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Sentencia CL-656-17 — Registro 8814

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar lademanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto, pago de los salarios caídos y demás indemnización y beneficios sociales que corresponden a la cesantía de acuerdo a la ley. Empresa demandada alega que el trabajador demandante incurrió en falta grave en el desempeño de su trabajo se incumplió prohibiciones a los trabajadores, articulo 98 del Código del Trabajo y el numeral 15 del mismo artículo 61 del Reglamento interno, que dice que introducir a la empresa donde tenga acceso personas extrañas lo mismo que a parientes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. (Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 30319 151).-"...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Por lo anterior y en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.-"..

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIV.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."En adición, esa Corte resuelve el asunto en litigio, por el tema de la aplicación del Reglamento Interno de Trabajo que rige en la empresa demandada, pero lo hace realizando una interpretación restrictiva de algunas disposiciones del mismo, donde de su normativa se aprecia que todo incumplimiento de obligaciones y prohibiciones a cargo de los trabajadores se traduce en una falta muy grave y por ello causa de terminación de la relación laboral, sin considerar que esa conducta deba tener gravedad o producir daños para poder imponerse como una causa justa de despido; por ello se debe recordar que las disposiciones de esos Reglamentos deben respetar el orden público laboral, ni pueden desmejorar las condiciones del trabajador en relación a lo establecidos en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas, etc., tal como lo determinan los artículos 3 y 93 del Código del Trabajo.."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 93 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 05 de marzo del 2018, por el Abogado LEONEL MEDRANO VALERIANO, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del señor MAURO ANTONIO DERAS CHACÓN, como recurrente; además, es parte recurrida la Sociedad HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V., (KYUNGSHINLEAR), por medio de su Representante Legal y Gerente General el señor GUSTAVO SAUCEDO ESPARZA, representada en juicio por la Abogada TANIA ISABEL ZUNIGA AMADOR. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto, pago de los salarios caídos y demás indemnización y beneficios sociales que corresponden a la cesantía de acuerdo a la ley; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 12 de agosto de 2016, por el Abogado LEONEL MEDRANO VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor MAURO ANTONIO DERAS CHACON, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, hondureño y de este domicilio, contra la Sociedad HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V., (KYUNGSHINLEAR), por medio de su Representante Legal y Gerente General el señor GUSTAVO SAUCEDO ESPARZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de noviembre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 07 de junio del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la demanda laboral promovida por el trabajador MAURO ANTONIO DERAS CHACÓN, en Contra la empresa mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, S. DE RL. DE C.V., a través de su representante legal el señor GUSTAVO ALONSO SAUCEDO ESPARZA, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; 2) CONDENAR a la empresa mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V., a través de su representante legal el señor GUSTAVO ALONSO SAUCEDO ESPARZA a pagar al trabajador demandante MAURO ANTONIO DERAS CHACÓN la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS(L. 74,767.18).- Por los conceptos siguientes: vacaciones proporcionales: L.4,803.97; décimo tercer mes proporcional: L.23,190.05, décimo cuarto mes proporcional. L.46,773.16; 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la sociedad demandada, en fecha 02 de mayo del 2006, desempeñándome como Ingeniero de Métodos (Supervisor Salary Banda 5); posteriormente fue promovido a Coordinador de Partes de Servicios (Coordinador Salary Banda 6) y Coordinador de Programa XM-UMA (Coordinador Salary Banda 7, también conocido como XM Car Leader o Car Team Leader); y debido al buen desempeño fue llamado a ocupar la plaza de Gerente de Ingeniería, puesto que era desempeñado originalmente por el señor Luis Rivera, quien en su momento pasó a ser Gerente de Site y se traslada a México a cubrir la misma posición en otra planta de la compañía y se comprometieron a formalizar lo referente a los beneficios que acompañaba el cargo y le fue notificado de manera verbal y discutido abiertamente en una reunión, y que las afirmaciones fueron ratificadas por el señor Richard O. Callaghan, fueron respaldadas con un correo en el que se mencionó que los nombramientos se iban a revaluar con todos los involucrados al cabo de 3 a 6 meses; que fue pasando el tiempo y la no encontró solución a la situación, porque el nuevo cargo conlleva responsabilidades y el salario debería ser acorde al mismo tal como se le fue prometido, que el demandante trabajó por más de 10 años para la empresa demandada; manifestó además que el 13 de junio del 2016 solicitó un segundo acercamiento para arreglar la situación, que quedó plasmado en correo, sin tener ninguna respuesta y el 14 de Junio se le convocó nuevamente a una reunión con los Gerentes en donde se le comunica verbalmente que se le relevara de su puesto de Gerente de Ingeniería y que por dirección superior se le obliga a regresar al puesto anterior de Coordinador de Car Team Leader UMA, disminuyendo su categoría; el 15 de Junio del 2016 el Gerente de Site, envío una notificación por escrito al personal externo de la Compañía del cambio en la estructura y la delegación de funciones del Gerente de Ingeniería, retornándolo al antiguo puesto después de 23 meses; el 24 de Junio de 2016 se presentó el apoderado legal del demandante acompañado de un Inspector de Trabajo, en las instalaciones de la demandada a fin de constatar que al demandante se le había bajado de categoría en el puesto de trabajo de Gerente de Ingeniería a Coordinador de Car Team Leader UMA, el Inspector fue recibido por el nuevo gerente de Ingeniería Javier Serrano y Jefe inmediato del demandante solicitando el inspector la presencia de Recursos Humanos y se les expresó que no se encontraba en las instalaciones y se procedió a levantar el acta; el 27 de Junio de 2016, mi representado recibe una notificación escrita para presentarse a una audiencia de descargo a realizarse ese mismo día a las 8:15 am., por haber entrado a la empresa con un Inspector de Trabajo, es hasta las 2:00 pm. de ese mismo día que fue llamado a la oficina de Recursos Humanos en donde le piden que lleve su computadora sin nada, notificándole en ese momento que está siendo despedido y que se le hace entrega de su carta de despido más no se le reconoce ninguna prestación laboral ni derechos adquiridos; que a raíz de la situación del despido del demandante también fue despedida la esposa de éste argumentando que por la situación del esposo es muy difícil tenerla, dando por terminado el contrato de trabajo quien venía laborando por 11 años y 7 meses.- 2.- La parte demandada, la Sociedad HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V., (KYUNGSHINLEAR), contestó dicha demanda señalando que efectivamente la demandada en el uso de las facultades que le otorga el Código del Trabajo llamo al ahora demandante a una audiencia de descargos para que se defendiera de la falta grave que se le imputaba, todo de acuerdo a ley haciéndoseles las advertencias y notificaciones debidas, para que en la misma pudiera hacer uso del derecho a la defensa; a la que el demandante no pudo desvanecer las graves faltas y violaciones a sus deberes u obligaciones que tenía como empleado de la demandada; que efectivamente ese mismo día la empresa en cumplimiento a la Ley le entrego una nota donde se le comunica la decisión de la empresa de despedirlo sin responsabilidad del patrono; alegó también que la causa que dio derecho a la sociedad demandada a despedir al demandante es bien clara, ya que el demandante incumplió y violento el reglamento de trabajo que establece en el capítulo de prohibiciones a los trabajadores en el artículo 61, articulo 98 del Código del Trabajo y el numeral 15 del mismo artículo 61 del Reglamento interno, que dice que introducir a la empresa donde tenga acceso personas extrañas lo mismo que a parientes, y que el demandante tenia pleno conocimiento y estaba consciente de dicha prohibición, no hizo uso del procedimiento establecido , quebrantó los mecanismos de seguridad establecidos, y se le despidió de acuerdo a la ley.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 07 de junio del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado LEONEL MEDRANO VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor MAURO ANTONIO DERAS CHACON, contra la Sociedad HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V., (KYUNGSHINLEAR), por medio de su Representante Legal y Gerente General el señor GUSTAVO SAUCEDO ESPARZA; condenó a la empresa mercantil demandada, a pagar al trabajador demandante la cantidad de L.74,767.18, por los conceptos de vacaciones proporcionales: L.4,803.97; décimo tercer mes proporcional: L.23,190.05, décimo cuarto mes proporcional. L.46,773.16; sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis a las pruebas practicadas este tribunal llega al convencimiento que el patrono probo en juicio que el trabajador demandante incurrió en falta grave en el desempeño de su trabajo, faltas que ameritan su despido llevan al convencimiento fundamentado en las circunstancias de que la demandada da por finalizada la relación laboral con el demandante porque ingreso en su vehículo dos personas ajenas a la empresa el Inspector del Trabajo y el Abogado sin permiso ni autorización de sus jefes, violentando con ello el procedimiento de seguridad establecido por de la empresa; que de las pruebas aportadas al proceso quedó acreditado en juicio que el trabajador demandante el día 24 de julio del 2016, solicito permiso para ir a comprar almuerzo al retornar a la empresa ingreso en su vehículo dos personas sin reportarlas al guardia de seguridad ni a sus jefes.- Hecho este que era de conocimiento del trabajador que era prohibido ya que en el reglamento interno que tiene la demandada se encuentra estipulado como una de las prodiciones a los trabajadores, también quedo acreditado en autos que la demandada enviaba correos a sus empleados haciéndoles saber la obligación que tenían al ingresar o salir de la empresa que el Guardia revisaría los vehículos independientemente del cargo que tuvieren en la empresa; que si bien es cierto el Inspector del Trabajo es una autoridad administrativa y tiene el derecho de ingresar a todos los establecimientos pero también no es menos cierto que debe identificarse tal como lo establece el artículo 618 del código del trabajo, y no de ingresar de la forma que lo hizo de manera clandestina, y si hay negativa de parte del patrono de dejarlo ingresar debe hacer valer las facultades que le atribuye el artículo 625 del código del trabajo; que al haber ingresado el Inspector de trabajo a las instalaciones de la demandada de esa forma en vez de ayudar al trabajador más bien lo hizo incurrir en una falta calificada en el reglamento de trabajo de la empresa como falta grave porque no solo ingreso al inspector del Trabajo sino que también ingreso de esa misma forma al abogado personas estas que son ajenas al personal de la demandada, y al no cumplir el trabajador demandante las ordenas que de manera particular le imparta el patrono es causa suficiente para dar finalizada la relación de trabajo tal como lo dispone el artículo 112 letra i relacionada con el Reglamento de trabajo en su artículo 61 numeral 15.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 23 de noviembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que después del examen detenido de los autos, del análisis de los hechos objeto del debate, de lo expuesto por las partes y de la apreciación en conjunto del material probatorio suministrado por estas conforme los principios que rigen la valoración de la prueba en materia laboral, se concluye que la sociedad demandada probó en el proceso, la justificación de la causa invocada para poner fin al contrato de trabajo que le vinculaba al trabajador, circunstancias por las que no resultan atendibles la argumentaciones del recurrente, el error al invocar el literal i) del artículo 112 tampoco revierte la justificación del despido y la alegación de la desproporcionalidad a estas alturas, resulta extemporánea, razones estas por las que procede confirmar en su parte dispositiva el fallo objeto del recurso de apelación.- 5.- Mediante auto de fecha 25 de enero del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LEONEL MEDRANO VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor MAURO ANTONIO DERAS CHACÓN, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 05 de marzo del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado LEONEL MEDRANO VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor MAURO ANTONIO DERAS CHACÓN, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de abril del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada TANIA ISABEL ZUNIGA AMADOR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que el Abogado LEONEL MEDRANO VALERIANO solicita la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, bajo el siguiente señalamiento: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Con base en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma y que en materia laboral es admisible como causal; el ERROR IMPROCEDENDO cuando por el quebrantamiento de normas procesales se llegue a infringir normas sustantivas de carecer laboral, se alega en forma subsidiaria la NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA que confirma la sentencia de PRIMERA INSTANCIA del expediente de autos, por el motivo siguiente: Con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés al proferir su fallo en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor MAURO DERAS CHACÓN en contra de la sociedad HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, S. DE R. L. DE C.V. en el numeral TERCERO de la misma expresó lo siguiente: “TERCERO: Cuando el legislador establece las circunstancias que autorizan el cese del derecho a la estabilidad laboral, no juzga hechos, establece comportamientos generales que por incumplir deberes del trabajador u obligaciones patronales que por su gravedad, se erigen en justas causas de terminación del contrato de trabajo; analizar la intención con que el comportamiento se realizó al amparo de elementos objetivos allegados al proceso, es una tarea facultada al juzgador y al resolver de conformidad con el principio de la Iura Novit Curia contenido en el numeral 5 del artículo 12 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en este caso, debe hacerlo con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, lo que no puede es alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.- En este sentido, cierto es que el a quo en el fundamento segundo cita el contenido del artículo 112 literal i) del Código de Trabajo, siendo evidente que se trata de un lapsus pues es el reglamento interno de trabajo el que de conformidad a lo expuesto por él mismo regula la prohibición y establece la gravedad de la misma, hecho que corresponde al literal 1) del citado artículo.”. Como se puede colegir del contenido de esta parte de la fundamentación el Ad quem se inviste de un principio de aplicación supletoria de carácter procesal para suplir una deficiencia en el proceso cuando la verdad es que introduce una disposición que no fue puesta como fundamento en la nota de despido. Debemos entender que el tribunal puede hacer este tipo enmiendas en lo que se refiere a la aplicación del derecho que no ha sido invocada o alegada por las partes en la sustanciación del proceso pero es improcedente que utilice esta disposición que no fue argumentada en la carta de despido contraviniendo el artículo 117 del Código de Trabajo.- Esto implica que utilice este principio para corregir defectos derivados de la actividad particular del empleador al momento de tomar la determinación de interrumpir un contrato de trabajo. Este craso error provoca indefectiblemente la nulidad de la sentencia recurrida, al igual que el mandato de notificar el fallo al Ministerio Público a través de la oficina de la Procuraduría Regional del Trabajo, ya que las partes no son entidades del estado o se trata de persona incapaz.”.- 8.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Que la Corte de Apelaciones recurrida, en fecha 29 de septiembre del 2015, dictó sentencia confirmando la proferida por el Juzgado, la cual declara sin lugar la demanda, condena a la demandada al pago de los derechos adquiridos, bajo el criterio de que la demandada probó en el proceso la justificación de la causa invocada para poner fin al contrato de trabajo que le vinculaba al trabajador, circunstancias por las que no resultan atendibles la argumentaciones del recurrente, el error de la demandada al invocar el literal i) del artículo 112 del Código del Trabajo, se trata de un lapsus pues es el Reglamento Interno de Trabajo que regula la prohibición y establece la gravedad de la misma, hecho que corresponde al literal l) de esa norma y la alegación de la desproporcionalidad en esa instancia, resulta extemporánea, razones estas por las que procede confirmar en su parte dispositiva el fallo objeto del recurso de apelación.- VI.- Que al revisarse la referida sentencia y tomando en consideración la solicitud de nulidad subsidiaria, se desprende que dicho fallo es omiso en cuanto lo siguiente: a) no se pronuncia sobre los puntos expuestos en la demanda, particularmente sobre los hechos relacionados con los reclamos salariales efectuados por el demandante y la situación posterior que derivó en la terminación de la relación laboral; b) igualmente no realiza ningún análisis vinculado al señalamiento de que el despido es una represalia de la empresa; c) se debió revisar si el despido se ajusta al tema de legalidad, ya que no basta el análisis de su justificación, porque la jurisdicción laboral es tuitiva o tuteladora de los derechos que reclama el trabajador, tomando en consideración los principios que rigen la materia.- VII.- En adición, esa Corte resuelve el asunto en litigio, por el tema de la aplicación del Reglamento Interno de Trabajo que rige en la empresa demandada, pero lo hace realizando una interpretación restrictiva de algunas disposiciones del mismo, donde de su normativa se aprecia que todo incumplimiento de obligaciones y prohibiciones a cargo de los trabajadores se traduce en una falta muy grave y por ello causa de terminación de la relación laboral, sin considerar que esa conducta deba tener gravedad o producir daños para poder imponerse como una causa justa de despido; por ello se debe recordar que las disposiciones de esos Reglamentos deben respetar el orden público laboral, ni pueden desmejorar las condiciones del trabajador en relación a lo establecidos en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas, etc., tal como lo determinan los artículos 3 y 93 del Código del Trabajo.- VIII.- Por otro lado, se debe recordar que esta Sala ya ha señalado: “Que también este Tribunal comparte el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo dictado el 5 de octubre del 2015, en el caso López Lone y otros contra Honduras, que la destitución o remoción de un cargo es la medida más restrictiva y severa que se pueda adoptar en materia disciplinaria, la posibilidad de su aplicación debe ser previsible, sea porque está expresa y claramente establecida en la Ley la conducta sancionable de forma precisa, taxativa y previa o porque la Ley delega a una norma infra legal, bajo criterios objetivos que limiten el alcance de la discrecionalidad; asimismo la posibilidad de destitución debe obedecer al principio de máxima gravedad.” (Sentencia del 24 de mayo del 2016, expediente CL 474-14).- IX.- Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 del Código Procesal Civil), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional.- X.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el debido proceso ha venido señalando: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (ver sentencia del 9 de agosto del 2017, expediente AL 1062-2015).- XI.- También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. (Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 30319 151).- XII.- Por lo anterior y en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIV.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 127, 128, 129, 264, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 18, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 211, 213 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 23 de noviembre de 2017, visible a folios del 22 al 28 de la segunda pieza.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de abril del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 656-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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