Sentencia CL-03-19 — Registro 10201
Resumen
Segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar la de excepcion perentoria de prescripción y sin lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare el derecho y en compensación económica se condene al demandado al pago de indemnizaciones económicas por haberlos perjudicado en el goce de sus beneficios de la aplicación del Decreto 82-12 aprobado por el Congreso Nacional para la modernización y restructuración de la Empresa Nacional Portuaria y la aplicación del Contrato Colectivo Vigente al año 2016, por haber sido parte representada en dichas conquistas y haber sido cesanteados con el aval de la demandada en grave omisión de leyes que garantizan la debida protección a sus empleados y las conquistas que se derivan de sus contratos de trabajo causándoles perjuicios económicos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 867 del Código del Trabajo, contiene dos párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque, ya sea por infracción directa, falta de aplicación o aplicación indebida o interpretación errónea contra el fallo impugnado; b) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 03 de abril del 2019, por el Abogado CARLOS ROBERTO RUIZ RAMÍREZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de los señores: ALBA LINA CRUZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ CHÁVEZ, ALLAN ALBERTO ORTEGA CHAVARRÍA, ARNOLDO HERRERA NAVAS, BRENDA LIDIA GALINDO BELISLE, BLANCA ROSA MANCIA, BLANCA AZUCENA MARTÍNEZ, DAISY JANETH ANDURAY ROSALES, EVELYN PATRICIA MILLA RAMÍREZ, IVANIA ROSAURA ORELLANA BOTO, JOSÉ ALBERTO LARA FUENTES, JESÚS ANTONIO POSADAS VELÁSQUEZ, LILIAN LETICIA SALES NÚÑEZ, LUIS ALONSO VENEGAS ANDINO, MARTA SUYAPA VELÁSQUEZ LÓPEZ, MARCO ANTONIO FERRUFINO FUNES, NARTALI CASTELLANOS PÉREZ, PORFIRIO TURCIOS BENÍTEZ, ROBERTO REYES VIGIL SANTOS HORANTES GÓMEZ ÁVILA Y XENIA MARGARITA OSEJO NAVAS, como recurrente; además, es parte recurrida, SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representado en juicio por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare el derecho y en compensación económica se condene al demandado al pago de indemnizaciones económicas por haberlos perjudicado en el goce de sus beneficios de la aplicación del Decreto 82-12 aprobado por el Congreso Nacional para la modernización y restructuración de la Empresa Nacional Portuaria y la aplicación del Contrato Colectivo Vigente al año 2016, por haber sido parte representada en dichas conquistas y haber sido cesanteados con el aval de la demandada en grave omisión de leyes que garantizan la debida protección a sus empleados y las conquistas que se derivan de sus contratos de trabajo causándoles perjuicios económicos, costas; promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 04 de agosto del 2017, por el Abogado CARLOS ROBERTO RUIZ RAMÍREZ, en su condición de representante procesal de los señores: ALBA LINA CRUZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ CHÁVEZ, ALLAN ALBERTO ORTEGA CHAVARRÍA, ARNOLDO HERRERA NAVAS, BRENDA LIDIA GALINDO BELISLE, BLANCA ROSA MANCIA, BLANCA AZUCENA MARTÍNEZ, DAISY JANETH ANDURAY ROSALES, EVELYN PATRICIA MILLA RAMÍREZ, IVANIA ROSAURA ORELLANA BOTO, JOSÉ ALBERTO LARA FUENTES, JESÚS ANTONIO POSADAS VELÁSQUEZ, LILIAN LETICIA SALES NÚÑEZ, LUIS ALONSO VENEGAS ANDINO, MARTA SUYAPA VELÁSQUEZ LÓPEZ, MARCO ANTONIO FERRUFINO FUNES, NARTALI CASTELLANOS PÉREZ, PORFIRIO TURCIOS BENÍTEZ, ROBERTO REYES VIGIL SANTOS HORANTES GÓMEZ ÁVILA Y XENIA MARGARITA OSEJO NAVAS, contra el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), representado por su Presidente el señor FELIPE AGUILAR CALIX, mayor de edad, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de noviembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 14 de agosto del 2018, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por la parte demandada contra la sentencia de fecha catorce de agosto del año en curso (2018) dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, en la demanda de la referencia; SEGUNDO: REFORMAR la referida sentencia en el sentido de: I.- Declarar CON LUGAR la excepción perentoria de prescripción; II.- DECLARANDO SIN LUGAR la demanda para que se declare el derecho y pago de una indemnización económica por perjuicios y daños sufridos, por ende se ABSUELVE al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), de todos los derechos económicos exigidos en el presente caso.- TERCERO: Se CONFIRMA la sentencia en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia.- CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia…..”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que fueron ex miembros afiliados de la parte demandada, en su situación de ex trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria, y que los contratos de trabajo eran protegidos por el Sindicato de la Empresa Nacional Portuaria en razón de ser hasta el momento de su despidos afiliados activos, que durante su afiliación cumplieron con todas las obligaciones para con dicha Organización Sindical para gozar de su protección en todo lo referente a sus derechos laborales; que siendo afiliados activos la ENP inició un proceso de restructuración en la que involucraba la parte laboral siendo representados los demandantes por medio del Sindicato representado por el señor Felipe Aguilar Calix, y que es así que formaban parte del núcleo de beneficiados en las conquistas beneficios obtenidas por la organización, ya sea la estabilidad laboral y la protección a sus empleos, mejoras salariales y otras conquistas accesorias plasmadas y aceptadas por el Sindicato y especialmente lo contenido en el artículo 5 del Decreto número 82-12, aprobado por el Congreso Nacional; manifestaron que entre los beneficios formalizados por el demandado, está que el Sindicato tal y como consta estableció en los Contratos de Fideicomiso recibe o sigue recibiendo parte del 25 % del canon establecido en el Artículo 5 de dicho Decreto 82-12, como beneficio para sus afiliados y que vale hacer hincapié sus representados eran parte de la empresa y además afiliados al Sindicato y como tales tienen derecho a recibir como una indemnización, ya que no se beneficiaran de los proyectos del Sindicato las cantidades que a juicio de los entendidos en cuestiones financieras debería tocarles si hubiese una distribución justa, lo que nos lleva a una cantidad estimada que la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) debe pagar cada año, a la fecha 37,667,629.00 al SITRAENP, cuyos beneficiarios son sus afiliados que a esa época eran exactamente 320 afilados incluyendo sus representado.- Y que sin embargo manifiesta que sus representados, fueron despedidos de la Empresa Nacional Portuaria, con el aval de los directivos de la organización Sindical, sin contar con la aprobación de la asamblea en un congreso Sindical y que devenían más bien acudir en la defensa de su estabilidad Laboral y protección de su empleo y bajo el concepto de reajuste de personal en virtud de la restructuración y con la aplicación de un acta especial suscrita entre el Sindicato y la empresa en la que avala los despidos. Que por otra parte, está establecido en el Contrato Colectivo vigente al 2015 y ampliado su vigencia al 2016, que sus representados tenían también derecho a todo los beneficios obtenidos en su nombre inherentes a dicho contrato y que al ser despedidos dejaron de percibirlos en consecuencia de conformidad con la aplicación del mismo y de acuerdo a su salario y antigüedad en un cálculo establecido y certificado, deberían recibir en concepto de indemnización y de acuerdo a estados proyectados por Peritos Mercantiles debidamente colegiados y como tales autorizados en este tema las cantidades siguientes: Alba Lina Cruz Martínez L. 973,599.755; Alejandro Martínez Chávez L. 936,997.945; Allan Alberto Ortega Chavarría L.893,960.555; Arnoldo Herrera Navas L.906,763.225; Brenda Lidia Galindo Belisle L.999,221.165; Blanca Rosa Mancia L.903,061.155; Blanca Azucena Martínez L.768,080.505; Daisy Janeth Anduray Rosales L.961,901.645; Evelyn Patricia Milla Ramírez L.973,044.555; Ivania Rosaura Orellana Boto L.999,221.155, José Alberto Lara L.972,479.195; Jesús Antonio Posadas Velasquez L.946,921.785; Lujan Leticia Sales Núñez L.803,971.025; Luis Alonso Venegas Andino L.963,208.225; Marta Suyapa Velásquez López L.806,949.265; Marco Antonio Ferrufino Funes L.1.139,088.895; Nartali Castellanos Pérez L.954,873.065 Porfirio Turcios Benítez L.768,080.505; Roberto Reyes Vigil L.768,080.505; Santos Horantes Gómez Ávila L.896,532.765 y Xenia Margarita Osejo Navas L.972,965.775; haciendo una gran total de L.19,309,002.67, de lo que la organización debe pagar a los demandantes.- 2.- La parte demandada, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), contestó dicha demanda rechazando los hechos de la misma y apoyó su defensa en que según parece del escrito de la demanda no hubo reclamo administrativo previo; y es menester el agotamiento de la vía administrativa como lo exige el Código del Trabajo para la aceptación a trámite de la demanda por lo establecido en el Código del Trabajo; y que en cuanto a la indemnización económica reclamada por los demandantes como ex miembros afiliados del Sindicato, es un reclamo de responsabilidad civil por daño patrimonial, propio del conocimiento de la jurisdicción civil, ya que el supuesto perjuicio sufrido corresponde a materia de derecho privado y no a derechos sociales; en consecuencia considera que, lo que reclaman ahora no constituyen derechos laborales, pues en la demanda no señalan al Sindicato como patrono, ni que sigan siendo empleados de la Empresa Nacional Portuaria y que erróneamente invocan como fuente de su derecho el Decreto 82-12, Contrato de Fideicomiso de Administración de las Terminales portuarias a través de dos Bancos y acompañamiento de COALIANZA, siendo el Fideicomiso un contrato de orden privado regulado por el Código de Comercio; alegó que el Sindicato cumplió con las obligaciones contractuales colectivas en todo tiempo hasta el mismo momento en que los demandantes dejaron de ser miembros afiliados, y que el sindicato siempre ha defendido los derechos laborales de sus afiliados; que los demandantes dejaron de ser miembros entre diciembre del 2015 a enero del 2016; asimismo alegó, que el SITRAENP acompañó un proceso de restructuración con el anterior patrono de los demandantes, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, autorizado por el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo por ser el SITRAENP el representante legal de los miembros afiliados, y hasta la finalización y ejecución de lo acordado en el Acta Especial del 11 de noviembre de 2015, no hubo reclamo alguno en contra del Sindicato por los demandantes, por lo que considera que ahora resulta extemporáneo; que el Sindicato solo actuó como Mandatario y que los demandantes no tienen derecho a compensación económica alguna. El Decreto 82-12 que aprueba el Contrato de Fideicomiso de Administración de las Terminales portuarias a través de dos Bancos y acompañamiento de COALIANZA, en el artículo 5 se establece una contribución del 25% del canon que perciba el Fideicomiso, para un fondo social a beneficio de los empleados de la ENP y de obras sociales que se realicen en los municipios donde opera la Empresa Nacional Portuaria. Dicho Fondo Social bipartito está actualmente en proceso de constitución, y no es para compensación económica a ex miembros del Sindicato, como pretenden sino para actuales trabajadores, con esos ingeniosos cálculos hechos por un Perito Mercantil que califica arbitrariamente la cesantía, manifiesta que el conflicto jurídico o de derecho, esos derechos inherentes al Contrato Colectivo 2015-2016 que invocan, considera que no los acreditan en su demanda, esos derechos establecidos en la norma en que se debe entrar en disputa, sino que generalizan por todo el Contrato Colectivo, y pretenden la creación de nuevas normas, lo que está vedado para la jurisdicción del trabajo, pues solo apoyan indebidamente su reclamo en el artículo 5 del Decreto 82-12 para cuantificar arbitrariamente de acuerdo a los estados proyectados por un Perito Mercantil unas cantidades específicas para cada uno de los demandantes, y que suman L. 19,309,002.67, por unos supuestos derechos laborales que dejaron de percibir tras su salida por reestructuración de la ENP; que el cálculo y proyección del perjuicio es un ejercicio matemático, sin parangón o antecedente legal; creando un conflicto económico o de intereses sin apoyarse en norma legal aplicable, pretendiendo nuevas regulaciones distintas de las que se establecieron en el artículo 5 del referido Decreto 82-12. Asimismo, en Audiencia Primera de Trámite, interpuso excepción perentoria de prescripción del derecho y acción.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 14 de agosto del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado CARLOS ROBERTO RUIZ RAMÍREZ, en su condición de representante procesal de los señores: ALBA LINA CRUZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ CHÁVEZ, ALLAN ALBERTO ORTEGA CHAVARRÍA, ARNOLDO HERRERA NAVAS, BRENDA LIDIA GALINDO BELISLE, BLANCA ROSA MANCIA, BLANCA AZUCENA MARTÍNEZ, DAISY JANETH ANDURAY ROSALES, EVELYN PATRICIA MILLA RAMÍREZ, IVANIA ROSAURA ORELLANA BOTO, JOSÉ ALBERTO LARA FUENTES, JESÚS ANTONIO POSADAS VELÁSQUEZ, LILIAN LETICIA SALES NÚÑEZ, LUIS ALONSO VENEGAS ANDINO, MARTA SUYAPA VELÁSQUEZ LÓPEZ, MARCO ANTONIO FERRUFINO FUNES, NARTALI CASTELLANOS PÉREZ, PORFIRIO TURCIOS BENÍTEZ, ROBERTO REYES VIGIL SANTOS HORANTES GÓMEZ ÁVILA Y XENIA MARGARITA OSEJO NAVAS, contra el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (SITRAENP), representado por su Presidente el señor FELIPE AGUILAR CALIX; bajo el criterio que a criterio de este Juzgador, es procedente conforme a derecho, el declarar el derecho que tienen los demandantes a ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por la acción anteriormente señalada y que fuere realizada por el SITRAENP, parte demandada en este proceso, ya que los demandantes al no formar parte ya de dicha organización sindical y encontrarse en sus puestos de trabajo, no podrán percibir los beneficios económicos y sociales provenientes del Decreto Legislativo 82-2012, así como también los beneficios económicos y sociales provenientes del Contrato Colectivo vigente para el año 2016 y que ya se encontraba suscrito por la ENP y el SITRAENP al momento de la terminación de la relación laboral entre los demandante y la ENP, como consecuencia del proceso de reestructuración tantas veces referido; por lo que se establece como condena económica en concepto de daños y perjuicios, las cantidades de dinero establecidas en la proyección contable realizada por el Contador Marvin Licinio Colomer Centeno, como indemnización de daños y perjuicios en favor de los demandantes, de los beneficios dejados de percibir por los demandantes al haber finalizado su relación laboral con la empresa demandada a raíz de la estructuración iniciada por la ENP y avalada por el SITRAENP; que la prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por la norma laboral, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina el Código del Trabajo, en el caso que nos ocupa, la demandada alega que le ha prescrito el derecho a los demandantes para ejercitar la presente acción de demanda en su contra, pero la prescripción establecida por el legislador en el Artículo 867, se refiere a los derechos de los trabajadores frente a su patrono y sobre los derechos que el Código del Trabajo les otorga, sin embargo en el negocio que nos ocupa, la acción no va dirigida contra la patronal, sino más bien contra la organización sindical que debía velar por los derechos que el Código del Trabajo y el Contrato Colectivo otorga a los demandantes y que la demandada no hizo, razón por la cual la acción para reclamar los daños y perjuicios que se le ha ocasionado, no está regida por la prescripción que establece la norma precitada, puesto que aún no se ha declarado ningún derecho como lo sostiene la parte demandante, es hasta en el presente fallo que se establecerá dicho derecho, razón por la cual la Excepción Perentoria de Prescripción interpuesta por la parte demandada no es atendible.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 14 de noviembre del 2018, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el A quo, en donde reformó la sentencia en el sentido de que declaró con lugar la excepción perentoria de prescripción; declaró sin lugar la demanda para que se declare el derecho y pago de una indemnización económica por perjuicios y daños sufridos; absolvio a la parte demandada de todos los derechos económicos exigidos en el presente caso, y confirmó la sentencia en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que los actores reclaman a la organización sindical SITRAENP el pago de ciertas cantidades de dinero en concepto de indemnización, al estimar que ésta no contaba con la autorización para representarlos en la negociación de beneficios provenientes de la aplicación del Decreto Legislativo 82-12 y el contrato colectivo vigente al 2016, habiendo actuado en contra de sus legítimos derechos de protección laboral en cuanto a la estabilidad en sus empleos y demás beneficios reconocidos en la Ley, siendo cesanteados por causa de reestructuración portuaria y no por justa causa de despido; petición a la que se opuso la demandada y promovió la excepción perentoria de prescripción con sustento en el artículo 867 del Código del Trabajo, excepción que fue declarada sin lugar por el iudex Aquo y que ésta Alzada no comparte, ya que al exigirse una responsabilidad al Sindicato, ésta debe materializarse en el término que señala la disposición legal antes citada con fundamento en el artículo 64 de la misma normativa, éste señala un límite de tiempo para ejercer los derechos y acciones que se generen de una situación laboral que no derive directa o indirectamente del contrato o relación de trabajo como en el presente caso, pues se trata de un asunto de índole laboral, pero en relación al vínculo entre la Organización Sindical y los demandantes en su condición de exempleados de la Empresa Nacional Portuaria; así las cosas y siendo que el cese laboral se produjo el 18 de diciembre del año 2015 y la acción se presentó el 04 de agosto del año 2017, es evidente que tal reclamo se planteó extemporáneamente, operando con ello la prescripción invocada, ya que los derechos solicitados por los actores nacen a raíz de la desvinculación laboral que sufrieron y no como lo considera el iudex A quo, puesto que para declarar un derecho, éste debe impetrarse en el tiempo legalmente establecido; de ahí que resulta innecesario analizar y valorar las pruebas que las partes hayan presentado para probar sus asertos, por lo que resulta atendible la pretensión del recurrente, en cuanto a la excepción material planteada; por las razones antes expuestas se estima procedente reformar el fallo impugnado, a fin de declarar con lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la demandada y por ende desestimar la pretensión actora.- 5.- Mediante auto de fecha 13 de febrero del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO RUIZ RAMÍREZ, en su condición de representante procesal de los señores: ALBA LINA CRUZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ CHÁVEZ, ALLAN ALBERTO ORTEGA CHAVARRÍA, ARNOLDO HERRERA NAVAS, BRENDA LIDIA GALINDO BELISLE, BLANCA ROSA MANCIA, BLANCA AZUCENA MARTÍNEZ, DAISY JANETH ANDURAY ROSALES, EVELYN PATRICIA MILLA RAMÍREZ, IVANIA ROSAURA ORELLANA BOTO, JOSÉ ALBERTO LARA FUENTES, JESÚS ANTONIO POSADAS VELÁSQUEZ, LILIAN LETICIA SALES NÚÑEZ, LUIS ALONSO VENEGAS ANDINO, MARTA SUYAPA VELÁSQUEZ LÓPEZ, MARCO ANTONIO FERRUFINO FUNES, NARTALI CASTELLANOS PÉREZ, PORFIRIO TURCIOS BENÍTEZ, ROBERTO REYES VIGIL SANTOS HORANTES GÓMEZ ÁVILA Y XENIA MARGARITA OSEJO NAVAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 03 de abril del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS ROBERTO RUIZ RAMÍREZ, en su condición de representante procesal de los señores: ALBA LINA CRUZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ CHÁVEZ, ALLAN ALBERTO ORTEGA CHAVARRÍA, ARNOLDO HERRERA NAVAS, BRENDA LIDIA GALINDO BELISLE, BLANCA ROSA MANCIA, BLANCA AZUCENA MARTÍNEZ, DAISY JANETH ANDURAY ROSALES, EVELYN PATRICIA MILLA RAMÍREZ, IVANIA ROSAURA ORELLANA BOTO, JOSÉ ALBERTO LARA FUENTES, JESÚS ANTONIO POSADAS VELÁSQUEZ, LILIAN LETICIA SALES NÚÑEZ, LUIS ALONSO VENEGAS ANDINO, MARTA SUYAPA VELÁSQUEZ LÓPEZ, MARCO ANTONIO FERRUFINO FUNES, NARTALI CASTELLANOS PÉREZ, PORFIRIO TURCIOS BENÍTEZ, ROBERTO REYES VIGIL SANTOS HORANTES GÓMEZ ÁVILA Y XENIA MARGARITA OSEJO NAVAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 08 de abril del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de mayo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado CARLOS ROBERTO RUIZ FRAMIREZ, en su primer y único motivo de casación expone: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de carácter nacional por aplicación indebida del artículo 857 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está contemplado en el artículo 755 numeral 1 del Código del Trabajo el cual paso explicar así: A mi juicio la aplicación indebida ocurre cuando sin mediar un error de entendimiento sobre el significado de la norma se aplica a un Hecho u situación no previsto en el supuesto factico de la disposición, y se le hace producir efectos distintos de los contemplados en el precepto legal.- La violación a la normativa legal invocada por aplicación indebida surge al confundirse en el fallo los conceptos de reclamar un derecho y declarar un derecho y con base a ello se fundamenta el fallo, lo cual es cazable para su debida aplicación, puesto que aunque ambos tienen un mismo fin la diferencia a mi juicio es que el primero el derecho ya está constituido mientras que el segundo hay que declararlo primero es decir surge como una expectativa de derecho el cual existe el libre advedrio de hacerla vale en cualquier tiempo mientras que un reclamo de un derecho debido no. La disposición legal que invoco como violada se refiere a derechos y acciones que implican un reclamo para que le sean restablecidos derechos previamente violados sin embargo, el objeto y petición de la demanda no va dirigida a un reclamo sino orientada a que de acuerdo el examen de los hechos el Tribunal decida en cualquier tiempo declarar o no si asiste a un derecho a 1 demandante a ser un reclamo posterior o en su caso una vez declarado, decretar una condena. La Corte de Apelaciones fundamenta especialmente el fallo en la aplicación del artículo 857 del Código del Trabajo y en virtud de la cual reforma la sentencia dictada por El Juzgado de Letras de Trabajo en la cual declara sin lugar la demanda al no compartir este criterio ya que al exigírsele responsabilidad al Sindicato “este debe materializarse en el término legal antes citado” y aplicando indebidamente esta disposición legal contenida en el Código de Trabajo, puesto que la demanda no va dirigida en un reclamo sino a la declaratoria de un derecho en virtud de una infracción cometida en su perjuicio por su organización y que dio causa legal para que fueran separados de sus puestos de trabajo y privarlos de beneficios provenientes de conquistas laborales en forma colectivas en virtud de ser afiliadas a dicha organización.- Sino que la misma tiene como objeto que el tribunal declare si los trabajadores tenían derecho a recibir los mismos beneficios igual que los demás compañeros del sindicato toda vez que ellos no fueron despedidos por una causa justa por parte del patrono para rescindir sus contratos de trabajo sino por motivos de reestructuración y con base a un acuerdo entre el patrono y el sindicato sin contar con la autorización expresa de cada uno de los trabajadores o acuerdo alguno de asamblea del sindicato. En ese sentido la sentencia dictada por la Corte de apelaciones que reforma la sentencia dictado por el Juzgado de Letras de Trabajo viola el artículo 87 del Código del Trabajo porque está aplicando indebidamente el artículo 867 del Código del Trabajo puesto como he dicho el objeto de la demanda es una declaratoria de derechos y no un reclamo de derechos y como consecuencia a ese reclamo sigue una condena a indemnización. Cabe hacer hincapié que la Corte de Apelaciones de Trabajo en la sentencia objeto del presente recurso da una interpretación igual a los conceptos reclamar y declarar, el cual respeta pera no comparto. puesto que el concepto reclamar un derecho si tiene un plazo de prescripción y así señala el concepto el legislador en el artículo 867 del Código del Trabajo, mientras que siendo el objeto de la demanda que se declare un derecho y va más dirigido a crear un derecho a través de un fallo para luego reclamar su cumplimiento, de esta manera se acentúa más la violación directa a la norma jurídica invocada en virtud de su aplicación indebida y par lo tanto procede declarar la procedencia del motivo y proceder a dictar el que corresponde de acuerdo a derecho. PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE CONSIDERA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: De lo anterior señaló concretamente que el concepto legal de la norma sustantive de orden nacional que se considera violada es el artículo 867 del Código del Trabajo en concepto de aplicación indebida de la misma de tal manera que si no hubiese existido esa infracción no se hubiese declarado con lugar el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y en consecuencia la revisión del fondo del asunto.- Que así en éstos Términos explicados el primer y único motivo para que se declare su procedencia y con ello la revisión del caso y con ella cazar la sentencia y dictar la procedente en derecho”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 867 del Código del Trabajo, contiene dos párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque, ya sea por infracción directa, falta de aplicación o aplicación indebida o interpretación errónea contra el fallo impugnado; b) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación número 03-19. – Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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