Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-70-18 — Registro 9191

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para la justificación de un despido directo, ilegal e injusto, caso contrario se condene al patrono al pago de indemnizaciones y prestaciones laborales, así como el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa. b) falta de claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos. c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha ocho de mayo del dos mil diecinueve, por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor MARCO ANTONIO GUZMÁN PERDOMO, representado en juicio por el Abogado BRAYAN JOSUE SOLORZANO PANCHAME. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la justificación de un despido directo, ilegal e injusto, caso contrario se condene al patrono al pago de indemnizaciones y prestaciones laborales, así como el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio del dos mil catorce, por el señor MARCO ANTONIO GUZMÁN PERDOMO, mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración de empresas, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida MARCO ANTONIO GUZMAN PERDOMO, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBIBA, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales como ser: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, A declarar la relación de trabajo de forma permanente y como consecuencia pagar al señor MARCO ANTONIO GUZMAN PERDOMO la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS (L. 187,861.00) desglosados así: preaviso L.58,333.32; auxilio de cesantía L. 87,499.98; auxilio de cesantía proporcional L.23,411.06; décimo tercer mes proporcional L. 3,058.32; décimo cuarto mes proporcional L. 15,558.27; más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MARCO ANTONIO GUZMAN PERDOMO, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de vacacione pendientes; IV) ABSUELVE AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago de vacacione pendientes, al señor MARCO ANTONIO GUZMAN PERDOMO; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION alegada por la parte demandada; VI) SIN COSTAS ”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral el 26 de abril del 2010, en el puesto de Asesor Comercial en Materia de Licitaciones, devengado un salario de L.25,000.00; suscribió siete contratos de servicios profesionales y que todos estos contratos fueron suscritos para la misma prestación de servicios, cumpliendo con lo establecido en el artículo 20 del Código de Trabajo, por lo que su relación laboral debió considerarse como permanentes, sin embargo a pesar de esto el actor fue despedido mediante memorando No.SEDS-SG-114-2014 notificándole que su contrato de servicios profesionales finalizaba el 14 de febrero del año dos mil catorce.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando la fecha de inicio de la relación laboral, así como el puesto desempeñado por el demandante y alegando en su defensa que la modalidad bajo la cual fue contratado fue por Servicios Profesionales en los cuales se estableció de manera expresa, tanto el salario como la fecha de inicio y la de finalización de los mismo, en virtud de lo cual el presente caso no versa sobre un despido, sino que el Contrato de Servicios Profesionales llegó a su finalización por ser por tiempo definido, mismos que fueron aceptados por ambas partes, tiempo de duración, sujetos al derecho administrativo tal en lo expresado en la cláusula novena de cada uno de los contratos suscritos.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARCO ANTONIO GUZMÁN PERDOMO, contra el ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que la relación que mantenían las partes se trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del contrato de trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma el demandante firmó varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones; es por lo anteriormente relacionado que debe declarase con lugar la relación de trabajo de forma permanente.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que los contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo, por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral, pues al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por la demandante como Asesor Comercial en Materia de Licitaciones, función que siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda que la relación existente era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de mayo del dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado BRAYAN JOSUE SOLORZANO PANCHAME, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA en su primer y único motivo de casación alega: MOTIVOS DE CASACION UNICO MOTIVO: Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea del artículo 47 del Código del Trabajo que regula los contratos celebrados entre los trabajadores y las empresas, y no los celebrados entre en Estado y sus servidores que son los Contratos de Servicios Profesionales, regulados por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la jurisdicción que ha debido de conocer del caso de autos, en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El articulo numero 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: son Causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El Juez AD QUEN en la sentencia proferida no tomo en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio, consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre el demandante y mi representada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las clausulas tercera y novena del contrato; al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por medio de un contrato individual de trabajo y que el Juzgado competente para conocer de su regulación y efectos es el Órgano Jurisdiccional Laboral, aplicando indebidamente o interpretando erróneamente lo establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir, entre las empresas y los trabajadores, y no las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores; y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3 literal a) establece que” Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, asimismo las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2014 en su artículo 111 en lo referente a los Contratos de Servicios Profesionales establece: Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Los funcionarios que incumplan este artículo serán responsables solidarios financieramente por todas las obligaciones que generen. El artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República es claro al disponer: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...“ De ahí que por ninguna manera puede eludirse la letra de la Ley, si esta es clara y manda que para que se juzgue debe ser bajo esos presupuestos, pues de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. - La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el demandante y mí representada la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Lo que acredita que dicho contrato es del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y como lo establecen en sus cláusulas tercera de la vigencia y novena en caso de controversia; que tenía fecha de inicio y fecha de finalización, por lo que expiro su vigencia, y de ninguna manera era de carácter permanente, por lo que no se dio despido del demandante, sino que su relación laboral termino, por ser por tiempo determinado y no de carácter permanente; asimismo que su conocimiento en caso de controversia correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el Juez AD QUEN fue violatoria de una ley sustantiva, por interpretación errónea o aplicación indebida del artículo 20 del Código del Trabajo, pues no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio, circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado Abraham Alvarenga Urbina: I) declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por Marco Antonio Guzman Perdomo, contra el Estado de Honduras por medio de su representante legal el Procurador General de la República abogado Abraham Alvarenga Urbina en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales como ser: preaviso, auxilio de cesantía. auxilio de cesantía proporcional; décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; así mismo II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su representante legal Procurador General de la República abogado Abraham Alvarenga Urbina, a declarar la relación de trabajo de manera permanente y como consecuencia pagar al señor Marco Antonio Guzmán Perdomo la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS (L. 187,861.00) desglosados así: preaviso L. 5 8,333.32; auxilio de cesantía L. 87,499.98; auxilio de cesantía proporcional L. 15,558.27; más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta la sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; considerando que con fundamento en los artículos 208 en relación con el 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el juicio, caso contrario nos encontramos frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el Juez Sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte demandante sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiadas, sin influencias ni prejuicios, decisión que debería superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejerció el Juez A-Quo. Por lo anteriormente expuesto, CAZAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento en fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, que falla: FALLA: 1.- DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA; 2.- CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA LA JUSTIFICACION DE UN DESPIDO DIERCTO E INJUSTO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL PATRONO AL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES, ASI COMO LE PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE COSTAS DEL JUICIO.- que fuera promovida por el señor Marco Antonio Guzmán Perdomo representado por el Abogado Gustavo Rafael Solórzano Díaz en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa. b) falta de claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos. c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 70-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

10