Sentencia CL-630-17 — Registro 8657
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda laboral en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “III. Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que la Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números C.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- En adición, se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la norma señalada como infringida, el artículo 111 numeral 9) del Decreto Ejecutivo número PCM-024-2014 de fecha 30 de mayo del año 2014, no reviste las características de ser precepto legal sustantivo nacional y no corresponde al orden laboral; b) en su explicación realiza alegatos de instancia y alude a la aplicación indebida, que es otra forma distinta de violar la ley y que debió haber expresado de forma separada por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, por la Abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, los señores JOSE RAUL ELVIR TURCIOS y WENDY YESENIA VALLE VALLE, representados en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de reintegro en virtud del despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de junio del dos mil quince, por los señores JOSE RAUL ELVIR TURCIOS y WENDY YESENIA VALLE VALLE, ambos mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por, JOSE RAUL ELVIR TURCIOS y WENDY YESENIA VALLE VALLE. Contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a reintegrar a JOSE RAUL ELVIR TURCIOS y WENDY YESENIA VALLE VALLE, al puesto que desempeñaba al momento del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea reintegrado el demandante; 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), de la manera siguiente: José Raúl Elvir Turcios, el 01 de abril del 2008, como Encargado de Equipo en la Dirección General de Vivienda, con un salario mensual de L.7,844.10 pagados por el sistema de jornales; y, Wendy Yesenia Valle Valle, el 02 de enero del 2008, en el puesto de Aseadora en la Dirección General de Vivienda, con un salario mensual de L.8,105.57, pagados por el sistema de jornales. Resulta que mediante nota u oficio de fecha 27 de marzo del año 2015, firmado por el Subgerente de Recursos Humanos de INSEP, se les canceló de sus puestos de trabajo que venían desempeñando, siendo efectiva dicha cancelación a partir del 31 de marzo del 2015, sin invocar causal de despido, ofreciéndoles el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales lo cual no se cumplió. Además, el despido se produce en franca violación a los artículos No. 127 y 129 de la Constitución de la República; 112 y 117 del Código del Trabajo, por lo que dichos despidos son ilegales e injustos; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que es cierto que en fecha 27 de marzo de 2015 se les notificó a los demandantes la cancelación de sus puestos de trabajo a partir del 31 de marzo del 2015, sin embargo la parte actora no explica que la razón que tuvo la demandada para dar por terminada la relación laboral con ellos tuvo su origen en el cierre de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo en virtud del Decreto Ejecutivo Número PCM 024-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de mayo del 2014, mediante el cual se creó la COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDAH), como una Unidad desconcentrada de la Presidencia de la República, de interés público, con personalidad jurídica propia, de duración indefinida con su propio patrimonio, independencia administrativa técnica y financiera la que puede ser reconocida por las siglas “CONVIVIENDA”; Decreto mediante el cual quedó derogado el Decreto de creación de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo adscrita a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), según el artículo 17 del citado decreto que establece: “Quedan derogadas las disposiciones normativas del mismo rango que se opongan a este Decreto Ejecutivo”, dejando así de existir la Dirección General de Vivienda y Urbanismo; por tal razón, se hizo necesaria la cancelación de los demandantes, por tanto no procede el reintegro de los demandantes pero si el pago de las prestaciones laborales y demás derechos que por ley les corresponden.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda promovida por los señores José Raúl Elvir Turcios y Wendy Yesenia Valle Valle, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a reintegrar a los demandantes al puesto que desempeñaban al momento del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que se desprende que el despido de los demandantes viene como consecuencia del cierre del departamento en el que laboraban; extremo este que es preciso traer a colación y por analogía explicar que el trabajador puede participar de las utilidades de la empresa pero nunca asumir las pérdidas o riesgos de la empresa, sumado a ello el principio constitucional de la estabilidad laboral que acoge nuestra Carta Magna. Que atendiendo el orden de ideas y haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio este Tribunal es de la opinión que la demandada ya aceptó en la notificación de la terminación laboral que el demandante era un trabajador por jornal en forma permanente puesto que acepta una vez que obtenga su finiquito y ordena hacer efectivo el pago de sus prestaciones laborales y demás derechos adquiridos, situación que convalida el acto, ya que el pago de prestaciones es un derecho que se tiene cuando el despido es injusto e ilegal en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho merito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que es un hecho acreditado que el Estado de Honduras a través del Decreto Ejecutivo número PCM 024-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de mayo de 2014 creó la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDAH) como una unidad desconcentrada de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica propia, duración indefinida y su propio presupuesto, independencia administrativa, técnica y financiera que vino a realizar y absorber las actividades que realizaba la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos donde laboraban los demandantes, pues el artículo 12 del mencionado Decreto Ejecutivo establece que las direcciones, programas o proyectos de vivienda que están en las diferentes Secretarías de Estado o en las instituciones del Gobierno Central que se financien con fondos públicos o de la Cooperación Internacional, son incorporados a la Comisión (CONVIVIENDA) con sus partidas presupuestarias aprobadas. Que la figura de la liquidación o clausura definitiva de una empresa o establecimiento como causal de terminación de los contratos de trabajo contenida en el artículo 111 numeral 9) del Código del Trabajo supone dos situaciones, a saber: 1) Que el patrono va liquidar o clausurar definitivamente la empresa o establecimiento; es decir, que no continuará realizando las actividades del giro a que se dedicaba en la empresa o establecimiento en cuestión; y, 2) Que se cumpla con el procedimiento establecido en el mismo artículo 111 del Código del Trabajo respecto a los artículos 101 y 102 del mismo Código. Además, en los casos de liquidación de una empresa o establecimiento, voluntariamente o no, conforme al artículo 126 también del Código del Trabajo, el patrono está en la obligación de pagar las indemnizaciones y prestaciones laborales a los trabajadores que laboraban en la empresa o establecimiento liquidados. Siendo evidente que el patrono, el Estado de Honduras, liquidó a la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos debido a la creación de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) quien realizaría y absorbió las actividades o funciones que aquella realizaba, según se desprende del Decreto ejecutivo de creación de CONVIVIENDA y del alegato de la parte apelante. Además, no aparece probado que el patrono haya seguido el procedimiento legal establecido en los artículos 101 y 102, en relación con el 111, todos del Código del Trabajo.- 5. Mediante auto de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS, en su único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por falta de aplicación de los artículos 111 numeral 9), decreto ejecutivo número PCM-024-2014 de fecha 30 de mayo del año 2014. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1) párrafo primero del Código del Trabajo.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Al confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado de Letras de Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de septiembre del año dos mil diecisiete, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, hace suya la misma, cometiendo la misma infracción de ley, cometida por el A-QUO, al no haber aplicado en el artículo 111 numeral 9) relacionado con el 126 del Código del Trabajo, y decreto ejecutivo número PCM-024-2014 de fecha 30 de mayo del año 2014. Ahora bien, se acompañó como medio de prueba el decreto PCM-024-14 (F 32 al 35 ) de la primera pieza de autos, en donde se establece la creación de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, CONVIVIENDA, como una unidad desconcentrada de la presidencia de la república, con personalidad jurídica propia, de duración indefinida, con su propio patrimonio, independencia administrativa técnica y financiera, derogado las disposiciones normativas del mismo rango que se oponen al mismo, es decir con este decreto se deroga el decreto de creación de la Dirección General de Vivienda y urbanismo adscrita a la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda, ahora INSEP, por lo que en vista de ello se libra la notificación de la terminación contractual por el cierre de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, en donde el demandante se desempeñaba en sus labores, deja de ser parte de la organización de la Secretaria en mención, por lo que no es posible el reintegro solicitado, por lo que se ofrecieron sus prestaciones laborales. Todos estos aspectos, no fueron considerados en su contexto y por lo tanto procede CASAR TOTALMENTE, la sentencia recurrida y declarar si lugar la demanda en los términos señalados. Por lo que el Juzgado de primera instancia al momento de proferir su decisión está en la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, como lo establece el artículo 738 del Código del Trabajo, denotándose una evidente aplicación indebida de este articulo por el Tribunal de Primera Instancia.”.- III. Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que la Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números C.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- En adición, se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la norma señalada como infringida, el artículo 111 numeral 9) del Decreto Ejecutivo número PCM-024-2014 de fecha 30 de mayo del año 2014, no reviste las características de ser precepto legal sustantivo nacional y no corresponde al orden laboral; b) en su explicación realiza alegatos de instancia y alude a la aplicación indebida, que es otra forma distinta de violar la ley y que debió haber expresado de forma separada por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 630-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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