Sentencia CL-108-19 — Registro 12149
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de de pago de prestaciones laborales, salarios trabajados y no devengados por incumplimiento de contrato de trabajo de la patronal, reajuste del salario mínimo como docente y salarios caídos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma señalada como violada contienen distintos párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado ya que señala de manera imprecisa “artículo 113 párrafo primero, literal b) del Código de Trabajo”; b) en el desarrollo de su cargo alude como norma infringida artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos 151, 153, 155 y 320 de la Constitución de la República; y c) hace alegatos propios de instancia"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 04 de septiembre del 2019, por la Abogada SANDRA DEL CARMEN FLORES DEL CID, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en Tocoa, Departamento de Colón, en su condición de representante procesal de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor BRAYAN RIGOBERTO MENDOZA VELÁSQUEZ, representada en juicio por la Abogada GABRIELA PAOLA ARGUETA HERNÁNDEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de de pago de prestaciones laborales, salarios trabajados y no devengados por incumplimiento de contrato de trabajo de la patronal, reajuste del salario mínimo como docente y salarios caídos; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tocoa Colón, Departamento de Colón, en fecha 09 de agosto del 2016, por el señor BRAYAN RIGOBERTO MENDOZA VELÁSQUEZ, mayor de edad, soltero, Maestro de Educación Primaria, hondureño y de este domicilio, contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, a través de su Representante Legal el señor ADÁN FUNEZ MARTÍNEZ, en su condición de Alcalde, quien es mayor de edad, casado, Empresario, hondureño, y con domicilio en Tocoa, Departamento de Colón. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de enero del 2019, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tocoa Colón, Departamento de Colón, misma que en su parte conducente dice: “RESUELVE: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.- SALARIOS TRABAJADOS Y NO DEVENGADOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE TRABAJO DE LA PATRONAL.- REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO COMO DOCENTE Y SALARIOS CAIDOS; promovida por el señor BRAYAN RIGOBERTO MENDOZA VELASQUEZ, en contra de LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TOCOA, COLON, a través de su Representante Legal el señor ADAN FUNEZ. MARTINEZ, en su condición de Alcalde.- 2) SE CONDENA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, a pagar al señor BRAYAN RIBOBERTO MENDOZA VELASQUEZ, tomando en cuenta que su fecha de ingreso fue en fecha diez (10) de Marzo del Dos Mil quince (2015) hasta el treinta (30) de Noviembre del mismo año, las cantidades que a continuación se detallan: Vacaciones Proporcionales: Dos Mil setecientos cincuenta y nueve Lempiras con sesenta y siete Lempiras (L.2,759.67) Décimo tercer mes proporcional: Siete Mil ciento veinticuatro Lempiras con sesenta y seis centavos (L.7,124.66).- Décimo Cuarto Mes Proporcional: Siete mil ciento veinticuatro Lempiras con sesenta y seis centavos (L.7,124.66).- Pagos de Salario Mínimo: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos Lempiras con ochenta centavos, (L.59,482.80) Pagos de salario Mínimo atrasados (2015) Veintiséis Mil Lempiras exactos (L. 26,000.00).- TOTAL A PAGAR: Ciento -Dos Mil Quinientos un Lempiras con setenta y un centavos.- (L.102,501.71).- 3) Además se condena: Al pago de sueldos dejados de percibir, hasta alcanzar la firmeza de la sentencia de mérito.- 4) Sin Costas en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar el 10 de marzo del 2015, y fue despedido indirectamente el 30 de noviembre de 2015, devengaba un salario de L. 3,000.00, de los cuales no le abonaron absolutamente nada, que tenía una relación de trabajo como Docente Auxiliar de la Escuela Hernán Banegas, mediante un contrato verbal con la Corporación Municipal de Tocoa, la cual coincidía con la fecha del ciclo anual de clases con el demandado por el término de 8 meses con 20 días el cual fue incumplido por la patronal; manifestó que fue contratado por la Corporación Municipal de Tocoa para desempeñarse como Docente de la Escuela Hernán Banegas, y como devengaba un salario de L. 3,000.00 inferior a al salario mínimo de un docente que era de L. 8,500.00, solicitó un reajuste de L. 5,000.00 por mes trabajado y no devengado en la escuela Hernán Banegas como maestro auxiliar y el pago de las prestaciones laborales al igual que su salario trabajado y no devengado más reajuste ante las oficinas de la Procuraduría, dando por agotado el trámite administrativo, por no haber asistido la patronal. 2.- La parte demandada, la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, contestó dicha demanda no aceptando el contenido de los hechos de la misma, señalando que están sujetos a prueba oportunamente en el juicio; y que de acuerdo a la transferencia que realiza el Poder Ejecutivo a las Alcaldías Municipales están en la obligación de colaborar con subsidios a los centros educativos para un mejor funcionamiento de los mismos, razón por la cual la Alcaldía hace un aporte a los centros educativos, tal es el caso que les ocupa. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tocoa Colón, Departamento de Colón, en fecha 28 de septiembre del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor BRAYAN RIGOBERTO MENDOZA VELÁSQUEZ, contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, a través de su Representante Legal el señor ADÁN FUNEZ MARTÍNEZ, en su condición de Alcalde; condenó a la parte demandada a pagar al demandante, tomando en cuenta que su fecha de ingreso fue el 10 de marzo del 2015, hasta el 30 de noviembre del 2015, un total de L. 102,501.71, en concepto de vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, pagos de salario mínimo, pagos de salario mínimo atrasados (2015); además condenó al pago de sueldos dejados de percibir, hasta alcanzar la firmeza de la sentencia de mérito, sin costas; bajo el criterio con los medios de prueba quedan probados quedan probados los hechos de la demanda en la presente causa, y creíbles ya que los medios de prueba testificales son compañeras docentes de la Escuela Hernán Banegas, que fue el Centro de Trabajo del hoy demandante. 4.- La Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 30 de enero del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo con los razonamientos expuestos en los párrafos precedentes, los principios y las normas legales invocadas en ellos, procede declarar sin lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito, además de ser cierto lo expuesto por la apelada en cuanto a que ya está precluido el momento procesal para alegar ese tipo de excepción procesal por razón de competencia y la apoderada legal ha tenido poder en la causa desde que se procedió a la contestación de la demanda y ha sido notificada en legal y debida forma para la celebración de las audiencia que conforman el proceso laboral, por lo que procede la confirmatoria de la resolución en cuestión; es de notar que fue la parte apelada la que defendió que ella había probado los extremos de su demanda, pero ello fue innecesario puesto que como ya se dijo, el fondo del asunto no fue discutido en el agravio, y fue hasta en el momento de la réplica que la postulante demandada cuestionó algunos elementos de prueba. Por lo que analizada la contestación de la demanda no se cuestionan los requisitos de fondo y forma del despido indirecto. Y por su parte se comparte el análisis que de la prueba realizó la a quo y en efecto consta en el proceso una constancia de trabajo en favor del actor emitida por el jefe de recursos Humanos de la Municipalidad demandada, indicándose que laboraba como maestro, y que su salario eran tres mil Lempiras, lo cual está por debajo del salario mínimo de la zona y rubro. Por otra parte, lo anterior coincide por lo declarado con la testigo como ser la directora de la escuela en cuyo lugar se realizaba la labor personal, indicando que dicho joven fue enviado por el representante legal de dicha municipalidad y que era dicha entidad que costearía los pagos. Que el maestro desempeñó su docencia durante todo el año lectivo del 2015 y lo hizo de manera correcta y puntual, lo cual a su vez se apoya con las fotocopias del libro de asistencia de la escuela Hernán Banegas. Que la subordinación se entiende hacía dicha entidad municipal quien fue que lo contrato de manera verbal, le señaló a que escuela se dirigiría para realizar su trabajo, el pago que se le daría, siendo como en todas las escuelas la directora quien de manera inmediata y directa realiza una actividad de supervisión. El salario le fue indicado también a quien le debía la subordinación en referencia como se indica en la constancia antes mencionada y no acreditó la demandada haber satisfecho oportunamente dichos pagos según lo pactado, por lo que la causal de fondo de dicho despido se estima probada. 5.- Mediante auto de fecha 28 de mayo del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SANDRA DEL CARMEN FLORES DELCID, en su condición de representante procesal de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 04 de septiembre del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada SANDRA DEL CARMEN FLORES DELCID, en su condición de representante procesal de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 05 de septiembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 08 de octubre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GABRIELA PAOLA ARGUETA HERNÁNDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado SANDRA DEL CARMEN FLORES DELCID, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero, literal b) del Código de Trabajo por error de hecho en la apreciación de la prueba en su conjunto que adelante señalo y que aparece de manifiesto en los autos, y como medio de esta infracción los artículos 738 y 739 también del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo segundo del Código de Trabajo PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La prueba apreciada erróneamente la constituye la siguiente: Para probar la relación laboral se propuso por parte del demandante la prueba documental que obra a folios del cuatro (04) al veintiuno (21) y 1 prueba testifical que obra a folios noventa y cinco (95) y noventa y seis (96). DISPOSICIONES SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: La norma sustantiva de carácter nacional infringida la constituye el artículo 113 párrafo primero, literal b) del Código de Trabajo. DISPOSICIONES ADJETIVAS INFRINGIDAS: Las disposiciones adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta la disposición sustantiva las constituyen los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. DOCTRINA: “La errónea apreciación de la prueba consiste en que la sentencia la enjuicia y la valora equivocadamente”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Mi representada tal como lo manifiesta en el acápite: afirma, que en cuanto al hecho primero, segundo y tercero de la demanda no se acepta su contenido, estando sujeto a prueba oportunamente en el juicio.- Ya que de acuerdo a la transferencia que realiza el Poder Ejecutivo las Alcaldías Municipales están en la obligación de colaborar con subsidios a los centros educativos para un mejor funcionamiento de los mismos, razón por la cual la Alcaldía hace un aporte a los centros educativos del Municipio para su mejor funcionamiento, tal es el caso que nos ocupa; y por otra parte la directora del centro educativo para el cual prestaba sus servicios el demandado manifiesta que cuando le salió el pago al demandante él no lo quiso recibir (folio 107) que él dijo que no, que simplemente dijo que no, ya que ella entendió que lo que el demandante quería era meter la demanda, y que los otros muchachos si recibieron su dinero; para dictar esta sentencia se toma en cuenta un cálculo de prestaciones (f4), una notificación que NO ES una constancia de trabajo (f5), 3 cedulas de citación a las que no se asistieron en razón de que la Alcaldía Municipal de Tocoa, no era el patrono del demandante, (f 6, 7 y 8) estado de cuenta de escalafón (f11) constancia de trabajo extendida por la Directora de la Escuela Hernán Banegas Lazo de la ciudad de Tocoa, Colón para la cual laboraba el demandante, tal como en la misma se hace constar (f12) y a la que 1 momento de dictar la sentencia no se toma en cuenta; mi representada la Alcaldía Municipal de Tocoa, Colón, como una obligación que impone la transferencia que reciben las Alcaldías y esta las obliga a invertir un porcentaje en apoyo a la educación únicamente cumplía con esa obligación al apoyar al centro educativo Hernán Banegas Lazo de Tocoa, Colón, ya que el obligado a velar por la Educación es el Estado a través de la Secretaria de Educación; ya así lo señala el Artículo 151 Constitucional: el que señala que “La Educación es función esencial del Estado “; el Artículo 153 Constitucional: dice quien desarrollara la Educación, “El Estado tiene la obligación de desarrollar la Educación básica del pueblo, creando al efecto los organismos administrativos y técnicos necesarios dependientes directamente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación “, asimismo el Artículo 155 Constitucional: dice que “ La erradicación del analfabetismo es tarea primordial del Estado. Es deber de todos los hondureños cooperar para el logro de este fin “. Que es cooperar? Es una acción voluntaria encomendada a ayudar, propósito que se integra en el capitulo IX de la Carta Orgánica de las Naciones Unidas y de la Organización Europea de Cooperación. Que es deber? Es la necesidad moral de una acción u omisión impuesta por la ley para el cumplimiento del orden social humano, procedente de las relaciones naturales de la sociedad. El ciudadano que no ayuda incumple sus deberes Constitucionales, sin sanción, porque no lo establece la Constitución ni la ley. - Es una obligación natural; estos artículos nos señalan claramente quien es el obligado a desarrollar la educación incluyendo en ese tema la contratación de maestros, los cuales dependen directamente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, por lo que debemos recordar que el Artículo 320 Constitucional, señala que: En caso de incompatibilidad entre una norma Constitucional y una legal Ordinaria, se aplicará la primera, valga recordar que la Constitución de cualquier Estado, y la nuestra no es la excepción es reconocida por toda la doctrina aceptada como la Ley Fundamental “Carta Magna” o “Ley de Leyes” que se rige por el principio de primacía de la ley, es decir que no hay ley que se aplique por encima de está.- Asimismo para dictar la sentencia se tomó en cuenta la declaración de la testigo Alma Lourdes Escobar Villanueva (folio 95 y 96 frente y vuelto) la cual no fue firmada por la persona mencionada, tampoco se hace constar en el acta si es que esa persona no podía o no quiso firmar el acta, por lo que al carecer de la legalidad que exige nuestro Código de Trabajo en el artículo 725, la misma carece de legalidad y validez y no puede ser tomada como un medio de prueba valido para proferir una Sentencia, volviéndola así NULA. Honorable Corte, con lo expuesto queda demostrada la equivocación del juzgador al apreciar erróneamente las pruebas en su conjunto, y como consecuencia de ello llegó a la conclusión equivocada conduciendo a la violación indirecta de la norma sustantiva citada, dando lugar a la procedencia del cargo y casar la sentencia de mérito, unido a ello no analizo toda la prueba allegada al proceso.- Este Supremo Tribunal con la objetividad que le caracteriza llegará a la conclusión que no existe documento o prueba alguna relacionada en el fallo impugnado que sea capaz de acreditar lo demandado por la parte demandante relacionada en el fallo impugnado que sea capaz de acreditar el despido injustificado que de lugar al pago de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, mismos que por mandato de ley únicamente proceden cuando se prueba que el despido es injustificado ”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma señalada como violada contienen distintos párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado ya que señala de manera imprecisa “artículo 113 párrafo primero, literal b) del Código de Trabajo”; b) en el desarrollo de su cargo alude como norma infringida artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos 151, 153, 155 y 320 de la Constitución de la República; y c) hace alegatos propios de instancia. IV. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “ La sentencia que se ataca es la dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, el día treinta de enero del año dos mil diecinueve la cual resulta ser contradictoria, incongruente y violatoria de las normas procesales, por las siguientes razones: nuestro Código Civil establece en el artículo 1589 que La nulidad absoluta puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria”; siendo que las normas del Código de Trabajo como las Procesales son de orden público y teniendo en cuenta que en materia laboral el juicio esta arropado de requisitos que deben cumplirse para acercarse al debido proceso, en ese orden de ideas el artículo 725 del Código de Trabajo señala que “El acta se firmará por el Juez, las demás personas que hayan intervenido en la audiencia y el Secretario. Si alguna de ellas no puede o no quiere firmar, se hará constar al pie de la misma esa circunstancia y firmará un testigo en lugar suyo”, en el folio 95 y 96 frente y vuelto de la primera pieza aparece la celebración de la segunda audiencia de trámite” en la que compareció la señora Alma Lourdes Escobar Villanueva como testigo pero en el acta no aparece su firma, ni se hace constar ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo señalado (725) del Código de Trabajo del porque no firmo esa Acta; asimismo corre a folio ciento treinta y cuatro (134) de la primera pieza que en el auto de fecha 27 de septiembre de 2018, de oficio se reprogramó Audiencia de Juzgamiento, auto este que NO fue notificado a la parte demandada, ni al Procurador del y Trabajo celebrando la audiencia el día señalado en ese auto el día y hora señalado sin previa notificación de las partes (f 135 al 139), violentando con ello lo establecido en nuestra legislación procesal, además de lo anterior el artículo 90 de la Constitución de la República incorpora la Garantía de Legalidad, para proteger a sus habitantes contra aquellas actuaciones que prescindiendo de las ritualidades se adelantan a los procesos.- Constando en autos la violación apuntada, oficiosamente esta Honorable Corte puede y debe declarar la nulidad a partir del acto que corre a folio 95 y 96 en delante de la primera pieza o en su defecto a partir del folio (68) en virtud de haber hecho el juzgador caso omiso a la constancia que corre a folio (66 y 67) de la primera pieza y haber celebrado esa audiencia prescindiendo de las ritualidades de nuestra legislación procesal y adelantándose al proceso; todo en aras de cumplimentar el precepto constitucional invocado y en virtud de la oficiosidad que otorga nuestro código civil para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan lugar a la casación en la forma tal como el caso que nos ocupa; en materia laboral si bien es cierto no existe el rigor y formalismo del procedimiento pero el juez debe de dirigir el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, sin perjuicio de la defensa de las partes, pero ello NO significa que puede transgredir el proceso y dejarlo a su discreción porque las disposiciones del Código de Trabajo son de orden público y de ninguna manera pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y menos por las autoridades que son los llamados a o de observar su estricto cumplimiento, ya que los actos que prohíbe la ley son nulos y no tienen ningún valor; por lo que constando en autos la nulidad absoluta debe de declararse de oficio aunque las partes no lo aleguen, considerando que el debido proceso obliga a que el juicio se desarrolle conforme a los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias en condiciones de igualdad de las partes, el derecho al contradictorio que garantice una Tutela Judicial efectiva que debe ser brindada por el Juez como garante de la legalidad en los procesos que dirige, en este sentido la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida devenía obligada a anular las diligencias referidas, por lo que en el caso de mérito se han infringido disposiciones de orden público que vuelven a la sentencia falta de claridad, precisión y congruencia y por ende de legalidad por lo que se estima que lo procedente es que esta Sala de la Honorable Corte Suprema de Justicia proceda a decretar de oficio la nulidad de la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones que confirma la dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 760, 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de febrero del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL108-2019. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
9