Sentencia CL-98-18 — Registro 9195
Resumen
Segunda instancia reformo parcialmente sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa en que fundamento el despido y como no existe tal, sea condenado al pago de las prestaciones laborales, pago de reajuste salarial, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en quede firme la sentencia condenatoria respectiva, vacaciones adeudadas y costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que previo al análisis del fondo del asunto controvertido, el demandado opuso la excepción perentoria de prescripción del reajuste salarial reclamado, más no señaló con precisión la forma y condiciones de la procedencia de la extinción de ese derecho, sino que se limitó a señalar que el demandante no formulo reclamo mientras laboraba, que lo realizó hasta en la audiencia de conciliación en sede administrativa, por lo que al haberse omitido los extremos necesarios para determinar lo extemporáneo de tal pretensión, es decir, no se determinó el día o la fecha en que la misma inició y en la que terminó, cabe desestimar dicha excepción.- VII.- Este Tribunal ha venido sosteniendo: “Que si bien es cierto, la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser opuesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento ó conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia ó estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social.”(Ver sentencias del 23 de octubre del 2009 expediente CL 379-08 y del 22 de agosto del 2017 expediente CL 234-16).- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 862 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 2292 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Salario Mínimo, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Salario Mínimo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En el MANUAL PROCESAL LABORAL, en la página 39 se desarrolla el denominado PAGO POR CONSIGNACION y donde se concluye que “Para que surta efectos liberatorios, especialmente en el tema de salarios dejados de percibir, la consignación debe ser completa y oportuna, quedando a criterio del Juez la determinación sobre esa forma de pago (conforme a criterios jurisprudenciales la cantidad consignada deberá ser lo más aproximadamente posible a la condena impuesta por el Juzgador, en cuyo caso los salarios dejados de percibir correrían desde el día del despido hasta la fecha en que se materialice la consignación, ya que las prestaciones laborales deben ser canceladas al momento de ocurrir la terminación de la relación laboral).” [1].- XII.- En el caso que nos ocupa, al no proceder el reajuste salarial reclamado por el demandante, si bien es cierto, las prestaciones e indemnizaciones laborales reconocidas como adeudadas no fueron canceladas al momento inmediato posterior al despido, pero también lo es, que dicha consignación incluyó los conceptos accesorios que tales valores sumarían a la fecha de tal actuación.- En razón de lo anterior y siendo que la condena ha imponer es por el mismo valor consignado de buena fe por la parte demandada a favor del demandante, donde se incluyeran los salarios dejados de percibir al momento de realizarse tal actuación, la consignación realizada surte efectos liberatorios de esa condena accesoria.- XIII.- Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, con libertad en el convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar con lugar la demanda de mérito, condenar a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se realizara la consignación, a título de daños y perjuicios, sin costas."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 716 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 08 de mayo del 2018, por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSÉ MIGUEL SOTO ESTRADA, representado en juicio por la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa en que fundamento el despido y como no existe tal, sea condenado al pago de las prestaciones laborales, pago de reajuste salarial, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en quede firme la sentencia condenatoria respectiva, vacaciones adeudadas y costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 11 de junio del 2010, por el señor JOSÉ MIGUEL SOTO ESTRADA, mayor de edad, soltero, Agrónomo, hondureño y con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por medio de su representante legal el señor WALTER SMELIN PERDOMO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de febrero del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 21 de mayo del 2014, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA en su calidad de representante judicial actora, en consecuencia se REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha 21 de mayo del presente año (2014), en la demanda promovida por el señor JOSÉ MIGUEL SOTO ESTRADA contra la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES, a través de su representante legal, REFORMA que se contrae a establecer que la condena de pago de salarios caídos a título de daños y perjuicios comprende desde el momento de efectuarse el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme ésta sentencia.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y relacionada anteriormente, en sus demás extremos, es decir, en cuanto a que se declara con lugar la excepción de prescripción respecto el ajuste salarial y absolución de responsabilidad de la entidad demandada por dicho concepto económico, la condena de pago de prestaciones laborales, vacaciones y salarios caídos, computándose éstos en la forma establecida en el acápite primero de esta parte dispositiva-TERCERO: SIN COSTAS, por tener el recurrente motivos legales y racionales para litigar y el carácter social de las normas del trabajo”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la demandada el 21 de marzo del 2006, en el puesto de Supervisor de Obras Públicas, y que en los primeros 30 días de estar trabajando se le trasladó al puesto de Jefe del Departamento de Forestal y Medio Ambiente, cargo que se le otorgó por el grado profesional porque era Agrónomo y miembro del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH); que el 14 de febrero del 2009, fue despedido del trabajo y reclamó el pago de prestaciones más el ajuste salarial porque ganaba L.16,540.00 al mes, salario que era inferior al que tenía que ganar de acuerdo con el Arancel del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, que indica que el salario del profesional de las ciencias agrícolas, no será inferior a 9 salarios mínimos y en el 2008, el salario mínimo era de L.3,349.50, por lo que el salario tenía que ser L.30,145.50 y el salario mínimo en el año 2009, era de L.5,500.00 y el salario tenía que ser L.49.500.00 al mes; que agotó el trámite administrativo el 01 de julio del 2009, conciliando en audiencia en donde llegaron al acuerdo de que lo iban a reintegrar al puesto de trabajo en igualdad de condiciones y reconociéndole los derechos; pero al momento de reintegrarlo incumplieron con lo establecido en el acta de conciliación en donde se estableció que le reintegrarían otorgándole las mismas condiciones y beneficios que la ley le otorga, para lo cual le enviaron a cubrir temporalmente el cargo de Jefe del Departamento de Relaciones Públicas y que después se negaron a trasladarlo al puesto en el Departamento Forestal y de Medio Ambiente; alegó además que el 16 de febrero del 2010 fue notificado de que la terminación de la relación de trabajo; y que ese momento del despido devengaba L. 18,000.00 al mes; en virtud de no llegar a un acuerdo conciliatorio, se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, contestó dicha demanda señalando que el demandante se desempeñó en varios cargos administrativos y que es falso que cuando estuvo en el cargo de Jefe del Departamento Forestal y Medio Ambiente haya realizado actividades como Planificación, Programación y Supervisión correspondiente a ese Departamento, que tampoco realizaba ninguna otra actividad inherente a su preparación académica; que cuando el demandante estuvo en el cargo de Jefe del Departamento Forestal y Medio Ambiente lo que hacía era recibir denuncias de contribuyentes sobre quemas y corte de árboles, darle seguimiento a esas denuncias ante la Fiscalía del Medio Ambiente o ante la Policía Preventiva y generar multas administrativas para los infractores; que al momento del despido se le ofreció el pago de sus prestaciones pero el demandante no las aceptó porque quería un se le hiciera el ajuste salarial, ajuste de salario que no le correspondía; que el reclamo de las prestaciones laborales era innecesario, porque la Municipalidad siempre le quiso pagar y el actor no aceptó recibir el pago, ya que en la audiencia se llevaba un cheque por una cantidad superior al calculo que presentó de la Secretaría del Trabajo y no quiso aceptarlo porque estaba ilusionado por un ajuste salarial; asimismo argumentó que el reajuste de salario que alegaba el actor manifestando que era Agrónomo inscrito en el Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH) y que por ello tuvo que haber devengado al mes nueve salarios mínimos, pero ese alegato es incorrecto porque en el supuesto inaceptable que el actor hubiera estado realizando actividades en la Municipalidad relacionadas o afines con su profesión de Agrónomo graduado en la Escuela Nacional de Agricultura de Catacamas en el año de 1980, no se le tendrían que haber pagado cinco salarios mínimos, porque su categoría es de un egresado de secundaria, su nivel académico no es superior ni universitario, al menos de conformidad con los documentos en fotocopias que obran en poder de la demandada y que fueron agregados por el actor junto con su solicitud de trabajo; que es cierto que el demandante estuvo un tiempo como Jefe del Departamento Forestal, pero no realizando labores atinentes a su profesión de Agrónomo y que presentó el reclamo laboral ante las Autoridades Administrativas del Ministerio del Trabajo, que se celebró una audiencia el 11 de mayo del 2010, y en esa audiencia quien compareció por la Municipalidad llevó un cheque en favor del demandante pero el actor no lo quiso recibir.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de mayo del 2014, dictó sentencia declarando ha lugar, la demanda laboral de emplazamiento para el pago de prestaciones laborales y pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta en fecha 28 de octubre del año 2010, que le fueran consignadas las prestaciones laborales, con lugar el pago de vacaciones causadas solicitado del periodo 2008 al 2009 y proporcional del 2009 al 2010, sin costas por tener motivos racionales para litigar; promovida por el señor JOSÉ MIGUEL SOTO ESTRADA, contra la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por medio de su representante legal el señor WALTER SMELIN PERDOMO, declaró ha lugar, la excepción perentoria de prescripción para el reclamo de reajuste salario, que fuera interpuesto por el apoderado legal de la parte demandada, por lo que debe exonerarse del pago a la demandada, condenó a la parte demandada, a pagar al trabajador demandante, la cantidad de L.160,792.00, en concepto de prestaciones laborales, derechos adquiridos y un periodo de vacaciones adeudado; mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación hasta la fecha de consignación según audiencia de fecha 28 de octubre del 2010, sin costas; bajo el criterio que de la lectura de la cancelación del acuerdo de trabajo para el cargo de Relacionador Publico que emitiera el señor Alcalde Municipal para con el señor José Miguel Soto Estrada, el acuerdo de cancelación manifiesta que “en acuerdo de ambas partes”, se realiza dicha cancelación de nombramiento al cargo, que el señor José Miguel Soto Estrada ha aceptado sin ningún protesto al acudir a la autoridad administrativa y solicitar conjuntamente con la parte demandada llanamente que se tuvieran por cerradas las diligencias administrativas sin ningún reclamo pues del acta de cierre de las diligencias administrativas consta que abierto el acto de conciliación y por acuerdo de las partes se tiene por cerrado el reclamo lo que lleva al convencimiento al a suscrita juez al ser representado por persona distinta el demandante que siempre supo y estuvo de acuerdo con la terminación o cancelación de su contrato, pues no consta el planteamiento de ningún reclamo en el mismo ¡o que prueba que no hay razón ni motivo para la no aceptación de las prestaciones laborales ofrecidas en ocasión de la cancelación del contrato de trabajo que fueran ofrecidas en este juzgado en el acto de la conciliación por el apoderado de la demandada y que en las circunstancias antes descritas este juzgado lo ve como un acto de buena fe, ya que hasta este momento de la demanda el trabajador no había hecho reclamo formal alguno y considerando que el reclamo de reajuste de salario era prescrito al momento de su solicitud este juzgado considera que al no pago de de prestaciones en el acto de la cancelación deben condenarse los salarios dejados de percibir pero no hasta que quede firme el juicio sino hasta el momento que le es consignado el cheque de prestaciones no negociable N. 22478 por la cantidad de L.300,191.67, pues como lo alega la demandada no habían razones válidas para seguir con el reclamo cuando siempre se le ofrecieron las prestaciones y cuando sobre todo según nota de despido la cancelación fue por acuerdo de ambas partes es decir las prestaciones nacen de un acuerdo no como una sanción de un despido injusto según se plasma de la forma de terminación y que el no cumplimiento a tiempo de su pago es lo único que considera este juzgado en razón a justicia social; que hace parte de la petición de la demanda el pago de vacaciones habiendo obtenido prueba al respecto mediante inspección que se realizara a las oficinas de la demandada fue acreditado que el trabajador gozo vacaciones hasta el periodo 2008, quedando pendiente el periodo del 2008 al 2009 y proporcional del 2009 al 2010, por lo que procede la condena de dichos periodos de vacaciones.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 09 de febrero del 2018, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por él a quo, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Mirna Anabel Quijada en su calidad de representante judicial actora, en consecuencia se reformó la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha 21 de mayo del 2014, que se contrae a establecer que la condena de pago de salarios caídos a título de daños y perjuicios comprende desde el momento de efectuarse el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme ésta sentencia; confirmó la sentencia apelada y relacionada anteriormente, en sus demás extremos, es decir, en cuanto a que se declara con lugar la excepción de prescripción respecto el ajuste salarial y absolución de responsabilidad de la entidad demandada por dicho concepto económico, la condena de pago de prestaciones laborales, vacaciones y salarios caídos, computándose éstos en la forma establecida en el acápite primero de esta parte dispositiva, sin costas; bajo el criterio que en el caso de mérito, es indiscutible que la demandada decidió poner fin al vínculo laboral que le unía al trabajador demandante tal y como lo acepta en la contestación de la demanda y se reitera en los alegatos expuestos ante esta instancia, sin sustentarse en una justa causa que le eximiera del pago de prestaciones laborales, obligación económica que al no hacerse efectiva en el momento del despido, generó además el pago de salarios caídos, lo que así reconoció la demandada al computar ésta hasta el 28 de octubre de 2010 e incluirlos en la suma de dinero que se puso a disposición del accionante en esa misma fecha (L 300,191.67); sin que este los aceptara, circunstancia que es insuficiente para exonerarla del pago de los salarios caídos según lo dispone el artículo 113 del Código de Trabajo interpretado y lo reclama el actor, pues aunque el trabajador accionante rechazó a través de su representante judicial dicha suma de dinero ante la expectativa de obtener un ajuste salarial y que en razón de éste se computaran sus derechos laborales, lo cierto es que la demandada no realizó gestión o acto alguno a fin de realizar el pago de las prestaciones laborales en tiempo oportuno, es decir al momento del despido, tal como lo exige la normativa jurídica en referencia ni consignó las cantidades que de buena fe creyó deber, pues no basta el ofrecimiento o promesa de pagar una deuda, sino su cumplimiento o la consignación de su importe, ya que es hasta el 28 de octubre del año 2010 y en audiencia de conciliación que la accionada dejó en depósito los montos que creyó deber y para esa oportunidad había transcurrido más de ochos meses de la fecha en que se produjo cese laboral, pues este ocurrió el 16 de febrero del citado año, por lo que no se reúnen los tres aspectos señalados en el fundamento anterior para eximirle o limitar el pago de salarios dejados de percibir, más aun cuando el depósito que efectuó la demandada técnicamente no surte los efectos de una consignación de pago, además dicha situación no formó pare de los hechos controvertidos en primera instancia, ya que el objeto de debate ante dicho órgano jurisdiccional se fija con la demanda y contestación de es al tenor del artículo 10.1 del Código Procesal Civil; consecuentemente en aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código de la materia, es procedente atender la pretensión de la recurrente al respecto, a fin de que la condena de pago de salarios caídos se compute hasta que de conformidad a las normas procesales quede firme el presente fallo; por las razones de hecho y de derecho expuestas este Tribunal de alzada estima procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación que nos ocupa, por no estar la sentencia conforme a derecho.- 5.- Mediante auto de fecha 03 de abril del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 08 de mayo del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado WILLIAM COLLINS RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad, por lo que mediante providencia de fecha 08 de mayo del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de junio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado(a) EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado WILLIAM COLLINS RODRÍGUEZ expone un único motivo de casación en la forma siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de la errónea apreciación de la PRUEBA DOCUMENTAL aportada por la parte demandada, consistente en el CHEQUE CERTIFICADO librado el 27 de octubre del año 2010 en favor del demandante señor JOSÉ MIGUEL SOTO, por la cantidad de TRESCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L300,191.67), la copia al carbón del cheque va a folio 28 de la primera pieza de los autos y el original se encuentra resguardado en una caja fuerte del Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en relación con la demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación del artículo 113 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de la Norma Sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al reformar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho por la errónea apreciación de la PRUEBA DOCUMENTAL aportada por la Municipalidad de Villanueva, Cortés, visible a folio 28 de la primera pieza de autos, en relación con la demás prueba en su conjunto, la cual singularizo de la siguiente manera: El trabajador demandante señor JOSÉ MIGUEL SOTO fue despedido del trabajo y nunca aceptó el pago de sus prestaciones laborales alegando que se le tenía que pagar además un injusto reajuste de salario. El trabajador promovió su demanda en la que además de reclamar prestaciones laborales pretendía el pago de un reajuste de salario. Se contestó la demanda y en la audiencia de conciliación que se llevó a cabo el 28 de octubre del año 2010 (ver folios 26 y 27 de la primera pieza de autos), se le ofreció al demandante por medio de un cheque certificado número 22478 emitido a su nombre por la cantidad de TRESCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L300,191.67), el pago de sus prestaciones laborales completas y el pago completo de los salarios causados desde la fecha del despido hasta la fecha de esa audiencia (28 de octubre del año 2010). La parte demandada en audiencia primera de trámite opuso la excepción perentoria de prescripción contra el reclamo del reajuste de salario,(ver últimos cuatro renglones del folio 38 de la primera pieza de autos). El ofrecimiento que hizo la demandada nunca fue aceptado, porque el demandante esperaba que el dinero que no obtuviera por el injusto reclamo del reajuste salarial lo iba a conseguir por salarios caídos, pero el cheque quedó consignado en el Juzgado a la orden del trabajador demandante, la copia al carbón del cheque va a folio 28 de la primera pieza y el original del cheque está resguardado en una caja fuerte del juzgado. El julio se tramitó y al final se dictó la sentencia definitiva donde el juzgado declaró con lugar la excepción perentoria de prescripción con relación al reclamo del reajuste de salario, exonerando a la demandada del pago de ese reajuste, declaró con lugar la demanda y condenó a la Municipalidad de Villanueva, Cortés, a pagarle al señor JOSÉ MIGUEL SOTO las prestaciones laborales, vacaciones causadas, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes proporcionales y los salarios caídos contados desde la fecha del despido que fue el 16 de febrero del 2010 hasta el 28 de octubre del 2010 fecha de la audiencia de conciliación y en la cual la Municipalidad de Villanueva, Cortés, consignó en el Juzgado el cheque certificado de la referencia. La parte actora interpuso el recurso de apelación y la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés en audiencia de fecha 9 de febrero del año 2018, dictó sentencia definitiva y REFORMÓ la sentencia de primera instancia en el sentido de establecer la condena de pago de salarios caídos desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria respectiva. La Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, apreció erróneamente el medio de prueba singularizado, porque arribó a la conclusión de que el acto de ofrecerle al demandante en la audiencia de conciliación del 28 de octubre del 2010 el pago total de las prestaciones laborales y la totalidad de los salarios que había dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de esa audiencia en que se consignó el cheque número 22478, por la cantidad de TRESCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L300,191.67) no interrumpía el curso de los salarios caídos, cuando esa misma Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección Judicial de San Pedro Sula, cortés, sin haber consignación de cantidades de dinero, sólo con hacer el compromiso de pago ha eliminado los salarios caídos. Además el ánimo de lucro del demandante ha quedado reflejado después de que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, dictó la sentencia en la cual NO se le concede al actor el reajuste de salario que era su única motivación para haber continuado con el juicio, la parte actora no interpuso contra la sentencia de la Corte recurrida el recurso de casación, claro no lo interpuso, porque ya se daba por satisfecho con obtener los salarios caídos así como los condenó el tribunal recurrido. Si bien es cierto, el juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo. Si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la correcta apreciación del medio de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su errónea apreciación, al no estimar que en la audiencia de conciliación se le satisfacían al actor todos sus beneficios incluyendo los salarios caídos y que por ende no había una razón legal y justa para continuar con el juicio, sólo el afán de lucro.”.- III.- Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.- IV.- Que en el presente caso la demanda se contrae al pedir el emplazamiento del patrono para que pruebe la justa causa del despido, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones legales, pago de reajuste salarial derivado de la aplicación del Arancel de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, por su parte la demandada acepta que despidió al demandante con el pago de sus derechos, pero que el actor no aceptó por no incluirse el ajuste salarial que no le corresponde.- En la audiencia conciliación celebrada el 28 de octubre del 2010, el representante procesal de la demandada ofreció el pago de las prestaciones laborales, incluyendo salarios caídos hasta esa fecha, poniendo a disposición un cheque certificado, donde el Juzgado resolvió tener por consignadas las cantidades ofrecidas y mantener en resguardo dicho título valor, propuesta que no fue aceptada argumentándose que no era un acto de buena fe al no incluirse y desconocer lo reclamado en concepto de reajuste salarial; también el demandado opuso la excepción perentoria de prescripción argumentando que el señor Soto Estrada nunca reclamó por el tema salarial, por lo que la contienda se centra en establecer si el demandante tiene derecho al reajuste salarial reclamado y si prescribió o no su derecho a reclamar; siendo el inicio y la terminación del contrato de trabajo hechos aceptados por las partes.- V.- Que las partes propusieron sus medios de prueba en la manera siguiente: Demandante a) Documental UNO: Escrito de contestación de la Demanda; b) Documental Dos: 1) Carta de despido y fotocopia autenticada de la misma; 2) citación y acta de cierre de las diligencias administrativas ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; 3) acta de conciliación del 1 de julio del 2009, del reintegro del demandante ante autoridad laboral; 4) copia autenticada del título de Agrónomo, constancia de COLPROCAH; 5) copia simple del Arancel del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras; 6) carta del 16 de enero del 2009 de recibo de un Gps II plus marca Garmin; 7) fotocopia de memorandos, notas, actas de recepción, cartas de distintas fechas; 8) copia de la Ley General del Ambiente; y, 9) transcripción Acta sesión extraordinaria No. 20-2010; c) Inspecciones uno, dos, tres y cuatro; d) Testifical; y, e) Confesión ; parte demandada a) Documental: 1) Constancia de no haber reclamos, salario, acta de audiencia de conciliación, en relación al ofrecimiento y depósito de las prestaciones laborales del demandante; b) Inspección personal en la Municipalidad; c) Testifical; d) Confesión; y, e) Libramiento de oficios.- VI.- Que previo al análisis del fondo del asunto controvertido, el demandado opuso la excepción perentoria de prescripción del reajuste salarial reclamado, más no señaló con precisión la forma y condiciones de la procedencia de la extinción de ese derecho, sino que se limitó a señalar que el demandante no formulo reclamo mientras laboraba, que lo realizó hasta en la audiencia de conciliación en sede administrativa, por lo que al haberse omitido los extremos necesarios para determinar lo extemporáneo de tal pretensión, es decir, no se determinó el día o la fecha en que la misma inició y en la que terminó, cabe desestimar dicha excepción.- VII.- Este Tribunal ha venido sosteniendo: “Que si bien es cierto, la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser opuesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento ó conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia ó estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social.”(Ver sentencias del 23 de octubre del 2009 expediente CL 379-08 y del 22 de agosto del 2017 expediente CL 234-16).- VIII.- Que de los hechos aceptados por las partes y del estudio del material probatorio allegado y practicado en el proceso, resultan acreditados los siguientes extremos: 1) que el demandante fue despedido en forma directa y sin indicársele causa justificada mediante Acuerdo No. 087-2010, de fecha 16 de febrero del 2010, con efectividad a partir del día 17 del mismo mes y año (folio 67 de la primera pieza); 2) el salario mensual del demandante ascendía a DIECIOCHO MIL LEMPIRAS (L. 18,000.00), pero reclama reajuste salarial derivado de un Arancel de Honorarios, el cual fuera emitido por un Colegio Profesional y por ello obliga su cumplimiento a los profesionales Agrícolas y afines; 3) que si bien es cierto el demandante ostenta el título de Agrónomo, pero el Arancel que le vincula a su Colegio Profesional (Colprocah) no puede serle aplicado a la demandada, al no tener el mismo efectos generales obligatorios ante terceros; y, 4) la demandada consignó las prestaciones e indemnizaciones laborales, incluidos los salarios dejados de percibir, en la audiencia de conciliación, cuyos valores quedaron en depósito judicial.- IX.- Que conforme las referidas probanzas del juicio, es indudable que el despido realizado por la demandada resulta injustificado, por lo que genera responsabilidad laboral para con el demandante.- Por ello, lo que cabe analizar es si la consignación realizada a su favor, cumple con las condiciones necesarias para estimar el pago como que cumple con las condiciones liberatorias de las indemnizaciones accesorias previstas en la legislación laboral.- X.- Que este Tribunal ha mantenido el criterio sobre la efectividad de la consignación, en la siguiente forma: “Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales es importante destacar que la consignación de las prestaciones e indemnizaciones laborales es una forma de cumplir con las obligaciones y produce efectos liberatorios siempre y cuando la misma sea efectuada en forma oportuna, razonable y completa en sus conceptos; oportuna, ya que debe hacerse de forma inmediata a la terminación de la relación laboral; razonable porque los valores consignados deben ser aproximados al monto total que corresponda recibir el acreedor conforme a la ley; y, completo en todos sus conceptos, ya que la consignación debe abarcar todos los derechos que deriven de la relación laboral…”, tal como se reitera en el fallo dictado el 22 de febrero de 2013 en el expediente No. 106-12.- XI.- En el MANUAL PROCESAL LABORAL, en la página 39 se desarrolla el denominado PAGO POR CONSIGNACION y donde se concluye que “Para que surta efectos liberatorios, especialmente en el tema de salarios dejados de percibir, la consignación debe ser completa y oportuna, quedando a criterio del Juez la determinación sobre esa forma de pago (conforme a criterios jurisprudenciales la cantidad consignada deberá ser lo más aproximadamente posible a la condena impuesta por el Juzgador, en cuyo caso los salarios dejados de percibir correrían desde el día del despido hasta la fecha en que se materialice la consignación, ya que las prestaciones laborales deben ser canceladas al momento de ocurrir la terminación de la relación laboral).” [1].- XII.- En el caso que nos ocupa, al no proceder el reajuste salarial reclamado por el demandante, si bien es cierto, las prestaciones e indemnizaciones laborales reconocidas como adeudadas no fueron canceladas al momento inmediato posterior al despido, pero también lo es, que dicha consignación incluyó los conceptos accesorios que tales valores sumarían a la fecha de tal actuación.- En razón de lo anterior y siendo que la condena ha imponer es por el mismo valor consignado de buena fe por la parte demandada a favor del demandante, donde se incluyeran los salarios dejados de percibir al momento de realizarse tal actuación, la consignación realizada surte efectos liberatorios de esa condena accesoria.- XIII.- Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, con libertad en el convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar con lugar la demanda de mérito, condenar a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se realizara la consignación, a título de daños y perjuicios, sin costas.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 129, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 25, 26, 113, 617, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 778 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) CASAR parcialmente la sentencia recurrida y en consecuencia: 2) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la parte demandada. 3) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral de emplazamiento promovida por el señor JOSÉ MIGUEL SOTO ESTRADA, mayor de edad, soltero, Agrónomo, hondureño y con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por medio de su representante legal. 4) CONDENA a la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por medio de su representante legal en funciones, a pagar al señor JOSÉ MIGUEL SOTO ESTRADA, la cantidad de CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS (L.160,792.00) en concepto de prestaciones e indemnizaciones legales, derechos adquiridos, desglosados así: a) PREAVISO la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS (L. 42,000.00); b) AUXILIO DE CESANTIA la cantidad de SESENTA Y TRES MIL LEMPIRAS (L. 63,000.00); c) AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL la suma de DIECINUEVE MIL DIECINUEVE LEMPIRAS (L. 19,019.00); d) VACACIONES CAUSADAS la cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.10,500.00); e) VACACIONES PROPORCIONALES la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS (L. 12,677.00); f) AGUINALDO PROPORCIONAL la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS (L. 2,298.00); g) DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS (L. 11,298.00) como a pagarle los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha de la consignación realizada en la audiencia de conciliación el 28 de octubre del 2010. 5) SIN COSTAS, dado que no hay razones para condenar y que en materia laboral impera el principio de gratuidad.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 98-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Publicado en el 2013 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo del Proyecto “Verificación de la Implementación de las Recomendaciones del Libro Blanco” de la OIT.