Sentencia CL-582-17 — Registro 8965
Resumen
En segunda instancia se reforma la sentencia y se condenar al Estado de Honduras través de la Procuraduría General de la República, a pagar la suma de Doce Mil Ochocientos Ochenta y Un Lempiras Con Noventa y Dos Centavos (L 12,881.92) en concepto de ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales; Absolver al Estado de Honduras través de la Procuraduría General de la República del pago de salarios caídos o dejados de percibir.- Confirmando la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“III. Que el cargo que antecede no resulta admisible por las razones siguientes: a) se indican como normas sustantivas infringidas, entre otros los artículos 46 literal b), 738, 739 y 769 a) del Código de Trabajo y 48 de la ley de salario mínimo, no ostentan ese carácter, entendiendo que para los efectos de este extraordinario recurso lo es toda aquella que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones recíprocos para trabajadores y patronos o los extingue, conforme lo establecido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del referido Código; b) carece de claridad y precisión al señalar error de hecho por aplicación indebida, modalidades de violación a la ley sustantiva distintas, que se deben indicar en forma separada e independientes.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de mayo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 07 de febrero del 2018, por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor MARIO ROBERTO FLORES AVILÉZ, representado en juicio por el Abogado ELIO CASTELLANOS CASTELLANOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, de lo contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales, vacaciones adeudadas y proporcionales, salarios caídos, reajuste del salario mínimo, multa por el no pago del salario mínimo en concepto de daños y perjuicios y demás indemnizaciones legales, todo derivado de un despido directo, injusto e ilegal que no se ajusta al artículo 112 del Código de Trabajo, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de octubre del 2016, por el señor MARIO ROBERTO FLORES AVILÉZ, mayor de edad, soltero, Inspector, hondureño y con domicilio en Choloma, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de octubre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 21 de julio del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en audiencia pública de fecha 21 de julio del año 2017.- SEGUNDO: REFORMANDO la sentencia antes referida y dictada en las diligencias iniciadas con la demanda Laboral promovida por el señor MARIO ROBERTO FLORES AVILEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuraduría General de la República, reforma que se contrae a: I.- Condenar al ESTADO DE HONDURAS través de la Procuraduría General de la República, a pagar la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L 12,881.92) en concepto de ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales; II.- Absolver al ESTADO DE HONDURAS través de la Procuraduría General de la República del pago de salarios caídos o dejados de percibir.- TERCERO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos, es decir, en lo que respecta a declarar con lugar la demanda para el pago de ajuste de prestaciones (pero en la cantidad fijada por este iudex ad quem) y la absolución de pago por reajuste de salario mínimo y vacaciones causadas, y la exoneración de costas.- SIN COSTAS, en esta instancia ….”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que durante trabajo para la demandada, lo hizo bajo la modalidad de contractual de jornal bajo sistema de planillas, como Inspector en las oficinas de San Pedro Sula, a partir del 01 de Julio de 2011, devengaba un salario base mensual de L.8,105.00, con un horario de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, que el 21 de Julio de 2016, fue notificado del despido, que sería efectivo a partir de dicha nota, despido que se debió a la reestructuración ordenada por la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, ofreciéndole el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que por ley le correspondían; alegó que en la nota de despido no se le establecieron las causales justas y legales; que la relación de trabajo que mantuvo reunía los tres elementos establecidos en los artículos 20, 21 y 37 del Código de Trabajo; además argumento que devengó un salario inferior al salario mínimo vigente, por lo que solicitó “reajuste al salario mínimo”; que la relación de trabajo fue permanente y continua, conforme al artículo 47 del Código de Trabajo, y que el patrono trato de ocultar la permanencia y continuidad laboral, obligándolo a firmar de forma periódico una serie de contratos para hacerlo pasar por empleado temporal; que durante laboro el patrono le reconocía el pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, así como también el goce de vacaciones remuneradas, conceptos estos que constituyen derechos salariales que se les otorga a los empleados que gozan de continuidad y permanencia en sus trabajos, tal como lo especifica el artículo 9 de la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes en concepto de aguinaldo, con lo cual probó que el vínculo jurídico de trabajo que mantenía con la demandada, fue de carácter permanente y continuo y que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio, siendo infructuoso el mismo se dio por agotado el trámite administrativo el 30 de agosto del 2016.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda, apoyando su defensa en que al demandante se le cancelaron el total de las prestaciones e indemnizaciones laborales, mediante transferencias electrónicas a la cuenta bancaria, depositándole el total de las prestaciones a favor del demandante; que la razón por la cual se dio por terminada la relación de trabajo fue en base a lo que establece el artículo 111 numeral 2 y 9 del Código del Trabajo y por suprimir a la institución en base al Decreto Ejecutivo PCM-56-2016 de fecha 25 de julio del 2016, y que se realizó ante la autoridad competente tutelando los derechos a los ex trabajadores.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de julio del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARIO ROBERTO FLORES AVILÉZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), condenó a la parte demandada, a pagarle al trabajador demandante la cantidad de L.21,050.87, en concepto de reajuste al pago de sus prestaciones laborales;, más los salarios caídos o dejados de percibir; absolvió a la parte demandada del pago de reajuste de salario mínimo pues el demandante devengaba un salario superior al mínimo, lo mismo que del pago de vacaciones causadas, pues la demandada acredito haberlas pagado, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas en su conjunto este tribunal estima procedente declarar con lugar la demanda de merito en base a que el cálculo de prestaciones elaborado por la demandada es incorrecto, ya que toman como base un salario inferior al que le corresponde al actor, tal y como lo hace el Ministerio del Trabajo; que haciendo una operación aritmética la demandada le adeuda al trabajador demandante la cantidad de L.21,050.87 como reajuste a sus prestaciones sociales e indemnizaciones legales que le dio origen.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 12 de octubre del 2017, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en donde declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante procesal de la parte demandada; reformó la sentencia y condenó a la parte demandada, a pagar la suma de L.12,881.92 en concepto de ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales; absolvió a la parte demandada, del pago de salarios caídos o dejados de percibir; confirmó la sentencia apelada en sus demás extremos, en lo que respecta a declarar con lugar la demanda para el pago de ajuste de prestaciones (pero en la cantidad fijada por este iudex ad quem) y la absolución de pago por reajuste de salario mínimo y vacaciones causadas, y la exoneración de costas, sin costas; bajo el criterio que se concluye que la terminación del nexo jurídico laboral no se sustenta en una causa justa de las previstas en el Código del Trabajo, reglamento o contratación alguna, sino en una causa legal y legítima de la que también se derivan obligaciones económicas laborales a favor del actor, según lo dispone el artículo 111.9 y penúltimo párrafo del Código del Trabajo, mismas que fueron reconocidas por el empleador al momento de la notificación del despido y en razón de las cuales se optó por celebrar de mutuo acuerdo con el trabajador, a efecto de acordar su pago (conforme lo que por ley corresponda) y el momento en que se harían efectivas dichas obligaciones (en los días subsiguientes en el mes próximo), según se desprende del contenido del documento titulado “acta de terminación de una relación laboral por mutuo consentimiento, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales del trabajador” y que el demandante reconoce en el escrito de demanda, haciéndose efectiva la suma de L.67,647.37 mediante transferencia bancaria según se aprecia en los documentos incorporados al proceso sin objeción alguna; desde ese contexto fáctico jurídico, resulta que si bien el demandante trabajaba para la Dirección General de Transporte, su relación de trabajo estaba regulada por las normas contenidas en el Código del Trabajo, por lo tanto no es posible aplicar a dicho nexo jurídico el Acuerdo No. SCGG001-401-2015 que establece como salario mínimo a devengar por los servidores públicos la suma de L.7,300.00, sino lo que dispone la Ley de Salario Mínimo y el Acuerdo No. SSTT-599-20l3 que fija el salario mínimo a devengar durante los años 2014, 2015 y 2016, siendo para este último año la suma de L.9,168.42 mensuales, cantidad de dinero que supera a la devengada por el actor por la prestación de sus servicios durante el año 2016; y que efectuado el cálculo de prestaciones sociales, al demandante le corresponde por dicho concepto la cantidad de L.80,529.29, cuantía que es mayor a la recibida por el trabajador demandante por tales derechos laborales (L.67,647.37) y en relación a la cual resulta una diferencia de L.12,881.92 y no la cuantía de dinero establecida por el iudex a quo en la sentencia impugnada (L.21,050.87); por consiguiente, es procedente hacer la reforma de dicha resolución judicial respecto a ese valor; sin que sea posible hacer ajuste alguno del salario devengado por el actor conforme su pretensión inicial, dada su conformidad con la sentencia que nos ocupa y el principio de no reformatio in pejus; que reitera que la ruptura laboral entre el demandante y el Estado de Honduras, obedece a una causa legal y legítima, que genera para el demandado obligaciones económicas laborales a favor del actor, las que así fueron reconocidas desde la comunicación de la ruptura laboral, ratificándose ello con la suscripción del acta “de mutuo acuerdo” a efecto de consignar el compromiso asumido, haciéndose efectiva la suma de L.67,647.37 mediante transferencia bancaria, calculada en base al salario que el trabajador devengó, suma razonablemente proporcional a la realmente adeudada; de ahí que no es posible condenar al Estado de Honduras al pago de salarios caídos como lo consideró el iudex a quo, por lo que resulta atendible la pretensión de la recurrente, en el sentido de que se exonere a su representado de dicho pago; que por las razones de hecho y de derecho expuestas, este tribunal de alzada estima procedente declarar con lugar el recurso que nos ocupa y reformar la sentencia que se conoce en apelación.- 5.- Mediante auto de fecha 29 de noviembre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por los Abogados: DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS y ELIO CASTELLANOS CASTELLANOS, en su condición de representante procesal del señor MARIO ROBERTO FLORES AVILEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, omitiéndose el traslado y ordenando que la Secretaría del Despacho retenga los autos para que los Recurrentes comparezcan en el plazo de veinte días para formular las demandas de casación.- 6.- En fecha 07 de febrero del 2018, compareció ante éste Tribunal únicamente la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, omitiéndose el traslado, ordenándose dar copia a la parte contraria para que procedieran a contestar de forma común por el término de diez días, manteniendo la Secretaría del Despacho los autos a disposición.- 7.- Que mediante resolución de fecha 05 de marzo del 2018 se declaró DESIERTO el recurso de casación interpuesto por el Abogado ELIO CASTELLANOS CASTELLANOS, en su condición de representante procesal del señor MARIO ROBERTO FLORES AVILEZ; en consecuencia se ordenó proseguir con el recurso de casación presentado por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; asimismo mediante proveído de fecha 23 de agosto del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado ELIO CASTELLANOS CASTELLANOS, en su condición de representante procesal del señor MARIO ROBERTO FLORES AVILEZ, como parte recurrida/recurrente, para que contestara la demanda de casación planteada; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en el único motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN: SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Infringido de orden nacional y de índole laboral: Las Disposiciones sustantivas infringidas están contenidas en los artículos: 46 literal b), 738, 739 y 769 a) del Código de Trabajo y 48 de la ley de salario mínimo. Acuerdo N° SCGG-001-401-2015, considerando séptimo, (salario de personal por jornal) emitido por la Secretaría General de Gobierno y publicado en el diario oficial la gaceta el miércoles 27 de enero de 2016 NO.33944. Y es una ley de orden nacional. Precepto Legal Adjetivo autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas las constituyen los artículos 738 y 765 del Código de Trabajo. Acuerdo N° SCGG-001-401-2015, considerando séptimo, emitido por la Secretaria General de Gobierno y publicado en el diario oficial la gaceta el miércoles 27 de enero de 2016 NO.33944. Concepto de la Violación: La violación de Ley sustantiva por vía indirecta se produce a través de errores de hecho como consecuencia de la falta de apreciación de la prueba. La doctrina según el tratadista Arámbula Duran señala que: “El error de hecho implica conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en juicio de apreciación errónea de la prueba” tal es el caso de la Corte de Apelaciones del Trabajo al momento de emitir su no fallo el medio de prueba documental publica consistente en Acuerdo N° SCGG-001-40l-2015ª que corre agregado a folio 53, ha quedado plenamente probado que al realizar el cálculo y posterior pago de las prestaciones e indemnizaciones que le correspondían al demandante, la comisión utilizo como base salarial la que realmente le correspondía al demandante por ser de la Modalidad de Empleado Jornal, regulado por el citado Acuerdo, el que establece en su apartado séptimo que El Salario Mínimo para el personal contratado bajo la modalidad de jornal dentro de la Administración Pública Central, se aplicara la base salarial de siete mil trescientos lempiras (7,300.00), y el demandado ganaba 7,844.10, más que el salario establecido por el Estado en el caso de los jornales. pues quedo debidamente acreditado en autos que la relación que existía entre el hoy demandante y mi representado el Estado de Honduras era bajo la modalidad de Empleado por Jornal, cuyo pago es diario y son nombrados de manera temporal; con fechas de contratación mes calendario, y por medio de resoluciones decretadas por autoridad competente, tal como lo establece las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y egresos de la República para los diferentes años fiscales, y que la misma ley establece claramente en su artículo 66 que los empleados bajo el sistema de jornal, no se consideran como permanentes para ningún efecto.-Es evidente que el tribunal sentenciador no tomo en consideración la prueba documental consistente en Acuerdo N° SCGG-001-401-2015, publicado en fecha 27 de enero del año 2016 ni mucho menos La ley del salario mínimo, que en su artículo 48 ya establece claramente que “Quedan exceptuados de esta ley, los empleados públicos...” , por lo cual mi representado, EL ESTADO DE HONDURAS, con el derecho que le asiste, y con motivo del cese de la relación laboral con el ahora demandante, por motivo de la liquidación de la Dirección General de Transporte, procedió a elaborar el respectivo cálculo de prestaciones, usando como formula el salario ya establecido por el citado acuerdo.- Pruebas Dejadas de Apreciar: Las pruebas que el Tribunal Ad quem ha dejado de apreciar son: Pruebas Propuestas por la Parte Demandada consistente en los Documentos presentados en juicio que se describen a continuación: Documento de Transferencia Bancario o F-01 emitido por la Secretaria de Finanzas, que corre agregado a folios 43 y 44 b) Acuerdo N° SCGG-001-401- 2015, que corre agregado a folio 53, considerado séptimo: “para el personal bajo la modalidad de jornal dentro de la administración pública central, a partir del primero de enero del dos mil dieciséis se aplicara la base salarial de siete mil trescientos lempiras (L.7,300.00), en consecuencia ninguno de estos trabajadores podrá recibir un salario inferior a este monto...” c) Hoja de Cálculo de Indemnización y Prestaciones Laborales” que corre agregada a folio 46. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°. Párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por ERROR DE HECHO por aplicación indebida de los Artículos 46 literal b), 738 y 739 del Código de Trabajo derivado de la FALTA DE APRECIACIÓN, de los medios de prueba que a continuación singularizo: DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en Acuerdo N° SCGG-001-401-2015, publicado en fecha 27 de enero del año 2016. Del salario mínimo, el que establece en su apartado séptimo que El Salario Mínimo para el personal contratado bajo la modalidad de jornal dentro de la Administración Pública Central, se aplicara la base salarial de siete mil trescientos lempiras (7,300.00), por lo cual mi representado, EL ESTADO DE HONDURAS, con el derecho que le asiste, y con motivo del cese de la relación laboral con el ahora demandante, por motivo de la liquidación de la Dirección General de Transporte, procedió a elaborar el respectivo cálculo de prestaciones, usando como formula el salario ya establecido por el citado acuerdo, lo cual la Corte de Apelaciones del Trabajo no tomo en consideración”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible por las razones siguientes: a) se indican como normas sustantivas infringidas, entre otros los artículos 46 literal b), 738, 739 y 769 a) del Código de Trabajo y 48 de la ley de salario mínimo, no ostentan ese carácter, entendiendo que para los efectos de este extraordinario recurso lo es toda aquella que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones recíprocos para trabajadores y patronos o los extingue, conforme lo establecido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del referido Código; b) carece de claridad y precisión al señalar error de hecho por aplicación indebida, modalidades de violación a la ley sustantiva distintas, que se deben indicar en forma separada e independientes.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 582-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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