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Sentencia CL-574-17 — Registro 8649

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, en concepto de indemnizaciones los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."III.- Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 31 numeral 2) del Código Procesal Civil no ostenta el carácter de precepto legal sustantivo laboral que exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) indica como precepto autorizante el numeral 1) del artículo 765 del Código del Trabajo y en el numeral 1) literal a) del artículo 719 del Código Procesal Civil, lo cual es un desacierto, ya que no cabe incluir disposiciones procesales de carácter supletorio, cuando la normativa laboral ya contempla normas expresas que regulan las causales de este extraordinario recurso y en el caso de la primera disposición, se cita de forma imprecisa, ya que ese numeral primero del artículo 765 del referido Código, contiene dos párrafos, que hacen referencia a distintas causas o motivos del recurso; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hace referencia a una situación sobre la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer del caso, la cual fuera objeto de una cuestión incidental y que también se resolviera oportunamente en el proceso."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los mismos defectos técnicos del anterior motivo, de: a) invocar como infringida una disposición (artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas Decreto Legislativo 44-2004 del 15 de mayo de 2004) que no tiene u ostenta el carácter de ser norma sustantiva laboral; b) indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual es un desacierto, ya que no cabe incluir disposiciones procesales de carácter supletorio, cuando la normativa laboral ya contempla normas expresas que regulan las causales de este extraordinario recurso; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hace referencia a otras disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 86 y 90 del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por el Abogado FELIX GERARDO MARTINEZ U., en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora MARIA MARCELA HERRERA, representada en juicio por el Abogado EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, en concepto de indemnizaciones los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de noviembre del dos mil catorce, por la señora MARIA MARCELA HERRERA, mayor de edad, soltera, Pasante de la Carrera de Licenciatura en Educación Comercial, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, por medio del Magistrado Presidente de aquél entonces Abogado DAVID MATAMOROS BATSON. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha nueve de mayo del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por MARIA MARCELA HERRERA en contra del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL a través del Magistrado Presidente de aquél entonces Abogado DAVID MATAMOROS BATSON. 2) CONDENA AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL a reintegrar a la trabajadora MARIA MARCELA HERRERA a su puesto de trabajo como SECRETARIA ADMINISTRATIVA, a concederle todos los derechos o conquistas laborales obtenidos por los demás trabajadores en ausencia de la demandante, y a pagarle los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que fuera reintegrada a su puesto de trabajo. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para el Tribunal Supremo Electoral el 13 de agosto del año 2012, desempeñándose como Contador Financiero, devengando un salario mensual de L.15,000.00; posteriormente mediante resolución tomada por el Pleno de Magistrados número 053-2013 fue ascendida al cargo de Secretaria de Administración devengando L.13,448.00 siendo efectivo tal ascenso a partir del 01 de enero del año 2014; posteriormente el 13 de enero del 2014 mediante resolución tomada en pleno de los Magistrados número 02-2014 fue ascendida al cargo de Contador “A”, devengando un salario de L. 18,542.00, efectivo a partir del 01 de febrero de 2014. En fecha 29 de agosto del 2014, fue notificada que se cancelaba el supuesto acuerdo por el cual había sido contratada, el cual era efectivo a partir del 01 de septiembre de 2014. A pesar de notificarle el despido el 29 de agosto de 2014, en el mismo no se le informó la causal o porqué del cese de sus funciones, así como lo súbito de la notificación ya que fue de un día para otro, además en el mismo acto sólo le reconocen el pago de sus derechos adquiridos, más no el pago de sus prestaciones laborales; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante laboró por contrato por tiempo determinado y de Servicios Profesionales, por lo que no estuvo laborando en forma continua bajo la modalidad de contratos, siempre tuvo interrupciones por el término de quince días o hasta un mes, por lo que se descarta que esta contratación haya sido por tiempo indefinido, tal como la demandante lo expone en su libelo. Se reconoce que a la demandante se le contrató por tiempo indefinido a partir del 01 de febrero del 2014 y con un salario de L.18,500.00 mensuales, para desempeñar el puesto de Secretaria en la Administración, y en el cargo de Contador “A” puesto este que no existe. Que las disposiciones que rigen para el año 2015 del Decreto No.140-2014 de los Ingresos de la Administración Pública, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en la Sección A, el 18 de diciembre del año 2014, dicho decreto prohíbe a las instituciones del Estado, según el artículo 115 el nombramiento o contratación de servicios personales sin contar con la asignación presupuestaria previamente aprobada, para que la demandante pudiera legalmente desempeñar un puesto mediante Acuerdo permanente, el Tribunal Supremo Electoral no contaba ni cuenta con la asignación presupuestaria para pegarle el salario a la demandante; además en el artículo 123 de dicho Decreto 140-2014, es claro y contundente cuando expresa que con base a lo establecido en el Decreto Legislativo No.18-2010 del 28 de marzo del 2010, contentivo de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, para el Ejercicio Fiscal 2015, quedan congelados los aumentos salariales en la administración pública. En cumplimiento de lo antes expuesto, el Tribunal Supremo Electoral, y haciendo uso de las facultades legales en primer término, en su artículo 15 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, literal 24 expresa: “Que son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral, nombrar, evaluar, ascender, remover, sancionar a los funcionarios y empleados de la institución”, tal como se puede analizar, el numeral antes indicado ya expresa que dentro de las facultades, el Tribunal puede remover tanto a funcionarios como empleados de la institución; a dicho artículo se le adicionó el literal 24-A que dice: “Que podrá contratar por tiempo determinado personal adicional en el período electoral, así como reducir éste en periodo post-electoral”. El Tribunal Supremo Electoral, en el período post-electoral sin perjuicio de las tareas permanentes que establece la ley, procederá a realizar una reducción en un cincuenta por ciento (50%) del personal administrativo, técnico y electoral por un período de tiempo no mayor de dos años; y desde las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre del año dos mil trece, no había transcurrido el período de tiempo de dos años, por cuanto la demandante estaba a la disposición del contenido de dicha norma. En cumplimiento de estas normas, a la demandante no se vulneró su estabilidad laboral ni otro derecho, se le ofreció el pago de sus prestaciones sociales, la cual suman a la cantidad de L.118,596.83 con la observación de que la demandante inicialmente estuvo por contrato de servicios profesionales regulados por el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sin que estos tuviesen continuidad en la prestación de sus servicios profesionales, por lo que no existe ningún despido injustificado e ilegal.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora María Marcela Herrera, contra el Tribunal Supremo Electoral; condenando al demandado a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo como Secretaria Administrativa, concediéndole todos los derechos o conquistas laborales obtenidos por los demás trabajadores en ausencia de la demandante, y a pagarle los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que la demandante durante el período que laboró para el Tribunal Supremo Electoral, lo hizo ocupando varias plazas, que podría inducir a la juzgadora a calificar que no cumple con el requisito establecido en el párrafo último del artículo 52 del Código del Trabajo; sin embargo al realizar una lectura de cada contrato en el cual la nombraban en las diferentes plazas que nominalmente ocupó, resulta que en la realidad la demandante realizaba las mismas funciones ya sea como Contador Financiero, Secretaria o Contador “A”, por lo cual de conformidad al artículo 47 párrafo primero del Código del Trabajo, a pesar de los distintos nombres de las plazas que ocupó, debe considerarse que siempre desempeñó las mismas funciones y que hubo continuidad en el servicio prestado, por lo tanto el tiempo de inicio de la relación se considera desde el inicio de la relación laboral el 13 de agosto del año 2012 y su finalización el 01 de septiembre del año 2014. Que siendo que la relación de trabajo con la demandante era laboral y de tipo permanente, para que el Tribunal Supremo Electoral, diera por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad, debió haber despedido a la trabajadora fundamentado su separación en cualquiera de las causales contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, no siendo así la separación de la trabajadora (ver 7), fue ilegal y además injusto porque además no cumple con la disposición contenida en el artículo 117 del citado Código.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que ésta Corte de Apelaciones ha dejado establecido su criterio en este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, con los entes autónomos etc. han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral. Que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció la función a realizar por la demandante; función que siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Tribunal Supremo Electoral y la señora María Marcela Herrera, era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha veintidós días del mes de noviembre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FELIX GERARDO MARTINEZ U., en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado FELIX GERARDO MARTINEZ U., en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado FELIX GERARDO MARTINEZ U., en su primer motivo expresa: “Acuso a la Sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por la inaplicación del articulo 31 numeral 2 del Código Procesal Civil, lo cual debió realizar toda vez que consta de autos tanto la naturaleza de la contratación de la demandante como las condiciones especiales del régimen al cual están sujetas las relaciones de servicio con el Tribunal Supremo Electoral decreto 21-2006 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, N°31,313 de fecha 26 de mayo de 2007. Precepto Autorizante: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 765 del Código del Trabajo y en el numeral 1. literal a) del artículo 719 del Código Procesal Civil.- Explicación del Motivo: Estando evidentemente acreditado en el expediente que las relaciones del Tribunal Supremo Electoral y sus servidores, están regidas por un marco jurídico especial y no el general que comprende a los trabajadores en general y constando asimismo, que es mandato expreso de la Ley que el órgano que conozca en segunda instancia e inclusive en la Casación, al llegar a la conclusión que el juzgado ante el cual se siguió la primera instancia de la causa carecía de competencia objetiva, debe decretar la nulidad de todo lo actuado y al no hacerlo constituye una violación directa al ordenamiento que garantiza el principio del juez natural, por lo que implica la violación directa a la ley por una inobservancia deliberada de su mandato.”.- III.- Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 31 numeral 2) del Código Procesal Civil no ostenta el carácter de precepto legal sustantivo laboral que exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) indica como precepto autorizante el numeral 1) del artículo 765 del Código del Trabajo y en el numeral 1) literal a) del artículo 719 del Código Procesal Civil, lo cual es un desacierto, ya que no cabe incluir disposiciones procesales de carácter supletorio, cuando la normativa laboral ya contempla normas expresas que regulan las causales de este extraordinario recurso y en el caso de la primera disposición, se cita de forma imprecisa, ya que ese numeral primero del artículo 765 del referido Código, contiene dos párrafos, que hacen referencia a distintas causas o motivos del recurso; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hace referencia a una situación sobre la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer del caso, la cual fuera objeto de una cuestión incidental y que también se resolviera oportunamente en el proceso.- IV.- Que en el segundo motivo se alega: “Acuso a la Sentencia de Apelaciones de 9 de septiembre de 2017, de ser violatoria de ley sustantiva especial de orden nacional por infracción del artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas Decreto Legislativo 44-2004 del 15 de mayo de 2004. La cual establece la categorización del Tribunal Supremo Electoral como un ente de Seguridad Nacional del Estado de Honduras y donde asimismo se determina que las relaciones de servicio entre este y su personal se sujetaran a lo dispuesto en un Régimen Especial de la Carrera Electoral. Precepto Autorizante: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Explicación del Motivo: La Sentencia de 19 de septiembre de 2017 de la Corte de Apelaciones del Trabajo, al confirmar la sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, desconoce complemente las disposiciones jurídicas especiales comprendidas en un cuerpo normativo especial como lo es la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que reviste tal importancia y algidez para el Estado de Honduras que es una de las pocas leyes que requieren para su reforma 2/3 partes de los votos de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional; y es en este marco regulatorio especialísimo el que se determina además de las situaciones de seguridad nacional como lo son el funcionamiento de los organismos electorales inferiores, la integración del Pleno de Magistrados, el diseño y ejecución del Cronograma Electoral etcétera, siendo parte de todo este enfoque sensible de aspectos relacionados a la Seguridad Nacional y la preservación y continuidad del Estado de Derecho, el manejo y control del Recurso Humano que presta sus servicios en la institución y que cuyas disposiciones normativas se encuentran contenidas en el Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, cuerpo jurídico que no es más que el desarrollo de los preceptuado por el artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; dentro de cuyo cuerpo se encuentra el articulo numero 16 el cual establece que es potestad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral “Crear nuevas plazas, fusionar, congelar o cancelar las existentes, aprobar la reorganización administrativa de la institución, así como nombrar, promover, trasladar y dar de baja de la carrera al personal de la institución” Estando asimismo determinado por dicho régimen especial como complemento a esta condición regulatoria del servicio, la jurisdicción ante la cual podrán ocurrir los interesados en procura de la satisfacción de sus pretensiones en el caso de sentir que no se ajustan a lo que corresponde de conformidad con la Ley, es pues la jurisdicción establecida la de Lo Contencioso Administrativo tal y como se señala en los artículos 86 y 90 del citado Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que el desconocimiento deliberado y activo por parte de la Sentencia de la Corte de Apelaciones de toda esta estructura jurídica especial conformada en virtud de la naturaleza igualmente especial de las relaciones tuteladas, por virtud de tratarse de una institución de Seguridad Nacional en el caso del Tribunal Supremo Electoral, deviene en una violación activa igualmente por parte de dicha sentencia de apelación a los preceptos contenido en un marco jurídico especial y en su artículo 9 en particular.”.- V.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los mismos defectos técnicos del anterior motivo, de: a) invocar como infringida una disposición (artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas Decreto Legislativo 44-2004 del 15 de mayo de 2004) que no tiene u ostenta el carácter de ser norma sustantiva laboral; b) indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual es un desacierto, ya que no cabe incluir disposiciones procesales de carácter supletorio, cuando la normativa laboral ya contempla normas expresas que regulan las causales de este extraordinario recurso; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hace referencia a otras disposiciones no enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 86 y 90 del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral.- VI.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 574-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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