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Sentencia CL-524-17 — Registro 8590

Resumen

En primera instancia se declara sin lugar la demanda ordinaria laboral colectiva para el cumplimiento del VII contrato colectivo de condiciones de trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y Familia se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) al artículo 113 del Código del Trabajo citado como violado, contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; y, b) hace referencia a normativa no indicada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 63 y 64 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de marzo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en su condición de representante procesal de las señoras ANA LUISA CRUZ MENDEZ, MELVINA YAMILETH URBINA BARDALES, IRIS NOHEMI PALMA MURILLO, MARIA ISABEL OCHOA ESTRADA y ROSA EVELIA BURGOS CASTELLON, como recurrentes; además es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral colectiva para el cumplimiento de VII contrato colectivo de condiciones de trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, pago retroactivo de incremento salarial, pago de prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, pago de indemnización señalada en el artículo 102 del Código del Trabajo, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación de la relación laboral hasta que quede firme la sentencia, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha trece de febrero de dos mil quince, por el Abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, en su condición de representante procesal de las señoras ANA LUISA CRUZ MENDEZ, soltera, MELVINA YAMILETH URBINA BARDALES, casada, IRIS NOHEMI PALMA MURILLO, soltera y MARIA ISABEL OCHOA ESTRADA, casada; y en fecha seis de mayo de dos mil quince, lo hizo en representación de la señora ROSA EVELIA BURGOS CASTELLON, casada; todas mayores de edad, hondureñas y con domicilio en Yoro, Departamento de Yoro, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada legalmente por el Director Ejecutivo en ese momento el señor FELIPE ARTURO MORALES, y contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio del Procurador General de la República en ese entonces, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, misma que: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR las excepciones de pago y prescripción opuesta por la parte demandada.-SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la excepción de transacción opuesta por la accionada.- TERCERO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral colectiva para el cumplimiento del VII contrato colectivo de condiciones de trabajo del instituto hondureño de la niñez y familia, pago retroactivo de incremento salarial, pago de prestaciones sociales, y demás indemnizaciones legales, pago de indemnización señalada en el artículo 102 del código de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y costas del juicio, promovida por el Abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, en su condición de Apoderado Judicial de las señoras ANA LUISA CRUZ MENDEZ, MELVINA YAMILETII URBINA BARDALES, IRIS NOHEMI PALMA MURILLO, MARIA ISABEL OCHOA ESTRADA Y ROSA EVELIA BURGOS CASTELLON, todas de generales ya expresadas, contra EL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (IHNFA), a través de su Representante Legal el director ejecutivo el señor FELIPE ARTURO MORALES, y contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal el Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, quien a su vez representa a la SECRETARIA DE FINANZAS, ambos también de generales conocidas; En consecuencia se ABSUELVE a las demandadas de dichos pagos.- CUARTO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron y finalizaron la relación laboral para el Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia (IHNFA), de la manera siguiente: Ana Luisa Cruz Méndez, el 01 de abril de 1998, hasta el 14 de noviembre de 2014, como Cocinera; Melvina Yamileth Urbina Bardales, el 01 de abril de 1998, hasta el 14 de noviembre de 2014, como Niñera; Iris Nohemí Palma Murillo, el 10 de octubre de 2006, hasta el 18 de septiembre de 2014, como Promotor de Desarrollo Comunal; María Isabel Ochoa Estrada, el 12 de marzo de 2007, hasta el 14 de noviembre de 2014, como Jefa del Centro Integral de Atención a Niña (o), en Victoria, Yoro, y Rosa Evelia Burgos Castellón, el 17 de marzo de 1997, hasta el 18 de septiembre de 2014, como Cocinera en el Caín de Victoria, Yoro. Por disposición del Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo PCM-026-14 de fecha 04 de junio de 2014, se ordenó suprimir el Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia (IHNFA), razón por la cual a las demandantes de conformidad al referido decreto ejecutivo, mediante carta de despido y acuerdo de terminación de relación laboral, el patrono dio por terminado ilegalmente el vínculo laboral pues no se siguieron los procedimientos establecidos en la Ley; una vez entregadas a las demandantes las ilegales cartas de despido, acto seguido se les obligó a suscribir en documento denominado “ACTA DE TERMINACIÓN DE UNA RELACIÓN LABORAL Y PLAN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR (A)”, donde el patrono se les da a conocer la disposición de dar por terminada la relación laboral y que se les harían los pagos que les corresponden de acuerdo a la Ley; pero previo al pago deberán acreditar solvencia y finiquito para con el Instituto y terceros, así como, también inscribirse en el SIAFI de la Secretaría de Finanzas. Pero a pesar de haber adquirido con las demandantes, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el liquidador nombrado por el Decreto Ejecutivo PCM-026-14, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, el compromiso de pagar la totalidad de los derechos laborales y demás prestaciones que les corresponde, no han cumplido con lo ofrecido y pactado, incumpliendo a la fecha con varios meses de pago de las prestaciones laborales, engañando con esta actuación a las demandantes. Además de solicitar el pago de las prestaciones laborales y demás derechos sociales que le corresponden a las demandantes se le solicita a los demandados el cumplimiento en su totalidad del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, celebrado entre el IHNFA y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia (SITRAIHNFA), Contrato Colectivo debidamente inscrito bajo registro No.2312, en el folio 77 del Tomo XV del Libro de Registro de Contratos Colectivos de la Dirección General del Trabajo, dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; y con especial atención a la cláusula 89 del referido Contrato Colectivo donde el IHNFA, se compromete a conceder un incremento salarial de L.1,200.00 a cada trabajador pagadero de manera retroactiva desde el mes de junio del 2012, hasta la fecha en que quede finiquitada esta demanda con arreglo a las normas laborales, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con los demandados.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente el contenido del hecho primero de la demanda por cierto que las ahora demandantes tuvieron una relación contractual con el Estado de Honduras a través del IHNFA, y que actualmente fueron cancelados de sus puestos de trabajo en virtud del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Número 33,446 de fecha 04 de junio de 2014, donde el artículo 1, ordena “suprimir al IHNFA, creado mediante Decreto Legislativo No.199-1997 de fecha 29 de enero de 1998. Al hecho segundo se rechaza en su totalidad por no estar ajustado a la verdad, por cuanto los acuerdos de cancelación a los que se hacen referencia y se da por terminada la relación laboral con las demandantes por mutuo consentimiento, por lo que cada uno de los trabajadores estuvieron de acuerdo que se pagaran las prestaciones e indemnizaciones laborales existiendo acta o (acuerdo de pago) a favor de las demandantes, como consta en acta, las transacciones se realizaron de mutuo consentimiento de las partes, levantada con la Inspectora de Trabajo, de acuerdo a los artículos 111 numeral 9), 379, 614 numeral III, 858 del Código de Trabajo; 2000 del Código Civil; 415 numeral 2) del Código Procesal Civil y en aplicación del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 04 de junio de 2014, en su artículo 8; por lo que existe prueba que acredita que la parte demandada no les adeuda, donde ya se realizaron las transacciones a nombre de cada uno de las demandantes. Como se puede observar que la parte actora pretende obtener cantidad imaginarias en perjuicio del erario público, que no les corresponde y será en el proceso del debate que se probará que el derecho subjetivo que reclaman no les asiste y no existió ningún despido ilegal. Que es de conocimiento de las autoridades de la Secretaría de Trabajo y de Finanzas en cuanto que actualmente se encuentra vigente el Decreto Ejecutivo PCM 26-2014 de fecha 04 de junio de 2014 y en virtud de que tal y como ya se expuso el denominado séptimo contrato colectivo de trabajo, nunca ha entrado en vigencia, por adolecer vicios de nulidad y estar viciado el procedimiento de su inscripción, de lo que se desprende que la institución como tal no existe, no obstante el reclamo sobre las clausulas económicas como incremento salarial a partir del 01 de junio del 2012, a la fecha de interposición de la demanda, es extemporáneo, por lo que al momento de supresión del IHNFA lo que estaba vigente fue el sexto contrato colectivo y ya se hizo el pago a las demandantes.- 3. La parte demandada, el señor FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO, contestó dicha demanda señalando que se rechaza totalmente las pretensiones que persiguen las demandantes respecto a que el Juzgado condene mediante sentencia definitiva al Instituto Hondureño de La Niñez y La Familia (IHNFA) y al Estado de Honduras, ya que conforme al Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 04 de junio de 2014, se DECRETA: Artículo 1: “Suprimir el IHNFA, creado mediante Decreto Legislativo No.199-1997 de fecha 29 de enero de 1998”, por lo que la clase trabajadora del IHNFA se suprimió en base al artículo 111 numeral 9) del Código de Trabajo Vigente cancelándose todo el personal mediante acta de mutuo acuerdo y plan de pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales ante la representante de la Inspectoría General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social; y el señor Felipe Arturo Morales Cárcamo, como Director del entonces Instituto Hondureño de La Niñez y La Familia (IHNFA), fue cancelado mediante acuerdo numero: SEDIS-260-2014 de fecha 15 de diciembre del año 2014. Que en fecha 08 de enero del año 2015 el señor Felipe Arturo Morales, se notificó personalmente del acuerdo de cancelación de la Institución que representaba en el cargo de Director Ejecutivo. Y en cuanto a cumplir el supuesto Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, supuestamente celebrado entre el Sindicato de Trabajadores (SITRAIHNFA) y las autoridades del IHNFA, no ha tenido vigencia legal alguna y no podría jamás llegar a tenerla, porque se encuentra impugnado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con expediente de ingreso SCO: 1234-2014 de acción de Amparo con suspensión del acto reclamado, siendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República resuelva lo relacionado a la aplicación del séptimo contrato colectivo. Por lo tanto el Director Ejecutivo y la institución demandada dejaron de existir legalmente y la demanda interpuesta contra el señor Morales Cárcamo, ya no tiene cabida por falta de representación legal, ya que el IHNFA desapareció, como lo establece el Decreto Ejecutivo PCM-26-2014.- 4. El Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar las excepciones de pago y prescripción opuesta por la parte demandada; con lugar la excepción de transacción opuesta por la accionada; sin lugar la demanda ordinaria laboral colectiva para el cumplimiento del VII contrato colectivo de condiciones de trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y Familia, pago retroactivo de incremento salarial, pago de prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, pago de indemnización señalada en el artículo 102 del Código de Trabajo, pago de salarios dejados de percibir, promovida por el Abogado Gerardo Francisco Ayala Paz, en su condición de apoderado judicial de las señoras Ana Luisa Cruz Méndez, Melvina Yamileth Urbina Bardales, Iris Nohemi Palma Murillo, Maria Isabel Ochoa Estrada y Rosa Evelia Burgos Castellón, contra el Instituto Hondureño de La Niñez y de La Familia (IHNFA), y contra el Estado de Honduras; absolviendo a las demandadas por dichos pagos, sin costas; bajo el criterio que la excepción de pago no procede en el presente proceso, ya que la parte demandada canceló en su totalidad a las demandantes en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales hasta una fecha posterior a la presentación de la demanda; sin embargo, si opera la excepción de transacción, en virtud que la demandada dio por terminada la relación laboral con las demandantes amparándose en el decreto ejecutivo que suprimía al IHNFA, en relación a lo establecido en el artículo 111 numeral 9) del Código de Trabajo, por lo que suscribió acuerdos de terminación de contratos laborales con las demandantes en donde se pactó pagarles el 100% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, lo cual si cumplió con el pago de tales conceptos aunque dichos pagos fueron después de las fechas estipuladas en los acuerdos antes aludidos, en consecuencia es procedente desestimar la excepción de pago, pero si es procedente declarar con lugar la excepción de transacción y por ende declarar sin lugar la demanda para el pago de prestaciones laborales; asimismo, no opera la excepción de prescripción ya que la demandada pactó mediante acuerdos con las demandantes en pagarles sus prestaciones laborales en el término de seis meses, por lo tanto se debe entender que la prescripción empezaría a correr después de finalizado dicho término y corre en autos que las demandantes comenzaron el procedimiento administrativo y presentaron la demanda antes de concluido el plazo de prescripción, en consecuencia se debe desestimar dicha excepción. Los Decretos Legislativos No.16-2010 artículo 81 y 255-2011 artículo 112 coinciden al establecer que las instituciones descentralizadas sin excepción alguna no pueden pactar incrementos salariales si la institución no cuenta con la capacidad financiera, y aun contando con dicha capacidad debe respaldarse con un estudio socioeconómico y contar con un dictamen favorable de la Secretaría de Finanzas. En el proceso está probado que al momento de negociar el Séptimo (VII) Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo el IHNFA no contaba con la capacidad financiera según el estudio de impacto financiero, así mismo no contaba con un dictamen favorable por parte de la Secretaría de Finanzas, por tales razones nunca fueron otorgados o ejecutados los incrementos salariales a favor de las demandantes conforme a lo pactado en dicho Contrato Colectivo y siendo que la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional mediante Sentencia y aclaración de la misma declaró la nulidad de la inscripción del Séptimo (VII) Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y todos sus efectos legales, es procedente declarar sin lugar la pretensión en cuanto al cumplimiento del referido contrato colectivo. Que la terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo 112 del Código de Trabajo, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Que ha quedado acreditado que la parte demandada dio por terminada la relación laboral con las demandantes amparándose en el decreto ejecutivo que suprimía al IHNFA, en relación a lo establecido en el artículo 11l numeral 9) del Código de Trabajo, por lo que fue un despido con justa causa, así mismo ya se probó que la demandada le pagó a las demandantes la cantidad total de sus prestaciones y demás indemnizaciones laborales, en consecuencia no procede el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.- 5. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el recurrente acusa que la terminación de la relación laboral de sus representados no se sustenta en una causa justa de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo es oportuno indicar que ello resulta así cuando el patrono ejerce su poder directivo y disciplinario, consecuentemente el despido se deriva de un comportamiento del empleado (acción u omisión) que constituye motivo suficiente, moral y legítimo para ello y concretamente previsto como tal en el ordenamiento positivo; más en el caso de autos la razón o motivo de la desvinculación laboral para con los actores se origina en el Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 4 de junio del 2014, mediante el cual se dispone suprimir el Instituto Hondureño de La Niñez y La Familia (IHNFA), Ente Estatal que era el patrono y de quien se inició el proceso de su supresión y clausura, por lo que todo el personal -incluidos los demandantes-, fueron parte del proceso de liquidación tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 111 numeral 9) del Código de Trabajo (folio: 119-l25pp); de ahí que la terminación del vínculo laboral en estas circunstancias no se sustenta en una causa justa de las previstas en el Código del Trabajo, sino en una causa legal y legítima de la que también se derivan obligaciones económicas laborales a favor de los demandantes, mismas que fueron reconocidas por el empleador y en razón de las cuales optó por celebrar de mutuo acuerdo con los actores, un acuerdo de pago para hacer efectivas dichas obligaciones, según se desprende de los documentos titulados “acta de terminación de la relación laboral y plan de pago de las prestaciones laborales del trabajador(a)” que obran en autos y que los trabajadores reconocen en el escrito de demanda. Que es visto que el INHFA a través de su Director Ejecutivo, vía acción de amparo impugnó la resolución No.194/DGT/NC/20l3 emitida el 3 de junio del 2013, por la Dirección General del Trabajo dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, que daba vigencia al VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el INHFA y SITRAINHFA, acción resuelta por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia otorgando la misma y estableciendo como efectos legales “... Que como consecuencia lógica de la nulidad de pleno derecho en que se ha incurrido, se cancele y se deje sin ningún valor ni efecto la resolución No.l94/DGT/NC/20l3... y que consta a No. 2312 del folio 77 del Tomo VII del Libro de Registro de Contratos Colectivo de Condiciones de Trabajo...”; por consiguiente la resolución emitida por la Dirección General del Trabajo carece de validez y eficacia jurídica, lo que implica la inaplicabilidad del contrato colectivo en referencia, al tenor de lo que estipula el artículo 65 del citado cuerpo legal; y es que la declaración de nulidad de una inscripción registral conlleva efectos ex nunc, los que se producen desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen, retrotrayendo la situación jurídica al estado anterior, consecuentemente se establece que esa relación jurídica jamás existió, se crea una ficción jurídica que da como resultado como que no nació nunca, es decir, se retrotrae todo al momento anterior al “pretendido” inicio de la relación cuestionada y decretando que todos los efectos desplegados en ese espacio de tiempo (desde su inicio hasta el momento de la declaración), jamás han existido en el mundo jurídico, que en este caso lo sería el séptimo contrato colectivo en el que básicamente se sustenta la demanda y las alegaciones del recurrente; así las cosas, al cancelar y dejar sin ningún valor ni efecto la resolución No.194/DGT/NC/2013 y su inscripción, se mantiene vigente el Sexto contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el IHNFA y SITRAIHNFA (folios 495-504 de la p.p. de a.), contratación en base a la cual tiene que calcularse los derechos económicos laborales de los demandantes dada la terminación de la relación de trabajo, tal y como así se hizo, según consta en los cálculos de las prestaciones e indemnizaciones laborales; por lo que resulta improcedente la pretensión de las demandantes a fin de que se aplique el séptimo contrato colectivo antes mencionado.- 6. Mediante auto de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en su condición de representante procesal de las señoras ANA LUISA CRUZ MENDEZ, MELVINA YAMILETH URBINA BARDALES, IRIS NOHEMI PALMA MURILLO, MARIA ISABEL OCHOA ESTRADA y ROSA EVELIA BURGOS CASTELLON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 7. En fecha doce de enero de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en su condición de representante procesal de las señoras ANA LUISA CRUZ MENDEZ, MELVINA YAMILETH URBINA BARDALES, IRIS NOHEMI PALMA MURILLO, MARIA ISABEL OCHOA ESTRADA y ROSA EVELIA BURGOS CASTELLON, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta que proveniente de la apreciación errónea por error de hecho evidente en los autos en el medio de prueba DOCUMENTAL PUBLICO de la parte demandante que obra a folios 174 de la primera pieza.- NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 111 y 113 del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: la prueba erróneamente apreciada por el Tribunal recurrido es DOCUMENTOS PÚBLICO, de la parte demandante que obra a folios 174 de la primera pieza, propuesto por la parte demandante, documento que consiste en Constancia emitida por la Secretaría Administrativa de la Dirección General del Trabajo, donde hace constar que a folio 77 del Tomo XV del Libro de Registro de Contratos Colectivos, se encuentra inscrito el VII Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) y el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (SITRAIHNFA), constancia de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince (18-05-2015)”.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva ya señalada, están contendidas en los artículos 82, 738 y 739 del Código del Trabajo; 273 del Código Procesal Civil utilizado como norma análoga aplicable y el artículo 94 de Ley Sobre Justicia Constitucional.- PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo segundo del numeral 1º del artículo 765 del Código del Trabajo.- SE EXPLICA LA VIOLACIÓN DE LA FORMA SIGUIENTE: La Corte Recurrida es del criterio que es incompatible ya que si bien es cierto se ha dictado la sentencia de amparo de fecha 24 de septiembre del 2015, donde se declara la nulidad séptimo contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el IHNFA Y EL SITRAIHNFA, también es cierto de que desde que se despidieron a mis representados (Noviembre y Diciembre del 2014) siempre estuvo vigente el séptimo contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el IHNFA Y EL SITRAIHNFA según acredite con la DOCUMENTACIÓN PUBLICA que se refiere a la constancia de la dirección general del trabajo de fecha 18 de mayo del 2015 que se encuentra agregada a folio 174 del expediente seguido en primera instancia el cual establece de que el contrato colectivo vigente hasta la fecha del amparo, era el séptimo contrato colectivo de trabajo, por lo que aplicación del principio de no retroactividad de la ley, que la sentencia de amparo es posterior a la demanda de mis representados por lo tanto no les aplica la nulidad del séptimo contrato colectivo del trabajo, ya que mi parecer la ley de justicia constitucional habla al respecto de los efectos de que los amparos de que los actos que hayan sido otorgados a raíz del séptimo contrato colectivo de trabajo, continúan vigentes a pesar de su nulidad posterior, por lo que aplicando en los artículos 63 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por todo lo expuesto, queda plena y absolutamente demostrado la apreciación errónea incurrida por la Corte Sentenciadora de la prueba Documentos Públicos, agregada a folios 174 de la primera pieza, que la hizo caer en la violación precitada y ello vuelve procedente la Casación en este motivo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) al artículo 113 del Código del Trabajo citado como violado, contiene varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; y, b) hace referencia a normativa no indicada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 63 y 64 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha doce de marzo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 524-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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