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Sentencia CL-539-18 — Registro 9725

Resumen

Segunda instancia confirmo sin lugar el defecto material de excepcion perentoria de transaccion y pago y la excepcion material de prescripción. Con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago del ajuste del 30% de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 numeral 1, en su formulación del Código del Trabajo; b) la norma artículo 90 de la Constitución de la República que indica como violada no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; c) en la explicación en el motivo expuesto la causa de valides de los acuerdos de negociación fueron objetos de la controversia y por ende del material probatorio.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Se ha repetido con insistencia por parte de este Tribunal que los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código del Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que uno de los requisitos más elementales es la cita concreta de la norma sustancial que se considera infringida.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo numeral 1 del artículo 765 Código del Trabajo; b) no señala la norma sustantiva infringida; d) formula alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Se ha repetido con insistencia por parte de este Tribunal que los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código del Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que uno de los requisitos más elementales es la cita concreta de la norma sustancial que se considera infringida.- VIII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de noviembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 03 de mayo del 2019, por la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), como recurrente; además, son parte recurrida, los señores 1. ROSA ERMINIA IZAGUIRRE LAGOS, 2. MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA, 3. MARIA BRIGINIA CANACA MATAMOROS, 4. RUTH BERMUDEZ ZAMORA, 5. MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ BANEGAS, 6. CARLOS ROBERTO FLORES, 7. RANDOLFO VELASQUEZ GOMEZ, 8. DENIS JOSUE FUENTES, 9. ANA CAROLINA PINEDA MEJIA, 10. MARY ALICIA ELVIR PONCE, 11. IRIS ROSARIO MARADIAGA CERRATO, 12. JOSE MANUEL CARTAGENA TROCHEZ, 13. RAMON ALFONSO CALIX, 14 MAGDA ESPERANZA NUÑEZ REYES, 15. LEYLA INOCENTE MONTOYA SALGADO, 16.SANTOS CAMILO MALDONADO YANES, 17 JOSE MANUEL FIGUEROA CALIX, 18. RAFAEL TORRES RAUDALES, 19. SUYAPA YAMILETH FERRARI MONCADA, 20. ALBA ROSA ROJAS MOLINA, 21. RAUL ANTONIO RAPALO ENAMORADO, 22. MARCO TULIO PALAO RUIZ, 23. JOSE ERNESTO PINEDA, 24.FABIO RODRIGUEZ LEIVA, 25. EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA, 26.BLANCA ROSA PADILLA ORTIZ, 27. ISMENIA LUZ RAMO RAMOS, 28. MARIA CRISTINA MEZA, 29. LUIS ROBERTO TORRES ALONZO, 30. FRANCISCO ROBERTO MATUTE ANDINO, 31. CESAR ADALBERTO MENDOZA VIERA, 32. MARCO TULIO MORALES, 33. SANTOS GUADALUPE MONTES MIRALDA, 34 SANTOS MAXIMILIANO MARTINEZ, 35. ISIDORO MONTOYA, 36. SALVADOR IGNACIO MOLINA VELASQUEZ, 37. DEYSSI ONDINA RODRIGUEZ GALINDO, 38. REYNA LETICIA FONCSECA AYESTAS, 39. MARIO WILFREDO UCLES AMAYA, 40. DELMY JUDITH MONDRAGON FLORES, 41. ROGER HERNAN LOPEZ TABORA, 42. EFRAIN MONTES, 43. JOSEFA LIDIA LEIVA UYOA, 44. SERGIO JARIBALDI ALBIR MALDONADO, 45. JUAN RAMON IBARRA SALGADO, 46. JOSE SIMON BAQUEDANO, 47. JOSE ORLANDO COELLO LAINEZ, 48. PEDRO REGALADO SEVILLA, 49. ROBERTO AMAYA AGUILAR, 50. HECTOR EMILIO LEIVA TOVAR, 51. RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ VARELA, 52. EDUARDO LOPEZ, 53. LEONEL ANTONIO VEGA COTO, 54. FLAVIO ANTONIO FLORES VASQUEZ, 55. MANUEL DE JESUS CASTILLO HERNANDEZ, 56. JUANA ANTONIA FERRERA CANTARERO, 57. RAYNELDA MAIELA NUÑEZ CASTRO, 58. DILCIA CONCEPCION LOPEZ ALVARADO, 59. ANA MARIA HERNANDES, 60. NORMA DORIS CACERES ESCOBAR, 61. MIRIAN NICOLASA AYALA CASACA, 62. MARIA BONIFACIA QUINTANILLA CORTES, 63. WENDY CARINA VILLEDA MEMBREÑO, 64. LAZARO MEJIA LAINEZ, 65. RENAN EDUARDO RAMIREZ DERAS, 66. DINA MARILU DONAIRE DUBON, 67. ROSA LILIA NUÑEZ REYES, 68. JOSSLYN SALOME RIVERA RODRIGUEZ, 69. FEDERICO ANTONIO FUNEZ ZAVALA, 70. ERASMO AGUILAR AGUILERA CASTRO, 71. MARCOS RENE GUERRA SERRANO Y 72. JOSE MAURO GALEAS, representados en juicio por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago del ajuste del 30% de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de febrero del 2017, por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA en su condición de apoderado legal de los señores 1. ROSA ERMINIA IZAGUIRRE LAGOS, 2. MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA, 3. MARIA BRIGINIA CANACA MATAMOROS, 4. RUTH BERMUDEZ ZAMORA, 5. MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ BANEGAS, 6. CARLOS ROBERTO FLORES, 7. RANDOLFO VELASQUEZ GOMEZ, 8. DENIS JOSUE FUENTES, 9. ANA CAROLINA PINEDA MEJIA, 10. MARY ALICIA ELVIR PONCE, 11. IRIS ROSARIO MARADIAGA CERRATO, 12. JOSE MANUEL CARTAGENA TROCHEZ, 13. RAMON ALFONSO CALIX, 14 MAGDA ESPERANZA NUÑEZ REYES, 15. LEYLA INOCENTE MONTOYA SALGADO, 16. SANTOS CAMILO MALDONADO YANES, 17 JOSE MANUEL FIGUEROA CALIX, 18. RAFAEL TORRES RAUDALES, 19. SUYAPA YAMILETH FERRARI MONCADA, 20. ALBA ROSA ROJAS MOLINA, 21. RAUL ANTONIO RAPALO ENAMORADO, 22. MARCO TULIO PALAO RUIZ, 23. JOSE ERNESTO PINEDA, 24.FABIO RODRIGUEZ LEIVA, 25. EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA, 26.BLANCA ROSA PADILLA ORTIZ, 27. ISMENIA LUZ RAMO RAMOS, 28. MARIA CRISTINA MEZA, 29. LUIS ROBERTO TORRES ALONZO, 30. FRANCISCO ROBERTO MATUTE ANDINO, 31. CESAR ADALBERTO MENDOZA VIERA, 32. MARCO TULIO MORALES, 33. SANTOS GUADALUPE MONTES MIRALDA, 34 SANTOS MAXIMILIANO MARTINEZ, 35. ISIDORO MONTOYA, 36. SALVADOR IGNACIO MOLINA VELASQUEZ, 37. DEYSSI ONDINA RODRIGUEZ GALINDO, 38. REYNA LETICIA FONCSECA AYESTAS, 39. MARIO WILFREDO UCLES AMAYA, 40. DELMY JUDITH MONDRAGON FLORES, 41. ROGER HERNAN LOPEZ TABORA, 42. EFRAIN MONTES, 43. JOSEFA LIDIA LEIVA UYOA, 44. SERGIO JARIBALDI ALBIR MALDONADO, 45. JUAN RAMON IBARRA SALGADO, 46. JOSE SIMON BAQUEDANO, 47. JOSE ORLANDO COELLO LAINEZ, 48. PEDRO REGALADO SEVILLA, 49. ROBERTO AMAYA AGUILAR, 50. HECTOR EMILIO LEIVA TOVAR, 51. RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ VARELA, 52. EDUARDO LOPEZ, 53. LEONEL ANTONIO VEGA COTO, 54. FLAVIO ANTONIO FLORES VASQUEZ, 55. MANUEL DE JESUS CASTILLO HERNANDEZ, 56. JUANA ANTONIA FERRERA CANTARERO, 57. RAYNELDA MAIELA NUÑEZ CASTRO, 58. DILCIA CONCEPCION LOPEZ ALVARADO, 59. ANA MARIA HERNANDES, 60. NORMA DORIS CACERES ESCOBAR, 61. MIRIAN NICOLASA AYALA CASACA, 62. MARIA BONIFACIA QUINTANILLA CORTES, 63. WENDY CARINA VILLEDA MEMBREÑO, 64. LAZARO MEJIA LAINEZ, 65. RENAN EDUARDO RAMIREZ DERAS, 66. DINA MARILU DONAIRE DUBON, 67. ROSA LILIA NUÑEZ REYES, 68. JOSSLYN SALOME RIVERA RODRIGUEZ, 69. FEDERICO ANTONIO FUNEZ ZAVALA, 70. ERASMO AGUILAR AGUILERA CASTRO, 71. MARCOS RENE GUERRA SERRANO Y 72. JOSE MAURO GALEAS, todos hondureños, mayores de edad y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su DIRECTOR EJECUTIVO, en ese entonces el señor RAMON ANTONIO LARA BUESO, hondureño, mayor de edad, casado, y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de junio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 15 de marzo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE TRANSACCION Y PAGO y la EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION opuestas por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago del Ajuste del 30% de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA. instaurada por el ABOGADO JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de Representante Procesal de los señores: 1.- ROSA ERMINIA IZAGUIRRE LAGOS; 2.- MARÍA ANTONIETA CRUZ PALMA; 3.- MARÍA VIRGINIA CANACA MATAMOROS; 4.- RUTH BERMÚDEZ ZAMORA; 5.- MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ BANEGAS; 6.- CARLOS ROBERTO FLORES; 7.- RANDOLFO VELÁSQUEZ GÓMEZ; 8.- DENIS JOSUÉ FUENTES; 9.- ANA CAROLINA PINEDA MEJÍA; 10.- MARY ALICIA ELVIR PONCE; 11.- IRIS ROSARIO MARADIAGA CERRATO; 12.- JOSÉ MANUEL CARTAGENA TROCHEZ; 13.- RAMÓN ALFONSO CALIX; 14.- MAGDA ESPERANZA NÚÑEZ REYES; 15.- LEYLA INOCENTE MONTOYA SALGADO; 16.- SANTOS CAMILO MALDONADO YANES; 17.- JOSÉ MANUEL FIGUEROA CALIX; 18.- RAFAEL TORRES RAUDALES; 19.- SUYAPA YAMILETH FERRARI MONCADA, 20.- ALBA ROSA ROJAS MOLINA; 21.- RAÚL ANTONIO RÁPALO ENAMORADO; 22.- MARCO TULIO PALAO RUIZ; 23.- JOSÉ ERNESTO PINEDA; 24.- FABIO RODRÍGUEZ LEIVA; 25.- EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA; 26.- BLANCA ROSA PADILLA ORTIZ; 27.- ISMENIA LUZ RAMOS RAMOS; 28.- MARÍA CRISTINA MEZA; 29.- LUIS ROBERTO TORRES ALONZO; 30.- FRANCISCO ROBERTO MATUTE ANDINO; 31.- CESAR ADALBERTO MENDOZA VIERA; 32.- MARCO TULIO MORALES; 33.- SANTOS GUADALUPE MONTES MIRALDA; 34.- SANTOS MAXIMILIANO MARTÍNEZ; 35.- ISIDORO MONTOYA; 36.- SALVADOR IGNACIO MOLINA VELÁSQUEZ; 37.- DEISSY ONDINA RODRÍGUEZ GALINDO; 38.- REYNA LETICIA FONSECA AYESTAS; 39.- MARIO WILFREDO UCLES AMAYA; 40.- DELMY JUDITH MONDRAGÓN FLORES; 41.- ROGER HERNÁN LÓPEZ TABORA; 42.- EFRAÍN MONTES; 43.- JOSEFA LIDIA LEIVA ULLOA; 44.- SERGIO GARIBALDI ALBIR MALDONADO; 45.- JUAN RAMÓN IBARRA SALGADO; 46.- JOSÉ SIMÓN VAQUEDANO; 47.- JOSÉ ORLANDO COELLO LAÍNEZ; 48.- PEDRO REGALADO SEVILLA; 49.- ROBERTO AMAYA AGUILAR; 50.- HÉCTOR EMILIO LEIVA TOVAR; 51.- RAFAEL ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA; 52.- EDUARDO LÓPEZ; 53.- LEONEL ANTONIO VEGA COTO; 54.-FLAVIO ANTONIO FLORES VÁSQUEZ; 55.- MANUEL DE JESÚS CASTILLO HERNÁNDEZ; 56.- JUANA ANTONIA FERRERA CANTARERO; 57.- RAYNELDA MAIELA NÚÑEZ CASTRO; 58.- DILCIA CONCEPCIÓN LÓPEZ ALVARADO; 59.- ANA MARÍA HERNÁNDEZ; 60.- NORMA DORIS CÁCERES ESCOBAR; 61.-MIRIAN NICOLASA AYALA CASACA; 62.- MARÍA BONIFACIA QUINTANILLA CORTES; 63.- WENDY KARINA VILLEDA MEMBREÑO; 64.- LÁZARO MEJÍA LAÍNEZ; 65.- RENÁN EDUARDO RAMÍREZ DERAS; 66.- DINA MARILÚ DONAIRE DUBON; 67.- ROSA LILIA NÚÑEZ REYES; 68.- JOSSLYN SALOME RIVERA RODRÍGUEZ; 69.- FEDERICO ANTONIO FÚNEZ ZAVALA; 70.- ERASMO AGUILERA CASTRO; 71.- MARCOS RENÉ GUERRA SERRANO Y 72.- JOSÉ MAURO GÁLEAS; contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por medio de su Director Ejecutivo el Licenciado RAMON ANTONIO LARA BUESO; III.- CONDENAR: Al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por medio de su Director Ejecutivo el Licenciado RAMON ANTONIO LARA BUESO; pagar a los Señores: ROSA ERMINIA IZAGUIRRE LAGOS: L.442,080.84; MARÍA ANTONIETA CRUZ PALMA: L.712,348.46, MARÍA VIRGINIA CANACA MATAMOROS: L.223,671.54, RUTH BERMÚDEZ ZAMORA: L.472,848.23, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ BANEGAS: L.247,894.36, CARLOS ROBERTO FLORES: L.216,167.42, RANDOLFO VELÁSQUEZ GÓMEZ: L.271,851.59, DENIS JOSUÉ FUENTES: L.208,158.20, ANA CAROLINA PINEDA MEJÍA: L.556,255.70, MARY ALICIA ELVIR PONCE: L.528,961.01, IRIS ROSARIO MARADIAGA CERRATO: L.508,726.39, JOSÉ MANUEL CARTAGENA TROCHEZ: L.372,195.12, RAMÓN ALFONSO CALIX: L159,679.68, MAGDA ESPERANZA NÚÑEZ REYES: L.521,161.12, LEYLA INOCENTE MONTOYA SALGADO: L.330,695.13, SANTOS CAMILO MALDONADO YANES: L.422,316.40, JOSÉ MANUEL FIGUEROA CALIX: L.239,244.27, RAFAEL TORRES RAUDALES: L.476,840.20, -SUYAPA YAMILETH FERRARI MONCADA: L.448,876.96, ALBA ROSA ROJAS MOLINA: L.491,145.39, RAÚL ANTONIO RÁPALO ENAMORADO: L.264,536.25, MARCO TULIO PALAO RUIZ: L.162,640.25, JOSÉ ERNESTO PINEDA: L.316,379.51, FABIO RODRÍGUEZ LEIVA: L.470,719.40, EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA: L.209,070.08, BLANCA ROSA PADILLA ORTIZ: L.557,122.43, ISMENIA LUZ RAMOS RAMOS: L.232,273.07, MARIA CRISTINA MEZA: L.524,354.66, LUIS ROBERTO TORRES ALVARADO: L.189,721.73, FRANCISCO ROBERTO MATUTE ANDINO: L.510,804.21, CESAR ADALBERTO MENDOZA VIERA: L.190,382.61, -MARCO TULIO MORALES: L.267,388.85, SANTOS GUADALUPE MONTES MIRALDA: L.165,573.48, SANTOS MAXIMILIANO MARTINEZ: L.239,057.18, ISIDORO MONTOYA: L.286,170.42, SALVADOR IGNACIO MOLINA VELÁSQUEZ: L.352,769.57, DEISSY ONDINA RODRÍGUEZ GALINDO: L.492,655.97, REYNA LETICIA FONSECA AYESTAS: L.391,592.21, MARIO WILFREDO UCLES AMAYA: L.314,257.32, DELMY JUDITH MONDRAGÓN FLORES: L.96,116.85, ROGER HERNÁN LÓPEZ TABORA: L.1,035,151.88, EFRAÍN MONTES: L.270,616.11, JOSEFA LIDIA LEIVA ULLOA: L.265,295.42, SERGIO GARIBALDI ALBIR MALDONADO: L.275,543.65, JUAN RAMÓN IBARRA SALGADO: L.176,010.15, JOSÉ SIMÓN VAQUEDANO: L.326,094.83, JOSÉ ORLANDO COELLO LAÍNEZ: L.232,284.11, PEDRO REGALADO SEVILLA: L.216,357.39, ROBERTO AMAYA AGUILAR: L.283,848.80, HECTOR EMILIO LEIVA TOVAR: L.172,387.93, RAFAEL ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA: L.372,381.97, EDUARDO LÓPEZ: L.498,767.73, LEONEL ANTONIO VEGA COTO: L.501,462.57, FLAVIO ANTONIO FLORES VÁSQUEZ: L.379,708.69, MANUEL DE JESÚS CASTILLO HERNÁNDEZ: L.402,820.46, JUANA ANTONIA FERRERA CANTARERO: L.488,142.02, RAYNELDA MAIELA NÚÑEZ CASTRO: L.456,986.69, DILCIA CONCEPCIÓN LÓPEZ: L.204,098.09, ANA MARÍA HERNÁNDEZ: L.403,618.09, NORMA DORIS CÁCERES ESCOBAR: L.307,045.19, MIRIAN NICOLASA AYALA CASACA: L.193,046.51, -MARIA BONIFACIA QUINTANILLA CORTES: L.256,555.67, WENDY KARINA VILLEDA MEMBREÑO: L.286,110.83, LÁZARO MEJÍA LAÍNEZ: L.292,236.77, RENAN EDUARDO RAMÍREZ DERAS: L.221,354.22, DINA MARILU DONAIRE DUBON: L.495,552.79, ROSA LILIA NÚÑEZ REYES: L.469,636.43, JOSSLYN SALOME RIVERA RODRÍGUEZ: L.182,525.29, FEDERICO ANTONIO FÚNEZ ZAVALA: L.303,287.87, ERASMO AGUILERA CASTRO: L.645,984.76, MARCOS RENÉ GUERRA SERRANO: L.400,532.36 y JOSÉ MAURO GÁLEAS: L.522,986.70; que consisten en la diferencia que el INA debió haber pagado a cada uno de los demandantes en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales; IV.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que laboraron para el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por tal razón les acogía y le eran aplicables todas las cláusulas colectivas, que el patrono y SITRAINA, convinieron y plasmaron en el contrato colectivo de condiciones de trabajo, esto según lo establece la cláusula 6 de dicho contrato, recordando en todo momento que los derechos obtenidos mediante la contratación colectiva, son de carácter irrenunciable y el Estado está obligado a tutelar. Que después de haber prestado sus servicios laborales, las autoridades patronales le pusieron en conocimiento a los empleados del INA, que si deseaban dar por terminada la relación laboral, este les reconocería hasta un 70% del pago en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales que les correspondía; y para tal efecto el empleado que decidiera dar por terminada la relación laboral debía presentar por escrito la solicitud correspondiente según los parámetros establecidos por las autoridades del INA, que posterior a la elaboración y entrega de los acuerdos de cancelación por mutuo acuerdo efectuados por el patrono, procedieron en conjunto con sus representados a firmar ante un inspector del trabajo un acta denominada Acta de terminación de una Relación Laboral y Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales de un Trabajador, por terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Consentimiento¨ terminación de la relación laboral que fundamentaron en el artículo 111 numeral 2, del Código de Trabajo, que como empleados del INA, tal y como se estableció en el hecho primero, están protegidos por un contrato colectivo suscrito entre patrono y trabajadores, misma que señala de manera clara en su artículo 51 párrafo 9, que se refiere al auxilio de cesantía lo siguiente: Así mismo, el INA se compromete a otorgar el CIEN POR CIENTO 100% en un solo pago y en efectivo a los trabajadores que fuese cesanteados por cualquier causa…, es decir, que todos los empleados que fuesen cesanteados, sin importar la causal o motivo recibirán el 100% de pago que le correspondiere en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, por tal razón a estos se les ha efectuado un pago inferior al que tienen derecho en base a los argumentos, pero a toda regla general tiene su excepción y en este caso es la voluntad de las partes para realizar una conciliación o un acuerdo de mutuo consentimiento como lo es en este expediente y para efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con el patrono acudió en representación de sus poderdantes, al Departamento de Conciliación, Mediación y Arbitraje de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; dando por agotadas las diligencias administrativas gubernativas, conciliatorias sin que se llegue a un acuerdo con el patrono.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda rechazando totalmente la pretensión que persiguen los demandantes, pues el “INA” jamás ha infringido el contrato colectivo, ya que no ha existido ni despido justificado o injustificado sino que una transacción entre las partes, o sea que el INA como empleador y algunos de sus trabajadores que han manifestado su deseo de retirarse voluntariamente de la institución, con lo cual, aparentemente lo que se pretende es mediante la aplicación antojadiza de las cláusulas sindicales lograr la indebida e ilegal exacción de los bienes del Erario Público, extrayendo cantidades millonarias y exorbitantes que no corresponden a la legalidad y consentimiento expreso de las partes en la referida transacción, razón por la cual se rechazan enérgicamente los valores pretendidos por los demandantes en este acápite y en el resto de la demanda, ya que como ya se expuso, fue mediante una transacción en que consta ante autoridad competente un mutuo consentimiento y el Estado actuando de buena fe le reconoció y le canceló en pago de lo pactado un valor equivalente a un monto de sus prestaciones, mediante un Acuerdo de pago por mutuo consentimiento, tal como quedó establecido en el ACTA extendida ante la presencia de la autoridad competente de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a lo establecido en el artículo número 379 del Código del Trabajo, mismo en el que constan como muestra del consentimiento expreso de las partes, firma con el puño y letra de cada uno de los demandantes, que ahora prevaliéndose de disposiciones de su contrato colectivo y argucias legales que no son aplicables cuando media en ello la autonomía de la voluntad de cada ex trabajador, ya que como su nombre lo dice, el Contrato Colectivo regla la generalidad de las condiciones de trabajo en una institución o empresa, pero no puede estar por encima de las disposiciones que validan la validez de los contratos de cada persona, tal son el CONSENTIMIENTO Y LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, el objeto y la causa del contrato individual de Transacción que cada uno de los ahora demandantes firmaron. El Empleador accedió a una solicitud mediante la cual el trabajador manifestó su deseo de retirarse voluntariamente, ofreciendo y proponiendo un valor correspondiente a un despido injustificado o terminación del contrato de trabajo por otras causas que no fueran el mutuo acuerdo de las partes. Que resulta absurdo lo que se pretende con la demanda, cual es que el Contrato Colectivo está por encima de las potestades inherentes a cada persona, a menos que sea, como es del caso, que se pretenda consumar un engaño que podría ser tentativo de hasta de un fraude. La extinción de la relación laboral en cada uno de los casos se dio conforme a lo establecido en artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo, evitando así someterse al DECRETO EJECUTIVO número “PCM -051-2016” publicado en el Diario Oficial La Gaceta (número 34,083) el 23 de julio de 2016 (Decreto de reestructuración del “INA”) con lo que se prueba que la Liquidación es legal y se les pagó el total de los valores pactados en la Transacción contenida en el Acta extendida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que se realizó por medio de transferencia a la cuenta de Banco a favor de los demandantes, por lo que el “INA” cumplió con la obligación para con los demandantes, que no existe violación alguna, ya que los demandantes fueron los que solicitaron negociar su retiro voluntario de la institución a cambio del pago de una indemnización equivalente a un monto de las prestaciones laborales que en otras circunstancias les hubieran correspondido, lo que se efectuó de legal manera ante la autoridad competente de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Por lo que el INA y los trabajadores en aquel momento actuaron de buena fe, con los trabajadores pagando el total del cien por ciento (100%) de lo negociación realizada, lo cual se prueba con el acta de la Inspectoría General del Trabajo y el F01, extendido por la Secretaría de Finanzas, que los ex trabajadores demandantes voluntariamente, en forma unilateral, presentaron a su patrocinado solicitud de dar por terminado su contrato de trabajo que los unía con el ente gubernamental que representa, pidiendo el PAGO del equivalente de la totalidad de los derechos que le corresponderían si fuese el caso de un despido injusto. Pero no hay despido injusto ellos negociaron su retiro voluntario y firmaron con su puño y letra ante los inspectores de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, por lo que se les pagó el cien por ciento (100%) de lo pactado y negociado en concepto de su retiro voluntario de acuerdo al acta que como tal constituye prueba fehaciente e indubitada que desacredita la improcedente pretensión, tal lo establece el artículo 379 del Código de Trabajo que literalmente dice “Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades de trabajo correspondientes” por lo que el patrono y el trabajador cumplieron con lo pactado; asimismo, expuso EXCEPCION PERENTORIA DE TRANSACCION Y PAGO exponiendo lo siguiente: Debido a que los trabajadores demandantes convinieron, recibieron y estuvieron de acuerdo con el valor de las prestaciones e indemnizaciones laborales que en otras circunstancias les hubiera correspondido, ello de acuerdo al Acta de Mutuo Consentimiento y pago firmado por los trabajadores demandantes, el patrono y la Inspección General del Trabajo, donde consta que se pusieron de acuerdo que se pagara el monto acordado y exonerar al INA del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, de acuerdo a nuestra Normativa Vigente en los artículos 111 numeral 2, 379, 614 numeral III, 858 del Código del Trabajo en relación con el artículo 2000 del Código Civil, por lo que las partes se presume actuaron de buena fe y ahora pretenden lucrarse aduciendo el engaño, lo que es constitutivo de fraude contra el Estado. II.- EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION exponiendo lo siguiente: Según los artículos 864 y 867 párrafo primero del Código del Trabajo, por lo que el término para demandar el supuesto faltante, por una violación de la supuesta cláusula 51, párrafo del IX del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA donde habla del despido injustificado, por lo que tenían los trabajadores 2 meses para acudir a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, pues la relación de trabajador y patrono desapareció, a partir que entró en vigencia el Decreto Ejecutivo número 051-2016 de fecha 23 de julio de 2016, artículo 5, cuyo Decreto fue de ejecución inmediata, el acta de terminación laboral de fechas 30 de agosto de 2016; la fecha que se firmó el Acta ante la Secretaría de Trabajo data de fecha 13 de diciembre de 2016, está prescrito, puede decirse que ya transcurrieron entre la fecha de mutuo consentimiento y acudir ante la Secretaría de Trabajo 3 meses; 13 días por lo que no cumple con lo que establece el artículo 864 y 867 párrafo primero del Código del Trabajo; por lo que los trabajadores dejaron transcurrir los dos meses que le otorga el Código del Trabajo para realizar dichos reclamos al Patrono.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de marzo del 2018, dictó sentencia declarando declarando SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE TRANSACCION Y PAGO y la EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION; declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago del ajuste del 30% de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA. CONDENO al demandado pagar a los señores: Rosa Erminia Izaguirre Lagos: L.442,080.84; María Antonieta Cruz Palma: L.712,348.46, María Virginia Canaca Matamoros: L.223,671.54, Ruth Bermúdez Zamora: L.472,848.23, Miguel Enrique Sánchez Banegas: L.247,894.36, Carlos Roberto Flores: L.216,167.42, Randolfo Velásquez Gómez: L.271,851.59, Denis Josué Fuentes: L.208,158.20, Ana Carolina Pineda Mejía: L.556,255.70, Mary Alicia Elvir Ponce: L.528,961.01, Iris Rosario Maradiaga Cerrato: L.508,726.39, José Manuel Cartagena Trochez: L.372,195.12, Ramón Alfonso Calix: L159,679.68, Magda Esperanza Núñez Reyes: L.521,161.12, Leyla Inocente Montoya Salgado: L.330,695.13, Santos Camilo Maldonado Yanes: L.422,316.40, José Manuel Figueroa Calix: L.239,244.27, Rafael Torres Raudales: L.476,840.20, -Suyapa Yamileth Ferrari Moncada: L.448,876.96, Alba Rosa Rojas Molina: L.491,145.39, Raúl Antonio Rápalo Enamorado: L.264,536.25, Marco Tulio Palao Ruiz: L.162,640.25, José Ernesto Pineda: L.316,379.51, Fabio Rodríguez Leiva: L.470,719.40, Eduardo Roberto Alvarado Zavala: L.209,070.08, Blanca Rosa Padilla Ortiz: L.557,122.43, Ismenia Luz Ramos Ramos: L.232,273.07, Maria Cristina Meza: L.524,354.66, Luis Roberto Torres Alvarado: L.189,721.73, Francisco Roberto Matute Andino: L.510,804.21, Cesar Adalberto Mendoza Viera: L.190,382.61, -Marco Tulio Morales: L.267,388.85, Santos Guadalupe Montes Miralda: L.165,573.48, Santos Maximiliano Martinez: L.239,057.18, Isidoro Montoya: L.286,170.42, Salvador Ignacio Molina Velásquez: L.352,769.57, Deissy Ondina Rodríguez Galindo: L.492,655.97, Reyna Leticia Fonseca Ayestas: L.391,592.21, Mario Wilfredo Ucles Amaya: L.314,257.32, Delmy Judith Mondragón Flores: L.96,116.85, Roger Hernán López Tabora: L.1,035,151.88, Efraín Montes: L.270,616.11, Josefa Lidia Leiva Ulloa: L.265,295.42, Sergio Garibaldi Albir Maldonado: L.275,543.65, Juan Ramón Ibarra Salgado: L.176,010.15, José Simón Vaquedano: L.326,094.83, José Orlando Coello Laínez: L.232,284.11, Pedro Regalado Sevilla: L.216,357.39, Roberto Amaya Aguilar: L.283,848.80, Hector Emilio Leiva Tovar: L.172,387.93, Rafael Enrique Rodríguez Varela: L.372,381.97, Eduardo López: L.498,767.73, Leonel Antonio Vega Coto: L.501,462.57, Flavio Antonio Flores Vásquez: L.379,708.69, Manuel De Jesús Castillo Hernández: L.402,820.46, Juana Antonia Ferrera Cantarero: L.488,142.02, Raynelda Maiela Núñez Castro: L.456,986.69, Dilcia Concepción López: L.204,098.09, Ana María Hernández: L.403,618.09, Norma Doris Cáceres Escobar: L.307,045.19, Mirian Nicolasa Ayala Casaca: L.193,046.51, -Maria Bonifacia Quintanilla Cortes: L.256,555.67, Wendy Karina Villeda Membreño: L.286,110.83, Lázaro Mejía Laínez: L.292,236.77, Renan Eduardo Ramírez Deras: L.221,354.22, Dina Marilu Donaire Dubon: L.495,552.79, Rosa Lilia Núñez Reyes: L.469,636.43, Josslyn Salome Rivera Rodríguez: L.182,525.29, Federico Antonio Fúnez Zavala: L.303,287.87, Erasmo Aguilera Castro: L.645,984.76, Marcos René Guerra Serrano: L.400,532.36 y José Mauro Gáleas: L.522,986.70; que consisten en la diferencia que el INA debió haber pagado a cada uno de los demandantes en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, sin costas; bajo el criterio que en cuanto a la EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION, en virtud que tal y como lo manda el artículo 864 y 867 párrafo primero del Código del Trabajo, por lo que el término para demandar el supuesto faltante, por una violación de la supuesta cláusula 51, párrafo del IX del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA donde habla del despido injustificado, por lo que tenían los trabajadores 2 meses para acudir a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, pues la relación de trabajador y patrono desapareció, el acta de terminación laboral de fechas 30 de agosto de 2016; la fecha que se firmó el Acta ante la Secretaría de Trabajo data de fecha 13 de diciembre de 2016, está prescrito, puede decirse que ya transcurrieron entre la fecha de mutuo consentimiento y acudir ante la Secretaría de Trabajo, 3 meses, 13 días, por lo que no cumple con lo que establece el artículo 864 y 867 párrafo primero del Código del Trabajo; por lo que los trabajadores dejaron transcurrir los dos meses que le otorga el Código del Trabajo para realizar dichos reclamos al Patrono; siendo que el derecho de los actores se originó de una obligación contractual contenida en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el INA y el SITRAINA y siendo esta la Norma Legal de la cual se deriva o surge un derecho como una conquista del Sindicato a favor de los trabajadores por lo que se convierte en un derecho estrictamente personal y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2292 del Código Civil las acciones personales que no tengan señalado término especial, prescriben en el término de diez años; en vista de lo anterior procede declarar SIN LUGAR la EXCEPCION MATERIAL DE PRESCRIPCION opuesta por la Representante Procesal de la parte demandada. Que la presente litis se contrae a pedir el Ajuste del 30% de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA que señala: Que la Institución reconocerá en calidad de Prestaciones Sociales a los trabajadores que hubieren sido despedidos por cualquier causa el preaviso, el Auxilio de Cesantía y demás derechos adquiridos en la forma siguiente: Preaviso: Cuando el trabajador haya superado el periodo de prueba, pero tenga menos de SEIS MESES de trabajar, tendrá derecho en caso de despido a un preaviso de 22 días laborables consecutivos más los días no laborables correspondientes; b) el trabajador que tenga más de seis meses pero menos de un año tendrá derecho en caso de despido a un preaviso de 32 días laborables consecutivos, más los dos días no laborables correspondientes; c) El trabajador que tenga un trabajo continuo mayor de un año pero menos de dos años tendrá derecho a un preaviso equivalente a 60 días laborables consecutivos, más los días no laborables correspondientes… AUXILIO DE CESANTIA: a)…b)…c)… d) Aquellos trabajadores que tengan VEINTICINCO AÑOS de servicio continuo o más, tendrán derecho a un Auxilio de Cesantía equivalente a 1375 días laborables, más 25 días adicionales por cada año de servicio que exceda de los 25 días adicionales por cada año de servicio que exceda de los 25 años, más la parte proporcional por la fracción de año trabajado. Asimismo, el INA se compromete a otorgar el CIEN POR CIENTO (100%) en un solo pago y en efectivo a los trabajadores que fuesen cesanteados por cualquier causa, tomando en cuenta el ingreso de los últimos 6 meses, más el bono de vacaciones que haya recibido el trabajador durante el año; para lo cual se acreditó en autos que a los demandantes al momento de la terminación laboral con la Institución demandada por mutuo consentimiento; la parte demandada incumplió con lo señalado en la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA al haberles cancelado únicamente el 70% de las prestaciones laborales, tal y como consta en las Hojas de Cálculos de Indemnización y Prestaciones laborales de cada uno de los demandantes que corren agregados a los autos; en vista de lo anterior y siendo que a los señores demandantes no se le han pagado de forma correcta el pago de sus Prestaciones e Indemnizaciones Laborales la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito; para el pago de Ajuste del 30% de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA. Que en relación a la EXCEPCION PERENTORIA DE TRANSACCION Y PAGO opuesta por la Representante Procesal de la parte demandada y después de haber realizado el respectivo análisis de las exposiciones por ambos Representantes Procesales de las partes, así como de la prueba practicada, concluyó: Que las prestaciones e indemnizaciones laborales que correspondía a cada uno de los demandantes no fue pagada en su totalidad tal y como se relaciona en el Considerando anterior y en especial por la vigencia del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y tal como reiteradamente lo ha señalado la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial para el caso en las sentencias registradas en dicha instancia con los números 11550-18 y 11176- 17, los contratos colectivos son un bien protegido por el Estado y conforme a la Constitución de la República, son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversen lo derechos de los trabajadores, así como la aplicación irrestricta del convenio 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva y las resoluciones del comité de libertad sindical del consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo; en vista de lo expuesto la Suscrita es del criterio que procede declarar SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE TRANSACCION Y PAGO opuesta por el Representante Procesal de la parte demandada.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 22 de junio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que a los demandantes al momento de hacer los respectivos cálculos se elaboraron en base al 100% de los que les correspondía por concepto de prestaciones laborales, pero que de esos valores únicamente se les canceló el 70%, violentándose de esta manera lo pactado por la institución y el sindicato a través del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, en el sentido de que cualquiera que fuera la terminación de la relación laboral se les cancelaría a los trabajadores el 100% de lo que les correspondería en concepto de prestaciones laborales, por lo que el reclamo del restante 30% es procedente, que la Representante Procesal de la parte demandada interpuso las EXCEPCIONES PERENTORIAS (MATERIAL) de “TRANSACCIÓN y PAGO”, y si bien es cierto que la figura de la Transacción, en materia laboral ofrece unos caracteres peculiares que integran en sí una manifestación de la irrenunciabilidad de los derechos por parte del trabajador, aunque en su esencia la transacción comparte los criterios del derecho común a que nos hemos referido, pero se modifica sustancialmente al franquearse el problema de la restringida renuncia permitida legalmente sobre derechos de los trabajadores, aun recordando que en la transacción, más que derechos, se renuncian esperanzas, es por ello que la transacción laboral sólo se admite en ciertos casos: los permitidos por las leyes, donde no le establece al trabajador renunciar a los beneficios adquiridos, prestando su consentimiento a algo que puede perjudicarle y en aplicación supletoria a que se refiere el artículo 858 del Código del Trabajo y lo dispuesto en el artículo 1422 del citado Código Civil y siendo que ha quedado demostrado y aceptado por la Representante Procesal de la parte demandada, que únicamente se les canceló a los trabajadores el 70% de lo que les correspondía por concepto de prestaciones laborales, las EXCEPCIONES PERENTORIAS (MATERIAL) de “TRANSACCIÓN y PAGO”, no son procedentes, porque no se ha demostrado la cancelación total de las prestaciones laborales que les corresponden a los trabajadores demandantes, en cuanto a la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN y no hay que olvidar que la prescripción es la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, a sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad, ya perpetuando una renuncia, abandono, flojedad, inactividad o impotencia, y cuando un ente es titular de un derecho ha estado bastante tiempo sin ejercerlo, es del caso presumir que su derecho se ha extinguido por la falta de interés en su ejercicio; y ello es así por cuanto el orden público y la paz social reclaman la consolidación de las situaciones adquiridas y en el presente caso, aflora en autos que según el sustento en que se basa la Representante Procesal de la parte demandada y por las razones anteriormente expuestas, no es procedente la prescripción porque claramente está demostrado que el artículo 51 de Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo es la situación que se encuentra amparada en lo que regula el artículo 868 literal b) del Código del Trabajo cuando se refiere a la interrupción de la prescripción así: “El término de prescripción se interrumpe: a) ... b) Por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquél contra quien transcurre el término de prescripción. Quedan comprendidos entre los medios expresados en este inciso el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que se haga; y c) ...“ y consta en autos el pago parcial de las prestaciones de los trabajadores demandantes, lo que trajo como consecuencia la interrupción de la prescripción, por lo que la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION, tampoco es procedente, en consecuencia es preciso confirmar o resuelto por el tribunal de primera instancia en este aspecto.- 5.- Mediante auto de fecha 12 de marzo del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 03 de mayo del 2019, compareció ante este Tribunal la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 6 de mayo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de mayo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, en su primer motivo aduce; “Acuso a la sentencia de ser violatoria de Ley de orden nacional, por infracción directa del artículo 90 de la Constitución de la República. LEY SUSTANTIVA VIOLADA. La disposición sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: Nuestra Constitución establece en su Artículo 90 Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La sentencia recurrida en su parte dispositiva FALLA: DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA...contra EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), actualmente representado por el ABOGADO RAMON ANTONIO LARA BUESO, en su condición DE DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO INA, EN EL CONSIDERANDO DIEZ (10) de la señora juez explica porque declara con lugar la demanda porque según ella no es válida la negociación o la solicitud presentada por los empleados al patrono para recibir su cesantía y no es válido haber negociado y pagado dicho que equivale al 100% de lo conciliado, la juez está violentando el derecho a la conciliación que es una forma de terminar los conflictos y en el caso que nos ocupa según el artículos 111 numeral 2 y 379 del código de trabajo, como se probó con las actas, en el que constan como muestra del consentimiento expreso de las partes, firma con el puño y letra de cada uno de los demandantes, tal lo establece el artículo 379 del Código de Trabajo que literalmente dice “ Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá haberse ante las autoridades de trabajo correspondientes…Asimismo los ex empleados como la parte actora no acreditaron seguir siendo miembros de sindicato según lo dispuesto en el Código de Trabajo es decir lo dispuesto en el Artículo 290.-Los trabajadores que hayan cesado por reducción de personal o reducción de puestos, aun cuando reciban las indemnizaciones que en el derecho procedan, seguirán conservando los derechos que hayan adquirido antes de su separación, para regresar a sus puestos, si es que éstos vuelven a crearse y también para que se les llame al servicio en el ramo de trabajo de donde salieron, siempre que continúen perteneciendo a los sindicatos que celebraron los contratos colectivos, si la afiliación existía al tiempo de la reducción.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 numeral 1, en su formulación del Código del Trabajo; b) la norma artículo 90 de la Constitución de la República que indica como violada no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; c) en la explicación en el motivo expuesto la causa de valides de los acuerdos de negociación fueron objetos de la controversia y por ende del material probatorio.- IV.-Se ha repetido con insistencia por parte de este Tribunal que los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código del Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que uno de los requisitos más elementales es la cita concreta de la norma sustancial que se considera infringida.- V.- Que la recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “En el considerando nueve (9) de la sentencia recurrida, la juez convierte un reclamo laboral en un reclamo civil para declarar SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN MATERIAL DE LA PRESCRIPCIÓN, porque dice que en aplicación del artículo 2292 del CODIGO CIVIL se establece una prescripción de 10 AÑOS y si eso fuese correcto entonces no es COMPETENTE el juzgado LABORAL SINO EL JUZGADO CIVIL. POR TAL MOTIVO DEBIO DECLINAR SU COMPETENCIA. Siendo que en Honduras contamos con un Código especial en materia laboral, la juez en su mima sentencia en su considerando nueve admite que este caso es un derecho estrictamente personal, por lo que la juez debió mandar a subsanar al demandante y hacerle saber que era materia civil y no laboral y nos hubiéramos evitado todo este juicio. Siendo que existe criterio unificado de la Sala Laboral y unificación de criterios sobre sobre 127 de la Ley Orgánica del Presupuesto dispone que ningún tribunal podrá despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra las rentas y los caudales de la Hacienda Pública y la inembargabilidad del Estado, específicamente de las rentas y los caudales públicos y en el numeral 3, de dichos lineamientos dice Las rentas y los caudales de la Hacienda Pública son inembargables, pero solo para fines preventivos o cautelares, ya que el Estado goza de Presunción de solvencia, esto en armonía con lo dispuesto en el artículo 351 numeral 4) del Código Procesal Civil. Extender los efectos de la inembargabilidad de dichos fondos a la etapa procesal de ejecución equivaldría a construir una barrera infranqueable para el debido y completo cumplimiento de las sentencias judiciales con condena pecuniaria, lo que se traduciría en una evidente denegación de la justicia por parte del mismo Estado y traería como un fracaso del Sistema Judicial, columna vertebral de la paz social. Que la unificación de criterios judiciales en materia laboral de la corte suprema de justicia según OFICIO No. 2074-SCSJ-2016, de fecha 05 de diciembre de 2016, donde se establece la APLICACIÓN DE LA FIGURA DE PRESCRIPCIÓN, contenida en el artículo 864 del Código de trabajo, donde dice claramente que se tiene que contar desde que el patrono dio motivo para separación o despido, teniendo el término de dos meses contados a partir de dicha notificación para reclamar ante los juzgados del Trabajo; desde que terminó la relación laboral de mutuo consentimiento en el año 2014, se aprobaron las conclusiones del taller de unificación de criterios, entre uno del criterio establece LA RENUNCIA Y LA TRANSACCION COMO FORMAS DE TERMINACION LABORAL, conforme lo establece el artículo 127 de la Constitución de la República, 379 del Código de Trabajo. En el apartado que se refiere dicho criterio unificado se refiere a la EJECUCION DE LAS SENTENCIAS EN CONTRA DEL ESTADO Y EMBARGO DE RENTAS Y CAUDALES PUBLICOS EN EL AMBITO LABORAL. El estado es inembargable, pero solo para fines preventivos o cautelares ya que goza de presunción de solvencia. En el Considerando Diez (10) de la sentencia recurrida, la señora juez explica por qué declara con lugar la demanda, porque según ella, no es válida la negociación o la solicitud presentada por los empleados al patrono para recibir su cesantía y no es válido haber negociado y pagado dicho que equivale al 100% de lo conciliado, la juez está violentando el derecho a la conciliación que es una forma de terminar los conflictos y en el caso que nos ocupa según el artículos 111 numeral 2 y 379 del Código de Trabajo, como se probó con las actas, en el que constan como muestra del consentimiento expreso de las partes, firma con el puño y letra de cada uno de los demandantes, tal como lo establece el artículo 379 del Código de Trabajo que literalmente dice “Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá haberse ante las autoridades de trabajo correspondientes” por lo que el patrono y el trabajador cumplieron con el articulo antes mencionado La juez de manera errónea este mismo considerando continua manifestando que hubo despido, por lo que jamás hubo un despido, si no que un negociación de mutuo consentimiento ante el inspector del trabajo. Los trabajadores jamás manifestaron inconformidad más bien fueron ellos los que solicitaron la terminación laboral y aun así, el INA les reconocido lo pactado. La juez de primera instancia, no valora que los trabajadores siempre estuvieron conscientes y que más bien fueron ellos que presentaron la renuncia al patrono y negociaron ante la STSS, lo que demuestra en todo caso es un puro acto DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD, es un cambio de opinión en relación con la primera declaración, pues en ningún momento acreditaron que ese cambio de opinión o de voluntad se deba a uso de violencia, amenazas u otro acto que vicie ese consentimiento por parte del patrono o bien de terceros. Es más tuvieron la oportunidad posterior o bien en el momento en que celebraron el acta de terminación laboral y pago de prestaciones laborales que rolan entre los folios 49 al 785 pp, de renunciar cualquier acto intimidatorio de parte del patrono que los orillara a renunciar a sus derechos, pues tuvieron en este acto la presencia de una inspectora del trabajo, quien dio fe de la legalidad del acto, tomando en cuenta que una de las causas para dar por terminada la relación laboral es el mutuo consentimiento de las partes según lo regula el artículo 112.2 del código de trabajo con relación al 379 del código de trabajo. Por lo que en todos los documentos aportados por esta defensa del INA, que corren agregados a folio 45 al 785 primero pieza, están conforme a derecho y nunca la otra parte ni la juez determino ni probo que haya existido violencia, error, intimidación o fuerza que viciara el consentimiento del trabajador, por lo que la sentencia del juez ad-quo no está conforme a derecho. EN EL CONSIDERANDO ONCE (11) de la sentencia recurrida , la señora juez trata de justificar que sin lugar el pago realizado en base a las actas de mutuo consentimiento para terminar la relación laboral según el artículo 111 numeral 2 que se firmó ante autoridad competente y que la señora juez desacredita afirmando que los inspectores del trabajo se equivocaron y no realizaron su trabajo de tutelar los derechos de los trabajador, lo cual es corrupción y el delito de faltar a los deberes del funcionario. Ver considerando (4). En dicho considerando 11) la juez motiva en una jurisprudencia que no tiene nada que ver con el caso del Ina, en cambio en este momento presento sentencia exp: 0101-2018- 00823 C1A, de la Corte primera de la Ceiba, Departamento de Atlántida - sentencia de apelación, y la primera pieza No. 0101-2017-00005, siendo esta una sentencia actual, del INA emitida por la corte de apelación de la ciudad de la ceiba, donde es la misma clase de trabajadores, con la misma pretensión y en la actualidad dicha sentencia está firme y estamos en el mismo país honduras. Por lo que el INA, continúa manifestando que la sentencia dictada por le juzgado A-quo de esta ciudad de Tegucigalpa según expediente 132-2017 Juez 2. Debe ser revocada en su totalidad, por no estar conforme a derecho. El juzgado a-quo en la parte final del considerando 11) invoca convenio 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho a sindicalización y negociación colectiva, con esa invocación de ese convenio 98 declara sin lugar la excepción perentoria de transacción y pago, sin tomar en consideración que existe un oficio No. 922-SCJ-2018, emitida por la Corte Suprema y en la parte final de dicho oficio literalmente dice ¨ se establece el siguiente CRITERIO: Que los convenios no ratificados de la Organización Internacional del Trabajo OIT, como sus recomendaciones no tiene la forma de ley, pueden ser relacionadas en los considerandos de los fallos laborales, pero no ser invocados como fundamentos legales de los mismos lo que motiva de oficio su nulidad. Que en el Falla de la sentencia recurrida la juez no realizo el cálculo, si no que ratifica parte del cálculo de la parte actora, dicha sentencia carece de los requisitos legales que debe contener la misma, según los artículos 206,207, 208 y 209 numeral 2 del Código Procesal Civil. La sentencia de condena no establece el importe exacto de las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que se efectuará en la ejecución. De igual forma dicha sentencia carece de cuantía condenatoria si fuera el caso, en ninguna de las partes de la sentencia dice cuál es la supuesta cuantía que esta condenando al INA a pagar. Por lo que dicha sentencia de primera instancia tiene que ser anulada en su totalidad, por carecer de los requisitos mínimos que debe tener una sentencia, como es la cuantía total de la demanda. SEGUNDO: Que la sentencia impugnada como bien señala el expediente 11969 de la segunda pieza en el folio catorce 14 frente y vuelto, en su Considerando 3, como bien señala la sentencia emitida por la corte de apelaciones establece. ¨Se rechaza totalmente la pretensión que persiguen los demandantes en este acápite denominado “LO QUE SE DEMANDA” mediante el que se pretende que éste Juzgado “condene mediante sentencia definitiva a mi representado a pagarle un supuesto ajuste de prestaciones e indemnizaciones de acuerdo a la cláusula 51 del CONTRATO COLECTIVO de Trabajo suscrito entre INA y el “SITRAINA” pues el “INA” jamás ha infringido tal clausula ya que no ha existido ni despido justificado o injustificado sino que una transacción entre la partes, o sea algunos de sus trabajadores han manifestado su deseo de retirarse voluntariamente de la Institución con lo cual, aparentemente lo que se pretende es mediante la aplicación antojadiza de la clausulas sindicales lograr la indebida e ilegal exacción de los bienes del Erario Público, extrayendo cantidades millonarias y exorbitantes que no corresponden a la legalidad y consentimiento expreso de las partes en la referida transacción, razón por la cual se rechazan enérgicamente los valores pretendidos por los demandantes en este acápite y en el resto de la demanda, ya que como ya se expuso, fue mediante una transacción en que consta ante autoridad competente un MUTUO CONSENTIMIENTO y el Estado actuando de buena fe les reconoció y les canceló el pago de lo pactado un valor equivalente a un monto de prestaciones mediante un Acuerdo de Pago por mutuo consentimiento tal como quedó establecida en el ACTA extendida ante la presencia de la Autoridad Competente de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 379 del Código de Trabajo, mismo en el que consta como muestra del consentimiento expreso de las partes, firma con el puño y letra de cada uno de los demandantes, prevaliéndose de disposiciones de su Contrato Colectivo y argucias legales que no son aplicables cuando media en ello la autonomía de la voluntad de cada ex trabajador, ya que como su nombre lo dice el Contrato Colectivo regula la generalidad y las condiciones de trabajo en una Institución o Empresa, pero no puede estar por encima de las disposiciones que validan la validez de los contratos de cada persona, tal son CONSENTIMIENTO, el objeto y la causa del Contrato Individual de Transacción que cada uno de los ahora demandantes firmaron.- El empleador accedió a una solicitud, mediante la cual el trabajador manifestó su deseo de retirarse voluntariamente ofreciendo y proponiendo un valor correspondiente a un despido injustificado o terminación del Contrato de Trabajo por otras causas que no fueran el mutuo acuerdo de las partes.- Absurdo resulta ahora lo que se pretende con la demanda, cual es que el Contrato Colectivo está por encima de las potestades inherentes a cada persona, a menos que sea, como es el caso que se pretenda consumar un ENGAÑO, en cuyo caso estaríamos frente a la constitución del delito de FRAUDE en su grado de tentativa, en perjuicio del Estado de Honduras (INA). La extinción de la relación laboral de cada uno de los casos se dio conforme a lo establecido en el artículo 111 numeral 2 del Ccódigo de Trabajo, evitando así someterse al DECRETO EJECUTIVO número “PCM-051-2016” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,083 del 23 de julio de 2016 (Decreto de Reestructuración del “INA”), con lo que se prueba que la Liquidación solicitada por los demandantes es Legal y se les pago el total de los valores pactados en la Transacción contenida en el Acta extendida por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, que se realizó por medio de transferencia a la cuenta de Banco a favor de los demandantes por lo que el “INA” cumplió con la obligación para con los demandantes por lo que reitero que se rechaza este improcedente acápite y en general la demanda, por carecer de verdadera fundamentación jurídica pero sobre todo, porque nos encontramos, notoriamente ante el hecho de tentativa de una estafa y/o fraude mediante el engaño (pues si el INA hubiera sabido que la intención de los trabajadores demandantes era interponer esta demanda, no hubiera aceptado la oferta que voluntariamente presentaron) ya que mi representado no ha despedido a los ex trabajadores ahora demandantes, sino que accedió a una solicitud que fue solventada mediante la aquiescencia de cada uno de ellos mediante una transacción que es legalmente valida en base a lo establecido en el artículo 110 de la Constitución de la República en relación con el artículo 2000 del Código Civil, todo ello en el marco de lo establecido en el artículo 379 del Ccódigo de Trabajo, en consecuencia no susceptible de posteriores cambios unilaterales sí esta se perfecciono mediante el cumplimiento de lo pactado. Por los motivos antes expuesto solicitamos anular la sentencia y por consiguiente casarla, ya que la misma contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la Ley Laboral, y por consiguiente la sentencia de primera instancia no ha sido dictada con el procedimiento de las solemnidades que debe tener las sentencias, es decir por un error in indicando o bien error in procediendo, respectivamente.- VI.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo numeral 1 del artículo 765 Código del Trabajo; b) no señala la norma sustantiva infringida; d) formula alegatos propios de instancia.- VII.- Se ha repetido con insistencia por parte de este Tribunal que los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código del Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que uno de los requisitos más elementales es la cita concreta de la norma sustancial que se considera infringida.- VIII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de enero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veinte de noviembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 539-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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