Sentencia CL-120-19 — Registro 12387
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se reconozca un despido injusto, reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos de la contratación colectiva. La demandante expresa que comenzó a laborar como “profesor horario”, posteriormente pasó a ser profesora auxiliar desempeñándose en el cargo de Docente de la Facultad de Ciencias Económicas; el demandante establece que el fondo del asunto es que no debió irse sin previa autorización por su jefe inmediato y por la Dirección de Recursos Humanos de viaje,ningún empleado podrá ausentarse de sus labores sin que previamente se le haya aprobado y notificado el permiso, licencia o prorroga según el caso. De ausentarse incurriría en causal de abandono de labores. Por otra parte el artículo 98 del Código del Trabajo en el numeral primero específicamente como una prohibición faltar al trabajo, o abandonarlo en horas de labor, sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial"...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."ue este Tribunal ha establecido el siguiente criterio jurisprudencial, que es necesario recordar: “que por el carácter tutelador de la materia laboral, el juzgador al momento de decidir debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, orden público, tomado en cuenta que los trabajadores que laboren en la instituciones descentralizadas le es aplicable el régimen general (Código del Trabajo), que la inexistencia de un contrato escrito es imputable al empleador, que la existencia de la relación de trabajo está determinado por el cumplimiento de los requisitos establecido en la ley, que cuando en un caso específico exista la posibilidad de aplicar más de una norma, deberá preferirse aquella que sea más favorable al trabajador, que el principio de primacía de la realidad implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos no a documentos y a que los derechos laborales son derechos humanos y/o fundamentales, por lo cual una vez concedidos o adquiridos pueden ser objeto de mejora, pero no aplicar criterios regresivos, tal y como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en consecuencia si un derecho ha sido concedido posteriormente no se puede conculcar (Principio de Progresividad)…” (ver sentencia del 15 de octubre del 2018, expediente CL380-17)"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 del Código Procesal Civil), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional. XIII.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el debido proceso ha determinado: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (ver sentencia del 9 de agosto del 2017, expediente AL 1062-2015) "...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Por lo que en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XVII.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el ad quem proceda de conformidad a derecho, debiendo dicho Tribunal ser más cuidadoso en los asuntos sometidos a su conocimiento."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de marzo de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 23 de julio del 2019, por el Abogado IRINALDO MACIAS RIVERA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora JULIETA SUAZO FRANCO, como recurrente; además, es parte recurrida, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), representada en juicio por la Abogada LILY AZUCENA PEREZ PINEDA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se reconozca un despido injusto, reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos de la contratación colectiva, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de agosto del 2014, por la señora JULIETA SUAZO FRANCO, quien es mayor de edad, casada, Licenciada en Economía, hondureña y de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de la REPRESENTANTE LEGAL Y RECTORIA, en ese entonces la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 02 de noviembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 08 de noviembre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE RECONOZCA UN DESPIDO INJUSTO, REINTEGRO AL TRABAJO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR instaurada por la señora JULIETA SUAZO FRANCO, contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Representante legal la Señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ; 2) ABSUELVE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Representante legal la Señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, de reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo así como de pagar las indemnizaciones de salarios dejados de percibir por despido injustificado; 3) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación de trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 11 de febrero de 2002 como “profesor horario”, posteriormente el primero de julio de 2004 pasó a ser profesora auxiliar desempeñándose en el cargo de Docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Mediante oficio N°772 SEDP de fecha 2 de julio de 2014 fue notificada de su despido sin causa justificada, pues la demandante justificó el permiso que solicitó y por tanto justificó sus ausencias. 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que los preceptos que la demandante invoca son simplemente de la solicitud que ella debió hacer de una manera correcta y que no hizo ya que se limitó a obviar según su conveniencia y por la premura de la notificación de un viaje, disposiciones tales como los artículos 177 y 159 párrafo tercero del Estatuto del Docente Universitario, ella misma mencionó en el acta de derecho a la defensa de fecha 23 de junio del 2014, que hizo la solicitud ante su jefe inmediato la misma semana que se le notificó de este viaje y esta fue la última semana de mayo, pero lo anteriormente expuesto solo sirve de aclaración como fue que realizó su solicitud, ya que el fondo del asunto es que no debió irse sin previa autorización por su jefe inmediato y por la Dirección de Recursos Humanos, pues como antes se mencionó; ningún empleado podrá ausentarse de sus labores sin que previamente se le haya aprobado y notificado el permiso, licencia o prorroga según el caso. De ausentarse incurriría en causal de abandono de labores. Por otra parte el artículo 98 del Código del Trabajo en el numeral primero específicamente como una prohibición faltar al trabajo, o abandonarlo en horas de labor, sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono y correlativo a este el artículo 112 inciso h) del Código de Trabajo, señala como una causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte...h) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos o durante tres días hábiles en el término de 1 mes. Con lo mencionado solo pretendo resaltar la falta grave, que mi representada tuvo motivo para dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, ya que la demandante se ausentó de sus labores sin notificación, mucho menos aprobación de permiso los días del 2 al 6 de junio del 2014. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de noviembre de 2016, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora JULIETA SUAZO FRANCO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), sin costas; bajo el criterio que no consta que la solicitud del permiso realizado por la demandante haya sido autorizada por su Jefe Inmediato el señor Luis Alberto Guijarro, quien a su vez en su declaración rendida en sede Judicial al preguntarle la suscrita Juez si él como Jefe inmediato había autorizado el permiso a la demandante contestó: “Debo reiterar que no puedo autorizar permisos cuando exceden tres días por que esta fuera de mi competencia como Jefe Inmediato”; asimismo quedó debidamente acreditado que mediante oficio SEDP/646-14 de fecha 06 de junio de 2014, la Secretaria de Desarrollo de Personal deniega el permiso solicitado a la demandante; resolución que fue recibida en fecha 09 de junio de 2014 por la demandante; asimismo quedó debidamente probado en autos que la demandante no registró su asistencia al trabajo mediante marcación del Reloj dactilar los días del 02 al 06 de junio de 2012. Si bien es cierto la parte demandante alega que anteriormente y bajo las mismas circunstancias se habían autorizado permisos por los motivos similares a los objeto del permiso denegado; cabe mencionar que la demandada como empleador se encuentra revestida de las atribuciones de gestión y administración de personal para el logro de sus fines; por ende dentro la esfera de sus atribuciones se encuentra facultada a autorizar o denegar las solicitudes de permisos que le presenten sus empleados de conformidad a ley; por lo cual si la actora consideraba que tal denegatoria del permiso era violatoria a sus derechos laborales debió instar los procedimientos legales correspondientes para dejar sin valor y efecto el acto administrativo que contiene tal resolución; mientras tanto la misma produce efectos legales pertinentes; en ese sentido no se puede pronunciarse en relación a la denegatoria del permiso solicitado, pues el objeto de la presente causa se refiere a demostrar la ilegalidad del despido, no a determinar si debió concederse el permiso o no a la demandante; por lo que en el caso de autos de conformidad a la normativa interna de la demandada como lo establecido en el Código del Trabajo en su artículo 112 literal h) constituye justa causa “Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos (2) días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes” por lo anteriormente expuesto esta Juzgadora considera que el despido efectuado a la demandante se encuentra apegado a derecho, por lo que procede declarar sin lugar la demanda que se ha hecho mérito en cuanto al Reintegro a su puesto de Trabajo así como al pago de salarios dejados de percibir por despido injustificado.4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 2 de noviembre del 2018, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que existiendo un Estatuto del Docente Universitario en el cual se señala el procedimiento a seguir en el otorgamiento de permisos para ausentarse de sus labores a los docentes universitarios, la UNAH está ejerciendo su derecho de dirección y administración de su personal, al negar el permiso solicitado por la demandante, expresando las razones de la denegatoria, y al haber la demandante hecho caso omiso a la denegatoria, se ausentó de sus funciones, o que de acuerdo al estatuto constituye abandono de sus funciones, por lo que la demandada probó en juicio las faltas cometidas por la trabajadora y le hizo saber a la demandante cuales eran las faltas. 5.-Mediante auto de fecha 28 de mayo del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado IRINALDO MACIAS RIVERA, en su condición de representante procesal de la señora JULIETA SUAZO FRANCO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 23 de julio del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado IRINALDO MACIAS RIVERA, en su condición de representante procesal de la señora JULIETA SUAZO FRANCO, formalizando su demanda, exponiendo UN motivo de casación y NULIDAD SUBSIDIARIA, por lo que mediante providencia de fecha 24 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 4 de noviembre del 2019, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el derecho dejado de utilizar por parte de la Abogada LILY AZUCENA PEREZ PINEDA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, protectorio, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que el Recurrente solicita se declare la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, por lo siguiente: “ NULIDAD SUBSIDIARIA: La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por lapso menor que el que exige para la prescripción ordinaria en virtud de ello, SE ALEGA EN FORMA SUBSIDIARIA LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA de fecha dos de noviembre del dos mil dieciocho(2018) dictada por segunda vez por la corte de Apelaciones del trabajo de francisco Morazán, señalando el error procesal siguiente, En el fallo o parte Resolutiva la Corte Sentenciadora, no aprecio ni analizo profundamente sobre los medios de prueba que he señalado, igualmente la juez de primera instancia, lo anterior en virtud de que al plantear la demanda el fundamento legal fue que mi representada solicito un permiso para ausentarse de su puesto de trabajo amparada en el artículo 156 inciso K y el articulo 177 del mismo instrumento legal, de los cuales la corte de apelaciones del trabajo ni siquiera relaciona u analiza de manera profunda dichos artículos o medios de prueba si no que más bien solo copia la anterior sentencia que emitió en fecha nueve de enero del 2017 que obra a folios 10 al 13 de la segunda pieza, con lo que demuestra que dicha sentencia no ha sido motivada de conformidad a los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, provocando con ello grave violaciones a las garantías constitucionales y a los derechos internacionales contemplados en la convención Americana sobre derechos Humanos, ya que la corte de apelaciones del trabajo del departamento de francisco Morazán, interpreto y aprecio erróneamente dicha sentencia a pesar de la aclaración que este tribunal de alzada le hace en la sentencia de nulidad pronunciada por este tribunal sala. Laboral en fecha uno de julio del 2018 que obra bajo folios 18 al 21 de la segunda pieza., por lo que pido la NULIDAD SUBSIDIARIA de la misma.” IX.- Que por otro lado, en sentencia proferida el 31 de julio del 2018, este Tribunal anuló la sentencia del ad-quem, basado en que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme a la legislación laboral vigente, ni toma en cuenta sus principios, ya que si bien es cierto se alude a la aplicación del Estatuto del Docente Universitario, para establecer que el despido es legal y justificado, por tratarse de un “abandono de sus funciones”, también lo es, que se ha omitido profundizar en lo que ese instrumento jurídico contempla para los casos de licencia y permiso de los docentes, sobre el trámite de esos derechos, como también de las cuestiones surgidas del debate sobre la procedencia o no del permiso solicitado, más aún cuando el mismo tiene vinculación con actividades de capacitación académica y profesional y de la situación relacionado con casos similares donde la demandada concediera su autorización en forma posterior al tiempo del permiso solicitado, ya que no consta de autos que ello se haya revisado y ponderado para determinar si tal determinación se ajusta a derecho o no. X.- Que revisado el fallo que se conoce en este extraordinario recurso, se aprecia que el ad quem incurre en los mismos errores o deficiencias que le fueran señaladas anteriormente, ya que no explica ni razona sobre todos los puntos objeto del debate, particularmente en relación a las cuestiones surgidas del debate sobre la procedencia o no del permiso solicitado por la demandante, más aún cuando el mismo tiene vinculación con actividades de capacitación académica y profesional y de la situación relacionada con casos similares donde la demandada concediera su autorización en forma posterior al tiempo del permiso solicitado. XI.- Que este Tribunal ha establecido el siguiente criterio jurisprudencial, que es necesario recordar: “que por el carácter tutelador de la materia laboral, el juzgador al momento de decidir debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, orden público, tomado en cuenta que los trabajadores que laboren en la instituciones descentralizadas le es aplicable el régimen general (Código del Trabajo), que la inexistencia de un contrato escrito es imputable al empleador, que la existencia de la relación de trabajo está determinado por el cumplimiento de los requisitos establecido en la ley, que cuando en un caso específico exista la posibilidad de aplicar más de una norma, deberá preferirse aquella que sea más favorable al trabajador, que el principio de primacía de la realidad implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos no a documentos y a que los derechos laborales son derechos humanos y/o fundamentales, por lo cual una vez concedidos o adquiridos pueden ser objeto de mejora, pero no aplicar criterios regresivos, tal y como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en consecuencia si un derecho ha sido concedido posteriormente no se puede conculcar (Principio de Progresividad)…” (ver sentencia del 15 de octubre del 2018, expediente CL380-17). XII.- Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 del Código Procesal Civil), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional. XIII.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el debido proceso ha determinado: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (ver sentencia del 9 de agosto del 2017, expediente AL 1062-2015) XIV.- También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. (Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 30319 151) XV.- Por lo que en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XVI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XVII.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el ad quem proceda de conformidad a derecho, debiendo dicho Tribunal ser más cuidadoso en los asuntos sometidos a su conocimiento. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 64, 90 párrafo primero, 127, 128, 129, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 2 de noviembre del 2018, visible a folios del 26 al 30 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL120-2019.” Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.