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Sentencia CL-105-19 — Registro 12148

Resumen

Segunda instancia revocó declarando con lugar el recurso de apelación, absolviendo a los demandados en la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido que fue realizado mediante un procedimiento ilegal, que se ordene el pago de indemnización consistente en preaviso y auxilio de cesantía, pago de daños y perjuicios consistente en el pago de salarios dejados de percibir, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que revisado el fallo que se conoce en este extraordinario recurso, se aprecia que el ad quem incurre en los mismos errores o deficiencias que le fueran señaladas anteriormente, ya que de nuevo no existen los pronunciamientos correspondientes, como ser, si declara con o sin lugar la demanda, si declara con o sin lugar las tachas, igual omite referirse a los derechos reclamados por el actor, entre ellos las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y reajuste de salario mínimo, entre otros; de igual forma, la redacción del fallo es confusa, olvidando que en esta materia, también el juzgador debe actuar vinculado al respeto del orden público laboral y a los demás principios generales del trabajo, como también, la protección de los derechos humanos; la relación de trabajo fue aceptada por la parte demandada al contestar la demanda, aduciendo ser verbal sin contrato escrito y sosteniendo que “en ningún momento despidió injustificadamente al señor actuante, al contrario se le rescinde el Contrato de Trabajo por haber finalizado las clases y se deja de contratar por no haber alumnado.” Por otro lado, esa sentencia si ha sido proferida en audiencia, debe contar con el cierre de la misma y su notificación es en estrados, como lo ordena el artículo 719 del Código de Trabajo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que este Tribunal ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales, que es necesario recordar: a) que por el carácter tutelador de la materia laboral, el juzgador al momento de decidir debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, orden público, tomado en cuenta que los trabajadores que laboren en la instituciones descentralizadas le es aplicable el régimen general (Código del Trabajo), que la inexistencia de un contrato escrito es imputable al empleador, que la existencia de la relación de trabajo está determinado por el cumplimiento de los requisitos establecido en la ley, que cuando en un caso específico exista la posibilidad de aplicar más de una norma, deberá preferirse aquella que sea más favorable al trabajador, que el principio de primacía de la realidad implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos no a documentos y a que los derechos laborales son derechos humanos y/o fundamentales, por lo cual una vez concedidos o adquiridos pueden ser objeto de mejora, pero no aplicar criterios regresivos, tal y como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en consecuencia si un derecho ha sido concedido posteriormente no se puede conculcar (Principio de Progresividad)…” (ver sentencia del 15 de octubre del 2018, expediente CL380-17); y, b) “…que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.” (ver sentencia 2 de mayo del 2012, expediente CL09-11)."..

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que este Tribunal ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales, que es necesario recordar: a) que por el carácter tutelador de la materia laboral, el juzgador al momento de decidir debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, orden público, tomado en cuenta que los trabajadores que laboren en la instituciones descentralizadas le es aplicable el régimen general (Código del Trabajo), que la inexistencia de un contrato escrito es imputable al empleador, que la existencia de la relación de trabajo está determinado por el cumplimiento de los requisitos establecido en la ley, que cuando en un caso específico exista la posibilidad de aplicar más de una norma, deberá preferirse aquella que sea más favorable al trabajador, que el principio de primacía de la realidad implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos no a documentos y a que los derechos laborales son derechos humanos y/o fundamentales, por lo cual una vez concedidos o adquiridos pueden ser objeto de mejora, pero no aplicar criterios regresivos, tal y como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en consecuencia si un derecho ha sido concedido posteriormente no se puede conculcar (Principio de Progresividad)…” (ver sentencia del 15 de octubre del 2018, expediente CL380-17); y, b) “…que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.” (ver sentencia 2 de mayo del 2012, expediente CL09-11)."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."on base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 del Código Procesal Civil), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional. XII.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el debido proceso ha determinado: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (ver sentencia del 9 de agosto del 2017, expediente AL 1062-2015). XIII.- También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. (Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 30319 151). "...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Por lo anterior y en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XVI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad quem proceda de conformidad a derecho, debiendo dicho Tribunal ser más cuidadoso en los asuntos sometidos a su conocimiento."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de marzo de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 30 de agosto del 2019, por la Abogada AVILIA ROSA MARADIAGA REYES, en su condición de representante procesal del señor MOISES VASQUEZ MANUELES, como recurrente; además es parte recurrida, el JARDIN, ESCUELA E INSTITUTO BAUTISTA VICTORIA, representado en juicio por la Abogada BERNA LINNETH INESTROZA GUZMAN. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido que fue realizado mediante un procedimiento ilegal, que se ordene el pago de indemnización consistente en preaviso y auxilio de cesantía, pago de daños y perjuicios consistente en el pago de salarios dejados de percibir, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 13 de marzo del 2015, por el señor MOISES VASQUEZ MANUELES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Comayagua, Departamento de Comayagua, contra los señores JARBIL SMITHS y MIRIAM ESPINOZA, ambos en su condición de propietarios del JARDIN, ESCUELA E INSTITUTO VICTORIA. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de noviembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 06 de febrero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación de mérito, interpuesto por la Abogada BERNA LINETH INESTROZA GUZMAN EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Promovida por el señor MOISES VASQUEZ MANUELES, en contra de los Señores JARBIL SMITHS Y MIRIAM ESPINOZA, en su condición de Propietarios del centro educativo JARDÍN, ESCUELA E INSTITUTO VICTORIA. SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. CUARTO: SE ABSUELVE A LA DEMANDADA MIRIAM ESPINOZA, en su condición de Representante Legal del Centro Educativo JARDÍN, ESCUELA E INSTITUTO VICTORIA. SIN COSTAS….” ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el 15 de marzo del 2013, inició la relación laboral como Conductor de Bus escolar del Jardín, Escuela e Instituto Victoria, propiedad de los demandados, hasta el 08 de febrero del 2015, realizando su trabajo con responsabilidad, existiendo un contrato verbal, devengaba un salario mensual de L. 4,000.00; que el 08 de febrero del 2015, estando aún de vacaciones, se comunicó con el señor Jarbil Smiths para confirmar el día en que comenzaban las clases para presentarse a trabajar, a lo que le manifestó que ya tenía otra persona en su lugar de trabajo y que estaba despedido; manifestó que el procedimiento que utilizó el patrono para el despido fue ilegal, ya que tenía que hacerse una audiencia de descargo, en presencia de dos testigos, a fin de que se pudiera defender, en el caso que los demandados consideraran que cometió alguna falta, por lo que se violentó las reglas establecidas en el Código del Trabajo para efectuar el despido. 2.- La parte demandada, la señora MIRIAN ZULEMA ESPINOZA URQUIA, en su condición de Directora y Representante Legal propietaria del JARDIN, ESCUELA E INSTITUTO BAUTISTA VICTORIA, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la parte demandante; apoyando su defensa en que el demandante inició la relación de trabajo el 15 de marzo de 2014, finalizando el 10 de noviembre del 2014, por un salario convenido de L.100.00 por cada viaje, que realizaba ida y vuelta por cinco días cancelándole la cantidad de L.500.00 todos los viernes al mediodía y que al finalizar las clases se deja de contratar; que se contrata de forma verbal y sin contrato, por ser una actividad informal; asimismo alegó que en ningún momento despidió injustificadamente al demandante, al contrario se le rescinde el contrato de trabajo por haber finalizado las clases y se deja de contratar por no haber alumnado; que señaló defecto procesal de falta de representación en el demandado, por cuanto el demandante promueve su demanda a través del señor Jarbil Smiths, el cual no es miembro del Consejo de Administración ni el Gerente mucho menos Director de dicha institución educativa, sino que se desempeña como Pastor de la Iglesia en el instituto, de conformidad con el artículo 209 del Código de Comercio. 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 06 de febrero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral promovida por el señor MOISÉS VÁSQUEZ MANUELES, contra la señora MIRIAN ZULEMA ESPINOZA URQUIA, en su condición de Directora y representante legal del JARDÍN, ESCUELA E INSTITUTO BAUTISTA VICTORIA; condenó a la parte demandada a pagar la cantidad de L.110,733.46, por los conceptos de preaviso; auxilio cesantía; auxilio cesantía proporcional; vacaciones proporcionales; aguinaldo; aguinaldo proporcional; décimo cuarto mes; décimo cuarto mes proporcional; reajuste salario mínimo; más los salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios; declaró sin lugar las tachas de los testigos Jackeline Castro Oliva y Francisco Maldonado, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada según certificación del Ministerio de Trabajo manifestó que aceptaba la existencia de una relación de trabajo con el señor Moisés Vásquez Moncada, quién devengaba un salario el cual habían negociado conforme a las posibilidades de la institución, devolviéndole su trabajo, situación que fue confirmada mediante el escrito de contestación de la demanda, no pudiéndose aplicar lo contentivo al decreto del salario por hora al no haberse aprobado por la Secretaría de Trabajo para su aplicación en dicha institución según decreto que fue aprobado, en consecuencia se reúnen los presupuestos legales de un despido injusto, conforme a lo establecido en el artículo 114 del Código del Trabajo. Que las declaraciones testificales de Jackeline Castro Oliva y Francisco Maldonado fueron tachadas, pero estima este órgano que los testigos son conocedores de los hechos y proporcionan la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. 4. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 27 de noviembre del 2018, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, en donde declaró con lugar el recurso de apelación de mérito; revocó la resolución recurrida y absolvió a la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que parte demandante no aportó elementos de prueba suficientes para sostener su tesis de que el Trabajador fue despedido injustamente, contario sensu los resultados de la práctica de la prueba establecen que el trabajador no es empleado permanente del instituto Bautista Victoria y que únicamente realizaba viajes de transporte de los alumnos de dicho centro educativo, los cuales se le cancelaban semanalmente por un valor de cien Lempiras cada uno de estos viajes y por ende no hay cumplimiento de ocho (8) horas laborables, de lo que se determina que la parte demandante no ha incurrido en despido injustificado; consta que el criterio de la Juez A-quo fue declarar sin lugar la demanda; y mal entiende la resolución de esta corte en cuanto a la anulación del fallo por ende en el fallo 6-02-2017 cambia su criterio a declarar con lugar la demanda, de lo que asumimos que la Juez A-quo entiende que esta Corte genera línea favorable a una parte mismo que aclaramos el termino anular no significa cambio de criterio a merced que no se vierte a la sustancia o el fondo del asunto. 5.- Mediante auto de fecha 21 de mayo del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada AVILIA ROSA MARADIAGA REYES, en su condición de representante procesal del señor MOISÉS VÁSQUEZ MANUELES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 30 de agosto del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada AVILIA ROSA MARADIAGA REYES, en su condición de representante procesal del señor MOISES VASQUEZ MANUELES, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 05 de septiembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de septiembre del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BERNA LINNETH INESTROZA GUZMAN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que este Tribunal, en sentencia del 31 de julio del 2018, anuló la proferida por la Corte de Apelaciones recurrida, porque la misma no cuenta con todos los pronunciamientos derivados de revocar el fallo de primera instancia, ya que omite hacerlo sobre si declara con lugar o sin lugar la demanda, limitándose a indicar que “SE ABSUELVE A LA DEMANDADA MIRIAN ESPINOZA”, no estableciendo los conceptos de tal determinación, ni tomando en cuenta que la señora Espinoza actúa en el proceso en representación del Instituto y Escuela Bautista Victoria; tampoco se pronuncia sobre el tema de las tachas opuestas a los testigos JACKELINE CASTRO OLIVA y FRANCISCO MALDONADO.- Además, en la motivación de dicha sentencia, dicho Tribunal toma en consideración una situación que no ha sido de la controversia, como es el tema de la existencia o no de un contrato de transporte; también se hacen consideraciones sobre la inexistencia de la relación laboral y de las jornadas de trabajo en que se prestaba el servicio, que determinan que el ad-quem desconoce las presunciones y carga probatoria impuesta por la normativa laboral, como ser lo dispuesto en los artículos 19, 20, 21, 30 y 47 del Código del Trabajo, cuando además, de los agravios expuestos por la apelante, se desprende de que se ataca el fallo del a-quo, bajo el único argumento que la demanda se debe declarar sin lugar, dado que el demandante no ha acreditado que fue despedido y por el principio de personalidad del recurso, sobre ese punto o extremo es que se debió resolver la apelación. IX.- Que revisado el fallo que se conoce en este extraordinario recurso, se aprecia que el ad quem incurre en los mismos errores o deficiencias que le fueran señaladas anteriormente, ya que de nuevo no existen los pronunciamientos correspondientes, como ser, si declara con o sin lugar la demanda, si declara con o sin lugar las tachas, igual omite referirse a los derechos reclamados por el actor, entre ellos las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y reajuste de salario mínimo, entre otros; de igual forma, la redacción del fallo es confusa, olvidando que en esta materia, también el juzgador debe actuar vinculado al respeto del orden público laboral y a los demás principios generales del trabajo, como también, la protección de los derechos humanos; la relación de trabajo fue aceptada por la parte demandada al contestar la demanda, aduciendo ser verbal sin contrato escrito y sosteniendo que “en ningún momento despidió injustificadamente al señor actuante, al contrario se le rescinde el Contrato de Trabajo por haber finalizado las clases y se deja de contratar por no haber alumnado.” Por otro lado, esa sentencia si ha sido proferida en audiencia, debe contar con el cierre de la misma y su notificación es en estrados, como lo ordena el artículo 719 del Código de Trabajo. X.- Que este Tribunal ha establecido los siguientes criterios jurisprudenciales, que es necesario recordar: a) que por el carácter tutelador de la materia laboral, el juzgador al momento de decidir debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, orden público, tomado en cuenta que los trabajadores que laboren en la instituciones descentralizadas le es aplicable el régimen general (Código del Trabajo), que la inexistencia de un contrato escrito es imputable al empleador, que la existencia de la relación de trabajo está determinado por el cumplimiento de los requisitos establecido en la ley, que cuando en un caso específico exista la posibilidad de aplicar más de una norma, deberá preferirse aquella que sea más favorable al trabajador, que el principio de primacía de la realidad implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos no a documentos y a que los derechos laborales son derechos humanos y/o fundamentales, por lo cual una vez concedidos o adquiridos pueden ser objeto de mejora, pero no aplicar criterios regresivos, tal y como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en consecuencia si un derecho ha sido concedido posteriormente no se puede conculcar (Principio de Progresividad)…” (ver sentencia del 15 de octubre del 2018, expediente CL380-17); y, b) “…que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.” (ver sentencia 2 de mayo del 2012, expediente CL09-11). XI.- Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 del Código Procesal Civil), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional. XII.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el debido proceso ha determinado: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (ver sentencia del 9 de agosto del 2017, expediente AL 1062-2015). XIII.- También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. (Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 30319 151). XIV.- Por lo anterior y en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XV.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XVI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad quem proceda de conformidad a derecho, debiendo dicho Tribunal ser más cuidadoso en los asuntos sometidos a su conocimiento. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 64, 90 párrafo primero, 127, 128, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 30, 41, 37, 47, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, Comayagua, en fecha 27 de noviembre del 2018, visible a folios del 19 al 20 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA Y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número CL105-2019. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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