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Sentencia CL-55-18 — Registro 9281

Resumen

demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de cancelación por mutuo consentimiento e incumplimiento de pago por la demandada, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir, décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones causadas y adeudadas, bonificaciones y demás derechos originados del séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo; segunda instancia confirmó declarando con lugar el defecto de transacción de pago alegado por la parte demandada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas que indica como violadas, el artículo 18 del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, en cuanto al artículo 60 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; y, b) señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA.”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numero 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 10 de mayo del 2019, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores MARIA ANASTACIA FLORES; LOURDES PATRICIA CERRATO LANZA; LEONA CARMEN CABRERA; POMPILIO DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ; CRISTINA ELEONORA ESPINOZA FLORES; MARIA IMELDA SANTOS; FLORENCIO ESPINOZA GIRÓN; RAMIRO LUQUE VELÁSQUEZ; y MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS COLINDRES, como recurrentes; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de cancelación por mutuo consentimiento e incumplimiento de pago por la demandada, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir, décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones causadas y adeudadas, bonificaciones y demás derechos originados del séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de marzo del 2015, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores: 1) MARIA ANASTACIA FLORES, soltera, de oficios domésticos; 2) LOURDES PATRICIA CERRATO LANZA, soltera, de oficios domésticos; 3) LEONA CARMEN CABRERA, soltera por viudez, de oficios domésticos; 4) POMPILIO DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, soltero, Vigilante; 5) CRISTINA ELEONORA ESPINOZA FLORES, soltera, Perito Mercantil y Contador Público; 6) MARIA IMELDA SANTOS, casada, Maestra Especial de Educación Primaria; 7) FLORENCIO ESPINOZA GIRÓN, soltero, Jornalero; 8) RAMIRO LUQUE VELÁSQUEZ, casado, Jornalero, y 9) MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS COLINDRES, soltero, Jornalero; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de octubre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 16 de agosto del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el DEFECTO DE TRANSACCIÓN DE PAGO alegado por la parte demandada en relación a los demandantes LEONA CARMEN CABRERA, POMPILIO DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, CRISTINA ELEONORA ESPINOZA FLORES, MARIA IMELDA SANTOS, FLORENCIO ESPINOZA GIRÓN, RAMIRO LUQUE VELÁSQUEZ; Y MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS COLINDRES; 3) Declarando SIN LUGAR el DEFECTO DE TRANSACCIÓN DE PAGO alegado por la parte demandada en relación a los demandantes LOURDES PATRCICIA CERRATO LANZA y MARIA ANASTASIA FLORES; 3) Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores MARIA ANASTACIA FLORES, LOURDES PATRICIA CERRATO LANZA, LEONA CARMEN CABRERA, POMPILIO DE JESÚS LOPEZ LOPEZ, CRISTINA ELEONORA ESPINOZA FLORES, MARIA IMELDA SANTOS, FLORENCIO ESPINOZA GIRON, RAMIRO LUQUE VELÁSQUEZ Y MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS COLINDRES, Contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes proporcional, mas bonificación proporcional, vacaciones, pago de incremento salarial, base en séptimo contrato colectivo de las condiciones de trabajo IHNFA-SITRAIHNFA, en virtud de la terminación del contrato individual del trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; en consecuencia, 4) ABSUELVE al DEMANDADO el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a MARIA ANASTACIA FLORES, LOURDES PATRICIA CERRATO LANZA, LEONA CARMEN CABRERA, POMPILIO DE JESÚS LÓPEZ LOPEZ, CRISTINA ELEONORA ESPINOZA FLORES, MARIA IMELDA SANTOS, FLORENCIO ESPINOZA GIRON, RAMIRO LUQUE VELÁSQUEZ Y MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS COLINDRES prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes proporcional, mas bonificación proporcional, vacaciones, pago de incremento salarial, base en séptimo contrato colectivo de las condiciones de trabajo IHNFASITRAIHNFA, en virtud de la terminación del contrato individual del trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; 5) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN alegada por la parte demandada; 6) Declarar SIN COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral para el IHNFA, así: Maria Anastacia Flores, el 16 de julio de 1998, como Lavandera, devengaba un salario mensual de L. 11,948.03 y fue despedida el 05 de noviembre del 2014; Lourdes Patricia Cerrato Lanza, el 04 de agosto de 1994, como Niñera, devengaba un salario mensual de L. 12,115.93 y fue despedida el 04 de noviembre del 2014; Leona Carmen Cabrera, el 11 de agosto de 1990, como Lavandera, devengaba un salario mensual de L. 12,419.20 y fue cancelada mediante acuerdo por mutuo consentimiento el 11 de septiembre del 2014; Pompilio de Jesús López López, el 17 de septiembre del 2002, como Guardia de Seguridad, devengaba un salario mensual de L.12,372.40 y fue cancelado mediante acuerdo por mutuo consentimiento el 10 de septiembre del 2014; Cristina Eleonora Espinoza Flores, el 01 de abril del 2003, como Niñera, devengando un salario mensual de L. 10,872.40 y fue cancelada mediante acuerdo por mutuo consentimiento el 12 de noviembre del 2014; Maria Imelda Santos, el 06 de septiembre del 2006, como Oficial de Enlace, devengaba un salario mensual de L.12,500.00 y fue cancelada mediante acuerdo por mutuo consentimiento el 11 de septiembre del 2014; Florencio Espinoza Girón, el 01 de enero de 1995, como Trabajador II, devengaba un salario mensual de L. 11,708.63 y fue cancelado mediante acuerdo por mutuo consentimiento el 11 de septiembre del 2014; Ramiro Luque Velásquez, el 01 de enero de 1995, como Trabajador II, devengaba un salario mensual de L. 11,708.63 y fue cancelado mediante acuerdo por mutuo consentimiento el 11 de septiembre del 2014; Miguel Ángel Barrientos Colindres, el 01 de septiembre de 1995, como Trabajador II, devengaba un salario mensual de L. 11,708.63 y fue cancelado mediante acuerdo por mutuo consentimiento el 11 de septiembre del 2014; institución que estaba en proceso de cierre tal como lo establece el artículo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-026-2014, asignándole la responsabilidad a la Secretaria de Finanzas de liquidar y pagar el pasivo laboral a los trabajadores del IHNFA, que mediante actas de terminación y plan de pago de fechas 12 de noviembre y 05 de diciembre del 2014; y acuerdos de cancelación por mutuo consentimiento 073- DE-14, 058-DE-14, 063-DE-14, 068-DE-14 y 113-DE-14, todos de fechas 11 y 17 de septiembre de 2014 respectivamente se da por terminada la relación laboral existente entre las partes, comprometiéndose la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a sus representados, cuyos primeros pagos seria desde la fecha de la firma del convenio, y que hasta la fecha no se les realizó dichos pagos, incumpliendo con ello la demandada el convenio firmado entre las partes, ocasionándole graves perjuicios; por lo que en virtud del incumplimiento unilateral de la parte demandada al no pagarle oportunamente la obligación reclamada y a raíz de las diferencias suscitadas, en cuanto al pago de sus prestaciones laborales, interpusieron el reclamo administrativo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y siendo imposible llegar a un arreglo conciliatorio se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que los demandantes fueron cancelados mediante Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 de fecha 04 de junio del 2014, el cual ordena suprimir al IHNFA, pero que en debida oportunidad se les ofreció las prestaciones que legalmente les correspondían, al momento de la liquidación, en función de un convenio de pago, que en su vigencia se extendió por seis (6) meses, mismo que fue pagado por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; que el Séptimo Contrato Colectivo en que se amparan los demandantes para el reclamo nunca estuvo vigente, por el contrario al haber sido inscrito de forma irregular por la clase trabajadora en flagrante violación al acta especial de negociación suscrita por las partes en que se acordó que para efecto de acordarse la cláusula 66 de dicho Contrato Colectivo era requisito imperante escuchar mediante dictamen respectivo a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, requisito que fue omitido por la clase trabajadora para la inscripción de forma irregular ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, tomando en consideración que las erogaciones que realiza la Administración Pública no las hace de forma antojadiza, sino que amparado a un presupuesto aprobado al efecto por el Congreso Nacional y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas respectivamente, por lo que lo practicado por la parte trabajadora del entonces IHNFA, es violatorio a los intereses del Estado y deslealtad a lo acordado, en virtud de que la cláusula en referencia obedecía a la parte económica a la que debería responder el IHNFA, siendo por ello de suma importancia el dictamen de Finanzas alevosamente omitido por la clase trabajadora; asimismo en audiencia primera de trámite la parte demandada interpuso los defectos de Transacción de pago y Prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de agosto del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores MARIA ANASTACIA FLORES; LOURDES PATRICIA CERRATO LANZA; LEONA CARMEN CABRERA; POMPILIO DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ; CRISTINA ELEONORA ESPINOZA FLORES; MARIA IMELDA SANTOS; FLORENCIO ESPINOZA GIRÓN; RAMIRO LUQUE VELÁSQUEZ; y MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS COLINDRES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), declaró con lugar el defecto de transacción de pago alegado por la parte demandada en relación a los demandantes Leona Carmen Cabrera, Pompilio De Jesús López López, Cristina Eleonora Espinoza Flores, Maria Imelda Santos, Florencio Espinoza Girón, Ramiro Luque Velásquez; y Miguel Ángel Barrientos Colindres; declaró sin lugar el defecto de transacción de pago alegado por la parte demandada en relación a los demandantes Lourdes Patricia Cerrato Lanza y Maria Anastasia Flores; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, en cuanto al pago de prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes proporcional, mas bonificación proporcional, vacaciones, pago de incremento salarial, base en séptimo contrato colectivo de las condiciones de trabajo IHNFA-SITRAIHNFA, en virtud de la terminación del contrato individual del trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; absolvió al demandado a pagar a los señores Maria Anastacia Flores, Lourdes Patricia Cerrato Lanza, Leona Carmen Cabrera, Pompilio De Jesús López López, Cristina Eleonora Espinoza Flores, Maria Imelda Santos, Florencio Espinoza Girón, Ramiro Luque Velásquez Y Miguel Ángel Barrientos Colindres, por dichos conceptos y declaró sin lugar la excepción de prescripción alegada por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que está probado de autos que los demandantes convinieron de mutuo acuerdo la terminación de la relación de trabajo tal como consta en el acta y constancia que acredita que la demandada honró el pago a los demandantes pagando las cantidades por su orden a los demandantes así: Leona Carmen Cabrera, L.657,598.11; Pompilio De Jesús López López, L. 407,778.36; Cristina Eleonora Espinoza Flores, L.308,318.80; Maria Imelda Santos, L.200,092.16; Florencio Espinoza Giron, L.517,527.20; Ramiro Luque Velásquez, L.517,157.22; y Miguel Ángel Barrientos Colindres, L. 459,012.86; cabe resaltar que si bien es cierto en el acta firmada entre los representantes de la demandada con los demandantes no se establece monto a pagar, no es menos cierto que ellos aceptan el plazo y forma de cómo se les realizaría el pago; sumado a ello se ha demostrado que a los demandantes se les canceló la totalidad de sus prestaciones tal como lo acreditan con la constancia y recibos de pago a los demandantes, es por lo anteriormente expresado, que se declara con lugar el defecto de transacción de pago; que en relación a las demandantes Lourdes Patricia Cerrato Lanza y Maria Anastacia Flores consta de autos acta de terminación de mutuo acuerdo, firmada bajo protesto y en desacuerdo por no pagárseles en base al séptimo contrato colectivo. Invalidando el protesto la aceptación del pago, en vista de no estar conforme, ya que reclama el cumplimiento del Séptimo Contrato Colectivo de condiciones de trabajo; en consecuencia, se declara sin lugar el defecto de transacción de pago; que los demandantes reclaman el pago de prestaciones en base al Séptimo Contrato Colectivo, es cierto y probado en el caso que nos ocupa que la representación procesal de la parte demandada presentó Certificación de sentencia de fecha 24 de septiembre del 2015, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, declarando con lugar el Amparo interpuesto en contra del Séptimo Contrato Colectivo, fallo que deja sin valor ni efecto la aplicación del referido contrato, lo cual vuelve imposible a esta operadora de justicia la aplicación del mismo, siendo oportuno declarar sin lugar la demanda de mérito. Que en relación al Defecto Material de Prescripción alegado por la representante procesal demandada en lo concerniente, a que los demandantes reclaman pago del incremento otorgado a los empleados del IHNFA, ésta no es especifica ni precisa con claridad cuál es el derecho que les prescribió a los demandantes para efectuar el reclamo ante el juzgado, si es el derecho para interponer la demanda ante este Juzgado por un despido injustificado o el derecho al reclamo del reajuste del salario en aplicación al Séptimo Contrato Colectivo; en consecuencia, se declara sin lugar la prescripción alegada por la parte demandada.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 31 de octubre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el caso en análisis las y los trabajadores hacen el reclamo en base al Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y consta en autos que ante la interposición del Recurso de Amparo presentado por el Abogado Felipe Arturo Morales Cárcamo, en su condición de Director Ejecutivo del IHNFA, la Honorable Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, en fecha 24 de septiembre del 2015 por unanimidad de votos resolvió Otorgar el Amparo interpuesto, sustenta esta decisión en que la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social ha vulnerado a través de la Resolución Administrativa N 194/DGT/NC/2013, fechada el tres (3) de junio del año dos mil trece (2013), el debido proceso que incumbe a las partes procesales, ya que esa institución inobservó los requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, atribuyéndose la potestad de dejar de aplicar leyes de orden público, cuyo cumplimiento es ineludible y obligatorio, lo que trae como consecuencia la nulidad de pleno derecho a lo actuado por la referida instancia gubernativa, dada la incidencia de la lesión al debido proceso e intereses generales de protección a la infancia que vinculan a la parte que recurre en amparo y por el hecho que la Sala Constitucional bajo la responsabilidad del recurrente declaró la suspensión del acto reclamado en amparo, es decir la resolución No.1964/DGT/NC/2013 de fecha tres (03) de junio del 2013, emitida por la Dirección General del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social quedó sin valor ni efecto la aplicación del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que es el Instrumento en que basan sus reclamos las y los trabajadores demandantes; y constan en autos las notas de fechas 04 y 05 de noviembre del 2014 que el Gerente de Recursos Humanos del IHNFA les notificó a las y los trabajadores la terminación de la relación de trabajo con el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales; consta también en autos que mediante las Actas de Terminación de una Relación Laboral y Plan de Pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, ante la presencia del Gerente de Recursos Humanos del IHNFA y la Inspectora de Trabajo delegada a los efectos de Ley por la Inspectoría General del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, sin la asistencia del Representante del Sindicato, a pesar de haber sido convocado previamente, las y los trabajadores demandantes firmaron un Convenio de Pago del cual estuvieron de acuerdo en los plazos y términos en él establecido y según las Constancias extendidas por la Comisión Liquidadora-SEFIN, aparecen los valores que les fueron cancelados; que la Excepción Perentoria de Prescripción, no procede porque la Abogada Aurora Zavala Acosta, en su condición indicada al momento de interponer ese Defecto Material, no es clara en su manifestación en el sentido de especificar cuál fue el derecho de las y los trabajadores que considera les han prescrito y ante esa ambigüedad se hace imposible hacer pronunciamiento al respecto, por lo que se confirman los mismos; y que en vista de las consideraciones legales que anteceden, este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva que se conoce en vía de apelación se encuentra dictada conforme a los lineamientos, que franquean las leyes sobre la materia, por lo que en estricto derecho procede su confirmatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 05 de marzo del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores MARIA ANASTACIA FLORES; LOURDES PATRICIA CERRATO LANZA; LEONA CARMEN CABRERA; POMPILIO DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ; CRISTINA ELEONORA ESPINOZA FLORES; MARIA IMELDA SANTOS; FLORENCIO ESPINOZA GIRÓN; RAMIRO LUQUE VELÁSQUEZ; y MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS COLINDRES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 10 de mayo del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores MARIA ANASTACIA FLORES; LOURDES PATRICIA CERRATO LANZA; LEONA CARMEN CABRERA; POMPILIO DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ; CRISTINA ELEONORA ESPINOZA FLORES; MARIA IMELDA SANTOS; FLORENCIO ESPINOZA GIRÓN; RAMIRO LUQUE VELÁSQUEZ; y MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS COLINDRES, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de mayo del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 60 primera oración y 18, ambos del Código del Trabajo relacionado directamente con la norma sustantiva constitucional establecida en el artículo 127 numeral 15. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos 60 primera oración y 18, ambos del Código del Trabajo relacionado directamente con la norma sustantiva constitucional establecida en el artículo 127 numeral 15. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. El conflicto de normas administrativas y laborales del presente litigio fue resuelto mediante la adopción de la norma menos favorable en perjuicio del trabajador por parte del a quem. La obligación contractual de la convención colectiva inicia cuando se firman conjuntamente los acuerdos alcanzados y se registra para tutela de la autoridad competente del trabajo, pero nunca pierde su vigencia por la capacidad procesal de la parte que acudió a su registro. La violación ocurre cuando el a quem inclina la interpretación de la norma a favor de la administrativa y no la laboral, impidiendo que la contratación colectiva surta sus efectos, en clara violación a las normas ya señaladas en este motivo. La barrera que ha impuesto el aquem con la nulidad que ratifica es una manifestación clara de que los principios del derecho del trabajo han sido marginados y con ello la interpretación de las normas laborales en conflicto con otras normas implicando con esto la violación a los derechos sustantivos laborales de mi representada, por lo cual debe prosperar el presente motivo de casación”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas que indica como violadas, el artículo 18 del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, en cuanto al artículo 60 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; y, b) señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA.”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. - Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de noviembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 55-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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