Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-552-17 — Registro 9025

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… - IV.- Por otro lado, el ad quem al resolver dicho asunto, incluye el tema del poder disciplinario del empresario, afirmando que por ello se legitima al empleador poder imponer sanciones ante los incumplimientos laborales de los trabajadores, de acuerdo con la graduación de las faltas e infracciones establecidas en las disposiciones legales o en la normativa interna de la empresa o institución, sin necesidad de acudir a instancias judiciales para su imposición y efectividad; pero al revisar los hechos debatidos no aparece que tal situación haya sido expuesta como mecanismo de defensa por la demandada.- V.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. “VI.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VII.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VIII.- Que conforme con lo dispuesto en el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, se dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- IX.- Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha siete de febrero del dos mil dieciocho, por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER MANUEL PAVON LEON, como recurrente; además es parte recurrida, el INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL Y/O CURIA DIOCESANA, representado en juicio por la Abogada TATIANA ARRIAGA NUFIO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono sea obligado al pago de prestaciones, indemnizaciones y derechos sociales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha once de septiembre del dos mil quince, promovida por el señor ELMER MANUEL PAVON LEON, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño, con domicilio en La Lima, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL Y/O CURIA DIOCESANA, por medio de su Representante Legal el señor FERNANDO IBAÑEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria Laboral promovida por los señor ELMER MANUEL PAVON LEON, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia contra la institución educativa denominada SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, a través de su representante señor FERNANDO IBANEZ, en su condición de ecónomo Canciller de la CURIA DIOCESANA Y DIRECTOR y/o gerente y representante legal del INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en consecuencia ABSUELVE: A la institución educativa denominada SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, a través de su representante señor FERNANDO IBANEZ, en su condición de ecónomo Canciller de la CURIA DIOCESANA Y DIRECTOR y/o gerente y representante legal del INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, de la responsabilidad de pagar las prestaciones sociales y pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo la terminación de la relación hasta que quede firme sentencia.- CONDENA: A la institución educativa denominada SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, a través de su representante señor FERNANDO IBANEZ, en su condición de ecónomo Canciller de la CURIA DIOCESANA Y DIRECTOR y/o gerente y representante legal del INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL y/o CURIA DIOCESANA, a pagar al trabajador la cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (L.24,855.09), distribuidos así: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.9,008.65, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L. 1,211.20, SALARIO ADEUDADO L.14,555.24.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratado el 2 de Mayo del 2001, por tiempo indefinido para desempeñarse como Contador General, devengando en los últimos seis meses un salario promedio mensual de L.18,194,16; en fecha 27 de julio del año 2015, recibió notificación por parte del señor Mario F. Moncada en su condición de administrador de la demandada, de que sin previa audiencia de descargos y sin invocar fundamento legal alguno lo sanciona suspendiéndole de su puesto de trabajo como contador general, sin goce de salario durante los días 28, 29 y 30 de julio del 2015, sanción no prevista en ningún ordenamiento laboral por cuanto el Código del Trabajo no contempla ningún régimen disciplinario. En consideración a la injusticia de la sanción, el actor mediante nota de fecha 31 de julio del 2015, dirigida al señor Sacerdote don Fernando Ibáñez, en su condición de ecónomo canciller de la Curia Diocesana y Director y/o Gerente y representante legal del Instituto San Vicente de Paul, le hizo saber su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL Y/O CURIA DIOCESANA, contestó dicha demanda señalando que, en el mes de enero del 2015, el Instituto San Vicente de Paul notificó a todo su personal que la nueva administración estaría a cargo del señor Mario Fernando Moncada Ávila. Es a partir de este momento que el señor Elmer Pavón empieza a mostrar disconformidad con la decisión tomada por las autoridades de la institución, ya que, en multitud de ocasiones, desde el mes de enero del 2015 se le solicitaron los documentos necesarios para establecer el estado económico de la institución, sin embargo, el señor Elmer Pavón hizo caso omiso de las instrucciones que se le daban. En el mes de junio el señor Mario Moncada entregó al actor un memorando en el cual se le señalaban las funciones del puesto de trabajo, funciones que estaba incumpliendo y adicionalmente se le estaba pidiendo nuevamente la documentación necesaria para establecer la situación económica de la institución; entre otras explicaciones alega que el demandante contestó vía correo electrónico el memorándum de forma irrespetuosa, a tal punto que en uno de sus párrafos llegó a amenazar al señor Mario Moncada, diciendo: “Yo le aconsejaría que me consiguiera mis prestaciones laborales y que no hiciera nada malo para que no me las den”. “A usted se le contrató para que sacara adelante el colegio no para que hostigue al personal colocándole reloj y otras jornadas de trabajo. El Colegio no se levanta financieramente colocando reloj, hostigando, pidiendo archivos, pidiendo control de propiedad de equipo; siendo sinceros su labor ha sido mala en materia de levantar al colegio y esto lo debe saber el padre Fernando a quien usted tiene engañado, hay que informarle al padre que el colegio administrativamente los maneja el y la profesora Gladys, pero su persona sin la autoridad para tomar decisiones importantes”; por esta razón, en fecha 23 de Julio del 2015, se solicitó en la Secretaría de Trabajo, los servicios de un inspector de trabajo, para que constatara la falta grave cometida por el trabajador, solicitud que fue denegada. El día 27 de Julio del 2015, se le convocó a audiencia de descargo para que explicara las razones por las que amenazó vía correo electrónico al señor Mario Moncada. En el momento en que hizo saber del motivo por el cual se le estaba convocando, se levantó intempestivamente diciendo que llamaría a su abogado y salió sin dar más explicaciones. Se hizo un tiempo de espera, pero no regresó permaneció en su oficina. El señor Mario Moncada, acompañado de la señora Gladys Ondina Martínez García directora del instituto fueron a buscarlo y señalar la hora de la audiencia, pero en lugar de responder a la consulta que se le hacía este procedió a proferir palabras soeces y posteriormente amenazar al señor Mario Moncada diciéndole que sabía dónde trabaja su esposa, que anotaría la placa del vehículo del señor Mario Moncada y que él tenía su forma de arreglar las cosas. Ese mismo día se hizo la notificación de suspensión de trabajo sin goce de salario, habiendo tenido por evacuada la audiencia de descargo sin que el demandante se hubiese querido manifestar al respecto. Por otra parte, la falta de reglamento era de conocimiento del demandante ya que afirma desde el año 2001, laboraba con la institución y la falta de dicha obligación no justifica el despido indirecto, que en una carta de despido es requisito sine qua non es la descripción de los hechos constitutivos de la falta.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Elmer Manuel Pavón León, contra el INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL Y/O CURIA DIOCESANA, condenando al demandado al pago de los derechos adquiridos sin costas, bajo el criterio que el señor Mario Fernando Moncada Ávila de sancionar a sus empleados y el demandante siendo el sujeto pasivo del poder disciplinario queda sometido a la potestad del patrono para sancionarlo, lo que significa que el demandante durante este sometido a la continua dependencia del patrono puede ser objeto de sanciones disciplinaria siempre que se encuentren enmarcadas en la Ley; y si el trabajador es objeto de una sanción disciplinaria distinta al despido puede impugnarla y pedir que se deje sin valor y efecto; éste por sí solo no puede decir si esa sanción es justa o injusta en este caso el trabajador se da por despedido por haber sido objeto de una sanción disciplinaria sin que previamente existir resolución administrativa o judicial que así lo indique. El despido llevado a cabo en esas condiciones imposibilita al Tribunal analizar si la causa por la cual fue suspendido el trabajador por tres días sin goce de salario es justa o no; porque no se está conociendo sobre la validez de la sanción sino determinando el hecho de haber sido objeto de una sanción disciplinaria el trabajador con una suspensión de labores autoriza al trabajador para darse por despedido indirectamente basado en las causales que dispone el artículo 114 del Código del Trabajo; que no lo autorizaba porque decir lo contrario sería dejar sentado que el patrono no puede aplicarle sanciones disciplinarias a sus trabajador y si lo hace ellos están facultados para darse por despedidos indirectamente.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que por virtud del poder disciplinario, se legitima al empleador para imponer sanciones ante los incumplimientos laborales de los trabajadores, de acuerdo con la graduación de faltas e infracciones establecidas en las disposiciones legales o en la normativa interna de la empresa o institución. El empresario tiene atribuido un llamado poder disciplinario que le permite adoptar decisiones sancionadoras de eficacia inmediata, sin necesidad de acudir a las instancias judiciales para su imposición y efectividad y frente al mismo se encuentra el correlativo derecho del trabajador, además de otras garantías, de instar y obtener en sede administrativa y/o judicial laboral la revisión de la conformidad a Derecho de la decisión empresarial según es posible concluir del contenido de los artículos 134 y 138 de la Constitución de la República; 591 y 864 del Código del Trabajo; en ese sentido, el demandante no estaba facultado para darse por despedido de forma indirecta conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto por cuanto, si bien es cierto, el patrono tiene prohibido ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorgan a los trabajadores, o que ofendan la dignidad de estos así como imponer a los trabajadores penas o sanciones que no hayan sido autorizadas por las leyes o reglamentos vigentes; de ocurrir una situación en ese contexto, al trabajador le asiste el derecho de impugnar ante la autoridad administrativa y/o judicial del trabajo las medidas adoptadas por el patrono a fin de restablecer los derechos que según éste le han sido conculcados; de manera que, los argumentos del apelante resultan inatendibles, pues no es posible analizar por la vía del despido indirecto, si la medida disciplinaria impuesta al actor es legal o no, sino únicamente, si la causa invocada por el accionante lo faculta para dar por terminado el nexo jurídico laboral al amparo del artículo 114 del código de la materia.- 5. Mediante auto de fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER MANUEL PAVON LEON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha siete de febrero del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER MANUEL PAVON LEON, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha siete de febrero del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de febrero del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada TATIANA ARRIAGA NUFIO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ al formalizar el recurso pide subsidiariamente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. El Ad Quem ha recurrido en el presente caso a argumentos oficiosos pues en lo que concierne a unpoder de dirección o a un poder disciplinario patronal no ha habido mención alguna de parte de la demandada y no es admisible o tolerable que el juzgador incorpore de oficio esas figuras al caso. De acuerdo con los principios constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa está vedado no solamente la utilización de hechos o argumentos no planteados por la parte sino que todo el debate como el procedimiento probatorio debe desarrollarse en el pleno contradictorio de las partes; de ahí que cualquier iniciativa del juez, solo puede tener cabida si la parte afectada ha sido puesta en posición de defenderse y de formular sus objeciones concurriendo las agravantes de que los argumentos y preceptiva invocada por la parte actora ha sido totalmente ignorada configurándose incongruencia omisiva y no se aprecia cita de normas sustanciales en la sentencia lo cual es inadmisible. Y ningún elemento de hecho puede ser llevado a la decisión -único momento en el cual el juez está sólo frente al material del caso- sin haber sido previamente conocido y discutido. La omisión del contradictorio, la incongruencia y la ausencia de la norma sustancial configura vicio in procedendo y errores decisivos impugnables por las vías correspondientes.- En nuestro caso, la parte demandada en ningún momento ha alegado que "El poder disciplinario que permite al empresario imponer al trabajador determinadas sanciones por las faltas cometidas durante la realización de su prestación laboral es una facultad empresarial inherente a su poder de dirección necesario para mantener el orden y el ritmo de trabajo en la empresa" –sin perjuicio de que lo anterior no lo tolera la ley en esos términos-- no es admisible que el juzgador haga valer tal criterio sin que constituyera hecho controvertido sometido a debate respecto del cual la parte demandante no ha tenido oportunidad de pronunciarse u oponerse, lo cual ofende los principios de contradicción, de aportación de parte y de congruencia así como las garantías constitucionales aludidas, sin perjuicio de que nuestro legislador no admite sanciones disciplinarias laborales no previstas en un reglamento, en pacto, en convención colectiva, en fallo arbitral o en el contrato individual y el Ad Quem no puede arrogarse más facultades que las que expresamente le confiere la ley, siendo solo depositario de la autoridad, sujetos y jamás superiores a ella (artículos 321 y 323 de la Constitución de la República).- En el Código Procesal Civil comentado, emanado de la Honorable Corte Suprema de Justicia, comentando el artículo 11 de dicho Código, referente a la aportación de parte, encontramos este comentario: "El principio de aportación de parte hace referencia a que la ley asigna a las partes el poder de reunir y traer al proceso el material de hecho, limitando la función del Juez a recibirlo para valorarlo después, en modo tal que el Juez no puede fundar su decisión en otros hechos distintos ni prescindir de lo que las partes sometan a su juicio. En un proceso informado plenamente por el principio de aportación, el juez no puede tener en cuenta hechos que las partes no hayan alegado, ni introducir “ex officio” medios probatorios que no hayan propuesto, por ello queda prohibida la aportación al proceso del conocimiento privado del juez, que en ningún caso podrá intervenir de oficio en la fase de alegaciones o en la fase probatoria salvo que este Código le reconozca expresamente tal facultad. Esto quiere decir que el principio de aportación de parte en lo que se refiere a la alegación (alligata), tiene claramente su fundamento en normas constitucionales. La necesidad de que el órgano judicial sea imparcial y el sometimiento del Juez sólo y exclusivamente a la ley imponen que el órgano judicial no tenga poder alguno para poder aportar al proceso material fáctico".-Esa participación oficiosa y parcializada del Ad Quem en el caso que implica indefensión para el actor y ofensa al debido proceso ha viciado el acto de nulidad absoluta y es potestad de la Honorable Corte Suprema de Justicia invalidar de oficio en casación aquellas actuaciones viciadas en que concurre error improcedendo por quebrantamiento de normas procesales que son de orden público y de ineludible cumplimiento.”.- II.- Que con base al principio del debido proceso consagrado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal, de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional.- III.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 29 de septiembre del 2017, confirmó el fallo definitivo dictado por el a-quo, declarando por ello sin lugar la demanda en relación a los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir y condena a la demandada a pagar los derechos adquiridos; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional se aleja de su deber de resolver el litigio de forma congruente, ya que si bien en los HECHOS PROBADOS determinó que “a raíz de que el demandante fue suspendido de sus labores por el término de tres días sin goce de sueldo, decidió comunicar el despido indirecto por considerar que la sanción impuesta no está prevista en ningún ordenamiento laboral por cuanto la institución carece de reglamento interno de trabajo y además, la sanción ha ofendido gravemente en su dignidad…”, sin embargo, apartándose de ese extremo, en su fundamentación sostiene, entre otras cosas, que “al trabajador le asiste el derecho de impugnar ante la autoridad administrativa y/o judicial del trabajo las medidas adoptadas por el patrono, a fin de restablecer los derechos que según éste le han sido conculcados…pues no es posible analizar por la vía del despido indirecto, si la medida disciplinaria impuesta al actor es legal o no, sino únicamente, si la causa invocada por el accionante lo faculta para dar por terminado el nexo jurídico laboral al amparo del artículo 114 del código de la materia…”, lo cual no es lógico ni guarda armonía con los principios generales que rigen la materia, ya que si estima que la medida disciplinaria impuesta no es legal, contemplada como una prohibición a los patronos en el artículo 96 numeral 11) del Código del Trabajo, debió ser revisada en todos sus efectos jurídicos y no limitarla a que su impugnación es el único derecho que le asiste al trabajador afectado con la misma.- IV.- Por otro lado, el ad quem al resolver dicho asunto, incluye el tema del poder disciplinario del empresario, afirmando que por ello se legitima al empleador poder imponer sanciones ante los incumplimientos laborales de los trabajadores, de acuerdo con la graduación de las faltas e infracciones establecidas en las disposiciones legales o en la normativa interna de la empresa o institución, sin necesidad de acudir a instancias judiciales para su imposición y efectividad; pero al revisar los hechos debatidos no aparece que tal situación haya sido expuesta como mecanismo de defensa por la demandada.- V.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- VI.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VII.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VIII.- Que conforme con lo dispuesto en el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, se dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- IX.- Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19, 20, 30, 347, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 29 de septiembre del 2017, visible a folios 17 al 22 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 552-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1