Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-626-17 — Registro 9035

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono prueba la justa causa del despido, se condene al patrono a reintegrar a su puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría al demandante, respetar la jornada laboral de acuerdo a la ley del estatuto de los trabajadores sociales hondureños y el pago de manera retroactiva respectivo de este tiempo laborado considerándose como horas extras, el pago de los derechos adquiridos, el pago de bonificaciones y aumentos otorgados conforme al contrato colectivo de condiciones de trabajo concedido a todo el personal del instituto durante el tiempo en que estuvo fuera de su puesto de trabajo. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “- III. Que la Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de los demandantes fue ilegal e injustificado, al no probar el abandono del puesto de trabajo alegado, ni que los demandantes hubiesen asistido a la asamblea informativa, además que el despido constituye la sanción máxima y en el caso de autos lo controvertido resulta desproporcional en relación al despido como terminación definitiva de la relación laboral.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) hace referencia a prueba no singularizada, tal es el caso de la nota de despido notificada a la demandante DINORA MARITZA CACERES PINEDA; b) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, siendo los artículos 112 letra l) y 95 numeral 1) del Código del Trabajo; y c) formula alegaciones propias de instancia.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce días del mes de mayo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha uno de marzo del dos mil dieciocho, por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), como recurrente; además es parte recurrida, la señora DINORA MARITZA CÁCERES PINEDA, representada en juicio por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono prueba la justa causa del despido, se condene al patrono a reintegrar a su puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría al demandante, respetar la jornada laboral de acuerdo a la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales Hondureños y el pago de manera retroactiva respectivo de este tiempo laborado considerándose como horas extras, el pago de los derechos adquiridos, el pago de bonificaciones y aumentos otorgados conforme al contrato colectivo de condiciones de trabajo concedido a todo el personal del instituto durante el tiempo en que estuvo fuera de su puesto de trabajo, el pago en concepto de indemnización a título de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir contados a partir de la fecha del despido hasta la fecha de la reinstalación de su puesto de trabajo, la devolución de las deducciones hechas de manera ilegal a los salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios que le fueran deducidos en el año 2013, por concepto de impuesto sobre la renta e impuestos municipales por ejecución de sentencia del despido anterior cuando se ejecutó su reintegro en el mes de febrero del 2013, por ejecución de sentencia en el despido anterior, más las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero del dos mil quince, por los Abogados FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDÍVAR y SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRÍA en su condición de Apoderados Legales de la señora DINORA MARITZA CÁCERES PINEDA, mayor de edad, soltera, Licenciada en Trabajo Social, hondureña y de este domicilio; contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta de junio del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral promovida por los Abogados FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDÍVAR y SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRÍA en su condición de Apoderados Legales de la señora DINORA MARITZA CÁCERES PINEDA contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, para el reintegro al trabajo por despido directo ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir calculados desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo; así como los incrementos otorgados durante la secuela del juicio de acuerdo a la contratación colectiva; II. CONDENAR: Al Demandado el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, a Reintegrar a la señora DINORA MARITZA CÁCERES PINEDA, a su puesto de trabajo, al pago de salarios dejados de percibir calculados desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo; así como los incrementos otorgados durante la secuela del juicio de acuerdo a la contratación colectiva. III. Declarar SIN LUGAR La demanda ordinaria laboral promovida por los Abogados FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDÍVAR y SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRÍA en su condición de Apoderados Legales de la señora DINORA MARITZA CÁCERES PINEDA contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, en cuanto al pago de horas extras, derechos adquiridos y devolución de deducciones; IV. ABSOLVER: Al Demandado el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, al pago de horas extras, derechos adquiridos, y devolución de deducciones la señora DINORA MARITZA CACERES PINEDA; V. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral con INPREMA el 16 de julio del 2002, desempeñándose en el cargo de Trabajadora Social del departamento de Geriatría, el cual ejerció con responsabilidad y eficacia, devengado al momento del despido un salario mensual de L. 17,025.11, que mediante nota de fecha 5 de diciembre de 2014, la institución demandada dio por terminada la relación laboral por vía de despido directo, invocando como supuesta causa legal el abandono en horas laborales de su puesto de trabajo sin justa causa de impedimento y sin permiso autorizado y que dicho abandono es constitutivo de suspensión intempestiva de labores; el patrono actuó desproporcionada y deja en evidencia la intención de causarle daño a la demandante por tanto el despido es injustificable.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que en fecha 11 de noviembre de 2014, aproximadamente a las 9:20 a.m., la demandante junto con otros compañeros de trabajo abandonaron sus puestos de trabajo y además suspendieron intempestivamente sus labores, dentro de su jornada de trabajo y siendo que a la institución demandada no le fue comunicada tanto la suspensión de trabajo y el abandono de sus puestos de trabajo se procedió a levantar un acta de inspección a través de una Inspectora de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social con el único fin de garantizarle a los trabajadores manifestantes su derecho constitucional de defensa, avocándose dicha inspectora de trabajo con el señor Roberto Sevilla en su condición de Presidente del SITRAINPREMA quien manifestó “en primer lugar puedo decir que en ningún momento la Junta Directiva como tal, a tomado como tal la decisión de hacer una suspensión de labores, lo que se realizaron fue una asamblea informativa y esto por determinación de los compañeros asambleístas en vista que todo tipo de sesiones no se pueden tomar en forma unilateral por parte de la junta directiva, la asamblea informativa se hizo en un lapso de cincuenta minutos y fue con el simple objetivo de informar a cerca de los nuevos compañeros despedidos del departamento de Ingeniería...”, derivado de lo anterior, la demandada continuo con el proceso de investigación en el sentido de convocar a la demandante a una audiencia de descargos, a fin de constatar si a la demandante se le vulneró su derecho de defensa al no haberse notificado a la misma el contenido del acta de inspección de fecha 11 de noviembre de 2014, en el que se le imputó la comisión de dos faltas graves, que son el abandono a su puesto de trabajo en horas de labores, así como la suspensión intempestiva de labores. Con la audiencia de descargo quedó acreditada en el acta de inspección ante la autoridad competente, quien al ser interrogada se limitó a responder “no sé, no recuerdo”, frente a esta respuesta el INPRENIA decidió llevar a cabo el procedimiento de despido de la demandante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por los Abogados FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDÍVAR y SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRÍA en su condición de Apoderados Legales de la señora DINORA MARITZA CÁCERES PINEDA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), SIN LUGAR la demandada en cuanto al pago de horas extras y devolución de deducciones; sin costas, bajo el criterio que consta en autos que la demandante fue cancelada de su puesto de trabajo mediante nota de fecha 05 de diciembre del 2014, invocándole como causal haber abandonado sus labores en horas de trabajo sin haber sido autorizada por la institución demandada, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 numeral 1 y 112 del Código del Trabajo; por lo que cabe explicar que la causa invocada con los hechos atribuidos deben ser proporcionales, de igual manera el patrono deberá dar un trato igual para todos sus empleados y en el presente caso se ha probado que la causa invocada a la demandante no es proporcional con los hechos atribuidos, de igual manera se ha demostrado que por los mismos hechos fueron despedidas otras personas y consta que estos fueron reintegrados a sus puestos de trabajo; en consecuencia, no se probó que la demandante abandonó su puesto de trabajo; ya que si bien es cierto, se presentó como medio técnico de reproducción sonido e imagen una grabación; no es menos cierto, que en la misma no se identifica a la demandante y en el acta del Inspector del trabajo se expresa que existió una Asamblea, pero no que la demandante haya asistido a ella, ya que existió fue que la demandante se ausentó de su puesto de trabajo y no un abandono del puesto de trabajo; en tal sentido ha existido una desproporcionalidad en relación a la falta y los hechos atribuidos que conllevó el despido.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de septiembre del dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la sanción impuesta es desproporcional a la falta cometida, ya que tanto como el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno, un empleador no podrá cesar el contrato laboral de un trabajador unilateralmente; y en el caso de mérito, debieron imponerse sanciones disciplinarias distintas al despido, la sanción impuesta es desproporcional. Por otra parte, de la revisión de los medios de prueba allegados al proceso, este Tribunal considera que la parte demandada no probó el abandono alegado, ya que no acreditó en autos la asistencia de la demandante a dicha asamblea informativa.- 5. Mediante auto de fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha uno de marzo del dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha uno de marzo del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero y tercero literal b), interpretado del Código de Trabajo en relación con el artículo 60 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: LA DOCUMENTAL PUBLICA: admitida a la parte demandante que se refiere al ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en fecha doce (12) de enero del año dos mil quince (2015) entre los señores Carlos Alberto Madero Erazo y Gina Hernández Martínez, Secretario de Trabajo y Seguridad Social y Directora General del Trabajo respectivamente, y los señores Ernesto Emilio Carias Corrales, Nessy Martínez y Geovanny Guifarro, en su condición de Director Presidente y Directores Especialistas del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA),respectivamente y los señores José Roberto Reyes, Roberto Sevilla, Daniel Montalván, Mario Hernández, Arnoldo Aguilar, Gladys Waleska Duron, Carlos García, Ana Maribel Cubas, Delver García y Walter Darlo Paredes en su condición de miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (SITRAINPREMA)., (ver folio 17 al 22 de la primera pieza procesal), en relación con las demás prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia hizo suyos las motivaciones dictadas por la juzgadora en la sentencia de primera instancia, por lo que, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a la parte demandante, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que en el ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO no hubo tal acto discriminatorio o de marginamiento, puesto que la demandada a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS expuso que procedió al despido con justa causa de ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA, el 05 de diciembre del 2014 y, que al solo efecto conciliatorio ofrece: “1. Del total del número de trabajadores despedidos, reinstalar a sus puestos de trabajo, a partir del trece (13) de enero del 2015 a los siguientes trabajadores..., 2..., 3..., 4. Frente a nuestra posición legal de considerar la existencia de la justa causa que motivo los despidos, siempre con el ánimo conciliatorio, el Directorio ofreció bajo la mejor modalidad legal por estar en el proceso de reorganización administrativa, hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a todos los reclamantes propuesta que no fructifico pero que concluyo con el resultado del arreglo conciliatorio que consta en la presente acta, por lo que queremos de buena voluntad y con el mismo animo conciliatorio, constancia que dentro de un término prudencial de diez (10) días hábiles, contados a partir de esa misma fecha, estaremos con la voluntad y el ánimo de mantener nuestra propuesta para aquellos trabajadores que no forman parte del grupo a reinstalar, sin que se considere esto como parte o una obligación resultado del arreglos conciliatorio, SINO QUE ALGO DE NUESTRO PROPIO ALBEDRIO....”. (Las negrillas, mayúsculas y los puntos suspensivos son míos). Del extremo que antecede, se aprecia que dicho medio de prueba lo que revela es que el INPREMA actuó bajo el amparo al principio que reza: Que los empleadores tendrán la libre administración de sus bienes y recursos con el fin de obtener el máximo beneficio posible tanto en lo económico como en lo social, y que dicho ofrecimiento conciliatorio no tiene ninguna relación con un acto de discriminación de raza, sexo, religión, color, afiliación política, clase o cualquier otra contemplada en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, ya que, el día 05 de diciembre del 2014 se procedió al despido ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA por igual y con justa causa legal por haber abandonado sus puestos de trabajo y suspender intempestivamente sus labores el día 11 de noviembre del 2014, sin que operaran en dicha sanción administrativa preferencias y/o privilegios a favor de alguien en particular, aunado a esto, mi representada muy respetuosa de la ley y previo a su despido convoco en partes y en diferentes fechas a los ciento cinco (105) trabajadores a una audiencia de descargos la que tenía como propósito garantizarles el derecho Constitucional de defensa procediendo a contestar todos los asambleístas al ser interrogados sobre el porqué abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores “NOSE NO RECUERDO”. De acuerdo al extremo que antecede, a pedido del S1TRAINPREMA y con la mediación del Secretario de Estado en los despachos del trabajo, el día 12 de enero del 2015 se levantó el acta del acuerdo conciliatorio bajo el propio albedrio de los representantes de la demandada y ahí se ofreció mediante arreglo conciliatorio el reintegro de un grupo de trabajadores que viven con o padecimiento y/o alguna discapacidad física y se fijó una fecha límite para aquellos que no formaran parte del grupo a reintegrar y optaran por el pago de sus prestaciones laborales, sin que esto signifique actos discriminatorios o de marginamiento, puesto que como se repite la misma se levantó y conto con la aprobación del Estado de honduras a través del Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, Señor Carlos Alberto Medrano Erazo. Lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo primero y tercero literal b) del Código de Trabajo, al negar a mi representada la justa causa y la legalidad de la sanción del despido invocada a la demandante, donde claramente se apreció tanto en la forma y términos del despido que no se procedió al mismo con preferencias y privilegios para con algunos trabajadores de la institución demandada.”.- III. Que la Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de los demandantes fue ilegal e injustificado, al no probar el abandono del puesto de trabajo alegado, ni que los demandantes hubiesen asistido a la asamblea informativa, además que el despido constituye la sanción máxima y en el caso de autos lo controvertido resulta desproporcional en relación al despido como terminación definitiva de la relación laboral.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infraccián indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitida a ambas partes, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero y tercero literal b), interpretado en relación con el artículo 617 literal g) del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental publica: Admitida a ambas partes y que se refiere a un ACTA DE INSPECCION LEVANTADA POR EL INSPECTOR DE TRABAJO en fecha 11 de noviembre del 2014 (Ver folio del 71 al 75 y del 105 al 109 de la primera pieza procesa), en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia hizo suyos las motivaciones dictadas por la juzgadora en la sentencia de primera instancia, por lo que, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a la parte demandante y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado anteriormente se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el INPREMA efectivamente acredito en juicio el abandono alegado en la nota de despido notificada a la demandante DINORA MATIRZA CÁCERES PINEDA por la demandada, en la que se invocaron como fundamentos de derecho los artículos 112 letra 1) en relación con el articulo 95 numeral 1) en lo referido al abandono en horas de labor de su puesto de trabajo y sin causa justificada y sin permiso del patrono y el numeral 5) en lo referido a la suspensión intempestiva de labores del Código del Trabajo, la apreciación errónea consiste en que el tribunal recurrido luego de reconocer en el EN EL CONSIDERANDO 12) del fallo recurrido, lo siguiente: Que tal y como lo manifestó la parte demandada, esta alego un abandono al trabajo, por lo cual la carga de la prueba recayó exclusivamente sobre el demandado; y de la revisión de los medios de prueba allegados al proceso, este tribunal considera que no acredito en autos la asistencia de la demandante en dicha asamblea informativa; del extremo que antecede se revela que la apreciación errónea del medio de prueba anteriormente indicado, provoco que la corte recurrida incurriera manifiestamente en error de hecho al apreciar erróneamente el documento que contiene el acta de inspección y la demás prueba en su conjunto, pues es visible en el hecho tercero de! escrito de demanda, que el actor es CONFESO en su declaración al reconocer que la señora DINORA MARITZA CACERES PINEDA en efecto abandono su puesto de trabajo al participar por llamado de miembros de la junta directiva del sindicato a una asamblea informativa, RAZÓN POR LA QUE ESTE EXTREMO AL SER ACEPTADO POR EL ACTOR DEJA AL DESCUBIERTO TAL ACTO Y POR ENDE EL MISMO DEJA DE SER OBJETO DE DEBATE., de tal manera que si bien es cierto el medio de prueba señalado anteriormente fue apreciado por la Corte recurrida, pero lo hizo de forma errónea, por lo que resulta evidente el error judicial en la valoración de ese material probatorio.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) hace referencia a prueba no singularizada, tal es el caso de la nota de despido notificada a la demandante DINORA MARITZA CACERES PINEDA; b) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, siendo los artículos 112 letra l) y 95 numeral 1) del Código del Trabajo; y c) formula alegaciones propias de instancia.- VI.- Que la impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Tal corno se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente porque la resolución es imprecisa alejada completamente de los lineamientos que exigen los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil vigente, nótese que la pretensión de la demandante, en la demanda de mérito va orientada a exigir el REINTEGRO AL TRABAJO POR DESPIDO ARBITRARIO, ILEGAL E INJUSTO; sin embargo, el fallo recurrido en el Considerando (11 y 12 respectivamente) solo se limitó a concluir que la parte demandada deberá reintegrar a la trabajadora demandante, por la proporcionalidad de la falta y porque no se probó el abandono alegado. Como reitero, la demandante que abandonó su puesto de trabajo y suspendió intempestivamente sus labores el día 11 de noviembre del 2014, sin medir que La convocatoria a la asamblea puede realizarse, por la junta directiva del sindicato o por un número de trabajadores, considerando que para esta convocatoria debe ser comunicada al empleador o patrono con cuarenta y ocho horas de antelación, debiendo éste acusar recibo indicando la respectiva fecha., por lo que la corte recurrida devenía obligada hacer la respectiva separación al momento de su pronunciamiento sobre cada uno de ellos, es decir, sobre lo justo y la legalidad, así mismo, hacer los razonamientos facticos y jurídicos del pleito, que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, hecho que no hizo. Por lo antes expuesto y en virtud de que el fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en juicio, es por ello, que procede se anule el fallo recurrido, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 206 y 207 del Código de Procesal Civil, en virtud de que dicha sentencia no resulta clara, precisa ni congruente con las cuestiones del debate y las pretensiones deducidas oportunamente en dichas diligencias”.- XIII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, lo esgrimido constituyen alegaciones de instancia y aspectos que debió atacar mediante un motivo de casación debidamente estructurado conforme a la técnica del recurso, por lo que este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XIV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR LA NULIDAD solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. WILFREDO MENDEZ ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 626-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

15