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Sentencia CL-555-17 — Registro 8643

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales por despido verbal debidamente constatado, ilegal e injustificado en concepto de preaviso, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, pago de salarios adeudados, salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria, en concepto de indemnización por daños y perjuicios y costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 20 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula alegatos propios de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 738 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por el Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S. DE R.L.; además es parte recurrida, la señora NELLY MARITZA HERNANDEZ REYES, representada en juicio por la Abogada MERCEDES VALESKA MALDONADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales por despido verbal debidamente constatado, ilegal e injustificado en concepto de preaviso, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, pago de salarios adeudados, salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria, en concepto de indemnización por daños y perjuicios y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha treinta de noviembre del dos mil quince, por la señora NELLY MARITZA HERNANDEZ REYES, mayor de edad, soltera, Doctora en Medicina y Cirugía, hondureña y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S. DE R.L., representada por su Gerente General, señor CHRISTIAN CAMPBELL. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PROMOVIDA POR LA SEÑORA NELLY MARITZA HERNANDEZ REYES; CONTRA LA CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL, EL SEÑOR CHRISTIAN CAMPBELL.- SIN COSTAS.- EN CONSECUENCIA: CONDENA A LA CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REPRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL, EL SEÑOR CHRISTIAN CAMPBELL, AL PAGO DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: PREAVISO: (14 DÍAS): LPS.16,333.38; AUXILIO DE CESANTIA (20 DÍAS): LPS.23,333.40; VACACIONES 2014-2015 (8.33 DÍAS) LPS.9,718.36; DÉCIMO TERCER MES AÑO 2015 (17.58 DÍAS): LPS.17,580.00; DÉCIMO CUARTO MES AÑO 2015-2016 PROPORCIONAL (2.58 DÍAS): LPS.2,580.00; SUMANDO LA CANTIDAD DE SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 14/100.- MAS CINCO MESES DE SALARIOS ADEUDADOS DE MARZO A JULIO A RAZON DE LPS.30,000.00 MENSUALES LPS.150.000.00.- HACIENDO UN GRAN TOTAL DE DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 14/100 (LPS.219,545.14).- MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIO DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el 25 de noviembre del año 2011 se constituyó la sociedad mercantil denominada “Clínica Familiar del Atlántico Sociedad de Responsabilidad Limitada”, de la cual la demandante fue socia y desde el 01 de octubre del 2014 empezó a fungir como Directora Médico en virtud de que a partir del mes de julio del 2014 empezaron las negociaciones con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a efecto de ser la clínica prestadora de servicios subrogados a dicha institución en la ciudad de Puerto Cortés, a partir del 06 de noviembre del 2014, aunque la contratación de la demandante en dicho puesto de trabajo se ratificó por parte de la Asamblea de Socios en fecha 01 de octubre del 2014, devengando un salario mensual de L.30,000.00 con un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 de la mañana, pero sin hora de salida específica, tal y como se acreditó con las fotocopias debidamente autenticadas de los vauchers de pago de salario y otros derechos laborales que se acompañan y que se encuentran en el expediente número 0506-1131-2015 que contiene la solicitud de medida cautelar de embargo de cantidades de dinero; que en virtud del servicio subrogado que comenzó ésta clínica a prestar al IHSS, se detectó una serie de irregularidades que en su momento dieron a conocer a los jefes inmediatos; sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta e inclusive por orden de SILOSS, que se refiere a la unidad que maneja los servicios subrogados del IHSS, se les mandó un documento ordenando que tenían que cambiar la base de datos de la clínica argumentando que la misma presentaba problemas y por el cual les fueron borrados todos los archivos de la clínica que servían para presentar las facturas y poder cobrar los servicios prestados, por lo que al ver que los pagos de estos servicios se tardaban en pagar por parte del IHSS, decidieron viajar a la ciudad de Tegucigalpa, la demandante, la Licenciada Zoila Romero Ponce, en su condición de Administradora y la señora Geraldina Croasdaile Boquin, en su condición de Digitadora, planteándole esta situación a la abogada Vilma Cecilia Morales Montalván, Presidente de la Junta Interventora del IHSS y la respuesta satisfactoria por parte de estas autoridades fue inmediata, al ordenar que se le cancelara a la clínica más de un millón de lempiras en la cuenta de Banco Lafise y con la promesa de que los otros pagos iban a hacerse más rápido y que se iba a mejorar el problema de facturación ya que tenían aprobada una segunda computadora en línea con el sistema de facturación del IHSS. Resulta que una semana después de esa visita al IHSS en la ciudad capital, los socios realizaron una Asamblea en la cual estuvo presente la demandante como socia y Directora Médica de la clínica demandada, en la cual empezaron a cuestionar cómo estaban manejando la parte económica de la sociedad, por lo que la demandante les presentó detalles de su gestión y aparentemente quedaron satisfechos; sin embargo, una semana después, en fecha 31 de julio de 2015, se hizo otra asamblea de socios, en donde se volvió a cuestionar a la demandante como Directora Médica, tomándose la determinación de despedirla del cargo que venía ejerciendo por parte de la Asamblea de Socios, proponiendo el Abogado Marvin Avilez al Doctor Angel Flores para dicho cargo, por lo que la demandante en fecha 03 de agosto del 2015 acudió a la Procuraduría del Trabajo en esta ciudad de Puerto Cortés a presentar solicitud por escrito de la presencia de un Inspector de Trabajo en este centro de trabajo al haber sido despedida el día viernes 31 de julio del 2015, en vista de no haber recibido ninguna notificación de despido, siendo recibida por el Abogado ALEX HILSACA, en su condición de Procurador del Trabajo en dicha ciudad en esa misma fecha. Por lo que en fecha 05 de agosto del 2015 se envió a la inspectora del Trabajo NEISY JASMIN JIMENEZ, a ese centro asistencial con el objeto de darle cumplimiento a la solicitud presentada por la demandante para constatar el despido verbal del que fue objeto.- 2. La parte demandada, la sociedad mercantil CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S. DE R.L., contestó dicha demanda señalando que es una sociedad mercantil de servicio al público en el área de la medicina y se aclara que la demandante en ningún momento ha sido contratada como Directora Médica, sino que ofreció sus servicios como socia en aras de llevar un buen control en la Dirección Médica, esto se tomó por la Asamblea de Socios como una cooperación de su parte en su condición de socia y es por esa razón que no se suscribió ningún contrato de trabajo que detallara labor alguna de la demandante. La parte demandante en su mismo escrito de demanda expone que realizó gestiones para que la sociedad recibiera un pago atrasado que no había sido cancelado por el IHSS y que el resultado de dicha gestión fue que se tuvo una respuesta inmediata con relación al pago reclamado, por lo tanto esa es una acción propia de un socio en beneficio de la sociedad de la cual es parte y no de una Directora Médica, y como bien lo acredita la actora con la copia de los correos enviados por el Gerente General de la demandada quien también realizó gestiones para obtener el saldo adeudado. La demandante argumenta que tenía un salario de L.30,000.00 mensuales lo cual se rechaza totalmente por ser falso, una vez que ella ofreció su cooperación como socia en la Dirección Médica de la demandada, procedió a fijarse ella misma un salario al mes, haciendo los cheque a su favor, observándose de los mismos comprobantes de los cheques que no tenían las firmas de las personas que los elaboraban y autorizaban; además se tomó la atribución sin tenerla de contratar personal así como de notificar despidos, cuyas atribuciones son exclusivas de la Gerencia General, por lo que cuando la asamblea de socios tuvo conocimiento de esta situación se le hizo saber a la demandante que no se estaba conforme con lo actuado por ella, por lo tanto se rechaza el despido verbal que se argumenta en la presente demanda laboral. La demandante como socia de la demandada y por ostentar la profesión médica, tenía la opción de prestar sus servicios médicos profesionales a los clientes que acudían a la Clínica Familiar del Atlántico, y en base a esos servicios pagarle sus honorarios profesionales, sin embargo el pretender aprovecharse de una contratación y un despido verbal inexistente se rechaza rotundamente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral de primera instancia promovida por la señora Nelly Maritza Hernández Reyes, contra la Clínica Familiar del Atlántico S. de R.L.; condenando a la demandada al pago a favor de la demandante por la cantidad de L.219,545.14 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones 2014-2015, décimo tercer mes año 2015, décimo cuarto mes año 2015-2016 proporcional, cinco meses de salarios adeudados de marzo a julio a razón de L.30,000.00 mensuales; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que una vez reunidos los 3 elementos esenciales para que exista contrato de trabajo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; lo cual es aplicable a la relación laboral entre la demandada y la demandante, pues se encontraba bajo la subordinación de los miembros del Consejo de Administración de la empresa demandada, devengaba un salario mensual, se le cancelaba los derechos de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, esto aun y cuando la patronal alega que la demandante no era empleada de la empresa y que el IHSS es quien le pagaría su salario, pero ambos extremos no fueron probados por la demandada; por otro lado no existe Contrato de Trabajo por escrito celebrado entre las partes, lo cual únicamente es imputable al patrono y se tienen por ciertas en cuanto a la modalidad de trabajo y el salario devengado, ambos extremos si fueron acreditados por la demandante con los vaucher de pago de su salario, del pago de los derechos de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y de su puesto de trabajo como Directora Medico de la empresa demandada. La Constitución de la República en su artículo 129 garantiza la estabilidad laboral, la cual solamente puede verse perturbada cuando haya acaecido un acto o falta comprobada del trabajador que se encuentre prohibida por la Leyes laborales o el reglamento de trabajo, en la cual se haya seguido el debido proceso y habiendo permitido al trabajador, el derecho a ser oído sobre la razones que le llevaron a cometer dicha falta, lo cual no ha sucedido en el presente caso, en la cual la estabilidad laboral de la demandante se vio perturbada por un despido notificado en forma verbal sin invocar causal de derecho como lo establece el artículo 112 del Código del Trabajo y constatándose dicho despido, mediante acta levantada por el inspector del trabajo (Ver F. 22-24); acta que la parte demandada alega que no tiene validez, pues manifiesta que la señora Zoila Romero ya no fungía como Administradora de la empresa en la fecha en que se levantó el acta anteriormente señalada y presentando finiquito de liquidación, estableciendo en el mismo que dicha trabajadora había finalizado su relación laboral en fecha 31 de julio del año 2015, documento que a criterio de este Juzgador carece de veracidad pues fue firmado en fecha 14 de agosto del año 2015 (Ver F. 65), asimismo el acta levantada por el inspector del trabajo es un documento indubitado, es decir, tiene plena validez mientras no se pruebe su veracidad o inexactitud, pero ello debe realizarse en sede administrativa ante el Ministerio del Trabajo y consta en autos que dicho trámite no fue realizado por la empresa demandada.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que conforme a lo establecido en los artículos 20, 21 y 24 del Código del Trabajo, y de acuerdo a las actas de asambleas de socios se observa que la directiva y el cargo administrativo de Directora Médico recayeron en la demandante quien fuera electa por la referida asamblea hasta el día 31 de julio de 2015 en donde en asamblea se dispuso que el Director Médico sería el Doctor Ángel Flores (folio 131), actas que fueron incorporadas sin haber sido impugnadas en el momento procesal oportuno, las que para efectos probatorios tienen plena validez, por lo que la actividad que realizaba era de manera personal, en las instalaciones donde opera la demandada, en horario establecido de 8:00 de la mañana; y percibiendo la cantidad de treinta mil lempiras mensuales en concepto de salario como lo reconoció la demandada; razones por las cuales, no es posible atribuirle a dicha actividad otra condición que la laboral, pues concurren las obligaciones propias del contrato de trabajo. De acuerdo a la doctrina es factible que una persona pueda ser socio de una empresa, desempeñarse también como órgano representativo de la misma y a la vez tener la condición de trabajador subalterno, a una junta directiva de la cual emanan las directrices relacionadas con el cumplimiento del objeto social y con todas las demás actividades internas que hacen posible la subsistencia del ente que se trate.- 5. Mediante auto de fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S. DE R.L., formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MERCEDES VALESKA MALDONADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de Ley sustantiva por infracción directa por interpretación errónea del artículo 20 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765, numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La norma sustantiva violada la constituye el artículo 20 en su contexto, del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Resulta Honorable Corte, que el Juzgador infringe directamente la ley sustantiva al equivocar el espíritu de la norma en su contenido mismo.- La norma contenida en el artículo 20 del Código de Trabajo citado, determina los tres elementos que constituyen el contrato de trabajo en el derecho laboral, de conformidad a este precepto del Código de Trabajo que expresamente determina a) La actividad personal del trabajador s decir realizada por si misma.- b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono,. c) Un salario como retribución al servicio.- En la CLINICA FAMILIAR DEL ATLANTICO S. DE R.L. La dirección médica siempre es ejercida por socios quienes son profesionales de la medicina han desempeñado Ad-Honoren la Dirección Médica, razón por la cual esta no es un plaza o puesto de trabajo en el cual se contrate de forma directa alguna persona, mediante asambleas de socios se designa al Director Médico por ciertos periodos que es una forma en que los socios le aportan un servicio a la sociedad fuera el ámbito laboral tal y como las mismas actas de asambleas de socios lo acreditaron en el proceso, la fijación del salario nunca existió y el señalamiento del salario que se hizo en el proceso se acredito que no fue aprobado por la asamblea, en virtud que la demandante se lo asigno ella misma a su propio arbitrio estableciéndose por sí sola una cantidad de dinero, lo cual no es una contratación apegada a la artículo 20 del Código de Trabajo, que el precepto que el Tribunal Ad-Quem utilizo para determinar una relación trabajo que era inexistente.- El Juzgador interpreta erróneamente en el enfoque verdadero de la norma, en su espíritu y alcances, al no aplicarla en su verdadero significado y se aleja de su espíritu y finalidad, con lo que evidencia un desconocimiento de los principios interpretativos de la ley y la hace producir orientación y efectos distintos, contarios al espíritu del legislador, dejando evidenciada la violación directa de la ley invocada por interpretación errónea. Es el caso que el Juzgador está en la obligación de aplicar la norma que gobierna el asunto controvertido pero al variar su letra y espíritu equivoca su verdadero enfoque, volviendo el fallo recurrido injusto e ilegal, por lo que procede la prosperidad del cargo y casar la sentencia recurrida anulándola totalmente y sustituirla por el fallo que en derecho corresponde.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 20 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva en el artículo 738 del Código de Trabajo, por apreciación errónea de la prueba.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el párrafo primero, numeral 1° del artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: La disposición sustantiva infringida la constituye el artículo 738 del Código del Trabajo.- CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula al proferir su decisión no analizo todas las pruebas allegadas en tiempo al proceso laboral por lo cual existe una apreciación errónea de las pruebas siguientes: a) Medio de Prueba Interrogatorio de Parte: Rendido por la demandante Nelly Maritza Hernández Reyes, en la audiencia de trámite de fecha veinte de junio del año 2016, quien declaro y acepto que había manifestado que se iba que no podía seguir en la asamblea, donde supuestamente se le despidió.- b) Medio de Prueba Testifical: Que fue rendida por los testigos Ángel Javier Flores Valladares, Christian Armando Campbell Avilés, Edna Catalina Urbina Tercios, Rony Reinaldo Doblado Quintana, Marleni Medina Roldan, en la audiencia de trámite de fecha uno de agosto del año dos mil dieciséis, medio de prueba que no fue analizado en su contexto las declaraciones rendidas por los testigos.- c) Medio de Prueba Documental: Las acta de asamblea de socios que constan en los autos.- Todos los medios de prueba antes referidos fueron analizados de forma errónea inclusive inobservados por el Tribunal Ad-Quem, en perjuicio del demandado.- Honorable Tribunal Supremo, la no aplicación de esta normativa, evidencia infracción directa de la ley.- La apreciación errónea de los medios de prueba tiene como consecuencia la violación directa de la Ley, que vuelve procedente la prosperidad del cargo y casar la sentencia recurrida”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 738 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 555-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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