demandante, que como anteriormente se señaló, no documentó en tiempo y forma los procesos realizados para el pago de Contratistas en los años 2015 y 2016, ordenado por la Auditoría Interna de la empresa demandada a través del Memorando UAI-387-2017 y UAI-011-2018 y al emitido por la Directora de la Unidad de Finanzas mediante Memorando UDF-020-2018, tal como lo ha venido sosteniendo la parte demandada y que en el presente juicio la patronal probó la justa causa que tuvo para poner término a la relación laboral con el demandante, ya que se ha constatado la falta grave cometida por el demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés en fecha 14 de febrero del 2019, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, habiendo declarado CON LUGAR la demanda para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones a favor del trabajador y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que se cumpla con la reinstalación del demandante; por ende, se CONDENÓ a la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) a través de su representante legal, al cumplimiento de dicha obligación; CONFIRMANDO la sentencia de mérito en sus demás extremos, sin costas; bajo el criterio que el despido del demandante es injustificado, ya que como afirmó el mismo en la audiencia de descargos, el incumplimiento atribuido se debe a causas ajenas a su voluntad, constan en autos las gestiones que realizó con el fin de cumplir las instrucciones que le fueron giradas, más ello no fue posible debido a que su jefa inmediata no dio autorización para obtener acceso a la documentación necesaria.- 5.- Mediante auto de fecha 30 de abril del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.-En fecha 19 de junio del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 18 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS, en su primer motivo aduce: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo 2) literal b) del Código del Trabajo en relación con el 97 numeral 1) y 112 literal 1) del citado Código, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible a folios 13, 16 al 18, 27 al 29 y 69 al 70 del expediente de primera instancia, que adelante singularizo.- SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 13, 16 al 18 del expediente de primera instancia del expediente de primera instancia, que se refieren a la notificación de despido del 19 de febrero del 2018 donde la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA le notifica al demandante la terminación de su relación de trabajo con la demandada, así como la audiencia de descargo de fecha 30 de enero de 2018. Y, los Memorandos UAI-387-2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, Memorando UAJ-01 1-2018 de fecha 19 de enero 2018, Memorando UDF-020-2018 de fecha 9 de enero de 2018 respectivamente se le solicita al Señor Miguel Ángel Leiva Carballo que presente la justificación de por qué no se aplicó la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta al personal contratado por servicios profesionales, documentación soporte que falta en los pagos realizados por concepto de servicios profesionales. Y los Memorandos UDF-020-2018 y UAJ-011-2018 solicitando nuevamente la respuesta al Memorando UAI-387-2017. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure el error de hecho es necesario: 1) Que exista una mala apreciación de la prueba producida; 2) que esa mala apreciación sea originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3) que el error de hecho genere corno consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, 4) que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostraba por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El Ad-Quem, al reformar la sentencia de primera instancia, incurrió en infracción indirecta por error de hecho de las normas señaladas como infringidas, por cuanto da por establecido un hecho que no sucedió (terminación de contrato sin causa) y no da por acreditado un hecho consumado y probado plenamente (despido justificado), con lo cual resulta evidente la equivocada apreciación de la prueba, conducta que le llevó a declarar CON LUGAR la demanda, violando de esta manera, indirectamente el artículo 97 numeral 1) del Código del Trabajo, norma que dispone que el trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones dadas por su jefe, cosa que quedó plenamente establecido en las pruebas singularizadas que él no cumplió con su trabajo. Ese error surge de la valoración o apreciación errónea de la prueba documental que obra a folios 13, 16 al 18 del expediente de primera instancia, como del resto del conjunto de la prueba, ya que si lo hubiera realizado correctamente su conclusión hubiera dado por sentado que la demandada terminó de manera justificada la relación de trabajo. Cumpliendo con el debido proceso y respetando el derecho a la defensa del empleado, situación que él mismo reconoció tal como establece la sentencia de primera instancia en la audiencia de descargo y en los resultados de la auditoria, el demandante no demostró haber dado respuesta a lo solicitado en diferentes ocasiones, ni utilizó en el momento oportuno su derecho a la defensa pudiendo demostrar que había cumplido con la documentación requerida en los memorandos singularizados en este motivo, por lo que la terminación de la relación de trabajo resulta ser legal y justificada.- Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al reformar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que las imputaciones son injustificadas, tal como lo afirmó el actor en la audiencia de descargo, y el incumplimiento atribuido a causas ajenas a su voluntad constatando las gestiones que realizó con el fin de cumplir con las instrucciones que le fueron giradas y de ahí es una obligación del empleador facilitar los medios necesario y para la ejecución de las labores, por lo consiguiente el despido del demandante fue sin causa justificada.- V. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 113 párrafo 2) literal b) del Código del Trabajo, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible a folios 27 al 29, 62 al 63, 69 al 70 y 99 al 102 del expediente de primera instancia, que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 27 al 29, 62 al 63, 69 al 70 y 99 al 102 del expediente de primera instancia, donde la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA en los Memorandos UAI-3 87-2017 (F. 27) de fecha 18 de diciembre de 2017, Memorando UAJ-01 1-2018 (F. 69) de fecha 19 de enero 2018, Memorando UDF-020-2018 (F. 70) de fecha 9 de enero de 2018, Memorando UDF062-2018 (F. 62 y 63) de fecha 29 de enero de 2018, respectivamente se le solicita al Señor Miguel Ángel Leiva Carballo que presente la justificación de por qué no se aplicó la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta al personal contratado por servicios profesionales, documentación soporte que fala en los pagos realizados por concepto de servicios profesionales. Y los Memorandos UDF-020-2018 y UAJ-011-2018 solicitando nuevamente la respuesta al Memorando UAI-387-017. Y en Memorando UDF-062-2018 (F. 60 y 70) en el que se traslada a la Directora de Unidad Desarrollo Organizacional el caso que ameritaba el despido. Y el contrato individual de Trabajo (F. 99 al 102) del Señor Miguel Ángel Leiva Carballo dónde se describe sus funciones. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La Corte recurrida sostiene en su sentencia, que la demandada no tiene justa causa para despedir al empleado, lo cual el juzgador de primera instancia comprobó que el mismo demandante nunca pudo demostrar que había respondido a las solicitudes a él requeridas y que comprendían sus funciones tal cómo se puede apreciar en el contrato individual de Trabajo (F. 99 al 102) del Señor Miguel Angel Leiva Carballo dónde se describe sus funciones y claramente a lo largo del juicio queda probado que el señor no cumplió con sus asignaciones ni cumplió con las ordenes a él encomendadas, tal como pueden apreciar honorables magistrados en los Memorandos UAI387-2017(F. 27) de fecha 18 de diciembre de 2017, Memorando UAJ-01 1-2018 (F. 69) de fecha 19 de enero 2018, Memorando UDF-020-2018 (F. 70) de fecha 9 de enero de 2018, Memorando UDF-062-2018 (F. 62 y 63) de fecha 29 de enero de 2018, donde se le solicita al Señor Miguel Ángel Leiva Carballo que presente la justificación de por qué no se aplicó la retención del 12. 5% de impuesto sobre la renta al personal contratado por servicios profesionales, documentación soporte que falta en los pagos realizados por concepto de servicios profesionales. Y los Memorandos UDF-020-201 8 y UAJ-01 1-20 18 solicitando nuevamente la respuesta al Memorando UAI-387-2017. Por lo que se puede apreciar evidentemente con la solicitud hecha un mes después que en ningún momento se actúa con mala fe hacia el trabajador, es más se cierra el año 2017 sin que presente la documentación requerida y se le solicita nuevamente el 09 de enero y el 19 de enero de 2018. Por lo que el demandante no cumplió con las tareas a él encomendadas como lo es la retención del impuesto sobre la renta lo que conlleva graves multas si no se cumple con la retención, causando graves perjuicios a mi representada, por lo que la terminación de la relación de trabajo resulta ser legal y justificada.- Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo”.- VI.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) No es cualquier error el que conduce a quebrantar el fallo, sino el manifiesto y evidente. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) Debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba y debe singularizarse. b) Esa apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba aportada en sí misma y no con relación a las normas de derecho; c) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al reformar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante no fue con causa justificada.- VII. - El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En el remoto caso de no prosperar los motivos aquí bien explicados, solicito subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia impugnada, la que baso en los términos siguientes: Conforme al principio del debido proceso que regula el artículo 3 del Código Procesal Civil, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal y formas (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la decisión que se revisa el principio de congruencia, que marca al Juzgador el camino para su decisión y fijan un límite a su poder discrecional. La sentencia del ad-quem resulta incongruente, ya que reforma la sentencia para declarar con lugar la demanda, basándose en hechos y situaciones no debatidas, como lo es si la demandada debió despedir o no a otros empleados, o si eran otros empleados los encargados de entregar esa documentación, la demandada no ha expuesto tales hechos ni fueron debatidos, ni en la audiencia de descargo ni en primera instancia, lo cual violenta el artículo 208 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el artículo 858 del Código del Trabajo, ya que con base al principio y deber de congruencia procesal, las sentencias deberán resolver las cuestiones planteadas, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo.- También se violentó el artículo 738 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil, que establecen que el Juez al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo y que las sentencias deben ser dictadas con: CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Como podéis apreciar, el Ad quem, no observó las normas procesales laborales que conlleven a una sana decisión del asunto, pues no observó estas normas procedimentales al no valorar ni razonar todos los extremos del debate y las pruebas aportadas.- Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho de defensa de mis representados, corno el debido proceso, se debe anular el mismo, a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa resolución, para que además, ese Tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo la sentencia que corresponda conforme a los extremos del debate, ya que se violentó su deber de resolver conforme a los hechos debatidos, así como de las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mis representados. Por todo lo expuesto, procede se declare la NULIDAD SUBSIDIARIA de la sentencia recurrida.”.- VIII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A quo y confirmado por el Tribunal de Apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- IX.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la resolución de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 132-19.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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