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Sentencia CL-614-17 — Registro 8656

Resumen

En primera insyancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las demandantes, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que las demandantes con los medios de prueba que hicieron llegar al juicio, probaron la relación de trabajo que existió entre empleador y trabajadoras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que la Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- En adición, el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo no tiene el carácter de ser una norma sustantiva para los efectos de este extraordinario recurso y el precepto autorizante no fue señalado con precisión, ya que el artículo 765 numeral 1) del referido Código, cuenta con dos párrafos y cada uno de ellos hace referencia a distintas causales del recurso.

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, las señoras NORA PATRICIA MEDRANO VALLADARES, KARINA LIZETH CUBAS RODRIGUEZ y MIRIAN GUADALUPE SOLIS PADILLA, representadas en juicio por la Abogada KAREN ERENIA TOSTA DOMINGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se proceda al pago de las prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generados por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, más el pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes, reajuste del salario mínimo, reajuste de vacaciones, reajuste de aguinaldo, reajuste de decimocuarto mes, pago de sueldos y salarios adeudados, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre de dos mil quince, por las señoras NORA PATRICIA MEDRANO VALLADARES, KARINA LIZETH CUBAS RODRIGUEZ y MIRIAN GUADALUPE SOLIS PADILLA, todas mayores de edad, Auxiliares de Enfermería, hondureñas y con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por NORA PATRICIA MEDRANO VALLADARES, KARINA LIZETH CUBAS RODRIGUEZ Y MIRIAN GUADALUPE SOLIS PADILLA en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a las demandantes la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS ( L 471,129.22), dividida en la forma siguiente: A NORA PATRICIA MEDRANO VALLADARES, la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRES LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS ( L 168,002.08) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 19,204.38, AUXILIO DE CESANTÍA L 67,215.33, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L2,400.53, VACACIONES PROPORCIONALES L1,600.35, AGUINALDO 2014 L2,820.45, AGUINALDO PROPORCIONAL L4,115.10, DECIMO CUARTO MES 2015 L3,125.45, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO AÑOS 2013, 2014 Y 2015 L36,214.68 REAJUSTE DE VACACIONES L 6,401.40, REAJUSTE DE AGUINALDO DEL AÑO 2013 L7,088.79, REAJUSTE DEL DECIMO CUARTO MES 2014 L5,554.62, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS (AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014) L12,262.00; KARINA LIZETH CUBAS RODRIGUEZ la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS ( L153,230.14) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 19,204.38, AUXILIO DE CESANTÍA L 48,010.95, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L560.12, VACACIONES L6,401.40, VACACIONES PROPORCIONALES L373.41, AGUINALDO 2014 L6,103.50, AGUINALDO PROPORCIONAL L4,115.10, DECIMO CUARTO MES 2015 L 2,340.49, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO AÑOS 2013, 2014 Y 2015 L 36,214.68 REAJUSTE DE VACACIONES L 3,200.70, REAJUSTE DE AGUINALDO DEL AÑO 2013 L 7,088.79, REAJUSTE DEL DECIMO CUARTO MES 2014 L 7,354.62, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS (AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014) L 12,262.00 Y MIRIAN GUADALUPE SOLIS PADILLA la cantidad de CIENTO CUARENTA y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS por los conceptos siguientes: PREAVISO L 19,204.38, AUXILIO DE CESANTÍA L 38,408.76, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 7,201.58, VACACIONES L 3,200.70, VACACIONES PROPORCIONALES L 4,801.05, AGUINALDO 2014 L 6,103.50, AGUINALDO PROPORCIONAL L4,115.10, DECIMO CUARTO MES 2015 L2,340.49, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO AÑOS 2013, 2014 Y 2015 L 36,214.68 REAJUSTE DE VACACIONES L 1,600.35, REAJUSTE DE AGUINALDO DEL AÑO 2013 L7,088.79, REAJUSTE DEL DECIMO CUARTO MES 2014 L 7,354.62, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS (AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014) L12,262.00 y para las tres demandantes a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que mantuvieron una relación de trabajo con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud a partir de las fechas siguientes: Nora Patricia Medrano Valladares, el 1 de abril del 2008, Karina Patricia Cubas Rodríguez, el 9 de junio del año 2010 y Mirian Guadalupe Solís Padilla, el 1 de octubre del año 2010, cada una nombrada en el puesto de Auxiliar de Enfermería y desempeñando las mismas funciones del cargo en la Sala de Neonatología del Hospital San Francisco de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, labores realizadas de forma ininterrumpida, devengando cada una de ellas como último salario de L.6,136.00 mensuales según se establecía en el contrato respectivo, salario que debió ser de L.8,230.45 por el reajuste salarial durante los últimos seis meses. El 30 de junio del año 2015 recibieron notificación verbal de que ya no estaría incluidas en los roles de turno por parte de la Superior en la Sala de Neonatología por lo que hicieron el respectivo reclamo ante la Secretaría del Trabajo y Asistencia Social. El Inspector de Trabajo se constituyó en las oficinas de personal del Hospital San Francisco de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, a fin de que constatara el despido verbal, avocándose con la Licenciada Bessy Clementina Mejía, Jefe de Recursos Humanos del Hospital, quién manifestó lo siguiente “no fue un despido sino que sus contratos finalizaron el 30 de junio de este año, para los cuales no hubo renovación, la notificación la hicieron saber vía teléfono del nivel central por la señora Sandra Herrera en su condición de Técnica de Contratos del Hospital San Francisco, los contratos fueron de tres mes, su renovación de forma continua durante el tiempo trabajado. La cancelación de los contratos no fue por incumplimiento de labores de ellas sino por falta de presupuesto del nivel central” sin establecerles causa alguna.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente en lo que se refiere a que las demandantes, sostuvieron efectivamente una relación contractual con el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, mediante la modalidad de contrato de prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, con fecha de inicio y terminación, desempeñándose las demandantes en el cargo de Auxiliar de Enfermería, contratos que fueron consentidos y aceptados sin objeción alguna por las demandantes, quienes conscientes de tal situación, firmaron un último contrato administrativo regido por las disposiciones del Derecho Administrativo, en virtud que la prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, se encuentra regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo, asimismo por ser contratos de carácter administrativos se someten al conocimiento de la Ley de lo Contencioso Administrativo, por lo que queda claro que dichos contratos no son sometidos a la ley laboral como lo pretenden hacer ver las demandantes ante este Juzgado de Letras del Trabajo, pues tanto el contrato referido como esta normativa establece como jurisdicción al caso que nos ocupa, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de lo cual las partes actoras tenían pleno conocimiento y no se manifestaron en ningún momento de manera contraria ni presentaron oposición en tiempo y forma.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras Nora Patricia Medrano Valladares, Karina Lizeth Cubas Rodríguez y Mirian Guadalupe Solís Padilla, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a pagar a las demandantes la cantidad de L.471,129.22, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo 2014, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes 2015, reajuste del salario mínimo años 2013, 2014 y 2015, reajuste de vacaciones, reajuste de aguinaldo del año 2013, reajuste del décimo cuarto mes 2014, pago de salarios adeudados (agosto y septiembre del año 2014), más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que las contrataciones sucesivas de las que fueron objeto las demandantes durante todo el tiempo en que duro la relación laboral entre las mismas partes, con objeto y causa idénticos, al tenor de lo estipulado en el artículo 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, hacen presumir una sola contratación, es decir, que hubo continuidad en el servicio. Que el contrato por tiempo indeterminado se encuentra más favorecido por las disposiciones legales protectoras basadas en la permanencia de la relación de trabajo, por lo que existe una firme corriente favorable a constituir esta regla en el imperativo legal del cual sólo se reconocen excepciones en casos determinados, de allí que existe una marcada tendencia a declarar existente un contrato por tiempo indeterminado en casos de prórrogas sucesivas a los que se refiere el artículo 48 del Código del Trabajo y, en general, en todos aquellos donde la fijación del término, con la intención de hacer fraude a la ley, pueda considerarse simulada. Siendo que la relación del trabajo con las demandantes era laboral y de tipo permanente, para que el Estado de Honduras diera por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad, debió haber despedido a las trabajadoras fundamentado su separación en cualquiera de las causales contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, no siendo así la separación de las trabajadoras según lo manifestó la Licenciada Bessy Clementina Mejía en su condición de Jefe de Recursos Humanos en acta levantada por el Inspector de Trabajo que corre a folios 54 al 56, fue ilegal y además injusto porque además no cumple con la disposición contenida en el artículo 117 del citado Código.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que las demandantes con los medios de prueba que hicieron llegar al juicio, probaron la relación de trabajo que existió entre empleador y trabajadoras, la cual fue iniciada para Nora Patricia Medrano Valladares, el 01 de abril del 2008; Karina Lizeth Cubas Rodríguez el 09 de junio del 2010 y Mirian Guadalupe Solís Padilla, el 01 de octubre del 2010, todas con terminación laboral el 30 de junio del 2015; que del análisis de cada una de las demandantes quedó probada que todas fueron contratadas por medio de contratos por tiempo indeterminado pero la sucesiva y continuas contrataciones, determina que hubo una continuidad en el servicio, en actividades de naturaleza permanente, con lo que se materializa la existencia de los elementos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo y que en relación a los artículos 47 y 52 de este mismo ordenamiento legal hace evidente la existencia de una relación laboral por tiempo indeterminado o indefinido; el empleador al ponerle fin a la relación laboral sin sustento de causa legal establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo violenta el derecho de las trabajadoras y las garantías constitucionales contenida en el artículo 129 de esta Carta Magna.- 5. Mediante auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KAREN ERENIA TOSTA DOMINGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ en su primer motivo expresa: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2, en relación con el artículo 113, 117 párrafo primero interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo del Código de Trabajo. En articulo 2 numeral 2 relacionado establece lo siguiente: “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1… 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y... Y también del artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 02 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvieron las señoras NORA PATRICIA MEDRANO VALLADARES, KARINA LIZETH CUBAS RODRIGUEZ y MIRIAN GUADALUPE SOLIS PADILLA, con mi representado, fue a través de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos. En ese sentido el Código de trabajo estipula una excepción para que los conflictos laborales entre empleados públicos y el estado sean dilucidados en la jurisdicción laboral; por lo cual, al ser la demandante empleada público de carácter temporal, con labores similares al término genérico de “actos laborales”, pero los contratos Servicios Profesionales y Técnicos le dieron a las demandantes el status legal y la condición de empleado público solo que en carácter temporal, ya que no era empleadas permanentes. En adición a ello, los empleados públicos no firman contratos de trabajo sino que son nombrados mediante acuerdos del Secretario de Estado y en este caso en forma interina. El mismo artículo establece que las Relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan, y La Ley del Servicio Civil vigente desde el 14 de octubre del año 1993 cuando se publicó en el diario oficial La Gaceta, establece los requisitos para trabajar con el Estado, dichos requisitos fueron totalmente obviados por el juzgador y, en la sentencia emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de fecha 08 de mayo del 2017. En función de lo anterior, la interpretación correcta que el juzgador debió realizar del articulado descrito, es que las demandantes NORA PATRICIA MEDRANO VALLADARES, KARINA LIZETH CUBAS RODRIGUEZ, y MIRIAN GUADALUPE SOLIS PADILLA, no le son aplicables lo preceptuado en el artículo 2.2 del Código del trabajo por ser empleados públicas de carácter temporal, por consiguiente también El Estado de Honduras no estaba obligado a cumplir con las exigencia del artículo 112 y 117 todos del Código de Trabajo.”.- III.- Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que la Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía.- En adición, el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo no tiene el carácter de ser una norma sustantiva para los efectos de este extraordinario recurso y el precepto autorizante no fue señalado con precisión, ya que el artículo 765 numeral 1) del referido Código, cuenta con dos párrafos y cada uno de ellos hace referencia a distintas causales del recurso.- IV.- Que en el segundo motivo se alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado del Código del Trabajo ya que también en ninguna forma el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán se refiere la vigencia acordada por ambas partes en los contratos presentados. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental consistente en los contratos de servicios profesionales entre el demandante y mi representado: Admitida a la parte demandada (ver folios 37, 38, 39, 40, 41 y 42, de la primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. Donde se puede constar en su cláusula tercera que el mismo... “será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente y estará sujeto a la normativa del derecho administrativo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental consistente en los contratos de servicios profesionales entre el demandante y mi representado, los cuales fueron evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto; ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios, científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo. En ese sentido, ésta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. Así las cosas, la corte recurrida al apreciar este medio de prueba erróneamente arriba a la conclusión de que: “...este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el estado de Honduras han sido desnaturalizados, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo...”. Cuando dicho medio de prueba lo que revela es una relación temporal entre un empleado público con el estado, lo cual no implica, una desprotección para el empleado, pues tiene expedita otra vía denominada contencioso administrativa. En el caso en particular, si se hubieses apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que las señoras NORA PATRICIA MEDRANO VALLADARES, KARINA LIZETH CUBAS RODRIGUEZ, y MIRIAN GUADALUPE SOLIS PADILLA, empleadas públicas en carácter temporal por medio de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos; consecuentemente la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el articulo 112 y 117 al aplicar indebidamente estos artículos todos del Código de Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen, al imponerle pagar indemnizaciones laborales que no corresponden. INCIDENCIA DE LA INFRACACION EN LA RESOLUCION: Indudablemente esto agravia al estado porque al apreciarse correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba singularizado, decisivo para el fallo tomado, se tuvo que concluir que NO EXISTE relación laboral entre el demandante y el Estado de Honduras; por ende, no le son obligatorias las indemnizaciones a las cuales fue condenado a pagar. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer este vicio en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada.”.- V.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 117 del Código del Trabajo, si bien se ha establecido que es una norma sustantiva al establecer el deber de notificar la causa o motivo de la terminación de la relación laboral, el mismo no ha tenido ninguna incidencia en la decisión de fondo del presente caso; b) el tema de la existencia de la relación laboral fue determinado cuando el Juzgador resolvió la declinatoria por incompetencia del Tribunal por razón de la materia, por ende no cabe ahora reiterar en ello; y, c) en su explicación adiciona como norma infringida el artículo 112 del referido Código, cuando la misma no fue incluida en su formulación.- VI.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 614-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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