Sentencia CL-64-18 — Registro 9380
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para el reconocimiento de condición permanente por la suscripción de varios contratos para una misma labor y por la naturaleza del cargo, reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones a titulo de daños y perjuicios y demás derechos que se reconozca a los empleados durante la substanciación del juicio, incorporación como afiliado al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del ordinal uno del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) señala reglas procesales violadas cuando el cargo que invoca no lo amerita; y, c) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 46 literal b) del Código del Trabajo"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, c) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 03 de mayo del 2018, por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor WILFREDO LAÍNEZ GUEVARA, representada en juicio por el Abogado JOSÉ ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para el reconocimiento de condición permanente por la suscripción de varios contratos para una misma labor y por la naturaleza del cargo, reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones a titulo de daños y perjuicios y demás derechos que se reconozca a los empleados durante la substanciación del juicio, incorporación como afiliado al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 03 de agosto del 2015, por el señor WILFREDO LAÍNEZ GUEVARA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su representante legal y Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 16 de enero del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de septiembre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE CONDICIÓN PERMANENTE POR LA SUSCRIPCIÓN DE VARIOS CONTRATOS PARA UNA MISMA LABOR POR LA NATURALEZA DEL CARGO. REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUAL O MEJORES CONDICIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y DEMÁS DERECHOS QUE SE RECONOZCA A LOS EMPLEADOS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO. INCORPORACIÓN COMO AFILIADO AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); instaurada por el Señor WILFREDO LAÍNEZ GUEVARA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Interina y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. II.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Interina y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; a lo siguiente: a) Reintegrar al Señor WILFREDO LAÍNEZ GUEVARA a su puesto de trabajo; por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente en el cargo que mantenía desde la fecha en que ingreso a laborar para la Institución demandada 07 de agosto de 2014; b) Asimismo a pagarle al Señor WILFREDO LAÍNEZ GUEVARA; la suma TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 301,777.43); por los siguientes conceptos: Vacaciones 2014-2015 Lps. 13,333.33; 2015-2016 Lps. 15,999.96 y 2016-2017 Lps. 19,999.95; decimo tercer mes 2014 Lps. 15,888.84; 2015 Lps. 40,000.00; decimo tercer mes 2016 Lps. 40,000.00; decimo tercer mes proporcional Lps. 31,333.25; decimo cuarto mes 2015 Lps. 34,111.02; 2016 Lps. 40,000.00 y 2017 Lps. 40,000.00 y decimo cuarto mes proporcional Lps. 11,111.08; c) Que se proceda a la reincorporación al INJUPEMP del Señor WILFREDO LAÍNEZ GUEVARA. III.- Declarar SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de bono de producción; instaurada por el Señor WILFREDO LAÍNEZ GUEVARA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; en consecuencia ABSUELVE: Al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA de pagar al Señor WILFREDO LAÍNEZ GUEVARA dicho concepto; IV. SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la institución demandada, el 07 de Agosto del 2014; que durante el tiempo que laboró celebró varios contratos consecutivos para desempeñar una misma labor en la División de Servicios Legales, bajo la instrucción y supervisión del Director Legal y Jefe de dicha división Abogado Guillermo Bueso, devengando a la fecha de la cancelación un salario mensual de L.40,000.00; que todas las funciones que realizaba eran de manera continúa y propias de un empleado permanente; y que los contratos que suscribió denominados Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado, mismos que cumplían con los 3 requisitos que impone el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista contrato de trabajo; además manifestó que la relación efectiva que tenía con el INJUPEMP era la de trabajador y patrono, ya que dicha institución lo seleccionaba para participar en capacitaciones de “Técnicas Efectivas de Negociación y Cobranza” y seminarios, talleres, todos patrocinados por la misma e impartidos en la sala de capacitaciones del INJUPEMP con la finalidad de beneficiarse con la capacitación como un empleado permanente y no como un consultor o contratista a quien lógicamente no se le capacitaría por el mismo hecho de serlo; aclaró que la relación con la demandada no era de contratista por que prestaba un servicio personal que no podía delegar en otros, la naturaleza de la relación tampoco es temporal, transitoria o accidental, ya que suscribió varios contratos en los cuales se desprende una actividad permanente dentro de la institución, así como la misma naturaleza del cargo que desempeñó que fue el de procurador legal desde el 07 de Agosto de 2014; asimismo argumentó que lo que dispone el artículo 47 relacionado el artículo 52 párrafo tercero, preceptúa que todos aquellos contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración y que en el caso concreto las labores que realizó lo hizo de manera consecutiva por más de 8 años y no de carácter accidental o temporal sino más bien de manera necesaria y permanente en la institución demandada; y que por las razones expuestas el hecho de que la parte demandada se valga de la terminación del contrato so pretexto de vencimiento de mismo es una fragrante violación al principio de estabilidad en el empleo el cual “otorga carácter permanente a la relación de trabajo y depende su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la del patrono; que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio compareció ante la Secretaría del Trabajo, el que no fue posible, por lo que se dio por agotada la vía administrativa el 03 de junio del 2015.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que el Código de Trabajo en su artículo 46 literal b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados “cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación temporal de trabajo”, disposición que fue observada por el INJUPEMP, para contratar personal de carácter no permanente, debido que por ser una institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en La Gaceta el 7 de Abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar las operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos, y por el hecho de disponer de recursos aprobados en el Presupuesto Anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para el Injupemp, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, lo anterior justifica el porqué formaliza contratos con periodos de vigencia determinado; alegó también que el demandante fue contratado de manera temporal y bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales, la primera del 07 de agosto al 30 de Septiembre del 2014, el segundo contrato temporal del 06 de octubre al 31 de diciembre del 2014, el tercer contrato del 12 de enero al 31 de marzo del 2015 y el cuarto y último contrato de servicios profesionales con carácter temporal del 01 al 30 de abril del 2015, bajo la partida presupuestaria denominada 24300, y cuya prestación de servicios profesionales fue de manera interrumpida entre uno y otro de los contratos suscritos, de lo que se colige entonces la temporalidad de dichos servicios prestados por el hoy demandante, mismo que jamás excedió ningún tiempo razonable en materia laboral que pudiera presumir una continua subordinación ó el desempeño de una función con carácter de naturaleza permanente en la Institución, ya que de acuerdo a lo pactado en la contratación suscrita, su prestación de servicios profesionales contemplaba una fecha de inicio y una fecha de terminación; que la forma de la contratación del demandante, jurídicamente se subsume en lo que dispone el artículo 46 letra b) del Código del Trabajo, si era el caso que no estaba de acuerdo con la forma de su contratación, hubiera promovido la acción antes de concluido totalmente la relación por sus servicios prestados, por lo cual resulta improcedente, y además extemporánea la acción de demanda, porque ha constituido criterio reiterado de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que el ciudadano que crea tener acción o derecho a solicitar la permanencia a un patrono determinado, debe accionar dicha petición ante los órganos competentes durante este en vigencia el vínculo contractual que le une a dicho patrono, caso contrario al finalizar la contratación o vinculo se extingue igualmente la acción en tal sentido, que es precisamente lo que sucedió en el caso del demandante.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de septiembre del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el señor WILFREDO LAÍNEZ GUEVARA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su representante legal y Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, condenó a la parte demandada a: Reintegrar al demandante al puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente en el cargo que mantenía desde la fecha en que ingreso a laborar para la Institución demandada 07 de agosto de 2014; a pagarle al demandante la suma L.301,777.43; por los conceptos de vacaciones 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; decimo tercer mes 2014; 2015; decimo tercer mes 2016; decimo tercer mes proporcional; decimo cuarto mes 2015; 2016 y 2017; decimo cuarto mes proporcional, que se proceda a la reincorporación al INJUPEMP al demandante; declaró sin lugar la demanda Ordinaria Laboral para el pago de bono de producción; absolvió a la parte de pagar al demandante dicho concepto, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el Señor Wilfredo Laínez Guevara celebro Contratos de Trabajo con la misma Institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de merito; asistiéndole el derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo; así como al pago de los salarios dejados de percibir, y demás derechos que se hayan otorgado en ausencia del actor; que la parte demandante solicita el pago de vacaciones; decimo tercer mes y decimo cuarto meses causados y proporcionales; bono de producción y reincorporación como afiliado al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en cuanto a los derechos adquiridos procede declarar con lugar los mismos en virtud de estar acreditado en autos a folio 74 vuelto que al demandante no se le pagaban vacaciones, decimo tercer y decimo cuarto mes; en lo que concierne al bono de producción se declara sin lugar dicha petición en virtud de no estar acreditado en autos tener derecho a ello; en lo que respecta a la reincorporación como afiliado al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) procede declarar con lugar dicho reclamo en virtud de que este Juzgado condeno a la Institución demandada a que se le tenga la relación laboral del demandante como permanente desde el inicio de su relación así como reconocerle todos los derechos que son otorgados.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 16 de enero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos así como los medios de prueba acreditados en juicio, este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo, y que se revisa en apelación esta apegada a derecho y procede su confirmatoria; convencimiento que se valora con los hechos de que con los medios de prueba acreditados al proceso por las partes quedó probado la relación laboral que existió entre el empleador y trabajador demandante quien inicio la relación laboral mediante contratos de servicios profesionales iniciado en fecha 07 de agosto al 30 de septiembre del 2014, en la División de Asuntos Legales; desempeñándose en el mismo puesto al suscribir cuatro contratos consecutivos hasta el 30 de abril del 2015, devengando un salario de L.40,000.00 hecho que no es controvertido por ser reconocido por el mismo empleador; que las funciones del demandante eran recuperación de mora, de las deudas de afiliados a la institución la cual es una función de naturaleza permanente; que los contratos de trabajo que por su naturaleza sean de necesidad continua y permanente en la empresa son celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese que son por tiempo determinado, si el vencimiento del contrato subsiste la causa que dio origen a la prestación del servicio o actividad; que está probado en la secuela del juicio que el demandante celebro contrato continuos con la institución demandada y en la misma actividad, por consiguiente esta continuidad la lleva a que obtenga el derecho de estabilidad laboral protegido por el artículo 129 de la Constitución de la República; 47 y 52 último párrafo del Código del Trabajo; que la parte demandada, en sus medios de pruebas no pudo acreditar lo causa determinada por la Ley que lo llevo a tomar la decisión para dar por terminada la relación laboral con el demandante conforme al artículo 112 del Código del Trabajo, por consiguiente este Tribunal de Alzada es del criterio que el despido es ilegal e injustificado y procede el reintegro del demandante con la respectiva permanencia y demás derechos concedidos y consignados en la sentencia apelada.- 5.- Mediante auto de fecha 06 de marzo del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NANCY CAROLA FIGUEROA NÚÑEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 03 de mayo del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de mayo del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 literal b) relacionado con el artículo 97 numeral 1) y 2) del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La Norma Sustantiva de orden Nacional violada, está contenida en el artículo 112 literal 1) relacionada con el artículo 97 numeral 3) y 13) del Código del Trabajo y 354 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 664 Y 665 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. PRIMER MOTIVO: El Código del Trabajo en su artículo 46 literal b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados “cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo”, esta disposición ha sido observada por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en La Gaceta el 7 de Abril de 1971, para cada período anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un presupuesto d ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos. Por el hecho de disponer de recursos aprobados en el Presupuesto Anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales DE CARÁCTER NO PERMANENTE para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para mi representado, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de casa año; cuando al presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; lo anterior constituye la razón que justifica el por qué mi representado formaliza contratos con periodos de vigencia determinada que nunca deber! traspasar al siguiente año. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser probado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentaran los atestados respectivos para su acreditación.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del ordinal uno del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) señala reglas procesales violadas cuando el cargo que invoca no lo amerita; y, c) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 46 literal b) del Código del Trabajo; IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Si resulta que el periodo anual para el cual fue probado el presupuesto concluye y la vigencia del contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual, concluye empero si se da el caso de que el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recursos para contratar la celebración de Servicios de Servicios Profesionales y Personales no permanentes, tomando en consideración el resultado de la actividad realizada efectivamente por las personas contratadas el año anterior, existe la posibilidad de contratarlas nuevamente para el nuevo periodo presupuestario, siendo lo anterior precisamente lo acontecido en el caso de hoy los demandantes durante el tiempo que mantuvieron la relación contractual. Los argumentos de este hecho se sustentan en Leyes vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser aprobado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentaran los atestados respectivos para su acreditación. La forma de la contratación original y las posteriores de la ahora demandante, jurídicamente se subsumen en lo que dispone el artículo 46 letra b) del Código del Trabajo, si era el caso que no estaba de acuerdo con la forma de su contratación, lo procedente era que hubiese manifestado y formulado desde el inicio de la relación acción que hasta ahora promueve, para que si procedía era declarada judicialmente que su relación con el INJUPEMP era de carácter permanente; promover la acción ahora que ha concluido totalmente la relación, por haber acaecido el hecho previsto de no disponer de fondos al haber concluido el periodo presupuestario resulta improcedente y además extemporánea, además en el reciente pasado tal y como se acreditara oportunamente en juicio, la hoy demandante ya había interpuesto demanda ordinaria laboral por reintegro, contra mi representada, a lo que finalmente el órgano jurisdiccional ordeno en su momento el reintegro en igualdad de condiciones, de lo que se colige que su condición ha sido siempre bajo la modalidad contratación por tiempo definido, resultando que el derecho no es de presunciones, “o que quiso decir o no decir”, de tal manera que mi representada ha sido respetuosa de las disposiciones legales que han ligado el hoy demandante con el INJUPEMP, es por tal razón que dicha acción de demanda es totalmente extemporánea y linda incluso con operar la cosa juzgada en las presentes diligencias. Lo expuesto en este hecho será debidamente probado en juicio. Resulta evidente que el INJUPEM, en caso de la contratación del hoy demandante. Ha observado y cumplido estrictamente las normas Legales vigentes para la ejecución de la partida presupuestaria, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código del Trabajo, de lo cual el ahora demandante estaba debidamente enterada para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato como acontece en la demanda. Por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente, lo expresado constituye un hecho notorio que además se encuentra previsto en la Legislación laboral vigente, no obstante se acreditó debidamente en juicio. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO. La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo. En relación con el articulo 112 literal L, y articulo 97 numerales 3 y 13 y 98 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal segundo del Código del Trabajo, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por falta de apreciación de determinada prueba”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el Tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorios propuestos en la audiencia preliminar consistentes en: 1) Documental publica a) Oficio referente al juicio incoado por el señor WILFREDO LAINEZ GUEVARA, a efecto que certifique : 1) la cantidad de contratos que suscribió el demandante 2) la clase de contratos bajo que planilla presupuestaria se le pagaba al ahora demandante 3) si el demandante solicito a RRHH el cambio de modalidad de su contratación es decir temporal o permanente (corren a folios 77 de la primera pieza), (Copias debidamente autenticadas). EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN.- La parte demandada el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Representante Procesal Abogado HÉCTOR GUILLERMO BUESO CABALLERO, al contestar la demanda en tiempo y forma rechazó lo que se demanda y los asertos en que estas se sustenta y la cuantía reclamada, en su defensa ver folios 11 y 12 de la primera piza de autos, fundamentalmente expone que el Código del Trabajo regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo cuando deben ser celebrados; disposición que ha sido observada por la demandada para contratar el personal de carácter no permanente, por ser una institución del Estado de Honduras para la cual cada periodo anual el Congreso Nacional de la República, aprueba un presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligada a cumplir irrestrictamente, conforme la Ley Orgánica del Presupuesto; de ahí que cuando las circunstancias lo exigen, a fin de apoyar al personal permanente, el Instituto procede a celebrar con personas naturales por tiempo limitado, tomando como base la disponibilidad de los recursos presupuestarios. La entidad demandada y el actor suscribieron contrato temporal de servicios profesionales, llegada la fecha pactada para la Finalización de los servicios, terminó la relación contractual de pleno derecho, habiendo cumplido ambas partes lo acordado sin responsabilidad; circunstancia por la que se rechaza el despido alegado por el demandante. Señala que ha sido criterio de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que el ciudadano que crea tener acción o derecho a solicitar permanencia o el reconocimiento de derechos de trabajador permanente, como el caso de mérito, dicha petición debe accionarse ante los órganos jurisdiccionales durante la vigencia del vínculo contractual, caso contrario el nexo de extingue y con éste la acción. Es en razón del periodo anual, la aprobación del presupuesto, la vigencia del contrato y el resultado de la actividad realizada efectivamente por la persona contratada el año anterior, que existe la posibilidad de contratarla de nuevo; siendo esto lo acontecido para con el demandante. La forma de la contratación original y las posteriores del actor, jurídicamente se subsumen en el artículo 46 precitado, INJUPEMP en el caso de la contratación que nos ocupa, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre el demandante y la accionada en el marco de lo establecido en el Código del Trabajo, de lo cual el actor pues estaba debidamente enterado, para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes pretendiera sorprender a la otra alegando términos distintos a los consignados contractualmente.- El 13 de septiembre del año 2017, el juzgado de primera instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda presentada por el señor WILFREDO LAINEZ GUEVARA contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada por la señora MARTA VICENTA DOBLADO ANDARA, condenando a la demandada al reintegro del demandante en el mismo lugar y en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación laboral, que del estudio de los hechos y derechos así como medios de prueba acreditados en juicio, este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por el Juez A-quo, y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmación.- Esta convencimiento se valora con los hechos siguientes 1) Que con los medios de prueba acreditaos al proceso por las partes quedo probado la relación. Contra la sentencia antes relacionada, ambos representantes procesales de las partes manifestaron su inconformidad interponiendo el recurso de apelación que nos ocupa. Como la Causa Justa para la terminación del contrato de trabajo fue válidamente alegada en juicio, la falta de apreciación de los medios de prueba antes singularizados, causan la violación indirecta de norma sustantiva de orden nacional por error de hecho por la cual se acusa a la sentencia recurrida. Lo expuesto en este motivo hace admisible el recurso de Casación y es suficiente merito para que se case la sentencia recurrida”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, c) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de noviembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 64-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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