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Sentencia CL-631-17 — Registro 8812

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de antigüedad laboral y la declaratoria de existencia de una relación laboral subordinada por tiempo indefinido, emplazamiento al patrono para que justifique la terminación de un contrato en violación al procedimiento legal, reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) En el desarrollo del cargo hace referencia a aplicación indebida e interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) la norma que indica como violada (Artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo) mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustantiva debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) En el desarrollo del cargo hace referencia a aplicación indebida e interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) la norma que indica como violada (Artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo) mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustantiva debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de marzo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, por la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA BETANCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor PROCERPINO CASTRO DIAZ, representado en juicio por el Abogado MIGUEL ANGEL VILLAFRANCA ZELAYA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de antigüedad laboral y la declaratoria de existencia de una relación laboral subordinada por tiempo indefinido, emplazamiento al patrono para que justifique la terminación de un contrato en violación al procedimiento legal, reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago de derechos adquiridos adeudados, aguinaldo, decimocuarto mes y vacaciones, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de junio del dos mil trece, por el señor PROCERPINO CASTRO DIAZ, mayor de edad, casado, Médico Cirujano, hondureño y con domicilio en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, por medio de la Procuradora General de la República en ese entonces, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÛEDAD LABORAL DERECHO AL TRABAJO Y ESTABILIDAD LABORAL Y LA DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE UNA RELACION LABORAL SUBORDINADA POR TIEMPO INDEFINIDO.-EMPLAZAMIENTO AL PATRONO PARA QUE JUSTIFIQUE LA TERMINACION DE UN CONTRATO EN VIOLACION AL PROCEDIMIENTO LEGAL.-REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.- PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS ADEUDADOS AGUINALDO, DECIMO CUARTO MES Y VACACIONES.- Promovida por el señor PROCERPINO CASTRO DIAZ.- 2) Se declara SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción interpuesta por la parte demandada.- 3) SE ORDENA EL REINTEGRO del demandante en iguales o mejores condiciones de las que tenia al momento en que la parte demandada dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa.- 3) CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA en concepto de daños y perjuicios al pago de salarios dejados de percibir por el demandante desde el momento en que se dio por terminado el contrato hasta la fecha que el mismo sea reinstalado en su puesto de trabajo, asi como los incrementos salariales durante su ausencia, derechos adquiridos adeudados y al reajuste del salario mínimo… SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que mediante la firma de varios contratos laborales, los cuales el demandante firmó cada tres meses durante los últimos cuatro años y para la realización de actividades de naturaleza subordinada, continua y permanente comenzó a trabajar con el Estado de Honduras, para prestar sus servicios a la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud en el centro de trabajo denominado Hospital Tela, en fecha 01 de septiembre del año 2003, desempeñando el cargo de Medico General de Guardia, con un horario de doce (12) horas continuas, cada cinco días tal como lo tiene establecido el artículo 19 de La Ley del Estatuto del Medico empleado, con un salario mensual de L.26,430.30 y un promedio en los últimos 6 meses de L.35,835.35. En fecha 03 de enero de 2013, el empleador le concedió al demandante el disfrute del periodo de vacaciones por los 9 años de servicio continuo, efectivo a partir del 14 de enero al 22 de febrero de 2013, no obstante estando en su disfrute, en fecha 18 de febrero del 2013, el demandante recibió notificación escrita argumentando la parte demandada que por instrucciones de nivel central de la Secretaría de Salud y debido al déficit presupuestario en las planillas de contratos de Hospitales del país para el año 2013, se le notifica que a partir de la fecha no se le podrá renovar su contrato como Médico General de Guardia y que si la situación presupuestaria cambia y se cuenta con los recursos necesarios será posible su recontratación; el patrono no expresa una causa o motivo de terminación del contrato, en violación a lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, y 129 Constitucional, proceder que convierte la terminación unilateral de su contrato en ilegal, como así en forma reiterada lo han dejado establecido los precedentes de los tribunales del trabajo y los criterios jurisprudenciales de la Honorable Corte Suprema de Justicia; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, y que la modalidad de su contratación era de duración limitada, con plazo determinado, y que eran Contratos Administrativos de Servicios Profesionales y Técnicos, los cuales fueron elevados a Acuerdos Ministeriales. Que los Contratos del Poder Ejecutivo son convenciones en virtud de los cuales el Estado y Personas Individuales o Jurídicas se obligan recíprocamente mediante la suscripción de un documento a cumplir las disposiciones en él pactadas, en consecuencia siendo que la Secretaría de Salud es parte del Poder Ejecutivo por lo tanto el Contrato suscrito por ésta y el ahora demandante está sujeto al Derecho Administrativo, en conclusión, este asunto es estrictamente administrativo por consiguiente quién debe de conocer de esta situación por razón de su materia es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. El caso de autos no versa sobre un injusto despido, pues de lo que se trata es la finalización de un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, aceptado en todas y cada de una de sus partes al momento de su suscripción, y en el cual han aceptado la vigencia del mismo, mediante la incorporación de una clausula en la cual se determina la validez y vigencia del contrato para la duración de la relación contractual que existió entre el Servidor Público y el Estado, la cual tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización de las labores, de acuerdo a lo pactado en el referido contrato, sujeto al Derecho Administrativo. Siendo el demandante un Médico sujeto a la Ley del Estatuto del Médico Empleado, éste tiene pleno conocimiento que su contratación permanente por parte de la demandada, estará sujeta a la participación del demandante a un proceso de selección denominado concurso el cual se encuentra contemplado en el artículo 7 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, y en tanto no tenga acceso a dicha participación y resulte beneficiado en el otorgamiento de una plaza por razón del Concurso Medico, la demandada no tiene obligación alguna de contratarlo de manera permanente, así como tampoco el demandante adquirió derechos como tal; aún y cuando pretenda confundir al juzgado con tan absurdos alegatos. En el escrito de contestación se opuso el defecto material de prescripción de la acción, por haber prescrito el término para reclamar el derecho de antigüedad que el demandante pretende se reconozca a través de la presente demanda.- 3. El Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de antigüedad laboral y la declaratoria de existencia de una relación laboral subordinada por tiempo indefinido, reintegro al puesto de trabajo, pago de derechos adquiridos adeudados aguinaldo, decimo cuarto mes y vacaciones, promovida por el señor Procerpino Castro Díaz, contra el Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud; declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción interpuesta por la parte demandada; se ordena el reintegro del demandante en iguales o mejores condiciones de las que tenía al momento en que la parte demandada dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa; condenando al Estado de Honduras al pago de los salarios dejados de percibir, así como los incrementos salariales durante su ausencia, derechos adquiridos adeudados y al reajuste del salario mínimo, sin costas; bajo el criterio que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos así dispuesto en el artículo 117 del Código de Trabajo, en este caso, puede observarse que la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública y a través de la Directora del Hospital Tela notificó la terminación del contrato de trabajo invocando como causal razones de recorte presupuestario, y para ello se le admitió el medio de prueba documental consisten en el libramiento de oficio a la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, para que a través de la Gerencia de Recursos Humanos informe bajo que estructura presupuestaria se le realizaban los pagos al señor Procerpino Castro Díaz y bajo que modalidad laboraba y si con dicha estructura es factible que se le pueda nombrar y realizar pagos de manera permanente, sin embargo, no aparece en la secuela del juicio respuesta alguna que consignara la información solicitada en dicho oficio. Que en las causas de terminación de los contratos de trabajo del artículo 111 del Código de Trabajo ninguna causa se refiere a la causal alegada, ni que sea una causa justa que faculte al patrono de las establecidas en el artículo 112 del mismo código, y aun cuando de la prueba propuesta por ambas partes consistente en los contratos de servicios profesionales o los llamados acuerdos Ministeriales que verdaderamente son contratos individuales de trabajo visibles a folios 25 al 32 y del 47 al 67 se establece fecha de inicio y de finalización o vigencia, que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 47 del código citado, los mismos se consideran celebrados de forma indefinidamente al haberse prestado los servicios de manera continua para labores de naturaleza permanente, y aun cuando se hayan estipulado en ellos fecha de terminación, estas clausulas se consideran nulas de pleno derecho por implicar disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código de Trabajo o demás leyes de trabajo o previsión social otorga al trabajador demandante. Que asimismo le asiste el reclamo del reconocimiento de la garantía de la antigüedad y la estabilidad laboral de que hace mención la Constitución de la República en su artículo 129 en relación al 52 párrafo final del Código de Trabajo, al apreciarse en los contratos individuales de trabajo que fueron celebrados antes de transcurrido un año entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, así también demostrado con la constancia de trabajo extendida por el oficial de personal del Hospital de Tela visible a folio 9, al hacer constar que el demandante laboró en ese Centro Hospitalario continuamente desde el 01 de septiembre del año 2003, hasta el 18 de febrero del año 2013 como Médico General de Guardia, y si bien la parte demandada alega que el demandante no realizó concurso alguno para otorgársele su permanencia, tal circunstancia no puede ser imputable al trabajador demandante cuando quien ha incurrido en la omisión de someterlo al proceso de selección de personal encontrándose durante la relación laboral en el desempeño de su cargo ha sido el patrono ahora demandando, quien si bien el artículo 7 de la Ley del Estatuto del Medico Empleado, manda que toda contratación o nombramiento para la prestación de servicios médicos generales o especiales, bajo la subordinación o dependencia de un empleador natural o jurídico de derecho publico o privado, deberá someterse a concurso, sin perjuicio de sus facultades legales para decidir el ingreso, contratación o nombramiento, la entidad empleadora reglamentará dichos concursos oyendo previamente las recomendaciones técnicas del Colegio Medico de Honduras, no apreciándose interés por parte del Estado de Honduras en reglamentar y someter a concurso al Doctor Castro Díaz, pues no acreditó en juicio haberlo llamado o sometido para el cargo que ha venido ocupando por más de nueve años de servicio; y por ello no puede este ser beneficiado por simple alegaciones de haber laborado el demandante con pleno conocimiento que laboraba bajo la modalidad de contratos definidos, cuando lo que se ha venido realizando es una simulando de la existencia de la relación laboral a termino subsistiendo la causa que dio origen a la materia del trabajo para la prestación del servicio, operando en ese sentido el principio de lo que resulta más favorable al trabajador, al ser este último quien es sometido a la subordinación o dependencia continua del empleador, y al principio de la primacía de la realidad al haberse presentado auténticos contratos individuales de trabajo mal llamados contratos de servicios profesionales y técnicos o acuerdos ministeriales ya relacionados, por lo que siendo así las cosas debe reconocérsele su derecho a la antigüedad y la estabilidad en el trabajo. En el caso de examen y hasta la audiencia de alegaciones el apoderado legal del demandante reclama vía Extra y Ultra Petita el pago del reajuste al salario alegando que como se demostró con el medio de prueba reconocimiento judicial en la documentación requerida y puesta a la vista consistente en copias de la planilla del SIAF, Finanzas y Boucher visible a folio 101, el sueldo devengado mensualmente era por la cantidad de L.26,430.30, por lo que en aplicación del artículo 10 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central el cual señala que a partir del 01 de enero de 2005, el incremento de los salarios será igual al de la tasa de variación interanual de la inflación esperada para el año que inicia, conformidad a las cifras oficiales del Banco Central de Honduras, y al finalizar el año en cuestión, se comparara la inflación real del año recién pasado con la inflación proyectada para el mismo año y en el caso que la real supere a la esperada, la diferencia entre las dos tasas, se le sumara a la esperada para el año siguiente, se encuentra a folio 100 del expediente de merito, una tabla de sueldo base e incremento del medico empleado de fecha 25 de marzo de 2014, firmada por el auditor interno y el secretario de acción social y laboral ambos del Colegio Medico de Honduras, estableciendo que el sueldo base para el medico general para el año 2013 año en el que se produjo el despido del demandante debió ser de L.31,802.77 por lo que es procedente en base a la facultad otorgada por el Código de Trabajo en el artículo citado 728 ordenar el reajuste del salario mínimo del médico demandante.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la relación de trabajo entre la parte demandante y demandada dio inicio el 01 de septiembre de 2003, suscribiéndose para ello Contrato denominado de Servicios Profesionales y Técnicos, contratos que al ser por tiempo definido implicaba la suscripción de uno nuevo llegado el vencimiento del anterior, lo que aconteció hasta el 18 de febrero de 2013, tiempo durante el cual la parte demandante desempeñó el cargo de Médico General de Guardia en el Hospital Tela Integrado, actividad que según los contratos suscritos se comprometía a cumplir personalmente, en referencia a la subordinación como elemento del contrato, es claro que el Dr. Castro Díaz se sometió a las ordenes e instrucciones del contratante, quien estaba facultado vía contractual inclusive a rescindir el contrato en caso de incumplimiento en las obligaciones o servicios del contratista como le denomina y como tercer elemento del contrato, encontramos que la parte demandante percibía a cambio de sus servicios el pago de una cantidad de dinero, misma que se encuentra determinada en los contratos suscritos. Así las cosas, queda claro que los contratos de trabajo suscritos aún y cuando pretenden disfrazar la relación de trabajo, reúnen los elementos del contrato por contar con la actividad realizada personalmente por el demandante, quien se sometió en todo momento a las ordenes del contratante y a cambio le era entregada a título de pago una cantidad de dinero pactada en los referidos contrato, por lo tanto, no pueden considerarse como contratos de prestación de servicios como pretende la parte demandada, en los cuales debe entenderse que para que existan es porque se van a prestar servicios específicos como asesorías, dirección técnica, coordinación, preparación de términos de referencia, supervisión técnica de obras, etc, lo que no ocurre en el caso de autos. Alega la recurrente que la A-quo no tomó en cuenta que siendo el demandante un profesional de la medicina solamente a través de un proceso denominado concurso es que podía optar a una plaza permanente tal y como lo establece el artículo 7 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado...; disposición que si bien dispone como requisito para toda contratación o nombramiento que el profesional de la medicina deba someterse a un concurso, la realidad es que en el caso que nos ocupa el demandante fue contratado para desempeñar un determinado cargo y sino se dio cumplimiento al requisito antes indicado no es responsabilidad del Médico contratado sino de la entidad empleadora quien devenía obligada a velar porque se siguiese el proceso de concurso y contratación conforme lo establecido en la ley, así también el hecho que la relación laboral dio inicio desde el año 2003 finalizando el año 2013, sin que la parte demandada acreditara fehacientemente que durante todo ese espacio de tiempo de casi diez años le fuese notificada al Doctor Castro Díaz la obligación de someterse a concurso para la plaza que ocupaba, lo que de conformidad con el principio de Primacía de la Realidad, que indica que en materia laboral al analizar una relación jurídica prevalecen las condiciones reales que se hayan dado en la misma por sobre los hechos que consten documentalmente, es decir que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos debe darse preferencia a lo primero, ante la omisión del concurso referido como requisito previo a optar a una plaza, es una obligación del empleador y no del trabajador por ende pretender adjudicar tal responsabilidad a éste no es procedente bajo ningún término.- 5. Mediante auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA BETANCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA BETANCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA BETANCIA, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea de los artículos ,2 numeral 2 de código de Trabajo vigente, en relación con los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil, 07 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y artículos 1,2,116,117,118,119, de la Ley General de la Administración Pública. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo Vigente. En relación a los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil, 07 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y artículos 1, 2, 116,117 y 118 y 119 de la Ley de la General de la Administración Pública. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA. El artículo 2 ,numeral 2 nos dice claramente quienes son los empleados públicos nacionales departamentales y municipales , entendiéndose según este artículo por empleado público “Aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley , Decreto Ejecutivo o Acuerdo municipal”, igualmente nos manifiesta: “Que las relaciones entre El Estado, el Departamento y el Municipio se regirán por la Ley de Servicio Civil”, igualmente tenemos que la Ley de Servicio Civil en su artículo número 1, manifiesta “La presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el Servicio Público regulando las relaciones entre los servidores públicos y El Estado” , el artículo 2 de esta misma ley nos dice “El régimen del Servicio Civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las Secretarías de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta ley y su reglamento”, por consiguiente está claramente definido que el demandante contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud , PROCERPINO CASTRO DIAZ ,nunca ha sido empleado de dicha Secretaria, pues para serlo tendría que haber cumplido una serie de requisitos contempladas en las diferentes leyes administrativas que regulan el estamento legal de nuestro Estado de Derecho. Por consiguiente nunca ha sido empleado del Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud. Ya que según lo establece el artículo 117 de la Ley General de la Administración Pública “Se emitirán por Decreto los actos que de conformidad con la Ley sean privativos del Presidente de la República o deban ser dictados en consejo de ministros”. el artículo 118 del mismo cuerpo legal nos dice: “Se emitirán por acuerdo : 1) Las decisiones de carácter particular que tomaren fuera de los procedimientos en que los particulares intervengan como parte interesada 2) Los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria” y el artículo 119 de la misma ley, por consiguiente nos dice que: “ La jerarquía de los actos a que se refiere los artículos anteriores será la siguiente : 1) Decretos 2) Acuerdos del Presidente 3) Acuerdos del Secretario de Estado y 4) Acuerdos de los órganos subordinados, según el orden de su jerarquía”, por lo tanto el Estado no puede realizar ninguna Contratación o Nombramiento de carácter permanente sino a través del procedimiento legalmente establecido , ya sea mediante la modalidad de Acuerdo Ejecutivo incorporado al régimen de Servicio Civil o mediante Contratación de Servicios Profesionales y Técnicos elevados a Acuerdos Ministeriales tal como lo establecen las leyes, decretos y reglamentos del poder ejecutivo y en este caso a través del proceso denominado Concurso Médico de Acuerdo al Artículo 07 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) En el desarrollo del cargo hace referencia a aplicación indebida e interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) la norma que indica como violada (Artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo) mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustantiva debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo.- IV.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha doce de marzo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 631-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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