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Sentencia CL-604-17 — Registro 8655

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar Demanda ordinaria laboral para el pago de una indemnización económica por lo dejado de percibir en el XIV Contrato Colectivo de Condiciones Generales de Trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, siendo que, los argumentos y pretensiones, sobre si el pago de la indemnización acordada se generaba o no directamente de la relación de trabajo que existió entre las partes, fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; b) Hace referencia a normativa no indicada en la formulación del cargo, tal es el caso del artículo 868 del Código del Trabajo; y, c) formula alegaciones propias de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha siete de febrero del dos mil dieciocho, por Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, como recurrente; además es parte recurrida, la señora LIDIA CRISTINA ORTIZ PEREZ, representado en juicio por Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de una indemnización económica por lo dejado de percibir en el XIV Contrato Colectivo de Condiciones Generales de Trabajo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, por la señora LIDIA CRISTINA ORTIZ PEREZ, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés; contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Sub Gerente General MARIO FRANCISCO COTO ARCE. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, misma que: “FALLA: 1) Declarando ha lugar el recurso de apelación formulado por el abogado Heriberto Godoy Vásquez en su condición de apoderado legal de la trabajadora demandante, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortes, departamento del mismo nombre, el día dos de agosto del año dos mil diecisiete (2017), en el proceso iniciado con la demanda ordinaria laboral promovida por la trabajadora Lidia Cristina Ortiz Pérez, contra la entidad denominada EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, a través de su representante legal, todos de generales conocidas en autos; en consecuencia, se REFORMA la citada sentencia, reforma que se contrae a DECLARAR HA LUGAR LA DEMANDA PARA EL PAGO DE UNA INDEMNIZACION ECONOMICA POR LO DEJADO DE PERCIBIR EN EL DECIMO CUARTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, se condena a la citada entidad a pagar a la trabajadora LIDIA CRISTINA ORTIZ PEREZ, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS (LPS. 220,000.00); 2) Confirma en sus demás extremos, la parte resolutiva de la sentencia definitiva objeto del presente recurso de apelación. 3) Absuelve de costas de segunda instancia.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar en la Empresa Nacional Portuaria, en fecha 21 de junio de 1993, mediante contrato por escrito, con Ficha No. 2675-7, desempeñándose como Chequeador 1 en la Terminal de Contenedores de Cortés. En fecha 29 de diciembre del año 2015, como resultado del proceso de Fideicomiso de la Terminal de Contenedores y Carga General, dejó de laborar para la demandada, de conformidad con el Acta Especial de Negociación de la Transición producto de la Concesión de las Terminales de Contenedores y Carga General en Puerto Cortés, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria y la Comisión de Transición, en la cual en su numeral, manifiesta que se les hizo una oferta de trabajo en la Operadora Portuaria Centroamericana, así como una indemnización económica de conformidad a una escala por el tiempo de laborar por la cual manifiesta que le corresponden L. 220,000.00, correspondiente en el rango de 15 a 25 años de laborar para la demandada y manifiesta que ella tiene aproximadamente 20 años y 6 meses laborando para la demandada. Que, en virtud del acta anteriormente referida, la demandante manifiesta que la indemnización económica hasta la fecha no le ha sido pagada tal y como le corresponde.-2. La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que luego que la demandante aceptara la oferta de trabajo de la Operadora Portuaria Centroamericana, dejó de laborar para la demandada por mutuo acuerdo el 28 de diciembre del 2013, recibiendo el pago del 100% de sus prestaciones laborales y extendió en fecha 30 de diciembre del 2013, el respectivo finiquito de solvencia liberando a la demandada de todo reclamo pasado, presente y futuro, conforme a lo prescrito por el artículo 379 del Código del Trabajo. En el Acta Especial de Negociación de la Transición de los trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria a la Operadora Portuaria Centroamericana, suscrita en fecha 13 de diciembre del 2013, se estableció por la Comisión de Transición nombrada por el Poder Ejecutivo con el SITRAENP, y no por la Empresa Nacional Portuaria (porque no se dispone de partida presupuestaria para ese tipo de obligación), una tabla de indemnizaciones como ajuste a la cesantía a favor de ciertos trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria que pasarían al operador privado, de acuerdo a la antigüedad y que estuvieran amparados por el XIV Contrato Colectivo, suscrito entre el SITRAENP y la Empresa Nacional Portuaria, ajuste a la cesantía referido, en una escala de indemnización, cuyos valores serian pagados por el Comité Técnico del Fideicomiso como órgano que manejó dichos recursos para este propósito, y no a la Empresa Nacional Portuaria, que resultó exigible a partir del 29 de diciembre del 2013, y solo para los que tuvieran derecho. Manifiesta también que luego de la terminación de la relación laboral aparece ahora aun extemporáneamente a demandar lo no debido, y aunque se hubiera debido, le prescribió su derecho a demandarlo, porque no lo hizo en el plazo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo para el reclamo de ese tipo de conceptos cesantía, ajuste a las prestaciones laborales, el que expresa: “salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo”; siendo la fecha del hecho generador el 28 de diciembre del 2013, la fecha de la terminación de la relación laboral entre las partes en litigio, Doña Lidia Cristina Ortiz Pérez, tuvo que interponer la demanda antes del 28 de febrero del 2014, y no hizo ningún acto de interrupción durante ese plazo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos de agosto del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando SIN LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LIDIA CRISTINA ORTIZ PEREZ, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, sin costas, bajo el criterio que en el presente juicio, la demandante ha dirigido la demanda contra su patrono anterior, la Empresa Nacional Portuaria, exigiendo el pago de una Indemnización monetaria establecida en el Acta Especial de Negociación suscrita entre el SITRAENP y la Comisión de Transición Nombrada por el Poder Ejecutivo, con ello se observa que la demanda fue mal dirigía por parte de la demandante, pues la Comisión de Transición en nombre del Gobierno de la República de forma liberal, comprometió al Gobierno Central al pago de una indemnización económica a todos aquellos trabajadores pertenecientes a la Empresa Nacional Portuaria y afiliados al SITRAENP y que hayan aceptado la oferta de trabajo por parte de Operadora Portuaria Centroamericana, una indemnización monetaria conforme a una escala que se determinaba de acuerdo a la antigüedad de cada trabajador, pero dicha Acta no fue suscrita por el Gerente General de la Empresa Nacional Portuaria quien ostenta la representación legal de la misma y que es la única persona que puede comprometer o adquirir compromisos onerosos que afecten a la Empresa Nacional Portuaria, por cuanto fue el Gobierno de la República quien otorgó a través de su representante la Comisión de Transición, el pago de una cantidad de dinero y no la patronal, aun y cuando dicha indemnización sea derivada de una relación laboral, ya que ningún tercero puede en nombre de otro, adquirir compromisos económicos sin estar debidamente facultado para ello y del Acuerdo No. 647 emitido por el Poder Ejecutivo y de fecha 5 de diciembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 26 de diciembre del año 2013, en su Artículo Segundo, clara y específicamente establece que la Comisión de Transición representará al Gobierno de Honduras ante el Operador privado en el traspaso de la instalaciones y actividades concesionadas y nunca establece que va a representar a la ENP, por cuanto sus acciones comprometían únicamente al Gobierno Central y es a esté que la demandante debió dirigir su acción por actos realizados por la Comisión de Transición tantas veces mencionada. En cuanto a la Excepción Perentoria de Prescripción interpuesta se puede observar que en el Acta de Negociación tantas veces referida, la misma establece en el Numeral 1 en su párrafo final, que dicho pago sería efectivo en fecha 7 de Enero del año 2014 y la demanda para exigir dicho derecho, ha sido interpuesta por la demandante hasta en fecha 23 de febrero del año 2016, es decir, que del cómputo numérico resulta que han transcurrido aproximadamente 2 años 1 mes y 16 días, por lo cual ha transcurrido por mucho, el término de prescripción que establece el Artículo 867 del Código del Trabajo, como lo ha señalado la parte demandada, por cuanto el alegato que hace el representante procesal de la parte demandante en cuanto a que dicho término de prescripción no es aplicable a su representada por no constituir salario, ya que era una suma que ocasionalmente y por medio de liberalidad recibe el trabajador del patrono como las primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales, lo cual no es aplicable en este caso, pues aun así la prescripción siempre transcurre y es aplicable a la demandante, pues es un derecho que se deriva de una relación laboral, pero en este caso dicha indemnización no fue ofrecida por la patronal sino por un tercero, que es el Estado de Honduras a través de la Comisión de Transición, como anteriormente se establecía.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la Comisión de Transición nombrada por el Poder Ejecutivo se obligó con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria al aceptar la propuesta presentada por éste a favor de sus agremiados, y de ella, también resultó obligada la patronal demandada Empresa Nacional Portuaria; producto de dichos consensos, se pone fin por mutuo acuerdo a la relación de trabajo entre la Empresa Nacional Portuaria y la trabajadora Lidia Cristina Ortiz Pérez y le es pagado a ésta el total de las prestaciones laborales según consta a folio 248 de la primera pieza, extendiendo la trabajadora finiquito de solvencia en relación con los conceptos otorgados. El cumplimiento de las obligaciones contraídas por la comisión y la demandada no se agota con el pago de prestaciones laborales por la terminación del contrato, pues al efecto existe una obligación asumida por la Comisión en donde se encontraba representada la patronal y producto de ello es no solo la terminación del contrato de trabajo y el pago de prestaciones para los trabajadores que pasaran a laborar para el nuevo operador, sino también el pago de una indemnización (bono) adicional a las prestaciones por lo dejado de percibir en el XVI contrato colectivo de condiciones generales de trabajo vigente como ajuste a la cesantía de conformidad a la escala establecida en el documento precitado, prueba de ello, es que la demandada había recibido un pago anticipado como retribución por el contrato suscrito con el nuevo operador, y pagó en el año 2015, a un grupo de 284 trabajadores la citada indemnización producto de un reclamo laboral, sin que en ellos se encontrara la actora pese a ésta cumplir con la condición de encontrarse afiliada al sindicato, haber pertenecido a la terminal de contenedores de Cortés, TCC, con más de quince años de servicio, finiquitar la relación de trabajo con la demandada por mutuo y celebrar nuevo contrato con la operadora. Cierto es que, en el acuerdo, se fijó como fecha de pago de la indemnización el día martes 7 de enero del año 2014, pero el término en estos casos no corre a favor del deudor, por virtud del reconocimiento que éste ha realizado en la citada acta al tenor de lo establecido en el artículo 868 literal b) del Código del Trabajo. Por lo tanto, se estiman incorrectas las apreciaciones del a-quo en cuanto a que la demanda fue mal dirigida, pues la demanda según dispone el artículo 705 del Código del Trabajo se dirigirá contra la parte a quien se reclama o contra su representante cuando éste tenga facultad para comparecer en juicio en nombre de aquel, cierto es que el consenso se firmó entre la comisión de Transición en nombre del gobierno de la República, pero en dicha comisión se encontraba representada la Empresa Nacional Portuaria, quien como patrono responde ante los trabajadores por las obligaciones que emanan de la relación de trabajo, prueba de ello es que producto de los citados consensos, trabajadora y empresa pusieron término a la relación de trabajo por mutuo acuerdo, con el reconocimiento al 100% del pago de las prestaciones por dicha terminación, quedando pendiente el pago de la indemnización acordada.- 5. Mediante auto de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha siete de febrero del dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha siete de febrero del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintitrés de abril del dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCIÓN DIRECTA por falta de aplicación del artículo 867del Código del Trabajo. La Corte sentenciadora no aplica el artículo 867 del Código del Trabajo cuando debió aplicarlo, en relación a lo prescrito en el artículo 862 del Código del Trabajo y el 2289 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del trabajo vigente. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA: La conceptualización conocida del Derecho Civil como el derecho privado común y general, autoriza y legitima, en primer término, el reenvío hecho por el Código del Trabajo a la norma civil. Por la dualidad de fundamento que concierne a la institución de la prescripción: desde un punto de vista subjetivo, como sanción a la inactividad del acreedor; desde un punto de vista objetivo, como una tutela al orden público mediante la consolidación de situaciones jurídicas y ulterior concreción del valor de la seguridad jurídica. Al respecto las palabras de Josserand son extremadamente claras: es de presumir que después de cierto tiempo una obligación haya sido ejecutada, o de una manera más general, que el deudor haya sido regularmente liberado; la prescripción no es sino la consagración jurídica y oficial de dicha probabilidad; es un medio de prueba o, más bien, una dispensa de prueba, tanto o más que un medio de extinción. Es muy diferente la significación de los plazos prefijados; al establecerlos, el legislador lo único que quiere es obligar al titular de un derecho a tomar partido rápidamente; no se hace en modo alguno intérprete de su voluntad, sino que realiza un acto de autoridad; no instituye una presunción, sino una pérdida que inflige al retardatario, pura y simplemente, y que tiene el valor de una sanción, como aquella en que incurre el estudiante que no se ha matriculado en los plazos reglamentarios”. Continúa este autor: “los plazos prefijados como una guillotina sin tener en cuenta ninguna consideración, y ello porque son completamente extraños a toda idea de prueba y de la presunción; instituyen una realidad, no consagran un cálculo de probabilidades: van directamente al fin sin que nada pueda hacer que se desvíen; son verdaderas medidas de policía jurídica, libres de toda aleación”. Josserand, L., Teoría general de las obligaciones, op. cit., pp. 603-605. También entiendes Vos Honorable Corte Suprema de Justicia, según abundante Jurisprudencia, que la violación directa de la ley, parte de la base de que la 3entencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con él. Si el impetrante demuestra la forma en que la Corte sentenciadora incurrió en la infracción de la disposición sustantiva que cita, dará lugar a la prosperidad del recurso, y constituida la Corte sede de instancia, procederá a dictar la sentencia que en derecho corresponda, y a ese criterio jurisprudencial me apego como censor del fallo a demostrar en qué consiste la violación directa de ley sustantiva de la Corte sentenciadora. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Corte sentenciadora infringe el artículo 867 del Código del Trabajo que expresa: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus Reglamentos de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses....” A CONTINUACION EXPLICO LA VIOLACION: La Corte de Apelaciones del Trabajo dejó de aplicar en su fallo el artículo 867 del Código del Trabajo, como se explica seguido. El artículo 862 del Código del Trabajo en su párrafo primero establece que, prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este Capítulo”. Ya el artículo 2289 del Código Civil establece que, “las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. La EMPRESA NACIONAL PORTUARIA como medio de defensa opuso la Excepción perentoria de Prescripción del Derecho y la Acción fundada en el párrafo primero del artículo 867 del Código del Trabajo. La sentencia recurrida violenta el precepto legal sustantivo de orden nacional por infracción directa, por la no aplicación del artículo 867 del Código del Trabajo, por inobservancia delo prescrito el artículo 2289 del Código Civil y artículo 862 del Código del Trabajo. El A Quo, al declarar con lugar la Excepción perentoria de Prescripción de la acción, consideró que había transcurrido más de dos (2) meses desde la terminación el día 13 de diciembre de 2013 de la relación laboral por Mutuo Acuerdo, y desde el 07 de enero de 2014 para el pago de la indemnización; que en ambas fechas evidentemente se excede en gran manera del plazo legal, la Corte de Apelaciones considera que hubo interrupción de las prescripción en base al artículo 868 letra b) del Código del Trabajo. Resulta que la prescripción declarada por él A Quo en base al artículo 867 del Código del Trabajo, no debió ser revocada por la Corte de Apelaciones en virtud de que al haberse terminado la relación laboral desde el 13 de diciembre del año 2013 y el reclamo fuera planteado hasta el 23 de febrero de 2016 por la ex trabajadora LIDIA CRISTINA ORTIZ PEREZ, éste ya no se originaba directamente en contrato de trabajo, porque solo en su vigencia es procedente dicho reclamo, y al momento de demandar ya no laboraba ni prestaba servicio alguno para la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA por estar extinguido el mismo, precisamente desde el 13 de diciembre del año 2013, habiendo prescrito la acción por el mero lapso del tiempo (más de dos (2) meses); así relacionado en el artículo 2289 del Código Civil, quedando liberada la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA de la obligación reclamada, ya extemporáneamente, como así se relaciona en el artículo 862 del Código del Trabajo. Admitir de plano la interrupción, la figura de la Prescripción extintiva laboral contenida en el artículo 862 del Código del Trabajo, sería una ficción o un medio de liberación de obligaciones ilusorio, en virtud de que siempre se excepcionará por el eventual deudor, como reacción a la demanda, de la cual siempre tendrá la iniciativa de comparecer a instancia administrativa o judicial primero el que se considera acreedor. No haber tomado en cuenta el lapso de tiempo transcurrido, la Corte sentenciadora violó directamente la ley sustantiva de orden nacional consistente en la no aplicación del artículo 867 del Código del Trabajo, cuando debió aplicarlo, en relación a lo prescrito en el artículo 862 del Código del Trabajo y el artículo 2289 del Código Civil. NULIDAD SUBSIDIARIA. SE SUPLICA LA NULIDAD SUESIDIRIA DEL FALLO RECURRIDO COMO CUESTION ADICIONAL AL RECURSO, si la Corte advirtiere causas de nulidad en el mismo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, siendo que, los argumentos y pretensiones, sobre si el pago de la indemnización acordada se generaba o no directamente de la relación de trabajo que existió entre las partes, fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; b) Hace referencia a normativa no indicada en la formulación del cargo, tal es el caso del artículo 868 del Código del Trabajo; y, c) formula alegaciones propias de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 604-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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