Sentencia CL-537-17 — Registro 8962
Resumen
En primera instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, declarando con lugar el defecto procesal de transacción interpuesto por la representante procesal de la parte demandada, declarando sin lugar la excepción de prescripción, la falta de legitimación para demandar y el defecto procesal de cosa juzgada interpuestas por la representante procesal de la parte demandada. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión, ya que los artículos 111 y 113 del Código de Trabajo, señalados como normas sustantivas infringidas, contienen el primero numerales y el segundo párrafos y literales con diferentes situaciones jurídicas que deben ser precisadas; b) los artículos 273 del Código Procesal Civil y 94 de la Ley de Justicia Constitucional, señalados como normas aplicadas en forma análoga en las disposiciones que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas le restan claridad al cargo, ya que la analogía solo cabe para normas del Código del Trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 858 del ordenamiento legal antes señalado; y, c) en la explicación se realizan inoportunos alegatos de instancia.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “5. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indican como normas sustantivas infringidas, entre otros, los artículos 101 y 102 del Código del Trabajo, sin embargo, el primero carece de sustantividad y el segundo contiene varios párrafos siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque; y, b) se realizan en el desarrollo inoportunos alegatos de instancia.- 6. Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de mayo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha doce de enero del dos mil dieciocho, por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en su condición de representante procesal del señor SAUL ENOC PADILLA, como recurrente; además es parte recurrida, EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MARÍA YOLANDA PINEDA SANTOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el cumplimiento del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, pago retroactivo del incremento salarial, prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, indemnización señalada en el artículo 102 del Código del Trabajo, salarios dejados de percibir y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha cinco de febrero del dos mil quince, por el Abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, en representación del señor SAUL ENOC PADILLA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, Guardia, hondureño, con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (IHNFA) por medio de su Director Ejecutivo señor FELIPE ARTURO MORALES y al ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM AL VARENGA URBINA por actuaciones realizadas por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS a quien demanda en su condición de liquidador nombrado por el Decreto Ejecutivo PCM026-14, representada por el señor WILFREDO RAFAEL CERRADO RODRIGUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de junio del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, misma que: “FALLA. PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SAUL ENOC PADILLA RODRIGUEZ, CONTRA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (IHNFA) REPRESENTADO POR SU DIRECTOR EJECUTIVO SEÑOR FELIPE ARTURO MORALES Y EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA QUIEN A SU VEZ REPRESENTA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS EN SU CONDICIÓN DE LIQUIDADOR NOMBRADO POR EL DECRETO EJECUTIVO PCM-026-14, REPRESENTADA POR EL SEÑOR WILFREDO RAFAEL CERRADO RODRIGUEZ.- SIN COSTAS.- SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE TRANSACCIÓN INTERPUESTO POR LA REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA.- SIN COSTAS.- TERCERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR Y EL DEFECTO PROCESAL DE COSA JUZGADA INTERPUESTAS POR LA REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA.- SIN COSTAS.- EN CONSECUENCIA: EXONERA ALINSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (IHNFA) REPRESENTADO POR SU DIRECTOR EJECUTIVO SEÑOR FELIPE ARTURO MORALES Y EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA QUIEN A SU VEZ REPRESENTA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS EN SU CONDICIÓN DE LIQUIDADOR NOMBRADO POR EL DECRETO EJECUTIVO PCM-026-14, REPRESENTADA POR EL SEÑOR WILFREDO RAFAEL CERRADO RODRIGUEZ, DE TODAS LAS ACCIONES EMANDAS DEL PRESENTE JUICIO”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el Estado de Honduras, decidió suprimir y clausurar el IHNFA, lo que se hizo sin cumplir los requisitos establecidos en el Código del Trabajo, pero a pesar de esta ilegalidad, el patrono le entregó al demandante una carta de despido donde se le manifiesta la decisión del empleador de poner término a la relación de trabajo; y en el párrafo segundo de la misma se le ofreció a su poderdante lo siguiente: “Siendo que la terminación de su contrato obedece a la situación señalada en el párrafo anterior, que es causa ajena a la voluntad del trabajador y conforme al código de trabajo vigente usted goza del derecho de recibir el pago de sus derechos adquiridos, aguinaldos, décimo cuarto mes, vacaciones causadas o proporcionales y a ser indemnizado con el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que establece la ley, mismas le serán debidamente pagadas en el transcurso de los siguientes seis meses a razón de un pago por mes y contándolos a partir de la fecha de sus aceptación de la presente, y presentación de los documentos que acrediten solvencia.”, luego se le obligó a suscribir en documento denominado “acta de terminación de una relación laboral y plan de pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales del trabajador (a)”, donde el patrono nuevamente le da a conocer la disposición de dar por terminada la relación laboral y que se le harán los pagos que le corresponde de acuerdo a la Ley pero previo al pago deberán acreditar solvencia y finiquito para con el instituto y terceros, así como, también inscribirse en el SIAFI de la Secretaria de Finanzas. Pero a pesar de haber adquirido con su representado el Instituto Hondureño de la Niñez y De La Familia (IHNFA), y el liquidador nombrado por el Decreto Ejecutivo PCM-026-14, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; el compromiso de pagar la totalidad de los derechos laborales y demás prestaciones que le corresponden, no han cumplido con lo ofrecido y pactado incumpliendo a la fecha con dos meses de pago de las prestaciones laborales, engañando con esta actuación a su representado. Además de solicitar el pago de las prestaciones laborales y demás derechos sociales, solicita a los demandados el cumplimiento en su totalidad del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, celebrado entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, Contrato Colectivo debidamente inscrito bajo registro No. 2312, en el folio 77 del Tomo XV, del Libro de Registro de Contratos Colectivos de la Dirección General del Trabajo, dependencia de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; y con especial atención a la Cláusula 89 del referido Contrato Colectivo donde IHNFA, se compromete a conceder un incremento salarial de L1,200.00, a cada trabajador pagadero de manera retroactiva desde el mes de junio hasta la fecha en que quede finiquitada esta demanda con arreglo a las normas laborales.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el ahora demandante tuvo una relación contractual con el demandado a través del IHNFA, y que actualmente fue cancelado de su puesto de trabajo en virtud del Decreto Ejecutivo al PCM- 26-2014, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Numero 33,446, de fecha 04 de junio de 2014, donde el artículo 1, ordena “Suprimir al IHNFA, creado mediante Decreto Legislativo No, 199-1997, de fecha 29 de enero de 1998”, en cuanto a lo demás manifestado por el demandante en este hecho se rechaza específicamente la modalidad que señala bajo la cual fue nombrado la fecha que establecen como relación laboral, así como el cargo que dice haber desempeñado, el horario de trabajo y el salario mensual que aducen haber devengado; en consecuencia será el actor de la demanda quién deberá probar lo manifestado en el transcurro del presente juicio. Que el acuerdo de cancelación a que se hace referencia, y por el cual se da por terminada la relación laboral con el demandante, por mutuo consentimiento, convino y estuvo de acuerdo que se pagara las prestaciones e indemnizaciones laborales existiendo ACTA o (Acuerdo de Pago) a favor del demandante, como consta en acta, las transacciones se realizaron de mutuo consentimiento de las partes, levantada con la Inspectora de Trabajo, el ex trabajador convino y estuvo de acuerdo que se pagara las prestaciones e indemnizaciones laborales, de acuerdo a los artículos, 111 numeral 9), 379, 614 numeral III, 858 del Código de Trabajo, artículo 2000 del Código Civil, y en aplicación del PCM: 026- 2014 de fecha 04 de junio de 2014, en su artículo 8, dice: “Que finanzas garantizara la provisión oportuna, que se requiera para pagar el pasivo laboral de IHNFA, sin perjuicios de los convenios de pagos que pudiera suscribirse con los trabajadores ante la autoridad del trabajo correspondiente”, que es la Secretaría de Trabajo y en aplicación del 379 del Código del Trabajo, todo acto o compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante la autoridad correspondiente, cabe mencionar que dichos pagos están siendo cancelados mediante transferencias electrónicas del banco donde el demandante tiene su cuenta bancaria. Por lo que se dio la transacción de acuerdo al artículo 2000 del Código civil dice “la transacción es un contrato en que las partes termina extrajudicialmente un litigio eventual…” Por lo que se rechaza totalmente la pretensión del demandante, ya que la representante procesal demandante falsea la verdad existente en el acta levantada con la Inspectoría General del Trabajo, por lo que existe prueba documental que acredita que la parte demandada no le adeuda al demandante.- 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintitrés de junio del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Gerardo Francisco Ayala Paz, en representación del señor Saúl Enoc Padilla Rodríguez, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (IHNFA); con lugar el defecto procesal de transacción; sin lugar la excepción de prescripción, la falta de legitimación para demandar y el defecto procesal de cosa juzgada, interpuestos por la representante procesal de la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que el Código del Trabajo en el artículo 111, del cual en el caso que nos ocupa, es aplicable el numeral 9) del mismo, ya que la entidad pública para la cual laboraba el demandante, el Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 suprimió al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, clausurándolo de manera definitiva por lo que únicamente correspondía al demandante el pago de sus prestaciones sociales conforme establece el párrafo penúltimo del artículo 111 precitado, por lo cual la patronal y el demandante suscribieron en forma voluntaria un Acta en fecha 5 de diciembre del año 2014, en la cual por un lado la patronal se comprometía a cancelar al demandante sus prestaciones sociales en un plazo de 6 meses a través de la Secretaría de Finanzas, dicho plazo fue aceptado por el demandante, por lo que este debió esperar a que transcurriera dicho plazo para poder invocar la falta de cumplimiento de dicha acta y no como ocurrió, esto conforme establece el artículo 2000 del Código Civil. Razón por la cual, habiendo transado con anterioridad al presente juicio, el demandante incumplió con el mismo al no esperar que transcurriera el plazo establecido para que la parte demandada se encontrara en mora, en consecuencia es procedente conforme a derecho declarar con lugar el defecto procesal de transacción; en cuanto a la excepción de pago, para que esta surta todos los efectos, el pago debe haberse realizado con anterioridad al ejercicio de la acción judicial, y conforme se ha constatado, la patronal canceló la totalidad de las prestaciones sociales al demandante en fecha 26 de junio de 2015 y habiéndose entablado la demanda respectiva en fecha 05 de febrero de 2015, es evidente que el pago fue realizado en fecha posterior inclusive de la interposición de dicha excepción de pago, razón por la cual es procedente conforme a derecho, declarar sin lugar la misma.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes, en fecha veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que siendo que el recurrente acusa que la terminación de la relación laboral del demandante no se sustenta en una causa justa de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo es oportuno indicar que ello resulta así cuando el patrono ejerce su poder directivo y disciplinario, es decir, el despido se deriva de un comportamiento del empleado que constituye motivo suficiente, moral y legítimo para ello y concretamente previsto como tal en el ordenamiento positivo; más en el caso de autos la razón o motivo de la desvinculación laboral para con el demandante se origina en el Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 4 de junio del 2014, mediante el cual se dispone suprimir el IHNFA, ente estatal que era el patrono y de quien se inició el proceso de su supresión y clausura, por lo que todo el personal (incluso el demandante), fue parte del proceso de liquidación tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 111.9 del Código de Trabajo; de ahí que la terminación del vínculo laboral en estas circunstancias no se sustenta en una causa justa de las previstas en el Código del Trabajo, sino en una causa legal y legítima de la que también se derivan obligaciones económicas laborales a favor del actor, las que fueron reconocidas por el empleador y en razón de las cuales se optó por celebrar de mutuo acuerdo, un acuerdo de pago para hacer efectivas dichas obligaciones, según se desprende de los documentos titulados “acta de terminación de la relación laboral y plan de pago de las prestaciones laborales del trabajador(a)” que obran en autos y que el trabajador demandante reconoce en el escrito de demanda, haciéndose efectiva la suma de L 446,793.47 en pagos parciales, según se aprecia en el documento visible a folio 224 de la p. p. de a., incorporado al proceso sin objeción alguna. De otra parte, el cuestionamiento al pago en referencia, por no haberse hecho ante autoridad competente al tenor de lo que establece el artículo 379 del Código del Trabajo, es inatendible; en el caso del demandante es visto que el pago de las prestaciones laborales se efectuó respetando las condiciones de trabajo contenidas en la contratación colectiva y sin menoscabo de sus derechos laborales. Por otra parte es preciso establecer que para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tal así lo estipula el Articulo 41.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en el caso de autos, es visto que el INHFA a través de su Director Ejecutivo, vía acción de amparo impugnó la resolución No.194/DGT/NC/2013 emitida el 3 de Junio del 2013 por la Dirección General del Trabajo dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, que daba vigencia al VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el INHFA y SITRAINHFA, acción resuelta por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia otorgando la misma y estableciendo como efectos legales “... Que como consecuencia lógica de la nulidad de pleno derecho en que se ha incurrido, se cancele y se deje sin ningún valor ni efecto la resolución No. 194/DGT/NC/2013... y que consta a No. 2312 del folio 77 del Tomo VII del Libro de Registro de Contratos Colectivo de Condiciones de Trabajo...”; por consiguiente la resolución emitida por la Dirección General del Trabajo mediante se tuvo por inscrito el contrato colectivo en mención, carece de validez y eficacia jurídica; lo que implica la inaplicabilidad de dicha contratación colectiva, al tenor de lo que estipula el artículo 65 del citado cuerpo legal; y es que la declaración de nulidad de una inscripción registral conlleva efectos ex tunc, que en este caso lo sería el séptimo contrato colectivo en el que básicamente se sustenta la demanda y las alegaciones del recurrente; así las cosas, al cancelar y dejar sin ningún valor ni efecto la resolución No. 194/DGT/NC/2013 y su inscripción, se mantiene vigente el Sexto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el IHNFA y SITRIHNFA, el mismo es inaplicable.- 5. Mediante auto de fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en su condición de representante procesal del señor SAUL ENOC PADILLA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha doce de enero del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en su condición de representante procesal del señor SAUL ENOC PADILLA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha doce de enero del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARÍA YOLANDA PINEDA SANTOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2. Que el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en un primer motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta que proveniente de la apreciación errónea por error de hecho evidente en los autos en el medio de prueba DOCUMENTAL PUBLICOde la parte demandante que obra en de la primera pieza. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 111 y ll3del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: la prueba erróneamente apreciada por el Tribunal recurrido es DOCUMENTOS PÚBLICO, de la parte demandante que obra en la primera pieza, propuesto por la parte demandante, documento que consiste en Constancia emitida por la Secretaría Administrativa de la Dirección General del Trabajo, donde hace constar que a folio 77 del Torno XV del Libro de Registro de Contratos Colectivos, se encuentra inscrito el VII Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (IL-INFA) Y EL SINDICATO DE 1RABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (SITRAIHNFA), constancia de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince (18-05-2015)”.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva ya señalada, están contendidas en los artículos 82, 738 y 739 del Código del Trabajo; 273 del Código Procesal Civil utilizado corno norma análoga aplicable y el artículo 94 de Ley Sobre Justicia Constitucional. PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo segundo del numeral 1° del artículo 765 del Código del Trabajo.- SE EXPLICA LA VIOLACIÓN DELA FORMA SIGUIENTE:La Corte Recurrida es del criterio que es incompatible, ya que si bien es cierto se ha dictado la sentencia de Amparo de fecha 24 de septiembre del 2015, donde se declara la nulidad séptimo contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, también es cierto que desde que se despidieron a mis representados (Noviembre y Diciembre del 2014) siempre estuvo vigente el séptimo contrato colectivo de trabajo celebrado entre el IHNFA Y EL SITRAIHNFA según acredite con la DOCUMENTACIÓN PUBLICA que se refiere a la constancia de la dirección general del trabajo de fecha 18 de mayo del 2015 que se encuentra agregada en el expediente seguido en primera instancia el cual establece de que el contrato colectivo vigente hasta la fecha del Amparo, era el séptimo contrato colectivo de trabajo, por lo que aplicación del principio de no retroactividad de la ley, que la sentencia de Amparo es posterior a la demanda de mi representado, por lo tanto no le aplica la nulidad del séptimo contrato colectivo del trabajo, ya que mi parecer la ley de justicia constitucional habla al respecto de los efectos de que los amparos de que los actos que hayan sido otorgados a raíz del séptimo contrato colectivo de trabajo, continúan vigentes a pesar de su nulidad posterior, por lo que aplicando en los artículos 63 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por todo lo expuesto, queda plena y absolutamente demostrado la apreciación errónea incurrida por la Corte Sentenciadora de la prueba Documentos Públicos, agregada a en la primera pieza, que la hizo caer en la violación precitada y ello vuelve procedente la Casación en este motivo.” .- 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión, ya que los artículos 111 y 113 del Código de Trabajo, señalados como normas sustantivas infringidas, contienen el primero numerales y el segundo párrafos y literales con diferentes situaciones jurídicas que deben ser precisadas; b) los artículos 273 del Código Procesal Civil y 94 de la Ley de Justicia Constitucional, señalados como normas aplicadas en forma análoga en las disposiciones que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas le restan claridad al cargo, ya que la analogía solo cabe para normas del Código del Trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 858 del ordenamiento legal antes señalado; y, c) en la explicación se realizan inoportunos alegatos de instancia.- 4. Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta que proveniente de la apreciación errónea por error de hecho evidente en los autos en el medio de prueba DOCUMENTOS PÚBLICOS de la parte demandante y demandada que obra a folios 8 al 11, 29 al 35, 107 al 109, 161 al 187, 213 al 216, y 223 al 235 de la primera pieza. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada son los Artículos 101, 102 y 111 #09 del Código del Trabajo.- PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: la prueba erróneamente apreciada por el Tribunal recurrido es DOCUMENTOS PÚBLICOS, agregados a folios 8 al 11, 29 al 35, 107 al 109, 161 al 187, 213 al 216, y 223 al 235de la primera pieza, propuesto por la parte demandante y demandada, documentos que consisten en Carta de despido y Acuerdos de Terminación de una Relación Laboral y Plan de Pago de Prestaciones a Través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva ya señalada, están contendidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo; 278 del Código Procesal Civil utilizando como norma análoga aplicable. PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo segundo del numeral 1° del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCUMENTOS PÚBLICOS agregada a folios 8 al 11, 29 al 35, 107 al 109, 161 al 187, 213 al 216, y 223 al 235 de la primera pieza, propuesto por la parte demandante y demandada. SE EXPLICA LA VIOLACIÓN DE LA FORMA SIGUIENTE: La Corte Recurrida no observa la correcta aplicación de la norma laboral cuando se termina una relación laboral por causa de cierre del centro de trabajo, como es el caso de méritos; es de hacer notar honorable Corte Suprema que la corte recurrida no se percata que cuñado mis representados se les entrega la ilegal carta de despido, en dicha acta se les despide de manera inmediata y no se les reconoce los derechos otorgados en los artículos 101, 102 y 111 donde el Código del Trabajo otorga el beneficio de indemnizar a los empleados por no dar aviso de la terminación de la relación laboral, esto se demostró en juicio mediante Documentos Públicos agregada a folios 8 al 11, 29 al 35, 107 al 109, 161 al 187, 213 al 216, y 223 al 235de la primera pieza que contiene las Carta de despido y Acuerdos de Terminación de una Relación Laboral y Plan de Pago de Prestaciones a Través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, documentos entregados a mi representado, documentos estos que no fueron refutados en ninguna etapa del juicio; por todo lo expuesto, queda plena y absolutamente demostrado la apreciación errónea incurrida por la Corte Sentenciadora de la prueba Documentos Públicos, que la hizo caer en la violación precitada y ello vuelve procedente la Casación en este motivo.”.- 5. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indican como normas sustantivas infringidas, entre otros, los artículos 101 y 102 del Código del Trabajo, sin embargo, el primero carece de sustantividad y el segundo contiene varios párrafos siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque; y, b) se realizan en el desarrollo inoportunos alegatos de instancia.- 6. Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación.- 7. Por las razones antes expuestas, es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 537-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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