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Sentencia CL-622-17 — Registro 8603

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro, pago de salarios dejados de percibir a titulo de indemnización por daños y perjuicios. Reconocimiento de las bonificaciones y derechos sociales y aumentos salariales que otorga el contrato colectivo vigente. Pago de vacaciones adeudadas desde la fecha de despido hasta el día que en cumplimiento de la sentencia condenatoria sean reinstalados en el cargo. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de los demandantes fue ilegal e injustificado, al no existir abandono del puesto de trabajo, sino una suspensión intempestiva de labores por el término de dos horas, que si bien constituye una falta que faculta al patrono a sancionarla, pero no con el despido, ya que ésta es la sanción máxima y en el caso que nos ocupa las actuaciones y conducta de los trabajadores por los hechos expuestos no resultan proporcionales en relación al despido como terminación definitiva de la relación laboral.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de marzo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), como recurrente; además es parte recurrida, los señores LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA y ADONIS GABRIEL JACKSON SILVA, representado en juicio por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de reintegro por despido arbitrario, ilegal e injusto, pago de los salarios dejados de percibir, bonificaciones y derechos sociales, aumentos salariales que le otorga el contrato colectivo vigente, pago de vacaciones adeudadas desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia de mérito, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero del dos mil quince, por los señores LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA, soltero, licenciado en ciencias Jurídicas y Sociales, y ADONIS GABRIEL JACKSON SILVA, casado, Perito Mercantil y Contador Público, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio del Director Presidente del Directorio de Especialistas, señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: II.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS. RECONOCIMIENTO DE LAS BONIFICACIONES Y DERECHOS SOCIALES Y AUMENTOS SALARIALES QUE OTORGA EL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. PAGO DE VACACIONES ADEUDADAS DESDE LA FECHA DE DESPIDO HASTA EL DIA QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA SEAN REINSTALADOS EN EL CARGO; instaurada por el señor LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA y ADONIS GABRIEL JACKSON SILVA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través de su Director Presidente del Directorio de Especialistas y Representante Legal el Señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES. W- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través de su Director Presidente del Directorio de Especialistas y Representante Legal el Señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA y ADONIS GABRIEL JACKSON SILVA a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; III.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) de la siguiente manera: Luis Orlando Ramos Carranza comenzó a laborar para la demandada el 21 de julio del 2010, en el cargo de Procurador Legal, en el Departamento de Cobros, devengando un salario mensual de L.17,875.84 y Adonis Gabriel Jackson Silva comenzó a laborar para la demandada el 10 de octubre del 2007, en el cargo de Auxiliar de Préstamos en el Departamento de Préstamos, devengando un salario de L. 11,754.00. Que Ambos el día 5 de diciembre del año 2014, la demandada les hizo llegar una nota donde se les comunicó la terminación de la relación laboral, las mismas se encontraban refrendadas por la Licenciada Mayra Zavala, Jefa del Departamento de Cobros y por la Licenciada Loana Carranza Soler, Jefa del Departamento de Préstamos, jefas inmediatas de los demandantes. Los demandantes fueron despedidos: “ porque abandonaron sus labores en horas laborables y sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono el día 11 de noviembre del 2014”; sin embargo, lo que realmente sucedió fue que los actores asistieron a una asamblea informativa convocada por el SITRAINPREMA, la cual fue celebrada en el parqueo de la demandada; por esta situación les convocaron a una audiencia de descargo, la cual fue celebrada por el Abogado Luis Alberto Rovelo, quien no tiene facultad para celebrar dichas audiencias, por lo tanto la misma es nula. Es preciso mencionar que lo alegado por la demandada no puede ser considerado como un abandono de sus puestos de trabajo, pues no cumple los requisitos establecidos en los artículos 98 numeral 1) y 112 literal h) del Código de Trabajo y tampoco puede considerarse una suspensión intempestiva de labores, en vista de ser un derecho contemplado en el artículo 79 de la Constitución de la República; por otra parte, las notas de despido fueron entregadas por una persona que no está facultada para hacerlo, por lo que la misma no fue entregada personalmente, violentando el procedimiento establecido en la legislación laboral.-2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que en fecha 11 de noviembre del 2014, los demandantes junto con varios compañeros abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores, por lo que se procedió a levantar un acta de inspección a través de una inspectora del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el único fin de garantizarles a los trabajadores su derecho constitucional de defensa. Posteriormente, se convocó a los demandantes a una audiencia de descargos, misma que se celebró en las oficinas de recursos humanos de la demandada. A los demandantes se les sancionó puesto que cuando suspendieron intempestivamente las labores no hubo quien pudiera atender algunos maestros afiliados, porque si bien es cierto la misma se celebró en el centro de trabajo, no es menos cierto que fue en las horas de trabajo y si bien como lo establece el SITRAINPREMA, la asamblea informativa puede ser realizada dentro de la jornada de trabajo, pero avisando con por lo menos 48 horas antes y dejando el personal mínimo para continuar con sus labores diarias, sin embargo, al no darse ninguna de los actos previos la misma se convierte en un abandono de puesto de trabajo y en una suspensión intempestiva de labores. Finalmente, la parte demandada estableció que si bien es cierto que algunos de los trabajadores que al igual que a los demandantes se les despidió por abandonar sus puestos de trabajo dentro de su jornada de trabajo y que además suspendieron intempestivamente sus labores, les fueron pagadas sus prestaciones laborales e indemnizaciones sociales, y que de hecho algunos de ellos fueron reinstalados nuevamente en sus puestos de trabajo, no es menos cierto, que en fecha 05 de diciembre del 2014, todas estas personas fueron despedidas, es decir, que en este caso no cabe la figura social del favoritismo o de actos discriminatorios, estas figuras sociales prohibidas por la Constitución de le República, hubieran operado si en la fecha que se llevó a cabo el despido colectivo de todos los trabajadores se hubieran llevado a cabo sanciones disciplinarias diferentes a unos de otros, sin precisar el porqué de las mismas, en este caso particular.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA y ADONIS GABRIEL JACKSON SILVA, contra INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), sin costas, bajo el criterio que la parte demandada sostiene que los demandantes fueron despedidos por existir causa justificada, para lo cual allegó al juicio prueba documental, con la que ha quedado demostrado que a los demandantes se les siguió el procedimiento, previo a la terminación unilateral del contrato de trabajo, al haber sido citados en legal forma para que acudieran a una audiencia de descargo, a efecto de que se defendieran de los cargos que se les imputan y que consisten en haber abandonado su puesto de trabajo sin causa justificada el día 11 de noviembre de 2014; hecho no aceptado en las audiencias de descargo que se le practicó; por lo que la parte demandada, devenía la obligación ineludible de probar tal extremo; y resulta que del análisis de los medios de prueba aportados al proceso se llega a la conclusión que la parte demandada no probó el abandono de labores alegado; ya que los demandantes asistieron a su trabajo el día 11 de noviembre de 2014, en el cual marcaron su entrada como salida de igual forma se les pago por haber laborado ese día; asimismo, la medida disciplinaria aplicada es totalmente desproporcional a la falta cometida.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que corresponde la prueba del despido a la parte demandante y la justificación del mismo a la parte demandada, y en el presente caso fue acreditado en el juicio, que a los demandantes mediante nota se les despidió de sus puestos de trabajo, por haber abandonado sus labores el día 11 de noviembre del año 2014, sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono, para trasladarse al parqueo de la institución a celebrar ilegalmente una asamblea informativa, mimas que no había sido autorizada por la institución y que es constitutiva de suspensión intempestiva de labores y no habiendo podido justificar las razones de su conducta en los hechos apuntados, por tal motivo se le pone fin a la relación laboral por la vía de despido directo. Que si bien es cierto fue acreditado que se llevó a cabo la asamblea informativa en el estacionamiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio por espacio de dos horas, sin embargo, la sanción impuesta a los demandantes es desproporcional a la falta cometida y por tal razón es procedente el reintegro solicitado en su demanda, así mismo se concluye que la parte demandada no acreditó haber tenido justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo de los trabajadores, en consecuencia el despido es ilegal e injusto y procede por tal motivo declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 5. Mediante auto de fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de abril del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación parte del Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero, interpretado, en relación con el artículo 60 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: LA DOCUMENTAL PUBLICA: admitida a la parte demandante que se refiere al ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán en fecha doce (12) de enero del año dos mil quince (2015) entre los señores Carlos Alberto Madero Erazo y Gina Hernández Martínez, Secretario de Trabajo y Seguridad Social y Directora General del Trabajo respectivamente, y los señores Ernesto Emilio Carias Corrales, Nessy Martínez y Geovanny Guifarro, en su condición de Director Presidente y Directores Especialistas del FNSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (NPREMA), respectivamente y los señores José Roberto Reyes, Roberto Sevilla, Daniel Montalván, Mario Hernández, Arnoldo Aguilar, Gladys Waleska Duron, Carlos García, Ana Maribel Cubas, Delver García y Walter Dario Paredes en su condición de miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (SITRAINPREMA). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR por mayoría de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a la parte demandante, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que en el ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO no hubo tal acto discriminatorio o de marginamiento, puesto que la demandada a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS expuso que procedió al despido con justa causa de ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA, el 05 de diciembre del 2014 y, que al solo efecto conciliatorio ofrece: “1. Del total del número de trabajadores despedidos, reinstalar a sus puestos de trabajo, a partir del trece (13) de enero del 2015 a los siguientes trabajadores..., 2..., 3..., 4. Frente a nuestra posición legal de considerar la existencia de la justa causa que motivo los despidos, siempre con el ánimo conciliatorio, el Directorio ofreció bajo la mejor modalidad legal por estar en el proceso de reorganización administrativa, hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a todos los reclamantes propuesta que no fructifico pero que concluyo con el resultado del arreglo conciliatorio que consta en la presente acta, por lo que queremos dejar de buena voluntad y con el mismo animo conciliatorio, constancia que dentro de un término prudencial de diez (10) días hábiles, contados a partir de esta misma fecha, estaremos con la voluntad y el ánimo de mantener nuestra propuesta para aquellos trabajadores que no forman parte del grupo a reinstalar, sin que se considere esto como parte o una obligación resultado del arreglos conciliatorio, SINO QUE ALGO DE NUESTRO PROPIO ALBEDRIO....,”. (Las negrillas, mayúsculas y los puntos suspensivos son míos). Del extremo que antecede, se aprecia que dicho medio de prueba lo que revela es que el TNPREMA actuó bajo el amparo al principio que reza: Que los empleadores tendrán la libre administración de sus bienes y recursos con el fin de obtener el máximo beneficio posible tanto en lo económico como en lo social, y que dicho ofrecimiento conciliatorio no tiene ninguna relación con un acto de discriminación de raza, sexo, religión, color, afiliación política, clase o cualquier otra contemplada en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, ya que, el día 05 de diciembre del 2014 se procedió al despido ciento cinco (105) trabajadores del 1NPREMA por igual y con justa causa legal por haber abandonado sus puestos de trabajo y suspender intempestivamente sus labores el día 11 de noviembre del 2014, sin que operaran en dicha sanción administrativa preferencias y/o privilegios a favor de alguien en particular, aunado a esto, mi representada muy respetuosa de la ley y previo a su despido convoco en partes y en diferentes fechas a los ciento cinco (105) trabajadores a una audiencia de descargos la que tenía como propósito garantizarles el derecho Constitucional de defensa procediendo a contestar todos los asambleístas al ser interrogados sobre el porqué abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores “NO SE NO RECUERDO”. De acuerdo al extremo que antecede, a pedido del SITRAINPREMA y con la mediación del Secretario de Estado en los despachos del trabajo, el día 12 de enero del 2015 se levantó el acta del acuerdo conciliatorio bajo el propio albedrio de los representantes de la demandada y ahí se ofreció mediante arreglo conciliatorio el reintegro de un grupo de trabajadores y se fijó una fecha límite para aquellos que no formaran parte del grupo a reintegrar y optaran por el de sus prestaciones laborales, sin que esto signifique actos discriminatorios o de pago marginamiento, puesto que como se repite la misma se levantó y conto con la aprobación del Estado de Honduras a través del Secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, Señor Carlos Alberto Madero Erazo, lo que llevo en forma directa a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 parrafo primero, al negar a mi representada la justa causa y la legalidad de la sanción del despido invocada a los demandantes, donde claramente se apreció tanto en la forma y términos del despido que no se procedió al mismo con preferencias y privilegios para con algunos trabajadores de la institución demandada”.- III. Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de los demandantes fue ilegal e injustificado, al no existir abandono del puesto de trabajo, sino una suspensión intempestiva de labores por el término de dos horas, que si bien constituye una falta que faculta al patrono a sancionarla, pero no con el despido, ya que ésta es la sanción máxima y en el caso que nos ocupa las actuaciones y conducta de los trabajadores por los hechos expuestos no resultan proporcionales en relación al despido como terminación definitiva de la relación laboral.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha doce de marzo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 622-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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