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Sentencia CL-658-17 — Registro 8660

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar el defecto material de prescripción opuesto por el representante procesal de la parte demandada, declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega tres formas distintas de violación a la Ley en un solo motivo, al indicar “Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea del artículo 47 del Código del Trabajo…”, lo cual resulta improcedente por la independencia de los cargos en casación; b) el precepto autorizante fue citado de forma incompleta al omitir el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) hace referencia a material probatorio siendo otra modalidad de violación por la vía indirecta; y d) formula alegatos propios de instancia, haciendo referencia a otra normativa no indicada en la formulación del cargo.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR, representado en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la reinstalación en el puesto de trabajo y restitución en las funciones, en virtud de haber sido suspendido de las mismas y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, y por existir ya, una acción judicial en el juzgado respectivo para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral, pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo del dos mil catorce, por el señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR, mayor de edad, soltero, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada. II.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para la Reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones; Pago de salarios dejados de percibir; instaurada por el señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. III.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar al señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; b) Asimismo a pagarle al Señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR vacaciones de los dos últimos años; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. IV.- Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales; instaurada por el señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República; en consecuencia ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República de pagar al señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR. V.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Estado de Honduras en fecha 14 de agosto de 2012, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante la suscripción de varios contratos de trabajo en el puesto de Oficial Jurídico, devengando un salario mensual de L.21,000.00, desempeñando sus labores de manera continua e ininterrumpida por la naturaleza de las mismas, pues son labores permanentes en la institución demandada. En fecha 21 de marzo del año 2014, el demandante presentó demanda judicial ante este mismo Juzgado de Letras para que en sentencia definitiva se declarara por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, al amparo de lo preceptuado en los artículos 20, 47 y 52 del Código del Trabajo, juicio que se registra bajo el expediente número 0294-14. Sucedió que una vez vencido el último contrato la demandada no le renovó el mismo, a pesar de estar consciente que le asistía el derecho a la permanencia por la continuidad de dichos contratos, por lo que el demandante se vio obligado a pedir por la vía administrativa ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, la reinstalación al puesto de Trabajo y la restitución a sus funciones, en virtud de las labores continuas que había venido desempeñando a través de contratos de trabajo, dejando ver una simulación de contrato de servicios profesionales por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que es cierto que en fecha 21 de marzo del 2014, se interpuso demanda judicial ante los juzgado de lo laboral en contra de la demandada, pero se rechaza en vista que no es cierto que la suscripción de los contratos fueron continuos, ya que los mismos no fueron consecutivos, y tampoco le aplican las disposiciones del Código del Trabajo que enuncia, en vista que el mismo Código del Trabajo en su artículo 2 excluye al demandante expresamente por su calidad de servidor público, ya que no obliga al Estado sujetarse al mismo, a contrario sensu le compete la aplicación de lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto 255-2011, que contienen las Disposiciones Generales del Presupuesto que rigen para el periodo fiscal 2012, artículo 114 del Decreto 223 del 2012, que contienen las Disposiciones Generales del Presupuesto que rigen para el periodo fiscal 2013, y, el artículo 117 del Decreto 140-2014, que contienen las Disposiciones Generales del Presupuesto que rigen para el periodo fiscal 2014, periodos fiscales en los que laboró el demandante; pretendiendo el actor que se le aplique una normativa que no le atañe a sabiendas que la impartición de justicia de los Jueces y Magistrados se sujetará a la Constitución y a las Leyes vigentes, por lo que no pueden eludir el cumplimiento de las Disposiciones Generales del Presupuesto referidas y el artículo 2 del Código del Trabajo. En dichas normas jurídicas expresamente dejan claramente establecido que los contratos de esta naturaleza tienen vigencia únicamente dentro de cada ejercicio fiscal correspondiente, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo dicha modalidad como permanente. Es oportuno además señalar, que los Contratos del Poder Ejecutivo son convenciones en virtud de las cuales, el Estado y las Personas Individuales o Jurídicas, se obligan recíprocamente, mediante la suscripción de un documento a cumplir las disposiciones pactadas en los mismos, en consecuencia, estando integrada la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a la Administración Pública Centralizada, es parte del Poder Ejecutivo, por lo que los mismos, ya antes se ha dicho, fueron elevados a sus Acuerdos Ministeriales respectivos, como consta en el expediente administrativo del demandante que se acompaña; asimismo, es de suma relevancia resaltar el hecho que los contratos en mención, estaban sujetos al Derecho Administrativo, tal como lo expresaba literalmente la cláusula novena de cada uno de los contratos que al efecto se celebraron entre el demandante y la demandada, siendo lo procedente que se entablara la presente acción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que en Audiencia Primera de Trámite de fecha dos de junio del año dos mil quince, el Representante Procesal de la parte demandada opuso el defecto material de prescripción exponiendo que al demandante se le notificó que su contrato finalizaba el 26 de enero del 2014, teniendo el término de 2 meses a partir del día siguiente de su notificación para presentar reclamo ante la autoridad del juzgado correspondiente, ya que la suma aritmética tenía hasta el 27 de marzo del 2014, para presentar la demanda ante este juzgado interponiendo la misma el 30 de mayo del 2014 y presentándose el demandante el 31 de marzo del 2014, ante la Secretaría de Trabajo cuando ya había vencido el término de 2 meses que estipula la Ley para presentar la demanda, lo anteriormente expuesto amparado en los artículos 862 y 864 del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar el defecto material de prescripción opuesto por el representante procesal de la parte demandada; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones, pago de salarios dejados de percibir, instaurada por el señor Franklin Yovany Sánchez Amador, contra el Estado de Honduras; sin lugar la demanda para el pago de décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, sin costas; bajo el criterio que se ha acreditado en autos que en fecha 20 de enero de 2014, le notifican al demandante que su contrato finalizaba el 26 de enero de 2014 y que no le sería renovado; en fecha 18 de marzo de 2014, se instauró el reclamo ante la vía administrativa; el 31 de marzo de 2014, se da por agotado el trámite administrativo y comparece a este Tribunal presentando su demanda en fecha 30 de mayo de 2014; por lo que lo hizo dentro del término que señala el artículo 867 del Código del Trabajo; por lo que procede declarar sin lugar el defecto material de prescripción opuesto por el representante procesal de la parte demandada. Que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el demandante desde que inició su relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma, la parte demandada en el Memorando SEDS-SG-035-2014 de fecha 20 de enero de 2014; no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; en relación al pago de las vacaciones procede declarar con lugar las mismas, ya que consta a folio 267 vuelto de los autos que el demandante únicamente gozo de ellas; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; en cuanto al pago del décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales procede declarar sin lugar dicho pago, en virtud que de igual forma a folio 267 de los autos, se le pagó la suma de Lps.13,405.00.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido su criterio, que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizados, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral. Que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante como Auxiliar Jurídico, función que siempre ha sido la misma durante el periodo de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y el demandante era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, en su único motivo de casación alega: “Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea del artículo 47 del Código del Trabajo que regula los contratos celebrados entre los trabajadores y las empresas, y no los celebrados entre en Estado y sus servidores que son los Contratos de Servicios Profesionales, regulados por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la jurisdicción que ha debido de conocer del caso de autos, en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El Juez AD QUEN en la sentencia proferida no tomo en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio, consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre el demandante y mi representada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las clausulas tercera y novena del contrato; al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por medio de un contrato individual de trabajo y que el Juzgado competente para conocer de su regulación y efectos es el Órgano Jurisdiccional Laboral, aplicando indebidamente o interpretando erróneamente lo establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir entre las empresas y los trabajadores, y no las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores; y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3 literal a) establece que “Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, asimismo las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2014 en su artículo 111 en lo referente a los Contratos de Servicios Profesionales establece: Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Los funcionarios que incumplan este artículo serán responsables solidarios financieramente por todas las obligaciones que generen. El artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República es claro al disponer: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” De ahí que por ninguna manera puede eludirse la letra de la Ley, si esta es clara y manda que para que se juzgue debe ser bajo esos presupuestos, pues de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE.- La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el demandante y mí representada la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Lo que acredita que dicho contrato es del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y como lo establecen en sus cláusulas tercera de la vigencia y novena en caso de controversia; que tenía fecha de inicio y fecha de finalización, por lo que expiro su vigencia, y de ninguna manera era de carácter permanente, por lo que no se dio despido del demandante, sino que su relación laboral termino, por ser por tiempo determinado y no de carácter permanente; asimismo que su conocimiento en caso de controversia correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el Juez AD QUEN fue violatoria de una ley sustantiva, por interpretación errónea o aplicación indebida del artículo 20 del Código del Trabajo, pues no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio, circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA: a) Reintegrar al señor FRANKLIN YOVANY SÁNCHEZ AMADOR a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operase la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos a su ausencia; b) asimismo a pagarle al señor FRANKLIN YOVANY SÁNCHEZ AMADOR vacaciones de los dos últimos años; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda, considerando que con fundamento en los artículos 208 en relación con el 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el juicio, caso contrario nos encontramos frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el Juez Sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte demandante sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiadas, sin influencias ni prejuicios, decisión que debería superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejerció el Juez A-Quo. Por lo anteriormente expuesto, CAZAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento en fecha veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, que falla: I.- DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA; 2.- CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA LA REINSTALCION UN PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION DE FUNCIONES, EN VIRTUD DE HABER SIDO SUSPENDIDO DE LAS MSIMAS Y ANTE LA NEGATIVA DEL PATRONO DE LA NO SUSCRIPCION DE UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO.- Y POR EXISTIR YA UNA ACCION JUDICIAL EN ESTE JUZGADO PARA QUE SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO MI RELACION LABORAL. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR., HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES, SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- SE OTORGA PODER.- que fuera promovida por el señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR representado por el Abogado Juan Ángel Benavidez Paz en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega tres formas distintas de violación a la Ley en un solo motivo, al indicar “Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea del artículo 47 del Código del Trabajo…”, lo cual resulta improcedente por la independencia de los cargos en casación; b) el precepto autorizante fue citado de forma incompleta al omitir el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) hace referencia a material probatorio siendo otra modalidad de violación por la vía indirecta; y d) formula alegatos propios de instancia, haciendo referencia a otra normativa no indicada en la formulación del cargo.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 658-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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