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Sentencia CL-557-17 — Registro 8964

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral para la reinstalación a su puesto de trabajo, permanencia, pago de salarios adeudados retroactivamente, pago de salarios dejados de percibir y sus colaterales, nivelación salarial al arancel del profesional del derecho, confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el Recurrente comete los siguientes errores: a) Indica varias formas de violar la ley (infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea) en un mismo cargo, debiendo hacerlo en forma separada por la independencia de los motivos en este extraordinario recurso; b) Las normas que cita como infringidas (en su formulación señala los artículos 47 del Código del Trabajo y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el 20 del referido Código del Trabajo se adiciona en su explicación) no ostentan el carácter de ser disposiciones sustantivas, requisito sine qua non en el recurso de casación laboral; c) no existe precisión en el señalamiento del precepto autorizante, ya que se limita a indicar el artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo, cuando el mismo contiene dos párrafos con distintas causales o motivos del recurso; d) la violación directa de la ley se produce con prescindencia del material probatorio y en este caso el Recurrente al explicar dicho motivo, señala “PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el demandante y mí representada la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad… pues no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio. circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada…”, lo cual indica que esa no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, e) realiza de forma impropia, extensos alegatos de instancia.- IV. Que para fines jurisprudenciales se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales..- V.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.”.- VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

…”III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el Recurrente comete los siguientes errores: a) Indica varias formas de violar la ley (infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea) en un mismo cargo, debiendo hacerlo en forma separada por la independencia de los motivos en este extraordinario recurso; b) Las normas que cita como infringidas (en su formulación señala los artículos 47 del Código del Trabajo y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el 20 del referido Código del Trabajo se adiciona en su explicación) no ostentan el carácter de ser disposiciones sustantivas, requisito sine qua non en el recurso de casación laboral; c) no existe precisión en el señalamiento del precepto autorizante, ya que se limita a indicar el artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo, cuando el mismo contiene dos párrafos con distintas causales o motivos del recurso; d) la violación directa de la ley se produce con prescindencia del material probatorio y en este caso el Recurrente al explicar dicho motivo, señala “PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el demandante y mí representada la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad… pues no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio. circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada…”, lo cual indica que esa no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, e) realiza de forma impropia, extensos alegatos de instancia.- IV. Que para fines jurisprudenciales se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales..- V.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.”.- VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 24 de enero del 2018, por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora PAOLA ALEJANDRA TABORA TORRES, actuando en causa propia. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, permanencia en sus labores, pago de salarios adeudados, salarios dejados de percibir y sus colaterales, nivelación salarial en base al arancel del profesional del derecho más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 2 de febrero del 2016, por la señora PAOLA ALEJANDRA TABORA TORRES, mayor de edad, Abogada, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio del Procurador General de la República de ese entonces, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, hondureño, casado, Abogado y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto 2017, dictada por la Corte de Apelaciones de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 16 de mayo del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA LA REINSTALACION EN MI PUESTO DE TRABAJO, PERMANENCIA, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS RETROACTIVAMENTE, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y SUS COLATERALES, NIVELACION SALARIAL AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHOS promovida por la señora PAOLA ALEJANDRA TABORA TORRES; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA: A REINTEGRAR a su puesto de trabajo a la señora PAOLA ALEJANDRA TABORA TORRES por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento de operarse el despido; b) al reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; desde la fecha del despido hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria; así como además conceptos que se le adeuden mismas que serán liquidadas en su momento procesal oportuno; c) al reconocimiento de una relación permanente desde la fecha del primer contrato es decir 15 de julio de 2010; d) A nivelar al momento del Reintegro el salario de la demandante a L. 21,000.00 salario establecido en el Arancel del profesional de Derecho de Hondura.- 3.-SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar en fecha 20 de julio del 2010, en el cargo de Juez de Conciliación bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales, durante 5 años, 5 meses y 11 días ininterrumpidamente, hasta el 31 de diciembre del 2015, dándose los requisitos esenciales de una relación de trabajo sin realizarle nivelación salarial conforme a lo estipulado en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho ya que sus demás compañeros ganaban L. 21.000.00 o más, dándose así un hecho de discriminación según el Convenio 111 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 7, 8, 23, la Convención Interamericana de los derechos Humanos, en sus artículos 1, 24 y 25 y la Constitución de la República de Honduras en sus artículos 16, 60, 64 y 127; en fecha 23 de diciembre del 2015, citó al demandado ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio para el otorgamiento de la permanencia en su cargo y demás derechos que solicita sin llevarse a cabo por lo que en fecha 6 de enero del 2016, recibió memorándum número SEDS-SG-309-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015, mediante el cual le notificaban que no se le renovaría el contrato para el año 2016, por lo que acudió nuevamente ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, sin tener respuesta alguna y poniendo fin al trámite administrativo gubernativo y continuando el trámite de ley.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que la relación con la demandante era de manera contractual por tiempo determinado, siendo aceptadas por las partes al momento de firmar el contrato; el Arancel del Profesional del derecho, no se le puede aplicar en virtud que no tiene el rango de ley, no teniendo carácter obligatorio para su aplicación, por lo que no existe la discriminación que se alega en el escrito de la demanda de igual manera lo que existió fue una no renovación de su contrato no un despido sin violentar sus derechos, por lo que no hay fundamento para la demanda.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 16 de mayo del 2017, dictó sentencia declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de mérito, condenando al reintegro a su puesto de trabajo a la señora PAOLA ALEJANDRA TABORA TORRES por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento de operarse el despido; reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que sea ejecutoria la sentencia condenatoria; reconocimiento de una relación permanente desde la fecha del primer contrato es decir 15 de julio de 2010; nivelación al momento del Reintegro el salario de la demandante a L. 21,000.00 salario establecido en el Arancel del Profesional de Derecho de Honduras y SIN COSTAS; bajo el criterio que la parte actora logró acreditar en juicio la continuidad laboral al haber ejercido la demandante las mismas funciones por un período aproximado de 5 años, existiendo desnaturalización del contrato de servicios profesionales y siendo que el cargo desempeñado es necesario para la operatividad de la Dirección Nacional de Transito, reúne así los requisitos de los requisitos esenciales para la existencia de un contrato de trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 30 de agosto del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A Quo y, sin Costas; bajo el criterio que se probó la relación laboral existente, la cual inició el 15 de julio del 2010, dándose su terminación unilateralmente por parte del patrono sin invocar justa causa ya que con la suscripción de varios contratos para la misma actividad reunió los requisitos establecidos en el Código del Trabajo para ser una relación laboral indefinida, teniendo derecho a lo que se demanda.- 5. Mediante auto de fecha 20 de noviembre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, actuación en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 24 de enero del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, actuación en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo 1 motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 24 de enero de 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 12 de febrero del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada PAOLA ALEJANDRA TABORA TORRES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en su primer y único motivo de casación alega: “Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa aplicación indebida o interpretación errónea del artículo 47 del Código del Trabajo que regula los contratos celebrados entre los trabajadores y las empresas, y no los celebrados entre en Estado y sus servidores que son los Contratos de Servicios Profesionales, regulados por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la jurisdicción que ha debido de conocer del caso de autos, en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El Juez Ad Quen en la sentencia proferida no tomó en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio. consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre el demandante y mi representada la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las clausulas tercera y novena del contrato: al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por medio de un contrato individual de trabajo y que el Juzgado competente para conocer de su regulación y efectos es el Órgano Jurisdiccional Laboral, aplicando indebidamente o interpretando erróneamente lo establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir entre las empresas y los trabajadores. y no las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores: y la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3 literal a) establece que “Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado. Asimismo, las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2014 en su artículo 111 en lo referente a los Contratos de Servicios Profesionales establece: Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente. y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Los funcionarios que incumplan este artículo serán responsables solidarios financieramente por todas las obligaciones que generen. El artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República es claro al disponer: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece …” De ahí que por ninguna manera puede eludirse la letra de la Ley, si esta es clara y manda para que se juzgue debe ser bajo esos presupuestos, pues de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el demandante y mí representada la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Lo que acredita que dicho contrato es del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y como lo establecen en sus cláusulas tercera de la vigencia y novena en caso de controversia; que tenía fecha de indio y fecha de finalización, por lo que expiro su vigencia, y de ninguna manera era de carácter permanente. por lo que no se dio despido del demandante, sino que su relación laboral termino, por ser por tiempo determinado y no de carácter permanente: asimismo que su conocimiento en caso de controversia correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el Juez AD QUEN fue violatoria de una ley sustantiva. por interpretación errónea o aplicación indebida del artículo 20 del Código del Trabajo, pues no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio. circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA: A REINTEGRAR a su puesto de trabajo a la señora PAOLA ALEJANDRA TABORA TORRES por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento de operarse el despido debiendo restituir todas y cada una de sus funciones: B) Al reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios: desde la fecha del despido hasta que sea ejecutoriada la presente sentencia condenatoria: asimismo al pago de vacaciones causadas proporcionales, mismas que serán liquidadas en el momento procesal oportuno: C) Al reconocimiento de una relación permanente desde la fecha del primer contrato es decir 20 de julio del 2010. considerando que con fundamento en los artículos 208 en relación con el 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el juicio. caso contrario nos encontramos frente a una situación injusta y con parcialidad. debido a que el Juez Sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte demandante sin sustento jurídico. decisión que debió tornar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar contratos diferenciados por razones inapropiadas, sin influencias ni prejuicios, decisión que debería superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejerció el Juez A-Quo. Por lo anteriormente expuesto. CASAR la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento en fecha treinta de agosto del dos mil diecisiete, que falla: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Manuel De Jesús Paz Vaquero en su condición de representante procesal del Estado de Honduras.- II.- CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA LA REINSTALACION EN MI PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION A MIS FUNCIONES SE DELCARE MI PERMANENCIA EN MIS LABORES EN VIRTUD DE HABER TRABAJADO MEDIANTE CONTRATOS CONTINUOS E INTERRUMPIDOS (CONFORME AL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO), EN FCEHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 SOLICITE MI PERMANENCIA Y NIVELACION SALARIAL ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y EN REPRESALIA NO SE ME RENOVO CONTRATO. PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS RETROACTIVAMENTE. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y SUS COLATERALES. COSTAS DEL JUICIO. NIVELACION SALARIAL. EN BASE AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. HABILITAR DIAS Y HORAS INHABILES PODER. Que fuera promovida por la señora PAOLA ALEJANDRA TABORA TORRES en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el Recurrente comete los siguientes errores: a) Indica varias formas de violar la ley (infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea) en un mismo cargo, debiendo hacerlo en forma separada por la independencia de los motivos en este extraordinario recurso; b) Las normas que cita como infringidas (en su formulación señala los artículos 47 del Código del Trabajo y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el 20 del referido Código del Trabajo se adiciona en su explicación) no ostentan el carácter de ser disposiciones sustantivas, requisito sine qua non en el recurso de casación laboral; c) no existe precisión en el señalamiento del precepto autorizante, ya que se limita a indicar el artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo, cuando el mismo contiene dos párrafos con distintas causales o motivos del recurso; d) la violación directa de la ley se produce con prescindencia del material probatorio y en este caso el Recurrente al explicar dicho motivo, señala “PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el demandante y mí representada la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad… pues no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio. circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada…”, lo cual indica que esa no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, e) realiza de forma impropia, extensos alegatos de instancia.- IV. Que para fines jurisprudenciales se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales.[1].- V.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[2]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.”[3].- VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 8.2. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 557-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

[1] Ver sentencias de la Sala Laboral del 8 de octubre del 2013, expediente CL 232-12, 21 de junio del 2016, expediente CL 112-15 y 3 de abril del 2018, expediente CL102-17.

[2] Artículo 128 Constitucional

[3] Sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional el 19 de octubre del 2016 en expedientes AL 726-15, AL 777-15 y AL 1134-15