Sentencia CL-633-17 — Registro 9040
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro más el pago de salarios caídos, confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “III.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por no ser una proposición jurídica completa y contener los defectos técnicos siguientes: a) los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, señalados como normas sustantivas infringidas, no ostentan tal calidad, ya que para los efectos del recurso se requiere que ese precepto legal contenga o imponga derechos y obligaciones recíprocos para las partes o que los extinga; b) invoca varios conceptos o formas de infringir la ley, ya que aduce aplicación indebida o interpretación errónea, los cuales además resultan contradictorios aun formulándolos por separado, si se trata de las mismas disposiciones infringidas, ya que no cabe invocar que una norma fue aplicada indebidamente y al mismo tiempo fue interpretada erróneamente; c) no es claro ni preciso en su formulación, ya que hay varios acápites repetidos; y, d) en el desarrollo o explicación, se realizan inoportunos alegatos de instancia.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “- V.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener similares defectos que el anterior, como ser: a) en su formulación no indica las normas sustantivas infringidas, es hasta su explicación que lo realiza, incluyendo algunas que no ostentan tal carácter, como es el caso de los artículos 95 de la Constitución de la República, 1 del Código Civil, 4, 7, 8, 10, 20 y 238 numeral 3) del Código Procesal Civil y 16 inciso b) de la Ley del INFOP; b) invoca varios conceptos o formas de infringir la ley, ya que aduce aplicación indebida o interpretación errónea, errores de hecho y de derecho; c) no indica el precepto de autorizante; y, d) en su desarrollo o explicación, se realizan inoportunos alegatos de instancia.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “VI.- Que se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias expedientes CL326-15, CL102-17 y CL290-17).”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “VII.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de junio de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 20 de febrero del 2018, por el Abogado JOSÉ LUIS LAGOS MEDAL, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora GLENDY YANETH ORELLANA CRUZ, representado en juicio por el Abogado CARLOS ADONAY REYES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de reintegro por despido injustificado, pago de salarios adeudados, pago de deducciones de salarios no autorizados, pago de salarios caídos por vía de indemnización; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 08 de junio del 2016, por la señora GLENDY YANETH ORELLANA CRUZ, mayor de edad, Licenciada en Letras y Lenguas, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Director Ejecutivo el señor CESAR ANTONIO PINTO, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 06 de noviembre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 22 de agosto del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro más el pago de salarios caídos promovida por GLENDY YANETH ORELLANA CRUZ de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia, contra el INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ( INFOP), a través de su Director Ejecutivo CESAR ANTONIUO PINTO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, En consecuencia: 2) CONDENA: al INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ( INFOP) a través de su Director Ejecutivo CESAR ANTONIO PINTO, A REINTEGRAR al trabajo que venía desempeñando la trabajadora GLENDY YANETH ORELLANA CRUZ en las mismas o mejores condiciones, así mismo al pago de los salarios dejados de percibir, aguinaldos y decimo catorce mes y vacaciones que se causen en el período del presente juicio, desde el despido, hasta la fecha en que la sentencia sea firme condenatoria definitiva así como el décimo tercer mes de salario y las vacaciones de los dos últimos años que labore y que se me adeudan como también la devolución de una cuota que me retuvieron durante los años que labore y la cual no se encuentra establecida en ninguna ley en virtud que la consignaban como retención especial a razón de LPS.360.00 mensuales y por un periodo de cuatro años extremo que acredito con un voucher de pago de diciembre del 2015. 3) SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la institución demandada, el 15 de marzo del 2012, como asistente de Dirección Regional, luego fue trasladada a Instructora de Inglés, hasta el momento del despido; devengaba un salario promedio de L.12,000.00, que en el mes de enero del año 2016, le dijeron que esperara a ver si le renovaban contrato, en virtud que durante los cuatro años que laboró siempre lo hizo con contratos de 2 ó 6 meses, con los que acredito la continuidad laboral; esperó para la renovación de contrato, pero paso casi 2 meses y no le llamaron para que regresara a trabajar; y que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudió a las oficinas de Ministerio del Trabajo, siendo imposible el mismo se dio por agotado el trámite administrativo, el 12 de abril del 2016.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda, apoyando su defensa en que la demandante, de ninguna manera establece o acredita con prueba el haber sido objeto de despido alguno, ni de forma directa o indirecta, situación que constituirá la razón de la sin razón de la litis en el presente asunto, aunado a lo anterior, la propia demandante establece la no permanencia en su puesto de trabajo, pues desempeño sus labores en distintas dependencia de la demandada; que la demandante dejo de prestar servicios para el INFOP desde el mes de enero del 2016, fecha en la cual ya no laboraba y que dejó transcurrir 2 meses para iniciar el reclamo laboral administrativo, prescribiendo dicha acción, alegó también que según el artículo 115 del Código de Trabajo, el Despido Indirecto surte efecto desde que el trabajador lo notifica al patrono, en el presente caso, la demandante en ningún momento le ha notificado al Director, Sub Director, Jefe de Personal o al Jefe Inmediato, despido indirecto alguno, silo ha realizado con otra persona se desconoce, ya que según el artículo 6 del mismo cuerpo legal, estos son los representantes del patrono y los que tienen el manejo de personal y aunque no exista la causal el demandando desconoce y rechaza notificación de despido indirecto, como lo alega la demandante en su demanda.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 22 de agosto del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GLENDY YANETH ORELLANA CRUZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Director Ejecutivo el señor CESAR ANTONIO PINTO; condenó a reintegrar al trabajo que venía desempeñando la trabajadora demandante, en las mismas o mejores condiciones, así mismo al pago de los salarios dejados de percibir, aguinaldos y decimo catorce mes y vacaciones que se causen en el período del presente juicio, desde el despido, hasta la fecha en que la sentencia sea firme condenatoria definitiva así como el décimo tercer mes de salario y las vacaciones de los dos últimos años que labore y que se me adeudan como también la devolución de una cuota que me retuvieron durante los años que labore y la cual no se encuentra establecida en ninguna ley en virtud que la consignaban como retención especial a razón de L.360.00 mensuales y por un periodo de cuatro años extremo que acredito con un voucher de pago de diciembre del 2015, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas en su conjunto este tribunal estima procedente declarar con lugar la demanda de mérito en base a que a raíz de los contratos de trabajo suscritos entre las partes, se establece claramente el vínculo laboral existente entre las mismas; que en dichos contratos se establece con una meridiana claridad la subordinación y dependencia del trabajador para con la demandada; que en base a lo establecido en los referidos contratos, la trabajadora demandante reúne los requisitos que señala el artículo 20 del Código de Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 06 de noviembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que es un hecho cierto que el nexo laboral finalizó el 31 de diciembre del 2015 por ser la fecha de finalización del último contrato suscrito (CSTP-R-575-2015), dado que la demandada emitió el Comunicado No. 019-2015, informando a los directores y sub directores regionales entre otras cosas, “que todo empleado por contrato indistintamente del tipo, que su vigencia haya terminado conforme al mismo, no se le debe asignar ningún tipo de función hasta que tenga firmado un nuevo contrato”; hecho éste que se traduce en un acto inequívoco de despido por la no asignación de trabajo; y si bien, ante el Inspector del Trabajo la demandada arguyó que ello era debido a reajuste de presupuesto, a los autos no corre agregada ninguna prueba que así lo acredite, tampoco que haya seguido los procedimientos que se instituyen en los artículos 95.19, 100 y 111.8 del Código del Trabajo, de ahí que el cese laboral en las condiciones relacionadas, no se enmarca en ninguna de las causas justas enumeradas en el artículo 112 del citado cuerpo de leyes, para ponerle fin a la relación de trabajo sin responsabilidad alguna; El recurrente entre otros puntos sostiene en la contestación del libelo que la acción de la demandante está prescrita, luego que no hubo notificación del despido indirecto; y, en los agravios formulados ante esta instancia asevera que la terminación laboral fue por la figura jurídica de abandono del puesto de trabajo y finaliza expresando que la falta de presupuesto para responder a este contratos y otros, dificultó suscribir un nuevo contrato con la demandante, en consecuencia se le puso fin a la relación de trabajo por la imposibilidad de pagarle su contrato de trabajo; expresiones de las que se advierten hechos confusos, por cuanto si el contrato de trabajo había vencido por la llegada del plazo por el cual fue suscrito, el abandono de labores es incompatible con todas las demás versiones dadas; lo cierto es que a la señora Orellana Cruz, la patronal la mantuvo en una incertidumbre laboral por la no asignación de ningún tipo de funciones, sino hasta que tuvieran firmado un nuevo contrato, todas esas acciones constituyen actos que dan a entender que el contrato de trabajo fue suspendido injustificadamente por la patronal, más aun cuando el recurrente asegura que las funciones que realizaba la actora, actualmente las realiza la misma persona que con anterioridad a su contratación las realizaba, puesto que a la demandante la contrataron por motivo de apoyo institucional; razones por las cuales no es posible atender la argumentación del recurrente, de ahí que el tribunal estima procedente, confirmar la parte resolutiva de la sentencia impugnada al tenor de los principios de consonancia y libre formación del convencimiento.- 5.- Mediante auto de fecha 06 de diciembre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSÉ LUIS LAGOS MEDAL, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 20 de febrero del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSÉ LUIS LAGOS MEDAL, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de julio del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado CARLOS ADONAY REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JOSE LUIS LAGOS MEDAL en un primer motivo de casación sostiene: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS: Artículo 82 de la Constitución de la República: El derecho de defensa es inviolable. Artículo 90 de la Constitución de la República: Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Artículo 94 de la Constitución de la República: A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que la haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado. El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. Es parte inseparable del concepto conocido como debido proceso. El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 82, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. 1.- APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA. 2.- POR INFRACCION LEGAL OCURRIDA COMO CONSECUENCIA DE ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO. EXPRESIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. 1.- APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA PRIMER MOTIVO: Se acusa la Sentencia impugnada de ser violatoria por infracción directa de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, entendiendo como tal aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales y que para los efectos del recurso de casación se concretan a las que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial; infracción que proviene de la APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA de las normas jurídicas aplicables al caso concreto. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS La Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante el fallo impugnado, ha infringido directamente la Ley Sustantiva Nacional al aplicar indebidamente o interpretado erróneamente, en los preceptos legales: 1.- El sentenciador en el fallo proferido se fundamenta en el Artículo 46 del Código del Trabajo: pueden convenirse por tiempo limitado o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia , que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo o para obra o servicio determinados.- Por ende implicó o interpretó erróneamente al proferirse el fallo. Al respecto importante es resaltar que en escrito de contestación de demanda la cual consta en juicio, se solicita por ende QUE SE DECLARE SIN LUGAR LA MISMA.- Este oportunamente, tanto EL AD-QUO como el AD-QUEM, de la misma manera se pronunciaron sobre ella en contra de los intereses de mi representado INFOP. A LAS NORMAS SUSTANTIVAS Y PROCESALES VIOLADAS. Por tal razón en vista por el Juzgado Ad-Quem, que en los términos de la sentencia, misma que debe valorarse honorables magistrados razón que también deben tomar en cuenta honorables magistrados, en base al resultado de la evacuación de la prueba antes expuesta, considero que se debe modificar LA SENTENCIA definitiva por el Juzgado Ad-Quo, de fecha veintidós ( 22 ) de Agosto de dos mil diecisiete, así como La sentencia impugnada dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con fecha seis ( 6 ) de Noviembre del 2017, misma que no fue emitida en estricto a pego a derecho. EXPLICACION DE LA VIOLACION. Que al contrario la sentencia pronunciada por el AD-QUO no fue emitida en estricto apego a derecho; tal como paso a ilustrar de la manera siguiente: tal como se ha reiterado mi representada, contando con su ley orgánica, lo único que realizó fue observar la misma, en su accionar institucional, Ley como se podrá valorar forma parte del ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL, que de ninguna manera se puede dejar al margen, tal como lo amparan los artículos 1, 5, 6 y 7 de la Ley General de la Administración Pública, por consiguiente, logrando a este convencimiento inequívoco el Honorable Tribunal de Alzada, aunada la demás normativa aplicable y expuesta, emitió su fallo en estricto apego a derecho. En consecuencia, habiéndose observado el cumplimiento de la Ley en toda su dimensión, no cabe de ninguna manera se decrete nulidad en contra ka sentencia vertida por el Augusto Tribunal de Alzada. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. 1.- Articulo 26 del Código del Trabajo: el contrato obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de el derivan según ley, la costumbre, el uso o la equidad...!.- como podes apreciar , esta norma legal regula la relación de trabajo sostenida entre mi representado y a la parte demandante, tanto es así que en el instrumento denominado CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, el cual contenía fecha de inicio y de terminación del contrato, en ningún momento se aplicó la figura del despido, que en cuyo caso requiere enunciar causa alguna, ya que ambas partes de antemano tenían conocimiento de la fecha de terminación del mismo. Norma laboral que no se indican en la sentencia impugnada: 3.- Artículo 114 inciso f) del Código del Trabajo: Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo,…/ f) No pagarle el patrono el salario completo que le corresponda, en la fecha y hora convenidos.../ Al caso de autos el AD-QUEM no hace relación de esta norma legal en su fallo emitido, a considerar de mi representado, pareciese ya estar prejuzgado antes de emitir su fallo, pues al no ampararse en dichas normas sustantivas, las violó al proferir su fallo. 4.- Artículo 111 numeral 1.- del Código del Trabajo: Este artículo plasma el derecho que tienen las partes para la terminación de los contratos de trabajo, mi representada reitera en su tesis de defensa que lo que hubo fue VENCIMIENTO DE CONTRATO, en el cual se incluía la figura del preaviso, es decir no ameritaba el establecimiento de causal de despido, por una parte, dicha norma jurídica el AD-QUEM desconoció o mal aplicó o no fue objeto de interpretación. 5.- Artículo 21 del Código del Trabajo: La figura jurídica laboral de PRESUNCION está dirigida a ambas partes, es aquí honorables Magistrados que dicha norma, fue objeto de su inobservancia y mal aplicación por parte del AD-QUEM, pues como valorareis, mi representada jamás negó la inexistencia de contrato de trabajo, antes bien se sometió a su imperio, en tal sentido mi representada no violo la Ley laboral. 6.- Artículo 8 del Código del Trabajo: Esta norma plasma la preeminencia que tienen las leyes del trabajo cuando entran en conflicto con otras normas de cualquier índole y que en el caso de autos. El AD-QUEM, desconoció, mal interpretó. 7. Artículo 865 del Código del Trabajo: Los derechos y acciones de los trabajadores para dar por terminado con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de un mes, contado desde el momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto. EXPLICACION JURÍDICA DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO EN SU APLICACIÓN APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA: EXPLICACION DE LA VIOLACION: Transcribiré El artículo 113 del Código del Trabajo Transcribiré, La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, ANTES DE QUE TRANSCURRA EL TERMINO DE PRESCRIPCION. Transcribiré El artículo 117 del Código del Trabajo, “La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos (2) testigos...!” Concluyo que EL AD-QUEM al proferir su sentencia objeto de impugnación, PREJUZGÓ al preestablecer que parte demandante establece: 1.- La condición de su relación laboral para con mi representada, es decir haber laborado por contrato celebrados con la institución, 2.- Supuesto objeto de despido, que al contrario lo que se dio fue VENCIMIENTO DE CONTRATO al amparo del artículo 26 deI Código del Trabajo (Normal legal inaplicada por el AD-QUEM. En definitiva de conformidad al artículo 117 del Código del Trabajo violado, en la emisión de la sentencia no se interpretó correctamente la figura del preaviso existente en los contratos de trabajo indicados por la parte demandante en su escrito de demanda, no aplicándose en su defecto la figura del despido injustificado como lo indica el AD-QUO y el AD-QUEM en las sentencias pronunciadas, aplicando erróneamente el artículo 113 del Código del Trabajo.”.- III.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por no ser una proposición jurídica completa y contener los defectos técnicos siguientes: a) los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, señalados como normas sustantivas infringidas, no ostentan tal calidad, ya que para los efectos del recurso se requiere que ese precepto legal contenga o imponga derechos y obligaciones recíprocos para las partes o que los extinga; b) invoca varios conceptos o formas de infringir la ley, ya que aduce aplicación indebida o interpretación errónea, los cuales además resultan contradictorios aun formulándolos por separado, si se trata de las mismas disposiciones infringidas, ya que no cabe invocar que una norma fue aplicada indebidamente y al mismo tiempo fue interpretada erróneamente; c) no es claro ni preciso en su formulación, ya que hay varios acápites repetidos; y, d) en el desarrollo o explicación, se realizan inoportunos alegatos de instancia.- IV.- Que un segundo motivo de casación se aduce: “2.- POR INFRACCION LEGAL OCURRIDA COMO CONSECUENCIA DE ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO. SEGUNDO MOTIVO: Se acusa la Sentencia impugnada de ser violatoria por infracción directa de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, entendiendo como tal aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales y que para los efectos del recurso de casación se concretan a las que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial; infracción que proviene de la APLICACIÓN INDEBIDA O INTERPRETACION ERRONEA de las normas jurídicas aplicables al caso concreto. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Transcribiré El artículo 128 de la Constitución de la República. El Derecho de defensa es inviolable .../ Transcribiré El artículo 128 de la Constitución de la República, párrafo primero:” Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público”. Transcribiré El artículo 1 del Código Civil, La ley es una declaración de la voluntad soberana, que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Transcribiré el artículo 26 del Código del Trabajo, el cual dice:” EL CONTRATO DE TRABAJO OBLIGA A LO EXPRESAMENTE PACTADO Y A LAS CONSECUENCIAS QUE DE EL SE DERIVAN SEGÚN LA LEY, LA COSTUMBRE EL USO O LA EQUIDAD”.../ Dicha norma jurídica fue inobservada en la emisión de la sentencias del AD-QUO como del AD-QUEM, cometiéndose error de derecho, al no haber considerado dicha norma. Transcribiré el artículo 4 del Código Procesal civil, Todas las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad.../ Al respecto dicha norma jurídica fue infringida cometiéndose error de hecho como de derecho, como paso a demostrar a su continuación: Consta en pieza principal del juicio que mi representada le fue violentada los principios del defensa y del debido proceso, por virtud que dicha norma jurídica fue inobservada infringiéndose el ordenamiento jurídico nacional, en relación con el articulo 238 literal 3 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente al caso de autos, todo por virtud que el AD-QUO debió de conformidad al artículo 20 de la misma norma jurídica precitada, en subsanar, no valoró el INSTRUMENTO JURIDICO denominado CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, que consta en autos (Folio 83 al 84) donde se acredita que en ejercicio de la defensa de mi representado se entregaron los contratos de trabajo. Este documento (Contrato de Trabajo) evidencia que la demandante no se le notificó la cancelación de su nombramiento en estricto apego a la Ley. Ya que se entiende que tenía fecha de finalización. El Juzgador apreció lo contrario (un despido injustificado) lo cual está en manifiesta oposición con el contenido del singularizado documento. Este error de hecho por mala apreciación del documento en referencia visible de la primera pieza de autos, ha tenido como consecuencia obligada que el Juzgador haya dictado la sentencia definitiva en otro sentido, pues se trata de una prueba esencialmente influyente en forma definitiva en la decisión de la lítis. Si bien es cierto, que la Ley otorga soberanía a los Jueces del Trabajo para apreciar las pruebas en su conjunto y otorgarles valor probatorio que su convicción le señala para ser aplicadas a las sentencias, también es cierto que tal apreciación debe ser buena y sin error, de manera que lo que se dé por probado sea lo que efectivamente se deriva del contenido del documento de que trate la prueba documental, y no lo contrario, como ha ocurrido en el caso de autos, ya que con dicho documento se estimó probado un despido ilegal, sin haber ocurrido un despido. Ésta apreciación del Juzgador se encuentra en pugna con el contenido del documento en mención. Me refiero al hecho de que está acreditado, que al demandante no se le notificó justificadamente la cancelación de su nombramiento en virtud de no reunir los requisitos establecidos en el artículo 114 del Código del Trabajo en referencia, de igual manera por haber estado regulado la relación de trabajo con un contrato de trabajo a término, bajo el cual estaba sometido el imperio de dicha relación laboral. Lo que está en pugna evidente con la apreciación del Juez de primera instancia que hizo suya la Corte de Apelaciones al emitir su sentencia confirmatoria, al apreciar que en el caso de autos con el documento en relación se prueba que existió un despido ilegal e injustificado, sin embargo, del contenido de dicho documento se evidencia lo contrario. En relación a lo anterior el Decreto No. 10 del 28 de diciembre de 1972 contentivo a LEY DE INFOP, el artículo 16 inciso b), mi representada INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) de conformidad y en relación con el artículo 5 del mismo cuerpo legal, el acto de haber dado como vencido el contrato de trabajo con la parte demandante, dicha acción fue legitimada legalmente, sin contravenir ley alguna, NORMA JURIDICA que de ninguna manera fue observada y mal aplicada, al respecto a titulo ilustrativo, se acompañan los contratos de mérito suscritos con la parte demandante por parte de mi representada INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP). Asimismo Transcribiré el artículo 95 de la Constitución de la República, “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley”,.../ Normativa violada que relacionada con la transcripción del artículo 3 del Código Procesal Civil, preámbulo, DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad...! Honorables Magistrados, la expuesta normativa jurídica fue mal apreciada, resulta que tanto en la sentencia del AD-QUO así como del AD-QUEM, de ninguna manera, existe pronunciamiento fundamentado sobre la declaración de una excepción perentoria de Prescripción denunciada en su momento procesal oportuno, misma que de ninguna manera, estos dos estrados de justicia, se pronunciaron al respecto, simplemente el Ad-Quo declaró sin lugar excepción de prescripción, misma que al parecer de mi representada en la emisión de dichas sentencias le fueron violados sus derechos, misma que se encuentra acreditada en pieza principal, por lo cual se denuncia, a efecto que producto de su estudio, de los principios que emanan del derecho, del resultado de la prueba aportada en juicio y del pensum jurídico, se logrará establecer que le concurren los elementos fundamentales de INFRACCION LEGAL OCURRIDA COMO CONSECUENCIA DE ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO por inobservancia del procedimiento legal al caso, en las sentencias de mérito. Por otra parte transcribiré el artículo 111 del Código del Trabajo, preámbulo, Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1.- Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley; dicha normativa fue flagrantemente violado por virtud que por disposición del artículo 26 del Código del Trabajo, el cual dice:” EL CONTRATO DE TRABAJO OBLIGA A LO EXPRESAMENTE PACTADO Y A LAS CONSECUENCIAS QUE DE EL SE DERIVAN SEGÚN LA LEY, LA COSTUMBRE EL USO O LA EQUIDAD”.. .1, el Instrumento jurídico denominado CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO fue suscrito entre ambas partes, — En definitiva de conformidad al artículo 111 violado, en la emisión de la sentencia no se interpretó correctamente la figura del preaviso existente en los contratos de trabajo indicados por la parte demandante en su escrito de demanda. Transcribiré el artículo 858 del Código del Trabajo señala: A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este código, y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles. Transcribiré el artículo 7 PREAMBULO, LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS, literal 1 del Código Procesal Civil, señala: El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este código, de acuerdo a la constitución de la República, las formalidades previstas en él, son imperativas Transcribiré el artículo 8 PREAMBULO, ECONOMIA PROCESAL El órgano jurisdiccional deberá dirigir el proceso de la forma que conduzca a la reducción de tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones; sin embargo la economía procesal en ningún caso puede suponer disminución de las garantías y derechos que la Constitución de la República y las leyes reconocen a las partes. Transcribiré el artículo 10 PREAMBULO PRINCIPIO DISPOSITIVO, literal 2.- La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.- En ese suponer consta en juicio que mi representado le fue violado esta normativa jurídica tanto por el AD-QUO como el AD-QUEM al proferir sentencia violatoria a la ley tanto de hecho como de derecho, inobservando normas laborales y administrativas de las Disposiciones Generales del Presupuesto, articulo que establecen las responsabilidades a las cuales por su inobservancia por mi representado se haría acreedor de ellas, siendo en ese momento del juicio EL DECRETO 360-2013 de fecha 24 de enero del 2014 de los ingresos de la administración Pública, articulo 64 que establece QUE TODO CONTRATO POR ESTA MODALIDAD NO DEBE CONSIDERARSE PARA NINGUN EFECTO COMO EMPLEADO PERMANENTE DE LA INSTITUCION”, por otra parte aunado a ello el artículo 111, PREAMBULO, TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO literal 6 relativo a la CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR relacionado con el articulo 114 PREAMBULO SON CAUSAS JUSTAS QUE FACULTAN AL TRABAJADOR PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE TRABAJO SIN PREAVISO Y SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE...! del mismo cuerpo legal literal f) No pagarle el patrono el salario completo que le corresponda en la fecha y en el lugar convenido o acostumbrado, salvo las disposiciones autorizadas por la Ley. Tal como consta en juicio, oportunamente se denunció que aparte de la terminación del contrato o su vencimiento del mismo, se sumó la falta de presupuesto o disponibilidad presupuestaria para hacerle frente a este tipo de contratos, motivo por el cual al igual que otros contratos, los mismos NO SE PRORROGARON por la falta de presupuesto, (SITUACIÓN QUE EL AD-QUO Y EL AD-QUEM NO SE PRONUNCIARON EN LA SENTENCIA PROFERIDA Y OBJETO DE IMPUGNACION, que conste), motivo por el cual ese augusto tribunal máximo se solicita su valoración y con el resultado de su valoración, del pensum jurídico, de la carga probatoria y acompañada en este documento ( medio de prueba documental contentiva a contratos de trabajo, que no constan en pieza principal y accesoria del recurso de apelación; normas que formando parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional, a considerar de mi representado se hubiera proferido una sentencia favorable y no como es el caso que atenta contra los principios generales del proceso y la normativa legal aplicables al caso concreto (Artículo 26 del Código del Trabajo, medios probatorios, sin pronunciamiento alguno a cerca de denuncia de figura prescriptiva indicada por mi representada oportunamente, en consecuencia deriva que se case el presente asunto puesto a su conocimiento.”.- V.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener similares defectos que el anterior, como ser: a) en su formulación no indica las normas sustantivas infringidas, es hasta su explicación que lo realiza, incluyendo algunas que no ostentan tal carácter, como es el caso de los artículos 95 de la Constitución de la República, 1 del Código Civil, 4, 7, 8, 10, 20 y 238 numeral 3) del Código Procesal Civil y 16 inciso b) de la Ley del INFOP; b) invoca varios conceptos o formas de infringir la ley, ya que aduce aplicación indebida o interpretación errónea, errores de hecho y de derecho; c) no indica el precepto de autorizante; y, d) en su desarrollo o explicación, se realizan inoportunos alegatos de instancia.- VI.- Que se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias expedientes CL326-15, CL102-17 y CL290-17).- VII.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14).- VIII.- Por lo expuesto anteriormente, procede declarar no haber lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 19, 29, 21, 47, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770 y 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cuatro de junio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 633-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Artículo 128 Constitucional