Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-592-17 — Registro 8654

Resumen

En segunda instancia se declaró con lugar el recurso de y se reformó la sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e ilegal; pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “- III. Que la Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al reformar el fallo de primera instancia, realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, la relación laboral que existió entre las partes, que existió una actividad desempeñada por la demandante a favor de los intereses del empleador, un salario como retribución y la subordinación, por lo que la terminación de dicha relación de trabajo sin causa justificada se vuelve ilegal e injusta.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, artículo 238 del Código Procesal Civil, no ostenta el carácter sustantivo requerido en este recurso extraordinario de casación, además no pertenece al orden laboral; b) cita de forma incompleta el precepto autorizante al omitir indicar el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) en la explicación alude a errónea interpretación del artículo 20 del Código del Trabajo, disposición que no fue indicada como violada en la formulación, lo cual provoca falta de claridad y precisión en el motivo, además dicho precepto no es de carácter sustantivo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, d) formula alegaciones propias de instancia.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación omite indicar el concepto de la violación, si por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, es hasta la explicación que hace referencia a errónea interpretación; b) el artículo 20 del Código del trabajo no es de carácter sustantivo por lo tanto inatacable en casación; c) el precepto autorizante señalado invoca el párrafo segundo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, propio para la violación por la vía indirecta y no para la directa (interpretación errónea), la cual se sustenta en el párrafo primero de dicha norma; y, d) carece de suficiente explicación.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha ocho de febrero dos mil dieciocho, por la Abogada MELIDA MARIA LARA HERNANDEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora CLAUDIA MARIA BEDOYA RAMIREZ, representada en juicio por el Abogado ARLEX MANUEL CARCAMO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, injusto e ilegal, salarios dejados de percibir a título de indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, por la señora CLAUDIA MARIA BEDOYA RAMIREZ, mayor de edad, casada, Doctora en Odontología General y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ARLEX MANUEL CARCAMO, actuando en su condición de Representante Procesal de la parte demandante-apelante.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 20 de junio del año dos mil diecisiete, que corre a folios del 87 al 90, frente y vuelto de la primera pieza de autos así: REVOCAR numerales I y II de la sentencia apelada: UNO: a) DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e ilegal; pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por la señora CLAUDIA MARIA BEDOYA RAMIREZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal y Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA.- b) CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal y Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA a pagar a la señora CLAUDIA MARIA BEDOYA RAMIREZ, sus prestaciones e indemnizaciones laborales en los siguientes conceptos: Preaviso: Lps.35,000.00; Auxilio de Cesantía: Lps.245.000.00; Auxilio de Cesantía Proporcional: Lps.2,479.15; Vacaciones: Lps.23,333.20; Vacaciones Proporcionales: Lps.1,650.82; Aguinaldo Proporcional: Lps.9,625.00; Décimo Cuarto Mes Proporcional: Lps.2,125.00 para hacer un Gran Total de Lps.319,213.17 más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta la fecha que quede firme la sentencia definitiva condenatoria.- II.- CONFIRMAR el numeral III.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud específicamente con PRONASSA, mediante contrato de trabajo celebrado en fecha 10 de marzo de 1999, vigente hasta el 30 de junio de 2001, constando en el mismo las condiciones que lo regirían y del cual no le fue proporcionada ninguna copia, ocupando el cargo de médico odontóloga y devengando un sueldo base mensual de L.8,000.00; vencido este contrato, la demandante siguió laborando sin oposición a partir del 01 de julio del 2001, siendo asignada con el programa autofinanciable del Centro de Salud Médico Odontológico (CESAMO) del Barrio Villa Adela de Comayaguela, dependencia de la Secretaría de Salud, siendo separada del cargo el 21 de agosto del 2015, con una antigüedad de 14 años, 1 mes y 20 días. En fecha 07 de julio del 2010, el Director Regional de Salud Metropolitana Doctor Salomón Sorto del Cid y la Odontóloga Regional Doctora Maribel Juárez, confirmaron al Director del Centro de Salud Médico Odontológico (CESAMO) que la demandante continuaría desempeñando con las labores asignadas, asimismo fue nombrada como Jefe Interino del Departamento de Odontología de dicho Centro de Salud. Que en fecha 21 de agosto del 2015, la demandante fue sorprendida con una nota enviada por el Doctor Oswaldo Caballero, Director del Centro de Salud de Villa Adela, dependencia de la Dirección General de Salud Pública, donde se le comunicó que todos los médicos odontólogos que se desempeñen autofinanciables en los distintos establecimientos de salud que no tenga ninguna relación con la Secretaría de Salud deben abandonar las instalaciones odontológicas de la región Sanitaria Metropolitana quedando únicamente los odontólogos legalmente contratados o que tuvieren acuerdo de nombramiento como tal o sea autofinanciables, agradeciéndoles los servicios prestados en bien de la comunidad, por el cual dicho oficio es injusto e ilegal ya que no señala ninguna de las causales de las establecidas en los artículos 111 y 112 del Código del Trabajo, para dar por terminado el contrato de trabajo a través del despido del cargo que desempeñaba la demandante, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, brindó la oportunidad para que la señora Claudia Maria Bedoya Ramírez, estuviera bajo el programa autofinanciable del establecimiento de salud del Odilón Renderos en el barrio Villa Adela, programa que consistía que a cualquier odontólogo se le prestaba un espacio físico para que atendiera a la población adulta, consistiendo el 60% del total de lo que generaba dichas atenciones de odontología para el pago del servicio brindado y con un 40% se contribuía al abastecimiento de equipo, insumos, mobiliario y mantenimiento del mismo; en agosto 2015, se le comunicó a los jefes y personal encargado de odontología mediante oficio comunicando que el programa autofinanciable ya no continuaría, razón por la cual la demandante fue separada de dicha institución debido a que solo el personal bajo acuerdo o contrato continuaran laborando debido a la finalización del programa; en relación a que trabajó en PRONASSA será la parte actora quien deberá probarlo en el momento procesal oportuno, ya que no se encontró constancia en los registros de Contratación. Se acepta parcialmente el hecho segundo de la demanda, en relación que la demandante se presentaba diariamente al establecimiento de salud del Odilón Renderos en el barrio Villa Adela, para poder hacer uso de la oportunidad brindada en base al programa autofinanciable, mismo que inició por la necesidad de ampliar el servicio de odontología a la población adulta, con el objetivo principal de mejorar la calidad de atención en los servicios de salud oral teniendo tres objetivos específicos siendo la de dar cobertura de atenciones en salud oral a otros grupos de población; en virtud que este sistema era autofinanciable y auto sostenible por lo tanto no siendo empleada ya que ella se financiaba económicamente de sus servicios con el 60% que ella misma generaba, por lo que no existía expediente de empleada por no estar contratada mediante acuerdo o contrato, siendo únicamente por la duración del programa autofinanciable; referente a lo de Jefe de Odontología de manera interna tendrá que acreditarlo en el momento procesal oportuno debido a no existir constancia del mismo. Que se acepta únicamente en lo que se refiere a que la Jefe Regional por ley, Regional Sanitaria Metropolitana del Distrito Central de Francisco Morazán, mediante Oficio N. 2386 JR-RSM-DC de FM, de fecha 19 de Agosto del 2015, comunicó a los médicos Odontólogos que se desempeñaban en un programa Autofinanciable de Odontología, que fue creado sin un acuerdo, ministerial del servicio de Odontología, con el objetivo de mejorar la calidad de atención en los servicios de salud oral, dirigido a la población adulta; no obstante por su característica de la prestación de servicio autofinanciable, el cual consistía en brindarle a los odontólogos un espacio físico para atender a la población de adultos, consistiendo un porcentaje de lo generado por dichas atenciones a pagar sus servicios; por recomendaciones de la auditoria interna a nivel central, se le hizo de su conocimiento a los médicos odontólogos del contenido de dicho oficio; por lo tanto se rechaza totalmente cuando la actora de la demanda aduce que se le solicitó que abandonara las instalaciones de su puesto de trabajo, ya que en ningún momento la Secretaría en mención suscribió ningún tipo de contrato ni realizó nombramiento alguno, con la parte actora, por cuanto además de que las contrataciones verbales conforme a la normativa del artículo 39 del Código de Trabajo ya establece que los contratos verbales se da cuando se refiere: a) Servicio Doméstico; b) Trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días; c) Obras determinadas cuyo valor no excedan de 200 lempiras y d) Labores agrícolas o ganaderas; el Estado de Honduras no utiliza ese tipo de modalidades de contrataciones ya que se sujeta a un Plan Operativo Anual (POA) y a Disposiciones Generales Presupuestarias, es decir existe una estructura de puestos y salarios en materia de personal; razón por la cual no se trató de un despido, pues a la demandante simplemente se le dio a conocer la no continuación del programa autofinanciable quedando laborando solo el personal con acuerdo o contrato; en consecuencia resulta improcedente la aplicación de los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, en virtud de que la reclamante no era considerada empleada permanente de la institución razón por la cual no se le pueden brindar los derechos de empleados permanentes por no existir dicho vínculo con la parte demandada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y los salarios dejados de percibir, promovida por la señora Claudia Maria Bedoya Ramírez, contra el Estado de Honduras; Absolviendo al demandado de pagar a la demandante los conceptos antes mencionados, sin costas; bajo el criterio que la demandante señala que inició su relación de trabajo con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud mediante Contrato de Trabajo celebrado en fecha 10 de marzo de 1999 vigente hasta el 30 de junio de 2001, ocupando el cargo de Medico Odontóloga y devengando un sueldo base de L. 8,000.00, vencido este Contrato siguió laborando a partir del 01 de julio de 2001, siendo asignada con el programa autofinanciable del Centro de Salud Medico Odontológico CESAMO del Barrio Villa Adela, dependencia de la Secretaría de Salud, separada del cargo el 21 de agosto de 2015 con una antigüedad de 14 años, 1 mes y 20 días; que el 21 de agosto de 2015 la demandante fue sorprendida con una nota enviada por el Doctor Oswaldo Caballero comunicándole que todos los médicos odontólogos que se desempeñen autofinanciables en los distintos establecimientos de salud que no tenga ninguna relación con la Secretaría de Salud deben abandonar las instalaciones odontológicas, quedando únicamente los odontólogos legalmente contratados, correspondiéndole a ella acreditar este extremo en vista de que en materia probatoria, es Principio Universal que: “Quien afirma una cosa, es quien está obligado a probarlo”. Sin embargo durante el transcurso del juicio no aportó prueba fehaciente que acreditara tal aseveración; en tal razón como ya se dijo anteriormente a la demandante le correspondía probar la relación material y real de los hechos alegados en su Libelo de Demanda; por lo que debió acreditar la relación de trabajo que confirma sostuvo con la institución demandada; así como también acreditar que fue objeto de despido por parte de la misma; situación que no ocurrió en las presentes diligencias; por lo que al no haber probado dicha relación no pudo haber existido despido alegado por la demandante y la institución demandada; a lo que la parte demandada acreditó que la demandante estaba bajo el Programa Autofinanciable del Establecimiento de Salud del Odilón Renderos en el Barrio Villa Adela programa que consistía que cualquier odontólogo se le prestaba un espacio físico para que atendiera a la población adulta consistiendo el 60% del total de lo que generaba dichas atenciones de odontología para el pago del servicio brindado y con un 40% se contribuía al abastecimiento de equipo, insumos, mobiliario para el mantenimiento del mismo; en vista de lo anterior la Suscrita es del criterio que procede declarar sin lugar la presente demanda. Que la parte demandante también reclama en el acápite Cuantía de la demanda vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional; conceptos que proceden declarar sin lugar ya que solamente son reconocidos por el patrono cuando ha existido una relación laboral y esta finaliza por cualquier motivo y la demandante no acreditó su relación laboral que la unió con la institución demandada con ningún medio de prueba.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba allegados por las partes al proceso, específicamente con el medio documental quedó probada la relación laboral que existió entre el empleador y la demandante la cual se inició con evidente certeza a partir del 01 de junio del 2001, siendo asignada con el Programa Auto Financiable del Centro de Salud Médico Odontológico Césamo del Barrio Villa Adela de Comayaguela ver folio No. 6 que conforme nota del 01 de julio del 2001 emitido por la Doctora Merza Paz de Rodríguez, en su condición de Directora Regional y remitida a la Doctora Nora de Mendoza, Directora de Cesamo de Villa Adela en la cual expresa: “Por este medio presento a usted a la Doctora CLAUDIA BEDOYA, quien a partir de la fecha prestará sus servicios Profesionales como Odontóloga en el Programa Auto Financiable de ese Cesamo”. Como se aprecia en esta notificación la existencia de subordinación de la trabajadora a una dependencia sanitaria de la Secretaría de Salud ejercida por una autoridad de dicha Secretaría como es la Directora Regional de la Región Sanitaria Metropolitana; está probada de autos que los servicios prestados por la demandante no eran dirigidos a una población de pacientes privados o exclusivos de la demandante, sino que atendía a una población adulta del sector público y de imperativa obligación de brindarle atención salubre por la Secretaría de Salud en jurisdicción del Cesamo Odilon Renderos del Barrio de Villa Adela de Comayaguela del Distrito Central; que la recaudación llegaba por medio del Administrador del Cesamo de la cual se le pagaba a la demandante, y además la dependencia estatal se beneficiaba para obtener equipo, insumos, mobiliarios y mantenimiento del mismo todo estaba bajo control y Dirección del empleador. Tal como está reconocido en el proceso por la parte demandada en la contestación de la demandada (ver folios del 6 al 10 y del 36 al 39 de primera pieza de autos). Que en aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad y de lo analizado en el presente caso concreto, haciendo acopio de la equidad y la justicia, que dejan probada de autos de cómo estuvo ligado y regulado muchos aspectos puntuales de la relación laboral, se aprecia que existió una actividad desempeñada por la demandante a favor de los intereses del empleador, un salario por la actividad y una plena subordinación de un jefe por lo que a criterio de este Tribunal existió una genuina relación laboral y un ilegal despido. La Juez Sentenciadora al ignorar todas estas circunstancias y hechos se equivoca al declarar sin lugar la demanda, por lo que procede su reformatoria.- 5. Mediante auto de fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MELIDA MARIA LARA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de febrero dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal la Abogada MELIDA MARIA LARA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado ARLEX MANUEL CARCAMO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada MELIDA MARIA LARA HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta incurriendo en error de hecho al apreciar erróneamente un medio de prueba documental publico admitido, misma que aparece manifiesta en autos; lo cual, llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo la prueba erróneamente apreciada de la siguiente manera: documental consistente en nota de fecha uno de julio del 2001 emitido por la doctora MERZA PAZ DE RODRIGUEZ, directora Regional mima que es remitida a la doctora NORA DE MENDOZA directora del Cesamo de Villanueva (ver folio primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. En dicho medio de prueba se puede constatar: “Por este medio presento a usted a la doctora CLAUDA BEDOYA quien a partir de la fecha prestara sus servicios profesionales como odontóloga en el programa auto financiable del cesamo” (el subrayado es mío). EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al modificar por mayoría de votos el fallo dictado acertadamente por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental singularizado, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En ese sentido, resulta cierto que el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, para formar su libre convencimiento; pero esto no impide de manera alguna la obligación de efectuar tal apreciación de las pruebas en su conjunto, como una obligación insoslayable. Apreciación que debe ser acertada y completa. Así las cosas, la corte recurrida al valorar este medio de prueba erróneamente, de hecho, arriba a la conclusión que se colige de tal documento una subordinación, pues la doctora PAZ DE RODRIGUEZ directora Regional de salud le presenta a la directora del cesamo Villa Adela doctora NORA DE MENDOZA, a la odontóloga hoy demandante. En adición a ello, confusamente deriva que los pacientes de la señora BEDOYA RAMIREZ no fueron privados, pues el administrador del cesamo era quien pagaba su sueldo y le deducía para materiales el cuarenta por ciento. Sin soslayar que, arbitrariamente infiere la existencia de un salario cuando el mismo ni siquiera puede determinarse, pues del total percibido el sesenta por ciento era entregado a la demandante. En el caso en particular, si se hubiera apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado -mismo que resulta decisivo para la decisión tomada- hubiera el fallador dado por establecido en forma indubitable, que la doctora MERZA PAZ únicamente le indicaba a su subordinada que CLAUDIA BEDOYA se acogió a un programa auto sostenible; el cual para efectos de una correcta administración necesariamente requería de un control, pues un odontólogo no autorizado no podía instalarse en un cesamo del país. Es más, al integrar esa prueba en su conjunto por parte de la corte sentenciadora, alude una situación de hecho, que efectivamente el Estado reconoció; esto es, que el administrador del sésamo era quien le pagaba, no un salario, sino la parte acordada con Ella del total de lo cobrado por ese servicio semi-publico. En este novedoso programa no se cobraban cantidades bajas por concepto de atención, como si ocurre en otros cesamos del país; pero tampoco las cantidades del sector privado. En función de lo cual, no existía dependencia jerárquica pues la señora BEDOYA RAMIREZ entre más personas atendía más ganaba; sino llegaba atender o se alejaba del lugar signado a ella, no podría ser objeto de ningún tipo de sanción; sin embargo se vería afectada en sus ingresos. A consecuencia de lo anterior, la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el artículo 113 del Código del Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen. Aunque, el magistrado disidente no esgrime su fallo, claramente puede establecerse su desacuerdo con la arbitraria sentencia objeto del presente recurso; misma que debe ser casada como instrumento de rectificación judicial de las decisiones arbitrarias. A consecuencia de lo anterior, la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen. Lo anterior, porque el Estado en la presente causa no está obligado a probar una justa causa de despido, muchos menos a pagar las indemnizaciones impuestas en la sentencia recurrida. Aunque, el magistrado disidente no esgrime su fallo, claramente puede establecerse su desacuerdo con la arbitraria sentencia objeto del presente recurso; misma que debe ser casada como instrumento de rectificación judicial de las decisiones arbitrarias.”.- III. Que la Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al reformar el fallo de primera instancia, realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, la relación laboral que existió entre las partes, que existió una actividad desempeñada por la demandante a favor de los intereses del empleador, un salario como retribución y la subordinación, por lo que la terminación de dicha relación de trabajo sin causa justificada se vuelve ilegal e injusta.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso al fallo recurrido de ser violatorio de la Ley sustantiva nacional y accesoria en índole laboral, conforme lo establecido en el artículo 238 numeral 1 del Código Procesal Civil, el cual establece que “Corresponde al actor y al demandado recombinante la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención” en vista que la Sentencia dictada en fecha veinte de junio del año 2017 por el Juzgado de Letras de lo Laboral de Francisco Morazán fue dictada con apego Derecho, ya que la relación que existió entre la Demandante y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud se trataba de una relación de Beneficiador—Beneficiario, no de Empleador — Empleado, y debido a que en ningún momento del proceso la parte demandante acreditó que existiese una relación contractual vigente, y por ende no pudo existir el despido directo e ilegal demandado, incurriendo con dicho fallo en la infracción directa del principio universal que “Quien afirma una cosa, es quien está obligado a probarla”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al reformar por mayoría de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en una errónea interpretación del artículo 20 numeral 3 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvo la señora CLAUDIA MARIA BEDOYA RAMIREZ con mi representada, fue como Beneficiaria de un Programa Auto sostenible; por lo cual, al ser la demandante una beneficiaria de carácter temporal, no puede ser considerada la existencia de una relación Laboral legalmente establecida como lo es el caso de los empleados bajo la modalidad de contrato o nombrados mediante Acuerdo Ministerial. En función de lo anterior, la interpretación correcta que el juzgador debió realizar del articulado descrito, es que la demandante CLAUDIA MARIA BEDOYA RAMIREZ en apego a lo establecido en el artículo 238 numeral 1 del Código Procesal Civil, no logró probar la relación contractual que alega debido a que esta nunca existió.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, artículo 238 del Código Procesal Civil, no ostenta el carácter sustantivo requerido en este recurso extraordinario de casación, además no pertenece al orden laboral; b) cita de forma incompleta el precepto autorizante al omitir indicar el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) en la explicación alude a errónea interpretación del artículo 20 del Código del Trabajo, disposición que no fue indicada como violada en la formulación, lo cual provoca falta de claridad y precisión en el motivo, además dicho precepto no es de carácter sustantivo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, d) formula alegaciones propias de instancia.- VI.- Que la Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Que no se configuran en su totalidad los tres requisitos establecidos en el Artículo 20 del Código del Trabajo, ya que si bien es cierto existía una actividad personal realizada por la demandante, y subordinación a los preceptos reglamentarios de la institución, la retribución económica que la demandante recibía provenía de lo recaudado con cada consulta que brindaba a los usuarios, no de fondos Públicos asignados a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; esta última solamente brindó a la demandada el beneficio de utilizar sus instalaciones y equipo siempre y cuando diera mantenimiento a dicho equipo y reestableciera los materiales utilizados, esto para beneficiar a la población que requirió de servicios odontológicos. Por lo que es evidente que en el fallo recurrido podemos apreciar la interpretación errónea a la norma jurídica antes citada. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones al reformar la Sentencia aplicó una errónea interpretación a lo establecido en el Artículo 20 numeral 3 del Código de Trabajo ya que no le es aplicable el precepto estipulado como una salario, por ser la demandante una beneficiaria de un programa auto sostenible, por consiguiente también El Estado de Honduras no está obligado a indemnizar a la demandada por un despido directo e ilegal cuya relación laboral de origen nunca fue probada, por ende dicho despido no pudo haber sido probado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación omite indicar el concepto de la violación, si por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, es hasta la explicación que hace referencia a errónea interpretación; b) el artículo 20 del Código del trabajo no es de carácter sustantivo por lo tanto inatacable en casación; c) el precepto autorizante señalado invoca el párrafo segundo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, propio para la violación por la vía indirecta y no para la directa (interpretación errónea), la cual se sustenta en el párrafo primero de dicha norma; y, d) carece de suficiente explicación.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 592-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

16