Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-9-18 — Registro 9178

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido realizado en manera extemporánea, ilegal e injustificado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El cargo que antecede no resulta admisible, por las siguientes razones: a) cita el artículo 112 del Código del Trabajo, entre otras, como normas sustantivas infringidas, sin embargo, dicha disposición cuenta con varios literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que no fueron precisadas a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; b) el precepto autorizante invocado (ordinal 1° párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo) no concuerda con el tipo de infracción alegada (aplicación indebida); c) toda violación directa de la ley, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en el, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado. El recurrente al formular el cargo, lo hace de forma defectuosa ya que centra su ataque en situaciones debatidas y que fueron objeto de la prueba, por lo que esa no era la vía indicada para hacerlo; y, d) alegando aplicación indebida debió haber indicado cuál o cuáles eran las normas que se debieron emplear en la decisión impugnada, en sustitución de las señaladas como infringidas.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) al igual que en el primer motivo, olvida que la infracción directa o falta de aplicación, se produce de forma ajena de los hechos controvertidos y objeto de prueba, por lo que no era la vía apropiada para el ataque al fallo recurrido; y, b) en su extensa explicación realiza alegatos propios de instancia y hace alusión a normas que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 663 y 863 del Código del Trabajo."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1].- VIII.- Del análisis del anterior motivo, este Tribunal observa que el recurrente aduce que el error de hecho proviene de la falta de apreciación de los medios de prueba documental y el reconocimiento judicial que singulariza, pero consta en la resolución judicial impugnada y en la de primera instancia que al haber sido confirmada también la ha acogido el ad quem, que muchos de los documentos señalados como no apreciados si lo fueron, como es el caso de los comprendidos en los folios 190, 191, 208 al 213, 221 al 229, 581 al 621 del expediente de primer grado, por lo que esa modalidad no encaja con la infracción alegada; en su explicación, tampoco el Censor del fallo demuestra el error manifiesto o evidente que haya incurrido el Juzgador; por todo lo anterior, este motivo no resulta estimable.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de julio de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, por el Abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, en su condición de representante procesal de la señora ELSY YAMILET VELEZ MARTINEZ, como recurrente; además es parte recurrida, el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), representado en juicio por la Abogada LOURDES BARAHONA ANDINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido realizado en manera extemporánea, ilegal e injustificado, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha treinta de julio del dos mil quince, por la señora ELSY YAMILET VELEZ MARTINEZ, mayor de edad, hondureña, soltera y de este domicilio, contra del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) por medio de la Presidente de la Comisión Interventora Licenciada ANA DEL CARMEN MUÑOZ CARIAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por ELSY YAMILET VELEZ MARTINEZ en contra del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH). 2) ABSUELVE al INPREUNAH de pagar a la demandante ELSY YAMILET VELEZ MARTINEZ de pagar el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir. 3) CONDENA al INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) a pagar a la demandante ELSY YAMILET VELEZ MARTINEZ la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L 77,111.11) en concepto de los derechos adquiridos de: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 18,000.00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L 42,000.00 y VACACIONES PROPORCINALES. 4) SIN LUGAR la cantidad de L 413,000.0 en concepto de reajuste de salario. 5) ABSOLVER al INPREUNAH del pago de este concepto. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la demandante el 24 de febrero del año 2003 fue nombrada por el INPREUNAH en el cargo de Analista de Préstamos Hipotecarios, devengando un salario mensual de L 5,000.00, fue ascendida para ocupar diferentes cargos hasta que fue nombrada interinamente como Gerente General de la institución, cargo que desempeñó por once meses y como titular del puesto por cuatro años más, devengado un salario de L. 77,500.00 mensuales, al vencimiento del período, y conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento de la institución, se procedió a trasladarla a su antiguo puesto de Jefe del Departamento Financiero, devengando un salario de L 48,000.00, sueldo que devengaba al momento de ser despedida. El 16 de marzo del año 2015, el Presidente de la República, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-012-2015 nombrando en el INPREUNAH una Junta Interventora con facultades de administración y representación, con el fin que realizara una evaluación administrativa y lograra cumplir de manera adecuada y eficiente sus actividades institucionales. En posesión de su cargo, inmediatamente fue enviada de vacaciones y cuando regresó, le impidieron de realizar sus funciones debido a que supuestamente iban a realizar una serie de investigaciones, seguidamente fue convocada a una audiencia de descargo que se llevaría a cabo el 8 de mayo del año 2015, en la que debía responder por faltas graves que había cometido y que había sido del conocimiento de la Comisión Interventora a través del Informe No AI-028-2015 rendido por el Auditor Interno del INPREUNAH en el cual se hace varios CI-INPREUNAH No. 87-2015, mediante el cual la Comisión Interventora le comunicaba la cancelación de su contrato de trabajo, alegando las causales que contiene el documento de despido, por hechos que ocurrieron durante un período superior de tiempo establecido por el Código del Trabajo establece para sancionarlos por parte del patrono.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), contestó dicha demanda señalando que después de desempeñar varios cargos dentro de la institución, el 24 de abril del año 2009 fue juramentada como Gerente General interina al 23 de julio del 2009, luego en fecha 18 de marzo del 2010, fue nombrada como Gerente General por un período de cuatro (4) años hasta el 18 de marzo del año 2014. Al f1nalizar su período en el cargo de Gerente General, la demandante regreso a su anterior cargo, Jefe del Departamento Financiero, que hasta la fecha era ocupado por el señor Wilmer Montalván de conformidad al artículo 52 del Reglamento Interno del INPREUNAH, al regresar a su puesto se le asignó el salario de L 48,000.00 mensuales que es el que corresponde a dicho cargo. Cuando la Comisión Interventora inició el proceso de evaluación e investigación a la administración del instituto giro instrucciones al Departamento de Auditoría Interna con el fin de que procediera a realizar investigaciones de las funciones del personal del INPREUNAH como parte del proceso de intervención, como resultado, la Auditoría Interna emitió un Informe de hallazgos que derivan en responsabilidad laboral para algunos empleados en el desempeño de sus funciones, entre los cuales se encuentra la demandante. El Informe fue turnado a la Comisión Interventora el 7 de mayo del año 2015, a efecto de darle seguimiento al proceso administrativo interno para evaluar las responsabilidades laborales correspondientes. Fue el 8 de mayo del año 2015 que se le hizo entrega a la demandante una citación para que compareciera a una audiencia de descargo la cual se llevó a cabo el 13 de mayo del año 2015, permitiéndole desvirtuar cualquier hecho de los establecidos en la cédula de citación, realizada la audiencia, se procedió a su evaluación, llegando a la conclusión que la demandante no pudo descargar en su favor, las faltas imputadas a ella, lo que derivó el despido justificado el 15 de mayo del año 2015 por varios incumplimientos a sus obligaciones legales establecidas en el Código del Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo del INPREUNAH y Contrato Individual de Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando SIN LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ELSY YAMILET VELEZ MARTINEZ, contra INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), sin costas, bajo el criterio que la demandante el 14 de mayo del año 2013, giró nota al Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, en la cual solicitaba autorización para proceder efectuar ajuste salarial al personal del INPREUNAH, dicha nota recibió respuesta del mencionado funcionario el 21 de mayo del 2013, en el sentido que para el ejercicio Fiscal del año 2013, en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, se estableció que los aumentos salariales para sector central como el descentralizado, quedan congelados, por lo cual la solicitud no procedía; no obstante, la demandante en el mes de junio del año 2013, de manera retroactiva a partir del mes de mayo hasta enero de ese año, autorizó un aumento salarial a los empleados del INPREUNAH sin contar con el dictamen favorable de la Dirección General del Presupuesto, de dicha situación el Auditor de la Institución hizo del conocimiento a la Presidenta, de aquel momento de la Junta Directiva del INPREUNAH, explicando el Auditor Interno que desconocía en razón de que se habían realizado los aumento salariales, es decir: por costo de vida o por méritos en el desempeño, señalando además, que el INPREUNAH no cumplía con la Norma TSC-NOGECI 111-03 personal competente y gestión eficaz de los funcionarios y servidores públicos, que es de practica obligatoria y que establece que todos los servidores públicos deben ser sujetos de la evaluación del desempeño por lo menos una vez al año, por lo anterior, el Auditor Interno solicitó, en su caso personal que a partir del mes julio del año 2013 no le acreditaran el aumento otorgado y le siguieran pagando la cantidad en concepto de salario que devengaba antes. Es importante señalar, que los aumentos otorgados no se realizaron siguiendo los lineamientos señalados para este efecto según lo señala el INFORME DE AUDITORIA. No obstante lo anterior, la demandante, en su condición de Gerente General de la institución, pidió opinión sobre el mismo asunto a la Asesoría Legal, la cual, después del análisis correspondiente, opinó que el aumento salarial era procedente, otro de los incumplimientos señalado a la trabajadora en el ejercicio de sus funciones, se refiere al hecho de haber contratado personas sin cumplir con los requisitos que señalan el manual de funciones y evaluación de puestos, como fue la contratación del señor Orlando Enrique Díaz Pineda en el cargo de Oficial de comunicaciones, del cual era requisito para ocupar el puesto de poseer la licenciatura en periodismo, título que el citado señor no poseía. Además, el Informe de Auditoría señaló que la demandante en el ejercicio de sus funciones como Gerente General y Presidente del Comité Ejecutivo de Inversiones (CEDI), autorizó que se otorgaran préstamos hipotecarios contraviniendo el Reglamento de Préstamos Hipotecarios, en el sentido que los prestamos fueron otorgados sin la garantía hipotecaria correspondiente, tal como lo establece el artículo 22 del citado, por lo cual dejo desprotegida a la institución en caso de un incumplimiento de pago. Finalmente cabe establecer que las partes deben abstenerse de realizar conductas que sean perjudiciales al otro contratante, como el caso que nos ocupa y que origino que el INPREUNAH fuera intervenido por la Comisión de Banca y Seguros, del cual resulto que en la institución existía una crisis administrativa, financiera y actuarial. Por todo lo anterior podemos establecer que la institución demandada logro establecer en juicio que su representada tuvo causa justas para despedir a la demandante por la serie de incumplimiento realizados por su persona en detrimento de la institución para la cual laboraba, lo cual constituye una falta grave estipulada en el Reglamento Interno del INPREUNAH, por lo tanto la parte demandada no tiene responsabilidad de indemnizar a la trabajadora, puesto que el despido se realizó en el tiempo que establece la ley a partir del Informe de Auditoría, pero si a pagarle los derechos adquiridos reclamados ya que el patrono no acredito en juicio haber cancelado.- 3. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que está probada la relación de trabajo que existió entre el empleador y trabajadora demandante, la cual se inició el 24 de febrero del 2003 como Analista de Préstamos, habiendo desempeñado otros puestos como Tesorera, Jefe del Departamento de Préstamos, Jefe del Departamento Financiero, Gerente Interino, Gerente General por cuatro años y el último puesto como Gerente Financiero con un sueldo de Lps.48,000.00, al momento o fecha del despido. La demandante con su acción incoada expresa que fue objeto de un despido operado de forma extemporánea, ilegal e injustificada, por esas razones solicitó el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, las cuales deben ser reajustadas, conforme al sueldo que tenía cuando fungió como Gerente General, el cual era de Lps. 77,500.00 y no con el sueldo que percibía en su último puesto de trabajo como Gerente Financiero siendo su sueldo por esta actividad de Lps.48,000.00. La procedencia del despido aplicado a la demandante sostiene el empleador, es causado por un serie de hallazgos de irregularidades que cometió en el desempeño de sus funciones como Gerente General de la institución demandada causa que las fundamenta en el acta de audiencia de descargos, levantada a la demandante y otras investigaciones por mandato de la Comisión Interventora de la institución mediante resolución INPREUNAH No.02/07-04-215, de fecha 08 de abril del 2015, ordena al Auditor para que verifique el cumplimiento y responsabilidad de la demandante en sus dos últimos puestos desempeñados. El Código del Trabajo en su artículo 112 determina que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, en forma precisa la negativa del trabajador a adoptar los medidas de sanción para obtener con mayor eficacia y rendimiento en las labores que ejecuta; además la manifiesta ineficacia para el cumplimiento de contratos; que en caso preciso de estudio, están evidenciadas estas causas con el acta de audiencia descargo, levantada a la demandante, en la que esta reconoce sus faltas, errores e incumplimiento de disposiciones legales, como ser en los aumentos de salarios, nombramiento de personal sin cumplir con el perfil exigido por la Ley, otorgamiento de préstamos al margen de los disposiciones de su Reglamento y otras irregularidades señaladas por el Auditor Interno de la institución demandada. Que la parte actora reclama la proporcionalidad de los derechos adquiridos los cuales No han sido pagados por el empleador y que constituyen un derecho patrimonial independientemente la forma en que termine la relación laboral, y siendo que el empleador no ha cumplido con esta obligación lo que en aplicación imperante de la Ley está obligado a realizar el pago; mismos que se liquidan de acuerdo al último salario. En cuanto a los ajustes reclamados en relación al puesto anterior que desempeño antes del despido no procede ya que al terminar las funciones de su puesto de trabajo como Gerente General también terminan los derechos que provienen o se originan de aquella relación de trabajo. La demandante con sus medios de prueba no pudo desvanecer sus faltas incurridas en el desempeño de sus funciones.- 4. Mediante auto de fecha seis de febrero del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, en su condición de representante procesal de la señora ELSY YAMILET VELEZ MARTINEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 5. En fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, en su condición de representante procesal de la señora ELSY YAMILET VELEZ MARTINEZ, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de mayo del dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada LOURDES BARAHONA ANDINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 6.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, en su primer motivo expresa: “Aplicación indebida de los artículos 112; y, 117 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 206 N° 2) del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer texto legal citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal 1°párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA “Hay aplicación indebida, cuando la sentencia incorpora una norma que no regula el proceso”. CONCEPTO DE LA INFRACCION La demandante, acudió al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, reclamando el Pago de sus prestaciones e indemnizaciones legales argumentando un despido operado en forma extemporánea y maquinado ilegal e injustificadamente y asimismo, el pago del reajuste salarial; la Proporcionalidad del decimotercero; Decimocuarto mes; Vacaciones; Bono Vacacional y los salarios devengados al momento de su destitución, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEDOS DE LA UNWERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH). Representado por la Presidente de la Comisión Interventora Licenciada ANA DEL CARMEN MUÑOZ CARIAS.- El impetrante estima, que es indebida la aplicación de las disposiciones indicadas en este motivo por ser extrañas a la hipótesis que contemplan los preceptos señalados, pues estos se refieren al caso en que el patrono despide justificadamente al trabajador que como decisión unilateral, debe adoptarlo conforme a las disposiciones contempladas en el Código del Trabajo.- En efecto, el ordenamiento citado, en la primera norma citada, incorpora 12 formas diferentes, que el patrono tiene para romper justificadamente, el vínculo laboral, de tal manera, que la sentencia, según lo tiene establecido la jurisprudencia, en atención a lo dispuesto en la ley y los tratadistas, debe circunscribirse en el o los apartados que le fueran aplicables al caso, pero nunca, jamás, fundamentarlo en forma genérica, como si el asunto, estuviera contemplado en todo su contexto, como es el caso sub-lite. A la demandante, se le despide fundamentalmente, porque la demandada, en su nota de despido argumentó, que la parte actora, en el desempeño de sus funciones, había cometido actos reñidos, con una adecuada y sana administración en la Institución; inclusive, la nota de despido insinúa, haberse excedido en su desempeño violando los deberes de los funcionarios públicos, abusando de poder pero el artículo 112 del Código del Trabajo que se citan en este motivo como violados, en su párrafo primero consagra; ‘Son causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte”; englobando doce motivos como causas justas para el logro de ese propósito.- El despido justificado, evidentemente, libera de responsabilidad patronal y lo exime del pago del preaviso y el auxilio de cesantía, pero es el caso, que la parte actora, en el planteamiento de su demanda, reconoce y admite que los señalamientos que contiene el documento donde le notifican el despido, fueron ciertos, fuera de toda discusión, pero a la fecha en que los motivos alegados, fueron del conocimiento de la Junta Directiva de la Institución, quien de conformidad con la ley Constitutiva, es el órgano superior constituido como Patrono, en las anteriores y respectivas reuniones de Junta Directiva, tuvieron conocimiento de ello y en ningún momento, fuera objeto de reclamos o desaprobaciones de sus actuaciones y por ese motivo, después del transcurso del plazo de sesenta días, un mes que la ley otorga, cambiando su Junta Directiva o cualquier organismo que se desempeñe posterior a dicho plazo, podrá arrogarse facultades, que la ley concede a favor del trabajador, porque el acto administrativo, es único y no casuístico, que comienza a computarse cada vez que llega una nueva autoridad a hacerse cargo de la administración institucional y utilizar a su antojo, las normas del Código del Trabajo, para despedir violentando sus disposiciones como es el caso que ocupa nuestra atención. Estando acreditado que la determinación de despedir a la demandante, fue extemporánea, evidentemente, la determinación se fraguo en la forma como lo plantea en su demanda la parte actora, maquinada ilegal e injustificadamente y por lo anterior, por este motivo, la sentencia recurrida, debe casarse.”.- III.- El cargo que antecede no resulta admisible, por las siguientes razones: a) cita el artículo 112 del Código del Trabajo, entre otras, como normas sustantivas infringidas, sin embargo, dicha disposición cuenta con varios literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que no fueron precisadas a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; b) el precepto autorizante invocado (ordinal 1° párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo) no concuerda con el tipo de infracción alegada (aplicación indebida); c) toda violación directa de la ley, según reiterada jurisprudencia de la Corte, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a un hecho no demostrado en el, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no deduzca las consecuencias en ella previstas. La clave de este género de violación es ante todo la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo, estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicarse la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, o se la aplica no estando comprobado. El recurrente al formular el cargo, lo hace de forma defectuosa ya que centra su ataque en situaciones debatidas y que fueron objeto de la prueba, por lo que esa no era la vía indicada para hacerlo; y, d) alegando aplicación indebida debió haber indicado cuál o cuáles eran las normas que se debieron emplear en la decisión impugnada, en sustitución de las señaladas como infringidas.- IV.- Que en el segundo motivo se alega: “Acuso la sentencia de infracción directa por falta de aplicación de los artículos: 113 párrafo primero y literal a); 116 párrafo primero y literal c); y, 120 párrafo primero y letra b) del Código del Trabajo; en relación con los artículos 206 N° 1) y 2), 207; y, 208 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal 10 párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA “Toda infracción directa de la ley, según reiterada jurisprudencia, surge cuando la sentencia, no aplica la norma que regula el juicio.” CONCEPTO DE LA INFRACCION Una de las modalidades de infringir la ley por la vía directa ocurre, cuando se deja de aplicar la norma al caso debatido, pues es sabido, que la falta de aplicación de un precepto, constituye la típica infracción directa, cuando el sentenciador la ignora lo que supone su inaplicación, de modo que, lógicamente, debe alegarse sin consideración a la apreciación probatoria y por ello, en el desarrollo del motivo, nos proponemos demostrar que el Tribunal recurrido, infringió las disposiciones citadas bajo la circunstancia apuntada. Veamos: A la demandante ELSY YAMILETH VELEZ MARTINEZ, mediante oficio CIINPREUNAH N° 87-20 15, el 15 de mayo del 2015 la parte demandada, le notifico su despido. comunicándole lo siguiente: en la Audiencia de Cargos y Descargos se pudo comprobar que el desempeño de su puesto como Gerente General, específicamente el 6 de junio del año 2013 había otorgo un incremento salarial a todos los empleados del INPREUNAH, retroactivo al mes de enero del año 2013; Que reconoció que mientras desempeño la Gerencia General del INPREUNAH, hizo contratación de personal que no se sometió a un proceso de evaluación a los empleados que fueron beneficiados con el otorgamiento del incremento salarial; Que había aceptado y reconoció que durante fungió en el puesto de Gerente General otorgara préstamos hipotecarios sin constituir y registrar hipoteca a favor del INPREUNAH.- Antes de continuar con mi exposición, quiero indicar a la honorable Corte, que en ningún momento, la demandante fue responsable del otorgamiento de los préstamos que le imputan en la nota de despido; su otorgamiento, se efectuó mediante decisión colegiada, por un proceso a cargo de una Comisión, encabezada por el Gerente General y otros cuatro miembros que la complementan; el otro aspecto, es rechazar que le otorgo crédito al Abogado OLVIN ANTONIO MEJIA SANTOS, a quien se le favoreció con un préstamo hipotecario, en la administración del anterior Gerente señor Warren Valdemar Ochoa ya fallecido. El 12 de junio del 2013, la Junta Directiva del INPREUNAH, celebra sesión llevando en el numeral 4.2 como punto de Agenda, el conocimiento del Oficio N° AI-12-2013 enviado el 11 de junio del 2013 por el Licenciado LEONARDO GODOY, AUDITOR INTERNO DEL INPREUNAH a la Presidenta de la Junta Directiva Licenciada RAQUEL ANGULO BARAHONA solicitando la JUSTIFICACION de los aumentos de sueldo que se realizara retroactivamente a los empleados del INPREUNAH a partir de enero del año 2013 -invocado como una de las causales por la Junta Interventora para despedirla -vale aclarar, que desde aquella fecha, fue abordado el tema con la intervención del AUDITOR INTERNO y “su Patrono” quien si hubiera desautorizado los incrementos por haber cometido abuso de autoridad o cualquier otro motivo -treinta días antes de vencer la prescripción- entonces, le hubieran despedido.- En ese orden de ideas, el 15 de agosto del 2013 la Junta Directiva, celebra otra sesión y sucede, que en ese evento, nuevamente se trata el caso de los incrementos salariales y el tema de los préstamos. que aparentemente sobrepasaron los porcentajes autorizados para ese fin y se otorgaron sin que los inmuebles que los garantizaban, estuvieran debidamente registrados en el Instituto de la Propiedad; respecto al primer punto que trata de los incrementos salariales otorgados el 6 de junio del año 2013 retroactivamente a partir del mes de enero de ese mismo año, a raíz de la consulta formulada por la Gerente mediante OFICIO N° GG-234-2013 fechado el 12 de julio del 2013 al TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, se conoce su respuesta contenida en el Oficio N°. Presidencia TSC2516/2013 la que, en sus dos últimos párrafos, textualmente dice: “Es decir, que las Instituciones que contaren con la respectiva disponibilidad financiera y presupuestaria, se encontrarían enmarcadas en la excepción antes citada; siempre y cuando dentro del presupuesto anual se encuentre contemplada la respectiva partida presupuestaria y cumpliere con los requisitos y procedimientos señalados para los efectos. - Empero, de lo aquí pronunciado, los actos enunciados en el oficio remitido, son propios de la administración del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), correspondiendo por lo tanto, a la misma tomar las decisiones al respecto; para lo cual sugerimos, sea escuchada la opinión del asesor jurídico de dicha institución”.- Esta última recomendación fue puesta en práctica, vale decir, se solicitó la opinión de la Asesoría Legal que fue congruente con las disposiciones legales en vigor, con la aclaración apropiada, que el Decreto 087-2010 tuvo una vigencia de un año y para el 2013, se encontraba ineficaz por no encontrarse en vigor. - Otro tanto sucedió cuando la Junta Directiva del INPREUNAH celebra sesión el 30 de enero del 2015, en donde consta en el punto 5. que la AUDITORA INTERNA, Licenciada IRIS MATAMOROS, informa a ese cuerpo colegiado sobre los préstamos otorgados a título personal, a los afiliados al sistema, empleados y jubilados que la Comisión Interventora señala como otra causal para despedirle de su cargo.- Ahora bien, de sus propios términos, se infiere que para adoptar el despido, se le acusa de hechos que ocurrieran, en períodos de tiempo superior al plazo que el Código del Trabajo establece para SANCIONARLOS, habían expirado porque dicha obra dispone, que son treinta (30) días para que el patrono, pueda eludir la prescripción; podrá argumentarse, que el termino para castigar las faltas comienza a correr desde la fecha en que ocurren los hechos o DESDE LA FECHA EN QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DE ELLAS y que la Comisión Interventora, hasta el momento en que se celebró la audiencia de descargo, (el 13 de mayo 2015) TUVO NOTICIA de las “causas o hechos” que injustificadamente le imputan y sirvieran de motivos para despedirla; si ello fuera el caso, quiere aclarar que su patrono y su representante antes de la conformación de la Comisión Interventora. desde el 2003 hasta enero del 2015, fue el INPREUNAH y su Junta Directiva el organismo de quien dependía y ellos, jamás le hicieron un reclamos, por incapacidad en el desempeño de su cargo y según la doctrina y jurisprudencia, en correspondencia a la orientación de nuestros textos legales fueron ellos, dentro del plazo que el Código establece, quienes debieron adoptar la determinación de despedirla, no hasta que el otro Auditor “INFORMARA” como si el Acto Administrativo fuera casuístico; es decir, que comienza y se repite cada vez que llega un nuevo funcionario. El Código del Trabajo estipula, que mediante la prescripción, se libera de una obligación impuesta por dicho ordenamiento, para que el patrono, pueda despedir justificadamente a sus trabajadores o disciplinar sus faltas y el plazo, comienza a correr, desde que se dio causa para la terminación del contrato, o, desde que fueron conocido los hechos que dieran lugar a la corrección disciplinaria. En la nota de despido, se consignan las fechas en que ocurrieran los señalamientos.- En consideración a esa circunstancia, nada importaban, que le hayan invocado para la ruptura del vínculo, “causas y hechos” que ocurrieron con posterioridad al plazo señalado; en dicha controversia, no es la existencia o inexistencia de ellas las que se adujeron para demandar; lo que se alegó, es la prescripción operada a su favor al amparo del artículo 863 del ordenamiento jurídico arriba citado.- Por otra parte, la jurisprudencia cobijada en aquel criterio establece, que al invocar la causa, se debe tomar en cuenta, que la falta, debe ser presente y no pretérita y se cae en este último señalamiento, cuando el patrono, deja transcurrir el tiempo para sancionarla: consecuentemente, en la fecha en que la Comisión le despide, las “causas y hechos” invocados, habían envejecido y apoyarse en ellas para sancionarla, la relación de causalidad e inmediatez entre el despido y los motivos que se invocan para justificarlo, no preexiste porque la determinación se volvió tardía. Estando acreditado que los motivos por lo cual despidieran a mi representada, ocurrieran después de haber transcurrido los treinta días que el artículo 663 del Código del Trabajo, es evidente que al despedirla, el juzgador, debió aplicar esa disposición y atenerse a lo que los artículos 116 letra c) y 120 literal b) del indicado ordenamiento establecen y condenar a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, desde la terminación del Contrato, hasta que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y bajo ese contexto, la sentencia objeto de este recurso, no solo violo las normas sustantivas de orden nacional que se dejan apuntadas; también, los artículos 206 N° 1) y 2°, 207 ; y, 208 del Código de Procesal Civil, que consagran que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas, y en su motivación, deberán expresar los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas y en tal virtud, decidiendo los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, por lo que por este motivo, procede casarse la sentencia recurrida.”.- V.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) al igual que en el primer motivo, olvida que la infracción directa o falta de aplicación, se produce de forma ajena de los hechos controvertidos y objeto de prueba, por lo que no era la vía apropiada para el ataque al fallo recurrido; y, b) en su extensa explicación realiza alegatos propios de instancia y hace alusión a normas que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 663 y 863 del Código del Trabajo.- VI.- Que en el tercer motivo de casación se sostiene: “Acuso la sentencia recurrida, ser violatoria de los artículos: 116 párrafo primero letra c) y 120 literal b), 863 del Código del Trabajo; en relación con el articulo 128 numeral 15 de la Constitución de la República; y, 206 N° 1) y 2) del Código de Procesal Civil, por infracción indirecta, incurriendo en error de hecho por falta de apreciación de los medios probatorios que obran a folios: l0 al 34; 39 al 41; del 63 al 153); 171; 173 al 192; 208 al 213; 214 al 216; 221 al 229; 244 al 245; 247 al 249; 257 al 269; 375 al 376; 381 al 385; 581a1 621; y, 634 al 636 de la primera pieza. NORMA PROCESAL VIOLADA La norma de procedimiento que sirve de medio para la violación apuntada es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1° párrafo segundo parte inicial del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA La falta de apreciación de la prueba consiste en que el juzgador enjuicia el caso y no valora el haz probatorio.” CONCEPTO DE LA INFRACCION En casación laboral, es menester, que el recurrente, cuando invoca la vía indirecta, señale las pruebas que dejaron de apreciarse de modo que singularizándolas por ello, comienzo el ataque de la sentencia, sosteniendo por lógico requerimiento, que la violación apuntada ocurre, cuando el fallo, es contrario a lo demostrado en juicio. Antes de individualizar y examinar las pruebas que el AQUO dejara de apreciar para dictar un fallo contrario a la evidencia que aquella arroja y que la Corte recurrida, al confirmar la de primera instancia la prohíja, violo los artículos invocados en este motivo y por ello, me permito señalar las pruebas que aparecen agregadas a folios: 10 al 34; 39 al 41; del 63 al 153); 171; 173 al 192; 208 al 213; 214 al 216; 221 al 229; 244 al 245; 247 al 249; 257 al 269; 375 al 376; 381 al 385; 581a1 621; y, 634 al 636 de la primera pieza, que por su orden, paso a singularizarlas de la siguiente manera: a. Acta SO-05-20 13 de la sesión celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) el 12 de junio del 2013, donde el Auditor Interno Lic. Leonardo Godoy. solicito la Justificación de los aumentos a los empleados del INPREUNAH; (folio del 10 al 34; 292-324); b. Oficio N° AI-12-2013 fechado el II de junio del 2013 enviado por el Auditor Interno a la Licenciada Raque Angulo Barahona Presidenta de la Junta Directiva NPREUNAH. informándole estar en desacuerdo con los incrementos salariales otorgados al personal de la Institución; (folio 39-41) c. Acta SO-07-20 13 de la sesión celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) el 15 de agosto del 2013, donde consta, que dicho cuerpo colegiado, desde ese mes y año, tuvo conocimiento de la contratación del señor Orlando Díaz como Oficial de Comunicaciones y Oficial de Información Pública y entrega de la opinión legal solicitada al Tribunal Superior de Cuentas y la opinión del jefe del departamento legal de INPREUNAH, referente a los aumentos salariales (folio del 63 al 153); d. Memorando enviado por la Licenciada ELSY YAMILET VELEZ a la Auditora Interna de IISPREUNA Lcda. IRIS MATAMOROS el 21 de enero del 2015 proporcionándole el listado de los préstamos aprobados por INPREUNAH (folio 171) e. Acta SO-01-2015 de la sesión celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) el 30 de enero del 2015, donde la Auditora Interna informa a la Junta Directiva de INPREUNA, la manera en se otorgaran los préstamos a los beneficiarios, según listado proporcionados por la Licenciada Elsy Yamilet Vélez; (folio del 173 al 192); f. Oficio CI-INPREUNAH N° 87-2015 que contiene la Nota de despido de que fuera objeto la demandante (folios 208-213); g. Nota fechada 08 de mayo del 2015, mediante la cual, se está convocando a la demandante ELSY YAMILETE VELEZ a la audiencia de descargos (folio 214-216: 247-249) h. Acta de Audiencia de Descargos (folio 22 1-229) i. Memorando fechado el 14 de agosto del 2014, mediante el cual, la Licenciada ELSY YAMILET VELEZ, le informa a la Auditora Interna IRIS MATAMOROS, el estado de las Garantías Hipotecarias ( folios 244-245) j. Informe de Ejecución del Plan Operativo elaborado por el Departamento de Auditoría Interna en donde en el Capítulo IV, literal A, aparece reflejado los incrementos efectuados a los trabajadores de la Institución en forma retroactivo desde el mes de febrero del 2013 (folios 257-269); k. El escrito presentado por el Auditor Interno de INPREUNAH Licenciado LEONARDO ARNULFO GODOY FONSECA el 08 de julio del 2013 a su Junta Directiva, en relación a la supuesta ilegalidad en el aumento salarial de los empleados de INPREUNAH (folios 365- 371); 1. Oficio N° PresidencialTSC-25 16/2013, mediante el cual, el Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, en el parra final le indica a la Gerente de 1NPREUNAH: ‘Empero, de lo aquí pronunciado, los actos enunciados en el oficio remitido, son propios de la administración del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional ATONOMA DE Honduras (TNPREUNAH), correspondiendo por lo tanto, a la misma tomar las decisiones al respecto; para lo cual sugerimos, sea escuchada la opinión del asesor jurídico de dicha Institución” ( folio 375-376); m. Memorando N° 56-DL-2013 fechado el 08 de agosto del 2013, mediante el cual, para darle cumplimiento a la recomendación de TSC, emite dictamen sobre la procedencia de los aumentos otorgados en febrero del 2013 (folio 38 1-385) n. Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios sin Garantía, según memorando fechado el 14 de agosto del 2014, enviado por el Auditor Interno al Jefe del Departamento Financiero (folio 581-621); y, o. El reconocimiento judicial que acredito que las fotocopias propuestas como medios probatorias, fueron conforme con sus originales ( folios 634-636) El sistema procesal laboral hondureño, permite a los Juzgados y Tribunales, dictar sentencias, sin estar sujetos a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto, formar libremente su convencimiento.- Sin embargo. esa libertad, debe estar inspirada en los principios científicos que informa la prueba de tal manera, que el haz probatorio, debe apreciarse en su conjunto y atenerse en su exegesis, a la valoración correcta para que el fallo, sea congruente con la demanda y demás pretensiones, decidiendo apropiadamente los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. En la sentencia que afana este motivo, ocurrió lo contrario, porque constando en autos, mediante la prueba documental abundantemente singularizada, que la demandante, en el desempeño de su cargo. con conocimiento de su Junta Directiva, había efectuado las actuaciones que la nota de despido señala; entonces, por imperativo legal contenido en el artículo 863 del Código del Trabajo, que estipula que el patrono cuenta con un mes para disciplinar o despedir al trabajador, después de haberse tratado dichos asuntos en el seno del organismo apuntado, que para ese momento era su patrono, para sancionarla con el despido, el plazo para la Junta Interventora -repite- había transcurrido y en consecuencia, este organismo, no podía adoptar la determinación, salvo violentando normas de orden público de estricta observancia. Establecido por este Supremo Tribunal, mediante reiterada jurisprudencia que el error de hecho en la falta de apreciación de la prueba, que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al Tribunal a casar el fallo impugnado, tiene que ser manifestó, de tal manera, que sin esfuerzo se evidencie la rebeldía del juzgador para arribar al desacierto apuntado, se puede comprobar ese extremo, al efectuar un somero análisis de los medios probatorios singularizados y se determinara, que el ADQUEM, al confirmar el fallo apelado, incurrió en la infracción apuntada y violo los artículos anotados en este motivo y el 738 que como medio, sirve para reforzar aquel criterio, lo mismo que el artículo 206 N° 1) y 2) del Código Procesal Civil, porque la sentencia recurrida, no es congruente con la prueba aportada por la parte demandante y en tal virtud, por este motivo, debe casarse la sentencia recurrida.”.- VII.- Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1].- VIII.- Del análisis del anterior motivo, este Tribunal observa que el recurrente aduce que el error de hecho proviene de la falta de apreciación de los medios de prueba documental y el reconocimiento judicial que singulariza, pero consta en la resolución judicial impugnada y en la de primera instancia que al haber sido confirmada también la ha acogido el ad quem, que muchos de los documentos señalados como no apreciados si lo fueron, como es el caso de los comprendidos en los folios 190, 191, 208 al 213, 221 al 229, 581 al 621 del expediente de primer grado, por lo que esa modalidad no encaja con la infracción alegada; en su explicación, tampoco el Censor del fallo demuestra el error manifiesto o evidente que haya incurrido el Juzgador; por todo lo anterior, este motivo no resulta estimable.- IX.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 09-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente CL 598-13.