Sentencia CL-649-17 — Registro 8658
Resumen
Segunda instancia declaro sin lugar el recurso de apelación y parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral contraída a pedir el cumplimiento de lo pactado en la relación laboral y como consecuencia del incumplimiento del contrato de trabajo a la restitución o reasignación al puesto de Jefe de Servicios Administrativos y al pago de indemnización por daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que tampoco es admisible el cargo anterior, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega la infracción del artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, la cual si bien establece la obligación de los firmantes del contrato colectivo, no determina obligaciones o derechos concretos y definidos para el patrono y el trabajador, por lo que no puede ser considerara como precepto legal sustantivo; y, b) en su explicación alude a otras disposiciones que no fueron enunciadas como infringidas o relacionados en su formulación, tal es el caso de los artículos 127 Constitución de la República, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 6 del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales (PIDESC), 1 .2.C del Convenio de la OIT numero 122 sobre la Política del Empleo, así como el numeral 29.2 a) de la Recomendación 122 de la OIT."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible, ya que el artículo 26 del Código del Trabajo, señalado como infringido, es una norma de carácter general, que no ostenta el carácter sustantivo exigido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del referido cuerpo normativo, porque se encuentra incluso comprendida en el Capítulo I CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad o no del traslado de puesto de trabajo de la demandante y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo y que la estabilidad laboral de los trabajadores en sus empleos es una garantía constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de nuestra carta fundamental.- XXIV.- Que la demandante también reclama el pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios por el traslado de cargo relacionado, sin embargo, no se han comprobado los mismos en el proceso, ya que ella gozó de los mismos derechos salariales que tenía antes de la implementación de tal medida o cambio, por lo que procede desestimar tal pretensión.- XXV.- Con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente CON LUGAR la demanda de mérito y por ende condenar a la demandada a restituir a la demandante en el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, SIN LUGAR la pretensión de pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios por el traslado de cargo relacionado, sin costas, por haberse tenido motivo racional para litigar."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
" Que el cargo que antecede no resulta admisible, ya que el artículo 26 del Código del Trabajo, señalado como infringido, es una norma de carácter general, que no ostenta el carácter sustantivo exigido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del referido cuerpo normativo, porque se encuentra incluso comprendida en el Capítulo I CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que tampoco es admisible el cargo anterior, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega la infracción del artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, la cual si bien establece la obligación de los firmantes del contrato colectivo, no determina obligaciones o derechos concretos y definidos para el patrono y el trabajador, por lo que no puede ser considerara como precepto legal sustantivo; y, b) en su explicación alude a otras disposiciones que no fueron enunciadas como infringidas o relacionados en su formulación, tal es el caso de los artículos 127 Constitución de la República, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 6 del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales (PIDESC), 1 .2.C del Convenio de la OIT numero 122 sobre la Política del Empleo, así como el numeral 29.2 a) de la Recomendación 122 de la OIT."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" El superior valor de los derechos fundamentales debe ser criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho, en el caso específico del Derecho Laboral, deben también tenerse muy en cuenta los principios que le informan; que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, se le niega eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales.- XVIII.- Que si bien es cierto, que conforme lo disponen los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo, el patrono o empleador goza del poder directivo en sus relaciones con sus trabajadores, por lo que en función de la subordinación o dependencia continua, éstos están en la obligación de acatar las órdenes e instrucciones sobre el modo, tiempo o cantidad de trabajo, es decir, someterse a su dirección ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo; también lo es, que el artículo 26 del mismo Código determina que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la ley, la costumbre o la equidad; siendo que la demandante laboraba como Jefe del Departamento de Servicios Generales y se le traslado a otro cargo sin respetar sus derechos laborales, menos su dignidad como persona humana, ya que se hizo tal medida de forma abrupta, sin su anuencia expresa, menos se le indicó que existiera una razón técnica o administrativa que justificara tal cambio, salvo el argumento de que se contaba con facultades para hacerlo.- XIX.- Que la Doctrina ha venido reiterando que existe diferencias entre la alteración unilateral del contrato y el ejercicio patronal del ius variandi, ya que en la primera situación implica la existencia de cambios o modificaciones sustanciales en las condiciones en que se presta el servicio y en la segunda no; sobre este particular, el tratadista Argentino Antonio J. Barrera Nicholson expone: “La norma que habilita al empleador el ejercicio del ius variandi, impone tres condiciones para la validez de las modificaciones que se dispongan en ese marco. Que sean razonables, que no alteren modalidades esenciales del contrato y que no causen perjuicio material ni moral al trabajador[1].” Américo Pla Rodriguez sostiene: “La diferencia con el ius variandi no se produce en cuanto a los sujetos, porque en ambos casos actúa solo el empleador; sino en cuanto al objeto, ya que el ius variandi versa sobre pequeñas variaciones relativas a la forma de actuar del trabajador y la alteración versa sobre temas sustanciales del contrato.”.- XX.- Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado; todos tienen la obligación de respetarla y protegerla; la dignidad del ser humano es inviolable.- También constitucionalmente se establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.-
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de febrero de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha cinco de marzo del dos mil dieciocho, por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la señora ORESTILLA MARGOTH MUÑOZ REYES, como recurrente; además es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), representada en juicio por el Abogado Abogado ROGER EDGARDO URQUIA RODRIGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral contraída a pedir el cumplimiento de lo pactado en la relación laboral y como consecuencia del incumplimiento del contrato de trabajo a la restitución o reasignación al puesto de Jefe de Servicios Administrativos y al pago de indemnización por daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo del dos mil quince, por la señora ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña, con dirección en Residencial Las Cascadas, bloque 0 de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su representante legal señor ROBERTO ORDOÑEZ WOLFOVICH. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, misma que: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandante.- II.- Declarar CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROGER EDGARDO URQUIA RODRÍGUEZ, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- III.- REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete, que corre agregada a folios 144, 145, 146 y 147, frente y vuelto de la primera pieza del expediente, en la forma siguiente: UNO: REVOCAR el ordinal PRIMERO de la parte resolutiva del fallo en la que se Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), por medio de su Representante Legal señor ROBERTO ORDOÑEZ WOLFOVICH; en consecuencia: a) Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), por medio de su Representante Legal señor ROBERTO ORDOÑEZ WOLFOVICH.- DOS: CONFIRMAR los ordinales TERCERO y CUARTO de la parte resolutiva del fallo en el que se ABSUELVE a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), del pago de indemnización por daños y perjuicios y la declaratoria de no condena en Costas.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la demandante inició la relación laboral para la ENEE en fecha 5 de abril del año 2006 en el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos a partir del 7 de abril del año 2006, tomando en posesión del mismo, regido por un contrato de trabajo, obligándose a cumplir en su cargo, haciendo la aclaración que solamente en dicho cargo por las asignaciones especificas del mismo. En fecha 11 de septiembre del año 2009 la empresa demandada le despidió ilegal e injustamente por lo que procedió a interponer demanda laboral ante el juzgado logrando a ser reintegrada a su puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos concretándose el mismo. Argumentó a su vez la parte actora que después de 9 años desempeñándose en dicho cargo de manera eficiente y con un salario mensual de L. 65,764.83 con un promedio mensual de L. 76,725.63, en fecha 30 de enero del año 2015 mediante una nota enviada a la demandante por la Directora de Recursos Humanos de la empresa demandada en violación a sus derechos laborales, procedió de forma unilateral y sin su consentimiento a incumplir lo pactado en su relación laboral la que se rige por un contrato de trabajo al trasladarla a la Secretaría de Procedimientos Administrativos, alegando la demandada que la demandante conservaría su estatus y salario actual, puesto que no se encuentra dentro de la estructura permanente de la empresa y que no tiene funciones específicas ya que la Directora de Recurso Humanos no le aclaro los términos de dicho traslado y no le ha dado funciones, no dándole contestación a sus interrogantes, ante la violación de sus derechos de carácter constitucional y supra nacional deriva una indemnización según argumenta, que en fecha 30 de enero del año 2015 intento ingresar a su oficina como Jefe del Departamento de Servicios Generales dependiente de la División de Servicios Administrativos, hecho que no pudo concretar en vista de que se encontraba cerrado por instrucciones del patrono.- 2. La parte demandada, el EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que la demandante en fecha 5 de abril del año 2006, fue nombrada por la Junta Directiva de la ENEE en el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos nombramiento efectivo a partir del 7 de abril del año 2006 en el ejercicio a su derecho de libre elección, obligándose a cumplir las órdenes e instrucciones que le impartiere su patrono, a cambio de un salario por su fuerza de trabajo. Señala la parte demandada que como patrono tiene la libre administración y dirección de todas sus operaciones y actividades, puede perfectamente modificar las condiciones laborales reconocidas a sus trabajadores al inicio de la relación laboral, ya sea por cambios normativos, por acuerdos individuales o por decisiones de empresa amparadas en su facultad de dirección y organización de trabajo conforme al artículo 16 numeral 3) de la Ley Constitutiva de la ENEE, la Junta Directiva de la ENEE, tiene la atribución de nombrar, suspender o remover al Gerente y a propuesta de este, a los Jefes de Departamentos o Secciones, Directores de Plantas y Asesores, tal como aconteció en el caso de la demandante antes mencionada, con lo cual no existe violación al artículo 26 del Código del Trabajo, ni mucho menos que la demandante haya sido contratada exclusiva y únicamente para desempeñar el cargo de Jefe del Departamento de Servicios Generales. Por otra parte aceptó la interposición de la demanda de reintegro por parte de la demandante, de igual forma se aceptó que la demandante por ser empleada de confianza, mediante nota de fecha 30 de enero del año 2015, enviada por la Directora de Recurso Humanos de la ENEE, fue trasladada a la Secretaría de Procedimientos Administrativos, para desempeñar el cargo de Coordinador de Secretaría de Procedimientos Administrativos, enmarcándose dentro de su titulación académica como profesional, sin que dicho traslado constituya violación alguna a las condiciones de trabajo que rigen la relación laboral, pues no le han sido modificadas a la empleada aquellas condiciones de trabajo que de forma directa afecten la vida del trabajador, como ser el cambio de jornada, horario de trabajo, funciones, sistema de remuneración y otras, sin menoscabar la dignidad de la demandante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE); ORDENÓ a la demandada a restituir a la actora al cargo de Jefe del Departamento de Servicios Generales, Dependiente de la División de Servicios Administrativos, cargo adscrito a la empresa demandada; ABSOLVIÓ a la demandada al pago de indemnización por daños y perjuicios por haber dejado de laborar en el cargo de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos, SIN COSTAS, bajo el criterio que al haber expuesto las posiciones de ambas partes, es del criterio de esta juzgadora, que el acceso a un empleo se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades y si se asegura la estabilidad en el cargo, garantizando la libertad de toda injerencia, estabilidad que se plasma en nuestra Constitución de la República en el artículo 129. La demandante al momento de disponerse mediante resolución la culminación de sus funciones que ejercía como Jefe del departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos, gozaba sobradamente de estabilidad laboral de conformidad a las normas, a pesar de que el cargo es de confianza, el traslado de que fue objeto la demandante debió realizarse no in antes efectuarse el procedimiento previo. El tiempo que llevaba ejerciendo sus labores como funcionaria implica efectividad y el derecho a ejercer su defensa en un procedimiento administrativo previo que en el caso de autos fue omitido. Con lo expresado precedentemente tenemos que, si bien al momento de su traslado ocupaba un cargo de confianza, la demandante es una funcionaria de carrera, atendiendo a su antigüedad y a los cargos desempeñados, por ello existe arbitrariedad e ilegalidad en el traslado de la demandante, vulnerando así los derechos de la accionante. Si bien es cierto, es de considerar que el cargo de empleado de confianza no es un trabajo especial, sino una relación especial entre el empleador y el trabajador, en razón de las funciones que este desempeña, en rigor, los trabajadores de confianza son trabajadores con un mayor grado de responsabilidad en atención a la tarea que desempeñan y de alguna manera hacen presente el interés del patrono, no es menos cierto que la facultad que dice tener la empresa demandada de trasladar a dichos empleados de confianza según las necesidades de la empresa que lo exigen, esta decisión no debe ser caprichosa y debe de ser justificada, no de manera omnímoda y arbitraria, pues en realidad no tiene condición absoluta e irrestricta, sino que es esencialmente relativa y sometida a límites, radicados en los derechos del trabajador, su honor y dignidad, razones objetivas validas de índole técnicas, operativas, organizativas o administrativas que lo hagan ineludible o al menos justificable, circunstancias que el demandado no ha comprobado con prueba alguna en el proceso, por el que es procedente declarar con lugar la presente demanda ordinaria laboral.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la demandante pretende el pago en concepto de indemnización por daños y perjuicios calculados en base a los salarios correspondientes por el tiempo por causas imputables al patrono, pero ha quedado demostrado que el traslado se produjo sin que fuera alterada la Categoría del puesto y el Estatutos que la demandante mantenía con la demandada, tampoco fue modificado su horario de trabajo, ni la zona u ubicación donde se desempeñaba, ni hubo menoscabo en su salario; además es de señalar que la demandante no demostró en forma fehaciente y determinada los daños y perjuicios que se le fueron ocasionados con dicho traslado, por tanto ese reclamo es improcedente.- 5. Mediante auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la señora ORESTILLA MARGOTH MUÑOZ REYES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cinco de marzo del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la señora ORESTILLA MARGOTH MUÑOZ REYES, formalizando su demanda, exponiendo cinco motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha cinco de marzo del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha seis de abril del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado ROGER EDGARDO URQUIA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene señalado que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible.- II.- Que el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA en el primer motivo de casación expresa: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de los medios de prueba documental publico propuesto y admitido a la parte demandante que constan a folios 65, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 que hizo incurrir en un error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 26 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Señalo que la Corte de Apelaciones, al momento de emitir el fallo, objeto del presente recurso cometió una infracción indirecta de la ley, mediante la falta de apreciación al medio de prueba documental publico admitida a la parte demandante que de manera singularizada consiste en: 1.- su nombramiento por parte de la Junta Directiva de la ENEE en el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos a folios 65 y 66; 2.- Acta Especial de Reintegro, al puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos a folios 77 y 78; 3.- Acta Especial de toma de posesión del puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos a folio 79 y 4.- la Descripción de dicho puesto en el cual se aprecia de manera precisa el servicio que la trabajadora se ha obligado a prestar, que obra a folios 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y92. Infracción a la ley que ha sido cometida, en virtud que, de haber apreciado los mismos, efectivamente la Corte de Apelaciones hubiese llegado a la conclusión que la demandante se había obligado expresamente y voluntariamente a prestar los servicios descritos para el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos y que la parte patronal accedió a que esta brindara los servicios de esta forma; por tal razón es que vemos que dicha inobservancia llevo a la violación al artículo 26 del Código del trabajo, que señala que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado, y en caso de que no se exprese los servicios a prestar, el trabajador está obligado a desempeñar solamente las labores que sea compatibles a su fuerza, aptitud, estado, etc...; caso que no aplica a la trabajadora, puesto que los servicios a los que ella se obligó si se encuentran debidamente señalados, pactados y aceptados por ambas partes contratantes. Por tal razón identificamos, que se ha acredito a través de la evidencia aportada, que la demandante se obligó a prestar su fuerza de trabajo en el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos, yen virtud que la descripción del puesto si determina expresamente los servicios que se deben de prestar, la parte patronal no puede obligar a la trabajadora a desempeñar cualquier otro puesto o servicios distintos, ya que la Ley sustantiva de orden nacional consistente en el artículo 26 del Código del Trabajo, que consagra obligaciones correlativas entre el patrono y el empleado, claramente lo señala así. La Corte de Apelaciones cometió un error de hecho manifestó al no haber tendió por probada la circunstancia antes descrita; puesto que de haber tendió por probada la misma, por así ser, hubiese declarado con lugar la demanda condenado a la parte patronal a cumplir con lo que estos pactaron y así vemos que eran pruebas esenciales para el fallo.”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible, ya que el artículo 26 del Código del Trabajo, señalado como infringido, es una norma de carácter general, que no ostenta el carácter sustantivo exigido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del referido cuerpo normativo, porque se encuentra incluso comprendida en el Capítulo I CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES.- IV.- Que en el segundo motivo el Recurrente alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de los medios de prueba documental publico propuesto y admitido a la parte demandante que constan a folios 64, 65, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 que hizo incurrir en un error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 27 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. Señalo que la Corte de Apelaciones, al momento de emitir el fallo, objeto del presente recurso cometió una infracción indirecta de la ley, mediante la falta de apreciación al medio de prueba documental publico admitida a la parte demandante que de manera singularizada consiste en: 1.- nota de fecha 30 de enero de 2015 en donde se traslada a la demandante al puesto de Secretaria de Procedimientos Administrativos, que obra a folio 64, 2.- su nombramiento por parte de la Junta Directiva de la ENEE en el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos a folios 65 y 66; 3.- Acta Especial de Reintegro, al puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos a folios 77 y 78; 4.- Acta Especial de toma de posesión del puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos a folio 79 y 5.- la Descripción de dicho puesto en el cual se aprecia de manera precisa el servicio que la trabajadora se ha obligado a prestar, que obra a folios 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92. Se cometió una falta de apreciación de la prueba en mención, que llevo a la Corte de Apelaciones a cometer una violación al artículo 27 del Código del Trabajo que crea obligaciones económicas a quien incumpla un contrato de trabajo; debido a que los medios de prueba enunciados, se acredita de manera fehaciente que la demandante estaba obligada a prestar sus servicios de manera específica en el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos y de haber apreciado dicha circunstancia, la Corte en mención hubiese identificado que la nota de fecha 30 de enero de 2015 en donde se traslada a la demandante al puesto de Secretaria de Procedimientos Administrativos, que obra a folio 64 se constituyó, y tal y como lo establece el artículo 27, en incumplimiento al contrato de trabajo o relación laboral; puesto que los servicios que el empleador percibiría por la demandante, se encuentran expresamente señalados, y encomendarle de manera unilateral nuevas funciones, efectivamente se constituye un incumplimiento. Se aprecia que las pruebas que no fueron apreciadas son tan esenciales para efectos del fallo, puesto que de haber sido apreciadas, el Juzgador hubiese condenado al tenor de la ley sustantiva contentiva del artículo 27 del Código del Trabajo, a las responsabilidades económicas señaladas en el Código del Trabajo, específicamente las obligaciones económicas del artículo 95 inciso 2 y 376 del Código en mención.”.- V.- Que en este segundo cargo igual que en el anterior, se enuncia como infringida una norma que no ostenta carácter sustantivo, ya que el artículo 27 del Código del Trabajo es una disposición general que no consagra derechos u obligaciones correlativas a trabajadores o patronos o que las extinga.- VI.- Que como tercer motivo de casación se arguye: “Acuso ser la sentencia de violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa también conocida como “falta de aplicación” del artículo 95 numeral 6 y articulo 96 numeral 9 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo necesario, que para efectos de alegar una violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa también conocida como falta de aplicación; debe de existir un hecho que no se discute, que este debidamente comprobado o es aceptado por las partes, considero periten señalar dicho hecho: que mi representada fue trasladada al puesto de Secretaria de Procedimientos Administrativo y que el mismo no exista al momento del traslado; hecho este que alego es aceptado por la demandada, debido a que en el numeral 2 de los hechos en que apoyo su defensa textualmente dice: “...dicho cargo fue creado posterior al traslado que fue objeto la demandante ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES...” (ver vuelto del folio 12 de la primera pieza de autos). Vemos así que el hecho de que mi representada fue trasladada a un puesto inexistente es un hecho aceptado por las partes, de la lectura del hecho tercero de la demanda y del numeral segundo de los hechos en que se apoya la defensa en el escrito contestación de demanda. Es así como la Corte de Apelaciones ha cometido una infracción directa también conocida como falta de aplicación, de los artículos 95 numeral 6 y articulo 96 numeral 9 del Código del Trabajo, debido a que el primero establece la obligación de los patronos en guardar a los trabadores la debida consideración y abstenerse de cualquier acto que pudiere afectar su dignidad y el segundo le prohíbe ejecutar cualquier acto que directa o indirectamente ofenda su dignidad; y apreciamos que el hecho aceptado por las partes, consistente en trasladar a la demandante a un puesto inexistente dentro de la estructura de la empresa, efectivamente se constituye en un acto que vulnera la dignidad de estos. Por lo expuesto identificamos que la Corte de Apelaciones no aplico los artículos en mención ya que de haber sido aplicados, esta hubiese proferido un fallo ordenando que la señora Orestila Muñoz fuese restituida a su cargo de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos; debido a que el traslado de fecha 30 de enero de 2015 es ilegal, y se constituye en un incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones de los artículos 95 y 96 del Código del Trabajo, que al establecer obligaciones correlativas forman parte de la ley sustantiva.”.- VII.- Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad o no del traslado de puesto de trabajo de la demandante y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- VIII.- Que como cuarto motivo el Impetrante expone: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de apreciación errónea del medio de prueba documental publico propuesto y admitido a la parte demandada que constan a folios 38 y 39, que hizo incurrir en un error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de ordene nacional contentiva del parágrafo primero del artículo 60 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La prueba que fue apreciada erróneamente consiste de manera precisa y singularizada la documental publica presentada por la parte demandad que obra a folios 38 y 39, que contiene las clausula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica vigente para el año 2011-2013 y de manera aún más precisa, para efectos del presente motivo de casación versa sobre la apreciación errónea de la cláusula numero 3 denominada Administración de la ENEE, que conllevo en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de ordene nacional contentiva del parágrafo primero del artículo 60 del Código del Trabajo La apreciación errónea del presente medio de prueba por parte de la Corte de Apelaciones consiste en que, si bien en dicha casual se establece que la ENEE tiene la administración de la empresa, tal como lo señala la misma corte, esta administración según lo establece la cláusula en mención, debe ser limitada a lo que establece la Ley, el Código del Trabajo y demás leyes de la materia. Vemos entonces que ha apreciado erróneamente este medio de prueba, puesto que la Corte en sus considerandos establece que el traslado que ha sido objeto la demandada, es legal, ya que fue ejecutado en aplicación de lo pactado en dicha cláusula del Contrato Colectivo; sin embargo de haber efectuado un análisis profundo al mismo hubiese determinado que el traslado, si bien fue ejecutado en dicho ejercicio, no fue respetuoso a las leyes y de manera precia no fue respetuosa a la siguiente normativa laboral: 1.- Articulo 127 Constitución de la República que garantiza derecho a la libre elección de la ocupación, 2.- Artículo 23 De la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que toda persona tiene derecho al trabajo y a la elección de su trabajo, 3.- Articulo 7 del Protocolo Adicional a la Convecino Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), que garantizan el derecho del trabajo y al desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada 4.- Articulo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales (PIDESC) que establece que el derecho del trabajo comprende a la oportunidad de ganarse la vida con un trabajo libremente escogido o aceptado 5.- Convenio de la OIT numero 122 sobre la Política del Empleo, que señala en su artículo 1 .2.C, que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea, Convenio que se ve ampliado mediante la Recomendación 122 de la OIT sobre la política del empleo, que en relación a los cambios de las condiciones de empleo señala en su numeral 29.2.a) que “consultarse entre sí y consultar cuando sea apropiado, con la mayor anticipación posible, a las autoridades públicas competentes, a los servicios del empleo o a los organismos similares, a fin de elaborar medidas que permitan en forma satisfactoria para todos una adaptación a los cambios en la situación del empleo” Vemos así la apreciación errónea que se le ha dado al medio de prueba en mención, y que ha hecho incurrí a la Corte en una violación del parágrafo artículo 60 del Código del Trabajo, que señala que la obligación correlativas que tiene las partes cuando se suscribe un Contrato Colectivo, y desde dicha suscripción la ENEE se ha obligado a administrar la empresa en respeto a las leyes laborales, y cualquier traslado, según lo señala la Recomendación 122 de la OIT, debe ser consultado previamente, en respeto al derecho libremente escogido o aceptado. De haber apreciado correctamente la prueba consistente en la cláusula 3 del Contrato Colectivo, la Corte de Apelaciones hubiese llegado al convencimiento que, si bien la ENEE administra la empresa, esta no efectuó una administración con los límites establecidos en la ley, y a causa de la falta de apreciación, el fallo emitido violenta la obligación de la norma sustantiva que se considera violentada, puesto que de haberse analizado de manera completa dicha evidencia, se hubiese llegado a la conclusión que el traslado fue ejecutado fuera de los límites establecidos por las leyes laborales y hubiera condenado a la restitución al puesto de la demandante.”.- IX.- Que tampoco es admisible el cargo anterior, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega la infracción del artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, la cual si bien establece la obligación de los firmantes del contrato colectivo, no determina obligaciones o derechos concretos y definidos para el patrono y el trabajador, por lo que no puede ser considerara como precepto legal sustantivo; y, b) en su explicación alude a otras disposiciones que no fueron enunciadas como infringidas o relacionados en su formulación, tal es el caso de los artículos 127 Constitución de la República, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 6 del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales (PIDESC), 1 .2.C del Convenio de la OIT numero 122 sobre la Política del Empleo, así como el numeral 29.2 a) de la Recomendación 122 de la OIT.- X.- Que como quinto motivo de casación el Censor del fallo sostiene: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de falta de apreciación del medio de prueba documental publico propuesto y admitido a la parte demandante que constan a folios 63, 64, 72, 73, 74, 75, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 104, que hizo incurrir en un error de hecho que aparece manifestó en los autos y que conllevo en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de ordene nacional contentiva del artículo 95 numeral 6 y articulo 96 numeral 9 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones, al momento de emitir su fallo incurrían en infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de la prueba consistente en: 1.- nota de fecha 30 de enero de 2015 dirigida a la Directora de Recursos Humanos a folio 63, 2.- nota de fecha 30 de enero de 2015 dirigida a mi representada en donde se le traslada de puesto, que obra a folio 64, 3.- Acta de fecha 30 e enero de 2015, en donde consta el desalojo efectuada a la demandante de su puesto de trabajo, que obra a folios 72 y 73, 4.- informe de fecha 30 de enero de 2015, que se refiere al desalojo de la demandante de su puesto de trabajo que obra a folios 74 y 75, 5.- Organigrama de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica qué obra a folio 93 y 94, 6.- Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2010, en donde se declara ilegal e injustificado un despido que la demandante fue objeto en fecha 11 de septiembre del 2009, que obra a folios 95, 96 y 97, 7.- acta notarial de fecha 30 de enero del 201, que obra a folios 98, 99, 1000 y 101, y 8.- nota de fecha 14 de abril del 2015 enviado por mi representada a la Directora de Recursos Humanos; todos estos medios de prueba que al no haber sido apreciados por la Corte, la han hecho incurrí en un error de hecho que conllevo a una violación indirecta a la norma sustantiva consistente en artículo 95 numeral 6 y articulo 96 numeral 9 del Código del Trabajo. Señalo que de haber sido analizada dicha prueba la Corte de Apelaciones hubiese llegado en firme convenciendo de que el traslado objeto del juicio era ilegal e injusto, puesto que con dichos medios probatorios se aprecia de manera evidente, que el método utilizado por la parte patronal, consistente en desalojar de su oficina, sin previo aviso, sin permitirle retirar sus pertenencias personales, trasladarla a un puesto inexistente dentro de la estructura organizativa y sin asignarle funciones, se constituye en un acto que atenta en contra de la dignidad de mi representada; dignidad esta que la parte patronal está obligado a respetar de conformidad a la norma sustantiva consistente en artículo 95 numeral 6 y articulo 96 numeral 9 del Código del Trabajo. De lo anterior se colige el hecho de que dicha prueba es tan esencial que de haber sido analizada el fallo emitido hubiera dictaminado de manera distinta y ordenado la restitución demandada, puesto se probó que el traslado vulnero la dignidad de la demandante.”.- XI.- Que el anterior cargo reúne los requisitos necesarios para su admisión, habiéndose formulado con la suficiente precisión y claridad, por lo que el recurso de casación resulta justificado, es procedente declarar ha lugar el mismo, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.- XII.- Que la controversia radica en determinar si el traslado de cargo o puesto de trabajo que ordenara la demandada a la trabajadora demandante, el 30 de enero del 2015, de Jefe del Departamento de Servicios Generales a Coordinadora de la Secretaría de Procedimientos Administrativos, incumple el contrato de trabajo celebrado entre las partes, si se realizó con base a las facultades que la ley le atribuye al empleador, si existe violación de derechos o no y en su caso, si se tiene derecho a indemnización por daños y perjuicios.- La demandada aduce que el traslado se realizó porque ella es empleada de confianza, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 16 numeral 3) y 21 literal h) de la Ley constitutiva de la ENEE, esa institución puede remover a los Jefes de Departamento, siempre y cuando no se les modifiquen sus condiciones de trabajo inherentes, entre otras, a la jornada laboral, horario, rendimiento, funciones y remuneración. Acepta que el cargo de Coordinador de Secretaria de Procedimientos Administrativos fue creado posterior al traslado de la demandante, por situaciones de orden presupuestario.- XIII.- Que la parte demandante propuso como medios de prueba: documental que se refiere exhibición de documentos y medios técnicos; la demandada por su parte, propuso la prueba de interrogatorio de parte, reconocimiento judicial y la documental.- XIV.- Que son hechos aceptados por las partes; a) la existencia de una relación laboral, la fecha de ingreso de la señora MUÑOZ REYES al trabajo data del 5 de marzo del 2006 como Jefe del Departamento de Servicios Generales dependiente de la División de Servicios Administrativos; b) que el 11 de septiembre de 2009 fue despedida y judicialmente fue reintegrada a su cargo; c) que mediante nota del 30 de enero de 2015 de la Dirección de Recursos Humanos, la traslada a la Secretaría de Procedimientos Administrativos; d) que el cargo de Coordinador de Secretaria de Procedimientos Administrativos fue creado posterior al traslado de la demandante; y, e) en acta de cierre de las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias de fecha 23 de febrero de 2015, se dio por agotada la vía administrativa.- XV.- Que habiendo hecho un análisis de las pruebas allegadas al juicio, se constata y establecen, entre otros, los siguientes extremos: a) que la señora MUÑOZ REYES fue nombrada por la Junta Directiva de la ENEE en sesión del 5 de abril del 2006, Punto Decimocuarto del Acta No. 1057, como Jefe del Departamento de Servicios Generales; b) mediante nota del 30 de enero de 2015 firmada por la Directora de Recursos Humanos, se traslada a partir de esa fecha, a la señora MUÑOZ REYES a la Secretaría de Procedimientos Administrativos, conservando su estatus y salario actual; c) que la demandante fue reintegrada por orden judicial, el 28 de enero del 2011, en el cargo de Jefe del Departamento de Servicios Generales; y, d) no existe contrato de trabajo escrito entre las partes.- XVI.- Que si bien es cierto es atribución del Gerente General de la demandada, proponer a la Junta Directiva de la misma, el nombramiento, suspensión o remoción de los Jefes de Departamentos y de Secciones, Directores de Plantas y Asesores, como nombrar, suspender o remover a los demás empleados de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), al igual dicho órgano directivo puede nombrar, suspender o remover al Gerente y a propuesta de éste a los empleados señalados anteriormente, conforme lo disponen los artículos 16 numeral 3) y 21 literal h) de su Ley constitutiva; también lo es, que en la cláusula No. 3 del Contrato Colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre esa empresa y su sindicato, visible a folio 38 vuelto de la primera página, se determina que la ENEE actuará en la administración y dirección de sus operaciones y actividades con las limitaciones que le establece la ley, en el orden laboral, económico y social; acatará las disposiciones y obligaciones contenidas en ese contrato colectivo de condiciones de trabajo, Código del Trabajo y demás leyes o reglamentos de la materia.- XVII.- El superior valor de los derechos fundamentales debe ser criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho, en el caso específico del Derecho Laboral, deben también tenerse muy en cuenta los principios que le informan; que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, se le niega eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales.- XVIII.- Que si bien es cierto, que conforme lo disponen los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo, el patrono o empleador goza del poder directivo en sus relaciones con sus trabajadores, por lo que en función de la subordinación o dependencia continua, éstos están en la obligación de acatar las órdenes e instrucciones sobre el modo, tiempo o cantidad de trabajo, es decir, someterse a su dirección ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo; también lo es, que el artículo 26 del mismo Código determina que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la ley, la costumbre o la equidad; siendo que la demandante laboraba como Jefe del Departamento de Servicios Generales y se le traslado a otro cargo sin respetar sus derechos laborales, menos su dignidad como persona humana, ya que se hizo tal medida de forma abrupta, sin su anuencia expresa, menos se le indicó que existiera una razón técnica o administrativa que justificara tal cambio, salvo el argumento de que se contaba con facultades para hacerlo.- XIX.- Que la Doctrina ha venido reiterando que existe diferencias entre la alteración unilateral del contrato y el ejercicio patronal del ius variandi, ya que en la primera situación implica la existencia de cambios o modificaciones sustanciales en las condiciones en que se presta el servicio y en la segunda no; sobre este particular, el tratadista Argentino Antonio J. Barrera Nicholson expone: “La norma que habilita al empleador el ejercicio del ius variandi, impone tres condiciones para la validez de las modificaciones que se dispongan en ese marco. Que sean razonables, que no alteren modalidades esenciales del contrato y que no causen perjuicio material ni moral al trabajador[1].” Américo Pla Rodriguez sostiene: “La diferencia con el ius variandi no se produce en cuanto a los sujetos, porque en ambos casos actúa solo el empleador; sino en cuanto al objeto, ya que el ius variandi versa sobre pequeñas variaciones relativas a la forma de actuar del trabajador y la alteración versa sobre temas sustanciales del contrato.”.- XX.- Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado; todos tienen la obligación de respetarla y protegerla; la dignidad del ser humano es inviolable.- También constitucionalmente se establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.- XXI.- Que entre otras es obligación del patrono, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltratos de palabra o de obra y de actos que pudieran afectar su dignidad.- Que también les es prohibido, ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorguen las leyes a los trabajadores o que ofendan la dignidad de estos.- XXII.- Que las disposiciones del Código del Trabajo constituyen un conjunto de normas jurídicas de orden público que regulan las relaciones entre capital y el trabajo colocándolas sobre la base de una justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa de su inversión.- XXIII.- Que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo y que la estabilidad laboral de los trabajadores en sus empleos es una garantía constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de nuestra carta fundamental.- XXIV.- Que la demandante también reclama el pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios por el traslado de cargo relacionado, sin embargo, no se han comprobado los mismos en el proceso, ya que ella gozó de los mismos derechos salariales que tenía antes de la implementación de tal medida o cambio, por lo que procede desestimar tal pretensión.- XXV.- Con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente CON LUGAR la demanda de mérito y por ende condenar a la demandada a restituir a la demandante en el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, SIN LUGAR la pretensión de pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios por el traslado de cargo relacionado, sin costas, por haberse tenido motivo racional para litigar.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y, en aplicación de los artículos 60, 127, 128, 129, 136, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7, 8 y 23 numeral 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 95, 95 numeral 6), 96 numeral 9), 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 764, 765, 769, 778 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: CASAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de fecha 20 de octubre de 2017. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su representante legal.- TERCERO: CONDENA a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su representante legal, a restituir a la demandante ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES en el puesto de Jefe del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la División de Servicios Administrativos de dicha empresa.- CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR la demanda en cuanto al pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios por el traslado de cargo relacionado, absolviendo a la demandada de la responsabilidad económica reclamada por ese concepto.- QUINTO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 649-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] LA VALIDEZ JURIDICA DE LAS REBAJAS SALARIALES, BARRERA NICHOLSON ANTONIO J.